Con el fin de la Guerra Fría y el desplome de la URSS, se inició una nueva fase de la evolución capitalista, esta vez en clave neoliberal y como proyecto globalizador. Los criterios de evaluación de las políticas y los Estados se modificaron y el equilibrio macroeconómico y el mercado abierto destinado a inscribirse en un mercado mundial unificado se entronizaron como objetivos prioritarios y casi únicos para la sociedad internacional que emergía.

Las agendas que acompañaron al gran conflicto bipolar, articuladas por el reclamo del desarrollo y la afirmación de las soberanías de las naciones y los Estados que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial, y que se veían como un “Tercer Mundo” en busca de alternativas propias para su conformación como Estados nacionales, fueron paulatinamente redefinidas hasta llegar a convertirlas en resabios de una historia mundial periclitada. En adelante, sostenía el discurso globalista, todo sería “plano” sin adiposidades corporativas ni Estados interventores.

Ahora, en medio de una crisis global que no parece tener fecha de término, uno de los grandes desafíos que encara el mundo y en especial las naciones emergentes o subdesarrolladas, es recuperar la idea del desarrollo, ampliarla y volver a trazar su perfil para que sea capaz de retomar su carácter de idea fuerza para la configuración de una globalización diferente de la que inspirara el proyecto neoliberal. Volver a las ideas primigenias sobre el carácter dispar del mundo moderno pero también sobre la viabilidad de superar tales asimetrías mediante políticas nacionales y formas novedosas de cooperación internacional, constituye el gran reto planteado por la crisis de la globalización neoliberal. En esta perspectiva el desarrollo debería empezar a entenderse y tratar de construirse como un proceso de cambio social, político y económico que a la vez implica una reestructuración básica de valores y actitudes individuales y colectivos. Esta proposición, condensa muchas de las reflexiones acuñadas por la CEPAL en su empeño por sostener y dar sentido al discurso de transformación productiva con equidad, ciudadanía y democracia, que la Comisión empezara a formular al final de la llamada “década perdida” y que buscaría coronar con su planteamiento de que la crisis global es o debe ser también la “hora de la igualdad”. Durante poco más de dos décadas, este discurso desembocó en una actualización de la idea del desarrollo que ahora se asocia expresa y estrechamente con la noción y el enfoque de los derechos humanos fundamentales.² La integralidad del proceso, así como su formidable dificultad, queda constatada a partir de estas contundentes fórmulas.

I

Los acontecimientos políticos e intelectuales que han acompañado la crisis actual han “reactualizado” las complejas y tensas convivencias entre política y democracia, Estado y mercado, economía y sociedad. Para los fines de esta comunicación, podríamos decir que el inventario de retos y desafíos para el mundo y para nosotros se ha vuelto más denso y articulado por esa complejidad. Lo mismo debe decirse respecto del arsenal de que disponen las sociedades y su Estados para enfrentarlos y superarlos lo que implica un desafío adicional: buscar implantar en la política y en las relaciones sociales una nueva racionalidad que no se base únicamente en objetivos económicos o de bienestar, sino también en objetivos éticos.³ Ésta es una afirmación que puede desplegarse hacia la necesidad de forjar una ética pública⁴ que reivindique el entendimiento de la solidaridad como valor moderno como una condición sustancial para actualizar y dar robustez a la idea y el concepto del desarrollo.

Lo que caracteriza al desarrollo, sostuvo Celso Furtado, es el proyecto social subyacente. El crecimiento se funda en la preservación de los privilegios de las élites que satisfacen sus ansias de modernizarse. Cuando el proyecto social da prioridad a la efectiva mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población, el crecimiento se convierte en desarrollo. Pero este cambio no es espontáneo. Es fruto de la expresión de una voluntad política.⁵

Es en este sentido que puede proponerse que la economía y la política del desarrollo, así como el resto de las disciplinas sociales y políticas, deben probar que están dispuestas a hermanarse con la política democrática para desde ahí reconfigurar el significado del interés general, alineándolo por objetivos de desarrollo, libertad, justicia y democracia. Sólo así podremos recuperar visiones de largo plazo cuyas divisas sean el crecimiento económico sostenido y a la vez sometido a los criterios y restricciones que emanan de la centralidad de la equidad para la igualdad social y la creación de una ciudadanía democrática sustentable. A lo anterior hay que sumar aquellos criterios asociados a la protección del entorno y el enfrentamiento del cambio climático que se han vuelto cruciales para el futuro de la especie. Es a partir de una perspectiva como la sugerida que “la idea del desarrollo” puede y debe actualizarse.

II

El conflicto social agudizado por la crisis se vuelca sobre las posibilidades, de por sí magras, de alcanzar una recuperación sostenida de la economía lo que repercute en la desigualdad y amenaza con un desencuentro entre la economía y la política que exacerbe la cuestión social que se extiende como un malestar y un reclamo no sólo en sino con la democracia.⁶ Así, el desafío resumido en la recuperación y la reivindicación de la idea del desarrollo se combina con el formidable reto de encontrar nuevas y más durables maneras de entendimiento, de “conversación”, entre una economía y una política atribuladas por la globalización y sus crisis.

De un modo más específico a la vez que central, requerimos entender que la relación democracia-desigualdad refiere a una dimensión que trasciende la esfera económica y exige buscar formas y mecanismos que eviten que tales tensiones se vuelvan contradicciones insolubles. Desde esta apelación a la política, hay que añadir que una política vinculada expresamente con la igualdad tiene que cimentarse en una cultura cívica y una ética pública. Así, el desafío democrático ha de encararse a partir de miradas y ambiciones pedagógicas. ¿Cómo, entonces, construir sociedades más democráticas, igualitarias y solidarias? ¿Puede durar la democracia en condiciones de aguda desigualdad y pobreza? ¿Hasta dónde es posible hablar de democracia con el mantenimiento y reproducción de la inequidad económica y social? ¿Cómo lograr cambios sustanciales que contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y exclusión y a garantizar el acceso y el ejercicio universal de derechos sociales?

Los anteriores cuestionamientos no son meros ejercicios intelectuales. Después de años de recuperación democrática en América Latina y en México y de más de una década de crecimiento económico en el Cono Sur y, en menor medida en México, los problemas que la desigualdad le plantea a la democracia se acumulan pero siguen soslayándose. Lo que no alivia la situación sino más bien la vuelve más aguda. Podría decirse que la desigualdad se ha convertido en una cultura de la satisfacción que, aparte de dificultar los diseños políticos reformadores y redistributivos, constituye un desafío frontal a las normas y formas éticas y políticas que deberían derivar y acompañar al desarrollo democrático.⁷

Por ello es que la remoción de la pobreza y el abatimiento de la desigualdad tienen que ser vistos como una condición necesaria para que los gobiernos y la política renueven su legitimidad y la democracia concite la participación y el apoyo de la ciudadanía. De ahí también la necesidad de entender la relación entre democracia y desigualdad como una ecuación que debe resolverse en positivo, en favor de la igualdad; como un requisito para que la política produzca gobernanza basada en una legitimidad que se finque en algo más que el veredicto de las urnas. Por ello es que en las sociedades modernas o en las que buscan serlo, la tensión entre desarrollo e igualdad es una cuestión política central.

III

Después de casi treinta años de búsqueda por parte del Estado y de grupos importantes de la sociedad de una forma diferente de crecer y desarrollarse, la economía política mexicana sufre una crisis de visión en la que se condensan los resultados de un mal desempeño económico y unas implicaciones sociales desalentadoras y dañinas para la mínima cohesión que es necesaria para la estabilidad y el desarrollo. Más aún si se quiere que estos dos propósitos se alcancen en y a partir de la globalidad existente.

A su vez, esta crisis alimenta y se retroalimenta de los varios extravíos sociales y políticos que han acompañado los cambios estructurales iniciados en los últimos lustros del siglo pasado y que en el presente son vistos como una temible combinación de anomia y criminalidad desbordada. Los equilibrios fundamentales distan mucho de estar a la vista y los logrados en el plano financiero interno y externo más bien han funcionado como vectores subterráneos de una inestabilidad mayor porque atañen a las relaciones sociales primordiales y a las variables reales de la economía, como el empleo y el ingreso.

La revisión de la estrategia seguida es urgente y necesaria y debe partir del cuestionamiento de la política económica adoptada, cuyos resultados han sido un crecimiento muy lento de la actividad económica, una pérdida progresiva del potencial de la economía en su conjunto, la mitad de la población en pobreza y empleos no sólo precarios sino con salarios insuficientes, muy por debajo de lo que reclama la presencia creciente y abundante de los jóvenes y los adultos jóvenes en quienes ha encarnado el cambio social y demográfico del país en los últimos años. Así, la revisión de la estructura democrática seguida desde finales del siglo XX lleva a preguntarse si las formas de representación y gobierno del Estado alcanzadas son las que se requieren para dar cauce al reclamo redistributivo y desarrollista que reclaman el buen gobierno y el bien vivir tan pospuestos en estos lustros de la larga y difícil transición mexicana.

Las reformas cambiaron usos y costumbres, así como los formatos y las rutinas del cálculo económico, pero las dislocaciones que propiciaron no fueron interiorizadas y asimiladas por el cuerpo social y productivo que emergía. Esta indigestión redundó en un debilitamiento mayor del Estado, cuyas fallas -aparentes o inventadas- sirvieron para justificar una reforma económica a rajatabla y, luego, una reforma política por la vía exclusiva de los votos, la famosa “transición votada”. Desde el Estado se aceleró la mudanza social y económica, pero no se hizo lo necesario para modularla, atemperar sus inevitables dislocaciones y proteger a los sectores, regiones y grupos sociales más débiles. Frente a los resultados de esta “gran transformación” urge preguntarse si un país con el tamaño económico del de México, con la riqueza generada y acumulada, con las instituciones y el conocimiento tan difícilmente labrados, puede darse el lujo de registrar y reproducir un “estancamiento estabilizador” como el que se ha impuesto, junto con las cuotas de desigualdad y las magnitudes de pobreza que lo marcan. Disonancias debajo de las que hay una persistente incapacidad para vincular productivamente una demografía transformada –dominada por jóvenes y adultos jóvenes urbanos y en edad de trabajar y estudiar- y una economía también transformada, abierta y diversificada pero que, hay que insistir en el punto, no ha podido generar a lo largo de más de tres décadas, los empleos y los espacios educativos necesarios para absorber productivamente a la población.

La travesía mexicana recoge excesos y errores, tanto en lo económico como en lo social, así como en las ideas sobre el cambio y la forma de gobernar el país y conducirlo a buen y seguro puerto. Los principales obstáculos para realizar la reconversión necesaria provienen de los fundamentalismos que se impusieron en la conducción de la política económica y contagiaron a importantes grupos de poder y de la opinión pública. Hay que recalcar: el mal desempeño económico de largo plazo no es efecto sólo, ni principalmente, de un desajuste de los mercados internacionales; más bien debe entenderse como un resultado de decisiones políticas y económicas que han hecho caso omiso de otras “fundamentales” como la inversión física sostenida, tanto pública como privada, para apuntalar el crecimiento a largo plazo; una política industrial dirigida a diversificar y a crear nuevas cadenas productivas para apropiarse de la renta externa; así como poner en el centro de la atención y acción del Estado la superación de la pobreza y el abatimiento consistente de la desigualdad.

Por lo dicho lo que está en primer lugar del orden del día del desarrollo económico mexicano es la reconfiguración de sus funciones básicas: poner el empleo como objetivo central y articulador de una estrategia para la expansión con y para la igualdad. De hacerlo así, los primeros desafíos de la baraja del desarrollo extraviado habrían sido despejados.

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