Ciencias Sociales

Características sociales de presos por delitos de drogas en el estado de Sonora

Social characteristics of drug offense inmates in the State of Sonora

Francisco Manuel Piña Osuna
Universidad de Sonora, México

Características sociales de presos por delitos de drogas en el estado de Sonora

NÓESIS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, vol. 29, núm. 58, pp. 106-133, 2020

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Recepción: 02 Mayo 2019

Aprobación: 09 Septiembre 2019

Resumen: El objetivo de este artículo es describir las características sociales de una muestra de sujetos que participaron en el tráfico de drogas en el estado de Sonora, México. Por medio de una metodología basada en estadística descriptiva, y a partir de nueva base de datos que surge del estudio de 371 expedientes de personas presas por delitos contra la salud en el estado de Sonora, México. Los hallazgos muestran que el mayor porcentaje se caracteriza por relacionarse con actividades de venta y trasporte, provenir de contextos urbanos, tener un nivel educativo básico, desempeñarse en empleos informales y sin un salario fijo, tener antecedentes penales y de consumo de drogas. A pesar de limitaciones como la dificultad de generalizar los datos a muestras no recluidas y a otros contextos, se concluye que las actividades con drogas se ligan a condiciones sociales deficientes, situación que ocupa de revertirse en favor de una prevención del delito efectiva.

Palabras clave: delitos contra la salud, tráfico de drogas, presos, Sonora, frontera norte.

Abstract: The objective of this article is to describe social characteristics of a sample of subjects who committed drug trafficking crimes in the state of Sonora, Mexico. Through a descriptive statistic-based methodology and based on a new database arisen from a study of 371 records of persons imprisoned for this kind of crimes in the state of Sonora, Mexico. Findings shows that the major percentage is characterized by being related to drug sales and transportation activities, coming from urban contexts, having basic educational level, performing informal jobs without a fixed salary, and having criminal records and drug usage. Despite limitations such as the difficulty of generalizing data to non-confined samples and to other contexts, it is concluded that drugs offenses are linked to poor social conditions, a situation that tends to be reversed in favor of a more effective crime prevention.

Keywords: drug crimes, drug trafficking, inmates, Sonora, México, northern border.

Introducción

El estudio del tráfico de drogas, entendido como todas aquellas actividades que están dirigidas a las comercialización de drogas ilegalizadas (Pérez, 2012: 3), ha acarreado como principales conclusiones que este representa un problema social fuertemente arraigado en la sociedad mexicana, producto de un proceso paulatino de posicionamiento cultural (Astorga, 1995; Cardona, 2004; Campbell, 2007; Sánchez, 2009) y donde el principal motor de su enraizamiento es el deterioro social que azota las diversa regiones del país (Barrón, 2015; Valdés, 2013; Valenzuela, 2012).

1. El tráfico de drogas en la investigación social

La teoría social ha sugerido explicaciones sobre las condiciones que facilitan la conducta trasgresora. Una noción fundamental es aportada por Durkheim (1998: 8), quien señala que cuando la estructura social no es capaz de integrar a todos sus componentes, es cuando se cae en un estado de anomia, situación que tiene entre sus consecuencias el surgimiento de conductas fuera de la norma. La anterior, es la condición en la cual los límites que el individuo percibe de sus acciones se vuelven ambiguos y se pierde la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal (Durkheim, 1998: 13). Esta desinhibición se establece en el individuo ya que en la trasgresión se reconoce un sentimiento de frustración y de malestar para con sus propias condiciones sociales (Durkheim, 1982: 437). Con su noción de anomia, Durkheim aporta la idea que el sujeto trasgresor de las normas, está sometido a condiciones de deterioro social y movido por este detrimento hacia el delito.

Partiendo de la sugerencia teórica que relaciona el rezago de las condiciones sociales y la conducta trasgresora, la investigación social en América Latina y México sugiere varios elementos que intervienen en la reproducción de actividades delictivas. Tales trabajos, como el de Corral & Corral (2004), señalan la influencia del barrio, el clima familiar y escolar sobre la conducta delictiva. Estudios como los de Valenzuela & Larroulet (2010) destacan el papel que juega el consumo de drogas; por su parte, Valenzuela (2012) y Valdéz (2008) se centran en la actividad de tráfico de drogas y ubican en la juventud, un período de vida crítico en la inmersión de estas acciones; se suma el trabajo de Guridi (1998), quien concluye que los mecanismos de la economía global han facilitado la comisión de este delito. Investigaciones como las de Palma (2011), analizan al papel de la figura femenina dentro del tráfico de drogas y logran ubicar mecanismos diferenciales, utilizando la inmersión a la actividad como formas de superación de su condición social.

Trabajos como los de Ovalle (2010) y Barragán (2015) advierten que la amplia reproducción del tráfico de drogas ha desencadenado que esta sea tomada en cuenta como una importante opción laboral formal y viable. Por su parte, Campbell (2007) y Mendoza (2008) ubican como escenario facilitador de la actividad al contexto de la frontera norte de Mexico, debido a sus múltiples conflictos por los servicios, los recursos y los espacios. Salazar et al., (2009) concluyen que en la comisión de este tipo de delitos, un factor fundamental es el entorno familiar del individuo, sus relaciones y su configuración.

Varios estudios entre los que destacan Burgos (2011); Astorga (1997); Córdova (2005); Simonett (2008); Valenzuela (2002); Fracchia (2011); Astorga (1995); Cardona (2004); Sánchez (2009) y Rincón (2009), tratan la influencia de contenidos culturales como los insertos en la música, la televisión, la moda o la arquitectura sobre la reproducción de la actividad. Por su parte, Pontón & Torres (2007: 55); Barrón Cruz (2015: 22); Astorga (2015: 225); Valdés (2013: 25) y Morales (2011: 2) exploran la debilidad institucional y los efectos negativos que ha acarreado la política represora de las drogas como explicación del fenómeno del tráfico en México.

2. El problema del tráfico de drogas en el estado de Sonora

Cifras del sistema de seguridad mexicano han registrado un aumento y mantenimiento de los delitos ligados al tráfico de drogas: de 30,000 incidencias en 2006, 81,491 en 2007 y 55, 122 en 2010 (Gobierno Federal, 2011). Estadísticas judiciales en materia penal en México indican que en un período de diez años (entre 2003 y 2012) se duplicó el número de personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas (Resa, 2014).

En este escenario, el estado de Sonora[2] se ha colocado como uno de los enclaves con mayor reproducción del fenómeno. En un período de diez años (2003-2012), la entidad se convirtió en la tercera del país donde más se cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas, un total de 14,501; sus residentes tuvieron la segunda mayor tasa de condenados por estos delitos en el país, 55.18 por cada cien mil habitantes (Resa, 2014: 37). Según cifras de la Procuraduría General de la República (2015), tanto en 2013 como en 2014 Sonora fue el segundo estado donde más se perpetraron delitos relacionados con el tráfico de drogas. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (2015) señala que para 2015, en cuanto a delitos contra la salud del fuero federal, solo en Sonora hubo un total de 444 incidencias y representó la entidad con la segunda mayor cantidad entre estados fronterizos (solo debajo de Baja California, 766); entre 2016 y 2017 los hechos relacionados con el tráfico de drogas se duplicaron, de 222 incidencias en 2016 a 419 incidencias. Otras fuentes que se basan en cifras oficiales señalan que, en 2017, del total de homicidios dolosos que se presentaron en Sonora (443) aproximadamente el 80% está ligado a actividades de tráfico de drogas (El Imparcial, 2017).

La estadística delictiva es evidencia que, dentro del plano nacional, el estado de Sonora presenta un contexto donde el fenómeno del tráfico de drogas ha permeado entre la sociedad de manera crítica (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2013). Si bien es cierto que la cuestión del tráfico de drogas se ha recrudecido a partir del 2006 en todo México y que la ubicación fronteriza del estado de Sonora con Estados Unidos pudiera explicar la alta propensión en la comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas, en todos los rubros mencionados la entidad solo es acompañada por el vecino estado de Baja California, ninguno de los restantes cuatro estados que componen la frontera norte de México aparece siquiera entre los primeros cinco lugares.

Por otra parte, es preciso apuntar que las poblaciones penitenciarias resultan un recurso importante para el entendimiento del fenómeno delictivo, y en el contexto del estado de Sonora estudios basados en estas poblaciones suponen un área de oportunidad para la investigación social ya que la entidad representa la tercera a nivel nacional con mayor tasa de personas privadas de la libertad, 367 por cada 100 mil habitantes (inegi, 2016). Estas cifras implican un problema para el estado tomando en cuenta el deterioro social que supone la propia reclusión (Foucault, 1976) y a que las estadísticas instan al análisis de los principales elementos que se asocian a la comisión de actividades que comprometen la seguridad pública y el bienestar social en la región, tal como lo es el tráfico de drogas

3. Objetivo

Tomando en cuenta las líneas de investigación en la materia y considerando el comportamiento específico que el tráfico de drogas ha tenido en el estado de Sonora, el objetivo de este documento fue describir las características sociales de una muestra de sujetos presos por delitos contra la salud en el estado de Sonora. Se toma la sugerencia teórica que advierte que el deterioro de las condiciones sociales del individuo se relaciona con su unión en este tipo de actividades (Valenzuela, 2012; López Estrada, 2012; Campbell, 2007; Durkheim, 1998, 1982). Se busca responder la pregunta: ¿qué condiciones sociales caracterizan a los presos por delitos de drogas de una institución penitenciaria del estado de Sonora?

El conocimiento de este tipo de población, concretamente en cuanto a las condiciones de su actividad, su familia, nivel educativo, sus condiciones laborales, su contexto de residencia, sus hábitos de consumo de drogas o sus antecedentes delictivos abonan hacia un mejor entendimiento de los elementos que se asocian a la reproducción del tráfico de drogas.

4. Metodología

Se trabajó con una muestra de sujetos presos por delitos contra la salud en el Centro de Reinserción Social #1 (cereso i) de Hermosillo, Sonora, México,[3] tratándose de un muestreo por conveniencia (Miller & Salkind, 1991). Según el Código Penal Federal (Título Séptimo, Capítulo 1, Artículo 194, Fracción I, II, III y IV), por delito contra la salud se habla de aquella persona que:

Produzca,[4] transporte,[5] trafique,[6] comercie,[7] suministre[8] aun gratuitamente o prescriba[9] alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior (Artículo 193), sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.

Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.

Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; y realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualquiera de las instancias comprendidas en el artículo anterior (Diario Oficial de la Federación, 2009: 42).

Se solicitó autorización a la Coordinación del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Sonora con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, para tener acceso al total de expedientes penitenciarios[10] de personas que al momento del estudio (febrero de 2016) se encontraban presas por delitos de tráfico de drogas. Se tuvo acceso al total de 371 expedientes penitenciarios, de los cuales se extrajo información contenida en el Estudio Socioeconómico que aplica el Departamento de Trabajo Social del propio centro al ingreso de cada recluso; dicho estudio explora diversas áreas tales como situación socioeconómica, características del grupo familiar, características de vivienda, antecedentes de consumo de drogas ilegales, antecedentes penales. A partir de ello se generó una nueva base de datos en el Paquete Estadístico S.P.S.S Versión 18, la cual se sometió a un Análisis de Frecuencia y de Contingencia que permitió la caracterización de la muestra de presos por delitos contra la salud.

5. Resultados

Según datos del inegi y como se muestra en el Cuadro 1 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), para diciembre de 2015 (momento en que se inició con el estudio) se contabilizaban 25,390 reclusos distribuidos en los 12 Centros de Reinserción Social existentes en el estado de Sonora; de ellos 2,822 estaban confinados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Para el fuero común, el delito de narcomenudeo era el quinto con más presos en el estado; dentro del fuero federal, el delito contra la salud era el que presenta más reclusos.

Para los intereses del estudio, la muestra con la que se trabajó pertenecía al cereso i de Hermosillo, ubicado al suroriente de la capital del estado, el cual a su vez se divide en un Área Varonil y un Área Femenil; es una de dos instituciones de reclusión estatal que se encuentran en la ciudad. Hasta febrero de 2016 y según datos proporcionados por la Dirección del cereso i, en este edificio se contaba con un total de 4,548 internos, de los cuales 371 se encontraban recluidos ya sea por Delitos contra la salud o por Narcomenudeo. Es a partir de esta población que se desarrolla la caracterización de la población reclusa por delitos de tráfico de drogas del cereso i de Hermosillo, Sonora.

De las 371 personas presas por delitos de tráfico de drogas, se observa una marcada presencia de hombres, pues 89.8% (333) son Hombres y solo 10.2% (38) son Mujeres. Como indica el Cuadro 2 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), en cuanto a Edad el 50.6% (118) se ubica entre los 21 y 35 años. En cuanto a su estado civil, se tiene que el 51% (189) eran Solteros, 28.8% (107) vivían en Unión libre y 20.2% (75) estaban Casados.

5.1 La actividad en que se participó

El Cuadro 3 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), muestra la distribución de la muestra por modalidad de delito contra la salud cometido; observándose que un 28.8% (107), fueron recluidos por Posesión simple[11] de alguna droga; seguido del 21.6% (80) de la muestra presa por Trasporte. También se observa que, con respecto al Fuero del delito cometido, la muestra está más equitativamente proporcionada, con un 50.4% (187) de presos por delitos del Fuero federal y un 49.6% (184) por delitos del Fuero común.

El cuadro 4 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5) muestra la distribución de delitos contra la salud cometidos por sexo del sujeto, en el cual se puede notar que al igual de la marcada diferencia en la participación en delitos de drogas que existe de hombres con respecto a mujeres, la tendencia se replica en cada una de las modalidades de tráfico, existiendo una importante mayoría de hombres relacionados con delitos de drogas, tanto en lo general como en la particular. Aunque, se puede observar que esta diferencia se acorta en las modalidades de trasporte y posesión con fines de comercio, los hallazgos no sugieren un comportamiento predominante de mujeres sobre hombres en alguna modalidad de tráfico de drogas.

Según la Sustancia manejada en el delito (Cuadro 5, ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), se observa una importante predominancia en dos sustancias: la metanfetamina, que fue manejada por el 43.1% (160) de la muestra, y la marihuana que fue operada por el 42.6% (158). Ambas implican poco más del 85% del total de sustancias manejadas en delitos contra la salud en la población analizada.

Un indicador que puede dar una idea sobre la gravedad del delito contra la salud cometido, es el número de Años de prisión que se recibió de sentencia por el hecho (Cuadro 6, ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5); al respecto, en la población analizada se observa que el 40.2% (149) tienen una sentencia privativa de la libertad equivalente a un año o menos. En ese mismo rubro, se tiene que el 32.6% (121) tiene una sentencia que va de los 8 a los 10 años de prisión.

Si bien, la cantidad de años de sentencia dependen de las circunstancias y agravantes del delito, además de estar estipulado en los códigos de procedimientos penales del país (federales, estatales), datos sobre los delitos cometidos y sus penas atribuidas nos permiten conocer aquellas modalidades que reciben mayor sentencia al igual que aquellas que reciben menos tiempo de castigo. El Cuadro 7 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), señala que las modalidades que implican mayores sentencias en la muestra se ubican en el trasporte y la extracción del país, es decir, las fases intermedias, mientras tanto las modalidades con penas menores las ubica en la posesión simple, el comercio y el narcomenudeo, es decir, las fases finales de la cadena de tráfico.

5.2 El contexto de residencia

Con respecto al contexto de origen de la muestra, se tiene que el 71.7% (266) de los sujetos nacieron en alguna localidad del estado de Sonora; esta predominancia de nacidos en el estado se afirma con el hecho de que el 81.7% (303) de la muestra tenían su residencia en Sonora al momento de participar en la actividad.[12]

Otro elemento que permite dar una mejor idea del lugar de procedencia de la muestra analizada son las características de la zona de residencia. En ella se puede observar que el 76.5% (284) de los presos por delitos contra la salud estudiados habitaba en Zonas urbanas, mientras que el restante 23.5% habitaba en una Zona semiurbana o rural. Una característica del entorno en que se desenvolvió la muestra, lo supone la existencia de elementos de Criminalidad en la zona de residencia de los individuos,[13] al respecto se pudo recabar ese dato en 296 casos y de ellos el 58.4% (173) no reconoció elementos de criminalidad en su barrio de residencia, mientras que el 41.6% (123) residían en una zona donde sí se ubicaron elementos de criminalidad. Es decir, por las características de la zona de residencia, la población se describe en su mayoría por vivir en zonas urbanas y por una ligera mayoría que vivía en zonas donde no reconocieron indicios de estar criminalizadas.

El Cuadro 8 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5) proporciona una idea sobre los escenarios específicos que facilitan modalidades concretas de delitos de drogas, donde se trata como contingencia las Características de la zona en que vivió el sujeto y la Modalidad de delito contra la salud cometido. Este permite notar que, en una mayor proporción, las personas ligadas a la Posesión, Comercio, Trasporte y Menudeo de drogas ilegales se concentraban en un Contexto urbano. Caso contrario de quienes participaron en la Extracción del país de sustancias ilegales y el Fomento de delitos contra la salud, cuya mayoría de casos provenían de Contextos rurales.

5.3 El nivel educativo

En cuanto al Nivel escolar alcanzado (Cuadro 9, ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), la muestra analizada presenta una proporción baja de No escolarización, pues solo el 3% (11) no tienen cuentan con nivel escolar. Aunque se puede observar que el 39.9% (148) de la población culminaron justo el nivel escolar básico[14], se destaca que es ligeramente mayor la proporción que no cumple con el nivel educativo mínimo con un 41% (152). A este importante porcentaje en condición de rezago educativo se agrega el hecho de que solo el 3.2% (12) del total de la muestra terminó algún estudio de grado. Sin embargo, si se compara el número de personas que tienen un nivel educativo básico o mayor (59%), con aquellos que no llegan a un nivel escolar básico (41%), se tiene que es mayor la proporción de la muestra que supera el nivel escolar básico de aquellos sujetos que tienen un nivel escolar inferior al básico.

Partiendo de que la muestra de personas que participó en delitos contra la salud se ubicaba mayormente en el Nivel educativo Secundaria, el Cuadro 10 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5) aporta información acerca del perfil escolar que presenta determinada modalidad de delito contra la salud y destaca que una importante proporción de las personas relacionadas con las modalidades de Posesión, Comercio, Trasporte y Menudeo tienen el Nivel educativo secundaria ya terminado. Lo contrario puede observarse en las labores de Extracción y Producción, las cuales ubican a la mayor proporción de personas en niveles educativos inferiores al de Secundaria.

5.4 El empleo

El Cuadro 11 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), permite observar la proporción de la muestra según su Ocupación, en este indicador se observa que el 29.4% (109) se dedicaban a actividades de la Construcción, mientras que el 22.4% (83) eran Jornaleros, siendo ambas categorías las que concentran a la mayor porción de la muestra. Estos datos contrastan con el bajo porcentaje cuya ocupación requería un nivel en estudios de grado o de especialidad (funcionarios, profesionistas, técnicos, trabajadores de la educación), solo el 1.6% (6) desempeñaban este tipo de ocupaciones.

Cardero et al. (2011) precisan que al Empleo informal pertenecen los trabajadores por su cuenta, los que laboran en empresas informales, trabajadores casuales sin un empleo fijo, trabajadores domésticos remunerados, trabajadores a tiempo parcial, no registrados y empleadores de empresas informales. Otros autores como Coubes & Silva (2012) utilizan el término Precarización del empleo para asignar a los empleos informales. A este respecto, una característica que guarda la muestra con respecto a su ocupación, radica en que más de dos terceras partes de la población analizada, el 69.8% (259), estaba ligado a empleos caracterizados por su informalidad, ya sea Comerciantes, Ambulantes, Domésticos, Construcción, Jornaleros, Mecánicos o Amas de casa[15]. También se debe destacar que la muestra de presos por delitos contra la salud se caracterizó por un bajo porcentaje de desocupación antes de realizar estas actividades, pues solo el 7% (26) no contaba con ocupación alguna.

La informalidad en los empleos que caracteriza a la muestra analizada, se suma el hecho de que una importante proporción percibía un sueldo mensual bajo o en su defecto no tenía un sueldo fijo (Cuadro 12, ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5). Este dato se pudo obtener en 262 casos (70.6%); de ellos el 29.3% (77) percibía un sueldo mensual igual o menor a $5,000.00, mientras que el 39.6% (104) percibía un sueldo no fijo. Esto contrasta con el hecho de que solo el 1.9% (5) percibía un sueldo mensual mayor a los $15,000.00; por lo anterior, se puede observar que esta muestra de personas que participaron en delitos contra la salud en el estado de Sonora, se caracteriza en su mayoría por haberse desempeñado en un empleo informal y con la percepción de un salario bajo o no fijo, afirmando la idea de la precarización del empleo como elemento ligado a la participación en delitos de drogas.

El Cuadro 13 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), permite relacionar cierto perfil laboral a modalidades de delito contra la salud; del total de personas que se dedicaban a la Construcción, el 37.1% (41) se relacionaron con el delito de Posesión simple de drogas ilegales; mientras que del total de Jornaleros, el 19.9% (22) de ellos se relacionaron con actividades de Narcomenudeo.

Siguiendo el aspecto del empleo, los datos sugieren la existencia de actividades laborales que facilitan la comisión de una determinada modalidad de tráfico de drogas, al respecto en la población examinada se observa que del total de trabajadores Trasportistas (27), el 77% (21) estuvieron ligados justamente al Trasporte de drogas.

5.5. El entorno familiar

Santamaría (2012) y Salazar et al. (2009), atienden la influencia de la familia sobre la participación de actividades ligadas al tráfico de drogas, por ello las Características del núcleo familiar son un indicador valioso en la descripción de la población aquí analizada; una variable tratada en este estudio tiene que ver con la Funcionalidad en la familia de origen,[16] este dato solo pudo ser recabado en 165 casos. De ese número de personas se tiene que el 96.3% (159), provienen de un Núcleo familiar funcional, mientras que el 3.7% (6) restante refirió provenir de un Núcleo familiar no funcional.

Otro indicador que permite tener una idea de las características familiares, tiene que ver con la Integración familiar[17], dicho dato también se obtuvo en los mismos 165 casos, aunque aquí la población se encuentra distribuida más equitativamente, pues del total de datos obtenidos se tiene que el 50.9% (84) provienen de un Núcleo familiar integrado y el restante 49.1% (81) proviene de una Familia de origen desintegrada.

Un último descriptor en la familia de origen de la muestra que participó en delitos de drogas, lo es la existencia de Violencia intrafamiliar. Al respecto, dicho dato tiene como limitante que se obtuvo solo en 132 de los 371 casos, de los cuales se observa que un 93.3% (124) refirieron no haber presenciado actos de Violencia en su núcleo familiar de origen y solo el 6.7% (8) reconocieron Violencia intrafamiliar en su núcleo familiar de origen. Referente a las características del núcleo familiar de un grupo de personas que se dedicó a actividades de tráfico de drogas, se puede concluir que una mayoría de los casos donde se obtuvo dicho dato provienen de Núcleos familiares funcionales y donde no se percibió violencia; en cuanto a la integración de las familias, la población donde se tuvo acceso a dicha información prácticamente se distribuye por igual entre aquellos que provienen de una familia integrada y los que experimentaron de desintegración familiar.

Una última contingencia a revisar es la concerniente a las Características familiares que presentan las diversas modalidades de tráfico. Sobre ello ya se había apuntado con anterioridad que una gran mayoría de la muestra analizada proviene de Núcleo familiares funcionales y sin violencia intrafamiliar, donde 5 de cada 10 viene de una familia desintegrada. Prácticamente las mismas tendencias se observan si perfilamos las características familiares a cada una de las modalidades de delito contra la salud, pues en cada una de las actividades de mayor ocupación (Posesión, Comercio, Trasporte y Menudeo) más del 90% de los casos se ubican en Familias funcionales y con Ausencia de violencia intrafamiliar.

5.6 El consumo de drogas

El Consumo de sustancias ilegales de la muestra analizada es un descriptor que pudo recabarse en 348 casos (93.8%). De esos casos, el 64.7% (240) presentaba antecedentes de consumo de drogas ilegales, mientras que el 29.1% (108) no las habían consumido. De quienes presentaban Antecedentes de consumo (Cuadro 14, ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), el 39.6% (147) consumía marihuana y la metanfetamina era consumida por el 17.5% (65), siendo las sustancias de mayor uso.

Algunos estudios citados en este trabajo destacan una relación entre el consumo de drogas y los delitos contra la salud (Resa, 2014; Valenzuela & Larroulet, 2011; Salazar et al. 2009). Un indicador que nos ayuda a extender esta afirmación a la muestra estudiada es la relación Droga manejada en el delito contra la salud cometido y Droga ilegal que la persona consume (Cuadro 15, ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5); los datos demuestran que del total de 111 personas presas por manejar Marihuana, el 63.6% (71) eran también consumidores de esa sustancia. El caso de la Metanfetamina es también de destacar, pues del total de 123 personas que manejaban en sus actividades este químico, el 37.9% (46) eran consumidores del mismo.

5.7 Los antecedentes penales

Con respecto a la existencia de Antecedentes penales,[18] se puede observar que la población está equitativamente proporcionada, pues el 56.9% (211) contaban con antecedentes de reclusión registrados al momento de su encarcelamiento por delitos contra la salud, mientras que 43.1% (160) no los tenían. De aquellos que presentan antecedentes penales se pudo recabar el tipo de delito que cometieron;[19]de las 211 personas con antecedentes penales, el 41.6% (88) tenía antecedentes de Robo con violencia.

Un indicador que nos da una idea de las modalidades de tráfico que están ligadas a un historial de reclusión, es la frecuencia con la que determinadas modalidades de delitos contra la salud presentan o no antecedentes penales. Al respecto, la muestra observada presenta nuevamente que los delitos de Posesión simple y Narcomenudeo presentan tendencias de interés; del total de personas que participaron en delitos de Posesión simple de drogas ilegales (107), el 87% (94) contaban ya con antecedentes delictivos, mientras que del total de 84 presos por Narcomenudeo, el 81% (60) presentaba ya un historial de reclusión. El anterior patrón observado para la Posesión y el Narcomenudeo, contrasta con aquellos reclusos por la modalidad de Trasporte de drogas ilegales, pues del total de ellos (80), el 82.5% (66) no tenían antecedentes penales. Lo mismo sucede con aquellos presos por Extracción de drogas ilegales del país, quienes del total (34) solo el 5.8% (2) de ellos presentaban antecedentes en instituciones penitenciarias.

Un indicador que nos permite conocer el tipo de delitos que se relacionan con una determinada modalidad de tráfico en la población observada, puede ilustrarse en el Cuadro 16 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5), el cual muestra que del total de personas con un historial de reclusión (210), el 41.9% (88) tenía antecedentes de Robo con violencia, seguida por un 31% (66) con antecedentes en Delitos contra la salud. En este aspecto se observa también que el 44% (42) de quienes se relacionaron con la Posesión simple de drogas ilegales anteriormente habían cometido Robo con violencia; de igual manera se observa el 48% (29) de quienes participaron en el Narcomenudeo contaban con antecedentes de Robo con violencia. Estos datos permiten anotar que en la población analizada, en una importante proporción, el Robo con violencia es un delito que antecede al Delito contra la salud.

5.8 Edades críticas

Relacionar la Edad de ingreso a la institución penitenciaria[20] y el tipo de delito contra la salud cometido (Cuadro 17, ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5) permite establecer un perfil etario a través de las diversas modalidades de tráfico. Al respecto se obtuvieron datos en 233 casos, donde existe un par de tendencias a destacar en la población analizada: se puede observar que del total de 48 sujetos que fueron recluidos por Posesión de drogas ilegales el 70% (34) estaba en el rango de los 18 a los 35 años de edad y la participación en esta modalidad decrece conforme se avanza en edad; caso contrario sucede en las personas ligadas al Trasporte de drogas donde el 75% (54) se ubica justo a partir de los 31 años de edad mientras que en las edades más tempranas la proporción es muy baja.

Los datos anteriores, son evidencia de que existen modalidades de delitos contra la salud, como el trasporte, que ocupa de sujetos en edades más posteriores, mientras que las hay aquellas, como la posesión, donde participan personas en edades más juveniles, es decir, existen perfiles de edad diferenciados de una modalidad a otra.

Los hallazgos sobre los principales descriptores que tiene un grupo de personas que participaron en actividades relacionadas con delitos de drogas y que están reclusas en una institución penitenciaria del estado de Sonora se resumen en los Cuadros 18 y 19 (ver en el siguiente enlace: http://dx.doi.org/10.20983/noesis.2020.2.5). Se recalca las limitaciones que la metodología aplicada tiene para con la generalización de los resultados y en cuanto a la explicación de estas relaciones de condiciones, sin embargo este tipo de hallazgos se consideran como elementos seminales para la investigación a futuro sobre los mecanismos que participan en la explicación del rezago social y el ingreso a actividades de tráfico de drogas.

Conclusiones

El tráfico de drogas, analizado en este estudio a través de los delitos contra la salud, supone un fenómeno que ha sufrido una importante expansión en el país, especialmente en la franja fronteriza del norte de Mexico (Astorga, 2015; Barrón, 2015; Valdés, 2013; Valenzuela, 2012; Sánchez, 2009). El presente estudio se fundó en la sugerencia teórica que destaca que el deterioro de las condiciones sociales de un individuo se asocian a su participación en actividades trasgresoras de la ley (Durkheim, 1998, 1982), y específicamente se utilizó al tráfico de drogas como una de esas formas trasgresoras.

Es preciso recalcar las limitaciones que tiene este estudio, en cuanto al alcance de los resultados. Al respecto, se trató de una población concreta de presos por delitos contra la salud, cuyas actividades particulares obligan a aplicar con reserva estos hallazgos al análisis de otras modalidades delictivas. Por otro lado, se debe destacar que el contexto donde estos realizaron sus actividades delictivas se limita al norte de México y específicamente a la región fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica, sobre lo cual la generalización a otros contextos geográficos debe tomarse con cautela. Ante ello, las conclusiones que emanan de este estudio, deben invitar a la exploración y el análisis del contexto social de poblaciones que participaron en otras modalidades delictivas, en la búsqueda de especificidades y comportamientos diferenciales por tipos de delitos, sobre todo aquellos de alto impacto sobre el problema social de la seguridad pública. Además, es preciso el fomentar el trabajo con otro tipo de poblaciones, pues la condición de reclusión debe considerarse un factor que opera diferencialmente sobre poblaciones en condiciones de libertad.

También se reconoce las limitaciones que un enfoque cuantitativo y basado en el análisis estadístico como el que aquí se siguió, puede tener sobre la explicación del fenómeno. Ante ello, es preciso llevar este tipo de análisis hacia otras estrategias cuantitativas, como el de modelos explicativos sobre la participación en estas actividades, o incluso hacia enfoques cualitativos que permitan un conocimiento más profundo acerca los mecanismos y los procesos que se asocian la adhesión actividades delictivas.

Para responder la pregunta ¿Qué condiciones sociales caracterizan a los presos por delitos de drogas de una institución penitenciaria del estado de Sonora? y bajo el objetivo de caracterizar a una muestra de sujetos que se dedicaron a delitos de drogas y que purgaron condena por estos delitos en una institución penitenciaria de la capital del estado de Sonora, los datos permitieron describir a esta muestra en cuanto a la actividad con drogas en la que participaron, su contexto de residencia, su entorno familiar, su nivel educativo, su empleo, sus hábitos con drogas y sus antecedentes delictivos.

Con respecto a las características de la actividad en que se participó, el hecho de que la mayor porción de la muestra cumpla con una condena de un año o menor por un delito de drogas, aunado a que casi un tercio de la misma cometió el delito de Posesión simple, permite constatar que una buena proporción de sujetos presos por delitos relacionados con el tráfico de drogas se relacionó con una modalidad de baja gravedad y que estos cumplen con un bajo perfil dentro de la cadena de tráfico, una tendencia que se replica a nivel nacional (Resa, 2014). Por lo tanto, la condición de esta muestra no es lejana de la realidad que impera dentro del tráfico de drogas en el país: son los rangos menores de la cadena los que aportan la mayor porción de sujetos dedicados a estas actividades (Ríos & Sabet 2008: 10). Así mismo las características de esta muestra en particular coinciden con la población carcelaria por delitos contra la salud en México, en el hecho de que son las modalidades de posesión ilegal, venta al menudeo y trasporte sobre las que se compone la mayor porción (Resa, 2014: 5).

Atendiendo a lo anterior, es importante anotar que cuando los órganos de seguridad nacional muestran con dramatismo el comportamiento de los principales indicadores delictivos sobre esta modalidad delictiva (sobre todo aquellos que atienden el período 2006-2012 cuando la lucha contra el tráfico de drogas supuso una estrategia de seguridad nacional), poco se discute el hecho de que más del 40% de los condenados recibió una pena que ni siquiera superaba el año de prisión (Resa, 2014: 5), lo cual puede ser un indicativo de la baja gravedad del delito cometido. De esto se derivan varias conclusiones, primero es necesario instar, tanto a las instituciones procuradoras de justicia que proveen de la estadística utilizada en gran parte de investigación realizada en México, así como en futuros trabajos sobre la materia, a que maticen esta condición, ello con el fin de tener un conocimiento del fenómeno más apegado a la realidad y evitar una imagen sesgada de esta problemática en el país. Más importante aún, los anteriores datos pueden sugerir la existencia de un comportamiento diferencial en cuanto a los procesos de investigación, de captura y de reclusión hacia miembros que ocupan un mayor rango dentro de la cadena de tráfico de drogas con respecto a los de menor nivel, siendo los eslabones menores mucho más requeridos por la ley, a la vez que los sujetos que pertenecen a funciones organizativas, intelectuales y de mayor peso decisional dentro de la actividad ocupan una menor concentración dentro de la poblaciones penitenciarias; en este estado de las cosas, las consecuencias de violencia organizada y armada aportadas por esta actividad se recrudecen y el control de esta actividad delictiva se ve afectada negativamente. Este hecho invita a cuestionar desde la investigación, el papel que algunos mecanismos (la corrupción, las lagunas legales, la eficiencia policial, el retraso en las políticas penitenciarias, por nombrar) ligados a la procuración de justicia podrían tener en la explicación de este hecho y consecuentemente sobre el tipo de estrategias que las instituciones han propuesto para revertir esta tendencia que se replica en las instituciones penitenciarias del país (Resa op. cit.).

Por otra parte, el hecho de que la mayoría de la muestra que participó en delitos contra la salud estén ligados al manejo de la marihuana y la metanfetamina, forma parte de la importante expansión que presenta la demanda de estas sustancias dentro de la entidad, especialmente de la metanfetamina en forma de la sustancia conocida como “cristal” (Enríquez, 2016; Escobar, 2017; Hernández, 2016; Semanario Contraseña, 2017).

Tomando en cuenta el contexto de residencia, los resultados muestran que una mayor proporción de la población analizada se desenvolvió dentro del contexto del estado de Sonora, ya sea por nacimiento, o por residencia. Este resulta un hallazgo importante, ya que aparte de cuestionar la idea del estado de Sonora como el estado fronterizo más seguro del país (Uno tv, 2014; SDP noticias, 2013; Uniradio informa, 2011), se reafirma la imagen de esta entidad como enclave fundamental en el negocio de las drogas (Astorga, 2003). De igual forma, una de las características de los sujetos analizados, muestra que su residencia estaba principalmente en zonas urbanas, lo cual advierte el papel que juegan los contextos conflictivos que suponen los escenarios urbanos en la reproducción de la conducta delictiva (Moreno, 2017; Zavala, 2012).

En relación a su nivel educativo, la muestra que participó en delitos contra la salud en el estado de Sonora se caracteriza en solo alcanzar el nivel educativo básico, aunado por una mínima porción que cuenta con estudios superiores. Aunque en los datos no se pueden determinar las condiciones de este rezago educativo en la muestra estudiada, este hallazgo es de suma importancia, ya que apoya la idea de que el alejamiento de las instituciones sociales, como lo es la educación escolar, está ligados a la relación del individuo con actividades trasgresoras (Hirschi, 2003).

Con relación a sus condiciones laborales previas, los datos que muestran un bajo desempleo en la muestra analizada cuestionan la idea que encuentra una relación entre el delito y la desocupación laboral (Mendoza, 2008); sin embargo, aunque los sujetos examinados se ligaron menos con el desempleo, lo cierto es que en su mayoría se ocupaban en empleos informales, con sueldos bajos o en su defecto no gozaron de un sueldo fijo. Estos hallazgos sugieren la exploración y la explicación sobre los mecanismos que tienen un efecto sobre la adhesión al delito en contextos de precarización laboral. Por otra parte, ante estas características se ocupan de estudios que discutan y evalúen el impacto que han tenido las estrategias nacionales de fomento al empleo y de fortalecimiento de la oferta laboral sobre el bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas de la población y en qué medida la falta de satisfacción con las condiciones laborales deviene en la elección del delito como forma para superar el rezago económico. Todo ello se vuelve imperativo en un escenario nacional donde una creciente porción de la oferta laboral en el país se describe por el subempleo, la eventualidad laboral y por salarios que rayan en el límite de lo mínimo, donde a pesar de proponerse soluciones a las dificultades laborales mexicanas, aún se carece de una estrategia concreta (Rivera, 2019).

Según su entorno familiar, la muestra estudiada tiene como característica provenir de un núcleo familiar de origen donde se presentaban buenas relaciones. A pesar de ello es preciso tomar en cuenta que las actividades delictivas están ligadas con contextos familiares conflictivos (Giddens, 2000: 217). Ante esto, se reconoce la dificultad de establecer de manera precisa los mecanismos que explican la adhesión a actividades delictivas en sujetos criados en contextos familiares disfuncionales o desintegrados; a pesar de que existen trabajos como los de Chant y Moreno (2005: 32) o González de la Rocha (2005: 245), quienes destacan al seno familiar como escenario proveedor de bienestar, de apego y factor de certidumbre ante los diversos rezagos sociales, independientemente de su estructura y funcionalidad, también existen investigaciones como las de López Estrada (2012) que destacan los mecanismos por los cuales la desintegración familiar, la monoparentalidad, los hogares uniparentales o los hogares compuestos por miembros sin parentesco, pueden tener sobre las tensiones personales que desencadenan el delito y la reproducción de la violencia. La causalidad familia-delito es considerada un problema descrito por su complejidad y supera los alcances de un análisis como el que aquí se proporciona, sin embargo, el comportamiento de la muestra analizada en cuanto a sus antecedentes familiares y que describen una mayor relación con contextos familiares desintegrados sobre los disfuncionales, instan a la exploración de la desintegración familiar como factor de influencia en la inmersión al delito, así como de los mecanismos que facilitan dicho efecto.

Con relación al consumo de drogas, la muestra se caracteriza en su mayoría por presentar antecedentes de uso de este tipo de sustancias, este dato es un hallazgo de importancia a la luz de sugerencias como las de Salazar et al. (2009) o Grossman & Murphy (1991) quienes advierten sobre el papel que juega el consumo de drogas como elemento que facilita la inmersión en actividades de comercio de las mismas. De igual manera, este hallazgo es indicador de que el estado de Sonora, al igual que un amplio territorio de la frontera norte de México, ya no solo son un enclave puramente estratégico en la cadena de distribución de drogas ilegales hacia los Estados Unidos de Norteamérica, sino que se ha visto dentro de un proceso en que paulatinamente estas sustancias han quedado retenidas, pasando a ser un estado consumidor de las mismas.

Por otra parte, en cuanto al vínculo entre consumo de drogas y delitos de drogas, es preciso abocarse en la investigación futura hacia el análisis de las condiciones que han propiciado el aumento del consumo, así como analizar las consecuencias sociales y de salud que esto ha acarreado. Lo anterior, debe desarrollar dentro de la coyuntura social que, paulatinamente y con mayor fuerza, considera como medida factible el optar por un proceso de legalización de algunas sustancias psicoactivas. En ese contexto de regulatorio, este trabajo de investigación sugiere una exploración más precisa acerca las consecuencias sobre la salud de personas que desarrollan adicción a estas sustancias, y también si una posible legalización de las mismas podría desencadenar en un aumento reactivo de los índices delictivos. Ello se argumenta tomando en cuenta los datos aportados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2018: 1) que destacan de los 275 millones de personas que han consumido alguna droga, 31 millones (11.2%) padecen algún trastorno médico o de conducta derivado de ello, es decir, hay una importante proporción de sujetos cuyo consumo de sustancias psicoactivas acarrea consecuencias negativas, entre las que se incluyen también la comisión de delitos. Es imperativo un análisis previo de las estrategias de legalización de drogas y sus posibles efectos en el recrudecimiento de las adicciones, así como de su impacto sobre la seguridad pública, los índices y la reincidencia delictiva; además, se requiere explorar sobre la congruencia entre estos procesos de legalización y las estrategias que el estado despliega hacia el control y/o erradicación del uso de sustancias ilegales entre la población.

En razón a los antecedentes penales, los sujetos de esta muestra de presos por delitos contra la salud se caracterizan por presentar antecedentes de reclusión previo a su participación en estas actividades con drogas. Estos datos abonan a la discusión de la trascendencia y efectividad de los procesos de tratamiento penitenciario y reinserción social y su modelo basado primordialmente en la prisión (Zúñiga, 2001: 188), así como el análisis y la autocrítica de la sociedad en la cual se está reinsertando (Hassemer, 1999: 352).

Discutidos los hallazgos de esta investigación, es importante subrayar que las condiciones descritas en la muestra analizada suponen deterioros en sus trayectorias de vida y obedecen a vulnerabilidades que los ubican como sujetos en riesgo de unirse a una actividad delictiva. Por ello, toda acción que puede proponerse en favor de la prevención de esta modalidad delictiva, debe priorizar el revertir y/o disminuir las vulnerabilidades más básicas de los individuos.

Por último, aunado a los procedimientos de estadísticas descriptiva utilizados en este estudio, es preciso fomentar trabajos que, bajo procedimientos estadísticos predictores y explicativos, permitan tener hallazgos más precisos sobre la influencia y el peso de las diversas variables sociales que aquí se tratan; de igual manera, estos hallazgos estimulan, como siguiente paso, el explorar el efecto que tienen los determinantes individuales (motivaciones, necesidades, esquemas valorativos, interiorización de esquemas culturales de la violencia) en la elección de cursos de acción trasgresores de la ley. Para ello la investigación con énfasis cualitativo nos podría proporcionar datos sumamente enriquecedores sobre las trayectorias de vida de este tipo de poblaciones y sobre su vulnerabilidad ante el comportamiento delictivo. Todo ello, en un esfuerzo por alcanzar un enfoque integrador de contexto e individuo en la explicación de las diversas expresiones delictivas en el país, y en favor de proponer mejoras integrales hacia la atención del problema social del fenómeno delictivo en México.

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Notas

2 Entidad federativa del noroeste de México (coordenadas 29°38′46″N 110°52′08″O) con la segunda mayor extensión territorial de la República (9.2% del territorio nacional). Conformada por 72 municipalidades y una población superior a los 2,850, 000 habitantes. Colindante con los estados de Chihuahua (al Este); Baja California y Mar de Cortés (al Oeste); Sinaloa (al Sur) y con los estados de Arizona y Nuevo México, Estados Unidos (al Norte); caracterizada mayormente por un clima desértico y en extremo caluroso.
3 Se eligió dicho centro penitenciario, ya que de los dos reclusorios estatales que se encuentran ubicados en la ciudad de Hermosillo, el cereso i es el que tiene el mayor número de presos por este tipo de delitos con 371, mientras que en el cereso ii se encuentran 64 confinados por estos delitos.
4 El Código Penal Federal en su Artículo 194, Fracción I, señala que por Producción se entiende el manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico (p.43).
5 Se refiere al traslado de drogas ilegales de un punto geográfico a otro.
6 Se refiere a la Introducción, extracción y/o trasporte de alguno de los narcóticos comprendidos en la Ley General de Salud, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito (Código Penal Federal, Articulo 194, Fracción II, p. 43).
7 El Código Penal Federal (Artículo 194, Fracción I) define la comercialización como el vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico.
8 Por suministro se entiende a la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos (Artículo 194, Fracción I, p. 43).
9 La Ley General de Salud para los Estados Unidos Mexicanos, señala las sustancias estupefacientes (Capítulo V, Art. 234) y psicotrópicas (Capítulo VI, Art. 245) consideradas como ilegales. Esas mismas se considerarán aquí como drogas ilegales.
10 El expediente penitenciario de cada recluso está conformado por diversos documentos, entre los que destacan Estudios médicos, Estudios psicológicos, Estudios criminológicos, Exámenes toxicológicos, Estudios psiquiátricos (en caso de que sea necesario), Estudios socioeconómicos, Estudios educativos y culturales, además de una evolución en cuanto al comportamiento y de medidas disciplinarias ejecutadas hacia el reo dentro de su reclusión.
11 Traer consigo alguna sustancia ilegal de las señaladas en la Ley General de Salud, en una cantidad mayor a la legal, pero de cuya tenencia no hay elementos para considerar que había un objetivo de venta, comercio o tráfico de la misma.
12 El criterio para considerar la Residencia dentro del estado de Sonora lo establece el Departamento de Trabajo social del propio centro penitenciario, quienes en su formato de ingreso indican la ciudad y el domicilio inmediato anterior a ser recluido, así como el tiempo que duró viviendo en dicho lugar. Considerando una residencia establecida y no temporal, aquella localidad donde se vive por un tiempo mayor a 12 meses, tiempo en el cual se considera que una persona puede establecer una habituación al lugar de residencia y crea un sentido de comunidad dentro dicha localidad.
13 El Departamento de Trabajo Social del cereso i, considera que en un barrio, colonia o localidad existe criminalidad cuando el sujeto reconoce en estos contextos la presencia de pandillas, prostíbulos, cantinas, o se percibe venta de armas o drogas.
14 Que para el caso de México es el nivel secundaria completo (Narro, et al., 2012).
15 Se considera la labor de Ama de casa como ocupación debido a que implica una actividad y una rutina laboriosa, independientemente de si está condicionada a la obtención de un salario o remuneración, es precisamente por la volatilidad o inconsistencia en su remuneración que se considera aquí como una labor informal.
16 Para los criterios del departamento de Trabajo Social del cereso i de Hermosillo, una Familia funcional es aquella cuyas relaciones e interacciones son armónicas. Entre las características principales están que los roles de padres e hijos están bien definidos, ambos son y se comportan como tales; la organización jerárquica es clara, padre y madre comparten la autoridad de forma alternada; los límites de comportamiento son claros, se cumplen y defienden; la comunicación es clara y directa; el control de la conducta es flexible; se participa activamente en la resolución de conflictos internos.
17 Una familia integrada se considera aquella en que la que todos sus miembros están presentes y/o cohabitan juntos en el mismo hogar, por ende son aquellas que no presentan la ausencia permanente de alguno de sus miembros, ya sea por muerte, abandono del hogar, o distanciamiento absoluto del núcleo familiar. El que una familia esté integrada es independiente de su funcionalidad, es decir, puede haber familias integradas cuyas relaciones no son funcionales y viceversa, puede haber familias desintegradas cuyas relaciones son funcionales. Tomado de los criterios del Departamento de Trabajo Social del cereso i.
18 La propia institución penitenciaria considera Antecedente penal a aquel hecho que está registrado oficialmente en el Sistema Estatal Penitenciario, Procuraduría General de la República y Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la intención de confirmar si la persona ha sido procesada, sentenciada o encarcelada tanto por el mismo delito como por otros distintos, así como en ocasiones anteriores y en otros estados del interior de la República.
19 En los casos en que las personas tenían antecedentes en varios delitos, se registró el último delito cometido antes de ingresar por delitos contra la salud. Para aquellos cuyo delito antecedentes era precisamente un delito contra la salud se registró como tal.
20 Si bien, la edad en la que el sujeto ingresó a la institución penitenciaria por el delito contra la salud cometido no refleja con exactitud el momento en que este comenzó a realizar dicha actividad; sí proporciona un dato lo más aproximado posible a la etapa de vida en la que se encontraba.
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