ANUARIO DE DERECHO, COMERCIO INTERNACIONAL, SEGURIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Niveles de felicidad autoreportados en Colombia y México desde la perspectiva de los derechos humanos

Margarita Cantero Ramírez — 2023-02-08

El derecho a la felicidad es un elemento clave en el desarrollo y bienestar integral de la persona llegando a ser reconocido internacionalmente como un derecho humano de tercera generación y fundamental subjetivo que contribuye en el fortalecimiento y garantía de otros derechos humanos aunado a principios como la justicia y libertad. A partir de ello se planteó como objetivo realizar una aproximación a los niveles de felicidad en población colombiana y mexicana por medio de un estudio exploratorio aplicando un cuestionario ad hoc donde participaron 102 (68%) colombianos y 48 (32%) mexicanos (n=150). Entre los resultados se identificó que los mexicanos (5.64, p= 0.004) están más satisfechos con su vida respecto a los colombianos (4.59), asimismo los mexicanos (5.91, p=0.013) se identifican como más felices y que disfrutan más de su vida en relación a los colombianos (4.97), mientras que de manera general los hombres son más felices (5.58) que las mujeres (5.09), asimismo se identificó una diferencia por nacionalidad dado que las mujeres colombianas se consideran bastantes felices (46.95%) y las mujeres mexicanas se reconocen como muy felices (54.8%). Se concluye que el derecho a la felicidad abarca las perspectivas: normativa, moral, cultural y socio-jurídica donde confluyen elementos internos y externos a la persona, mismos que deben considerarse para garantizar este derecho por medio de políticas públicas inclusivas que promuevan la participación ciudadana y articule esfuerzos por parte de los gobiernos con aquellos realizados desde lo individual para mejorar las condiciones de los entornos, lo cual incidirá en ambientes pacíficos y adecuados para el desarrollo de las personas.

Responsabilidad patrimonial del estado en México. La no configuración de actos legislativos.

Miguel Ángel Veloz Romo — 2023-02-08

El reconocimiento de la responsabilidad de las autoridades es una característica común de los Estados Democráticos Constitucionales, los cuales han establecido mecanismos que permiten el resarcimiento de los daños causados en la persona y bienes de los gobernados; sin embargo, no todos los Estados reconocen una responsabilidad amplia, sino que se limita en atención a la naturaleza de la actividad que se desarrolle excluyendo funciones como la legislativa y jurisdiccional. En el caso de México, la regulación establecida en el último párrafo del artículo 109 Constitucional, excluye los actos materialmente legislativos, lo que se traduce en una violación del Estado a sus deberes internacionales.

La investigación implica un análisis de la exclusión de la actividad legislativa en la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado contemplada en la constitución mexicana; para su realización se utilizaron técnicas documentales basadas en la doctrina existente en materia de responsabilidad patrimonial del estado y las normas jurídicas tanto legales como jurisprudenciales que en México y en el ámbito internacional, se contemplan al respecto.

Con ella se puede concluir que, en México, la falta de un mecanismo que permita el resarcimiento de daños causados por actos materialmente legislativos, va en contra de las normas internacionales en materia de derechos humanos, por lo que a través del control de convencionalidad que deben ejercer las autoridades conforme a la Constitución, y en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sería posible obtener un resarcimiento en esos casos.

La reinserción social como derecho de las personas privadas de la libertad para una vida digna

Lorena Martínez Martínez — 2023-02-08

El sistema penitenciario ha tenido modificaciones en relación a los derechos que deben tener las personas privadas de la libertad, a raíz de la reforma constitucional de 2008 el artículo 18 introduce un modelo penitenciario de reinserción social que abona a una vida digna en reclusión donde se buscan cambios para que la persona no vuelva a delinquir, además, se cambian términos de delincuente o reo por persona privada de su libertad, se fomenta el respeto a los derechos humanos que garantiza y logra la reinserción. Por lo cual se planteó como objetivo realizar un estudio dogmático normativo para analizar las condiciones de reclusión, los derechos de las personas en reclusión para recapitular la efectividad o inefectividad de la reinserción social, así como conocer el cumplimiento y respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en cuanto a la vida digna que llevan. Entre los resultados se identificó que la finalidad primordial de la pena privativa de la libertad es la reinserción social que parte de cinco principios establecidos en el artículo 18 constitucional como lo es el trabajo, capacitación para el mismo, deporte, salud y educación ejes principales que se deben respetar y garantizar a las personas privadas de la libertad, por considerarse elementos importantes para lograr una reinserción social. Se concluye que los centros penitenciarios presentan hacinamiento, tasas de reincidencia, prevalencia de violencia en los penales, entre otras cuestiones han sido los motivos por los que no se están cumpliendo los objetivos legales y sociales que se buscan, por lo cual resulta pertinente articular lo normado con lo que sucede en la realidad para que las autoridades gubernamentales puedan mediante programas sociales garantizar y lograr una vida digna en reclusión por medio de la reinserción social.

La vivienda digna en tiempos de pandemia; vulneración reiterada en el confinamiento. Caso colombiano.

Farid Stemberg Parra Caro — 2023-02-20

La pandemia a causa de la Covid-19 trajo consigo múltiples cuestionamientos acerca de la protección y garantía de los derechos fundamentales en los territorios, un claro ejemplo de ello es lo sucedido en el territorio colombiano. Esto, en cuanto a que el estado de emergencia sanitaria y las declaraciones de confinamiento se permearon en un sinfín de vulneraciones a primacías constitucionales, entre ellas encontramos al derecho fundamental de la vivienda digna en Colombia, derecho el cual se encuentra en el art. 51 de la constitución política de Colombia. Es por eso, que se decide con la presente investigación, abordarse desde la perspectiva del Estado de Derecho en tiempos de Pandemia, analizando cómo el Estado colombiano sigue vulnerando derechos civiles y fundamentales como el derecho a la vivienda digna, en donde jurisprudencialmente se ha indicado que dentro del territorio colombiano se deberá prevalecer el bienestar común y la primacía constitucional y de Derecho. La metodología usada es mixta con un enfoque analítico y hermenéutico, en donde se usan las estadísticas ofrecidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para establecer la vulneración del derecho a la vivienda digna y las medidas de restricción acaecidas por la declaración de emergencia sanitaria. Logrando identificar que existió una vulneración del derecho a la vivienda y de acceso a ésta, en dónde personas fueron sancionadas por no acatar las medidas de emergencia como el no salir de las viviendas estando en situación de calle, así mismo se encontraron planes de presidencias municipales que buscaron mitigar estas medidas.

Estado Transnacional y la hibridación jurídica para fines privados

Aristides Gutiérrez Garza — 2023-03-08

Con el proceso de transnacionalización se generaron mecanismos que modificaron las relaciones jurídicas de los Estados. El objetivo de este trabajo es analizar de qué forma se han estado creando un tipo de normas que conllevan al planteamiento de la hibridación jurídica para fines privados. Se argumenta que instrumentos, técnicas y mecanismos jurídicos, provenientes del derecho privado, se encuentran funcionando al interior de la Administración Pública. Al mismo tiempo, estas técnicas generan un discurso tendiente a simular y mezclar contenidos de distintos ámbitos jurídicos, lo que se denomina hibridación jurídica para fines privados. En cuanto al método, desde la sociología jurídica y en un contexto de análisis teórico-jurídico, se examina la manera en la que el proceso de globalización y de implementación de políticas económicas neoliberales intervienen en el Estado y el derecho, el cual, modifica la funciones del Estado. Como resultado de la investigación, se obtiene que estas modificaciones realizadas al Estado permite que se lleve a cabo la privatización y la hibridación jurídica para fines privados. Por lo que, a partir del análisis realizado, se establece una breve esquematización general de la hibridación jurídica para fines privados, presentando los elementos generales que la definen. De esta forma, se concluye que la hibridación jurídica para fines privados, es una técnica jurídica por medio de la cual el Estado legaliza la transferencia de recursos al exterior de los Estados.

La controversial maternidad subrogada en México

Claudia Patricia González Cobos — 2023-03-08

Ante un escenario de desregulación casi absoluta, en México la maternidad subrogada sigue representado un talón de Aquiles en el entorno del respeto a los derechos humanos, si bien la doctrina jurídica se ha ocupado de los problemas que se derivan de su existencia, en materia legislativa pervive en un escenario extrajurídico que genera una indefinición en cuanto a su naturaleza jurídica, de tal suerte que pareciera ubicarse en el contexto contractual, cuando por su trascendencia incide en el campo de los derechos humanos. En criterio reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la competencia de las entidades federativas para regular los términos económicos de esta figura jurídica, ¿A contrario sensu deberemos colegir que los demás aspectos deberían ser cubiertos por la legislación federal? El presente trabajo de corte teórico dogmático, parte de la hipótesis de que la maternidad subrogada está acéfala de una adecuada regulación en México lo que incide en la vulneración de derechos humanos y la realización de acuerdos que rayan en la ilegalidad con una absoluta desprotección a las personas involucradas incluido el ser humano en gestación por lo que debe regularse adecuadamente en la legislación ordinaria. La hermenéutica y la epistemología jurídicas sustentan la metodología empleada y la técnica de revisión de literatura especializada da un soporte adecuado a las conclusiones obtenidas que confirman la hipótesis.

Efectos jurídicos del origen de las mercancías en el TMEC

José Manuel López Libreros — 2023-03-08

Las normas de origen para las mercancías son determinantes en el comercio internacional y apuntalan la aplicación de los principales instrumentos jurídicos de carácter comercial y aduanero, como lo son el trato preferente entre socios comerciales del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). En este sentido, las normas de origen, esencialmente técnicas y neutrales se convierten en bisagras para la gestión de intereses y políticas industriales de los socios y de los grupos de presión. En el TMEC, la negociación de las normas de origen se erigió como uno de los puntos álgidos en la agenda comercial, especialmente por los intereses de los sectores involucrados (metal-mecánico, automotriz, agrario, entre otros) y las presiones políticas a nivel nacional e internacional. En la investigación se parte del presupuesto que la determinación de la forma y tipo de norma de origen para las mercancías reflejan y afectan el grado de apertura o liberalización de los flujos comerciales entre los países, y que por ello, generan consecuencias jurídicas en el comercio internacional preferencial. Para ello, se hace una revisión documental y en uso del método deductivo se analizan las posturas teóricas (derecho convencional, derecho económico, comercio internacional) y documentos oficiales (tratado, anexos, resoluciones, declaraciones) que fundamentan el origen de las mercancías en el TMEC; para a partir de ahí, identificar las normas y los principios que se derivan del mismo en cuanto a los efectos jurídicos de apertura del comercio entre los socios norteamericanos y en la ejecución de los compromisos de liberalización comercial pactados, Como conclusión, se identifica que el régimen jurídico del origen en el TMEC ha generado repercusiones jurídicas en la operación del tratado, la protección de intereses en sectores sensibles y ha generado controversias en la aplicación del entramado institucional.