Introducción

En las últimas décadas se han dado diversos cambios en la sociedad mexicana motivados por los avances de fenómenos como la evolución hacia la democracia; la transición demográfica; la urbanización de una amplia mayoría de la población; el advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento; la apertura comercial; la desestatización de la economía; el incremento en el acceso a la educación y la salud; la aparición de instituciones públicas y de la sociedad civil que tienen como causas la defensa de los derechos humanos; y la igualdad de género (González, Anguiano y Gutiérrez, 2010).

Algunos de estos cambios han contribuido a reducir la desigualdad de género o por lo menos a hacerla evidente entre sectores más amplios de la población. Las causas de esta desigualdad en México son múltiples, están profundamente arraigadas y son de naturaleza sistémica; lo que las convierte en obstáculos difíciles de remover. Es por esto que es importante describir y entender aquellos cambios que han favorecido la igualdad de género, independientemente de su impacto específico. En este contexto el objetivo general de este trabajo es analizar el impacto de la transición demográfica, el desarrollo humano y la participación de la mujer en el mercado laboral en la disminución de la desigualdad de género en México. El análisis se hace a través de diferentes indicadores sociodemográficos, teniendo como caso práctico las mujeres en México. Como se hará evidente a través de este documento estos tres fenómenos tienen una interrelación positiva en el sentido que el avance de uno favorece a los otros y viceversa, y además en muchas circunstancias son condición necesaria para aspirar a una igualdad de género.

Uno de los impactos más significativos de la transición demográfica es la reducción de la natalidad -menos hijos, más espaciados y a una edad más tardía- que se ha traducido, entre otras cosas, en hogares con menos integrantes (Consejo Nacional de Población CONAPO, 2010). Lo que ha beneficiado a la mujer, ya que uno de los factores de desigualdad de género más profundamente arraigados se da por el hecho de que la carga reproductiva y de la crianza se centra en la mujer. Al reducir la carga se ha facilitado el que las mujeres ingresen al mercado laboral y que se pueda destinar mayor cantidad de recursos a cada hijo; con lo que se genera un impacto multiplicador para ampliar las posibilidades del desarrollo humano. Sin embargo, esto vino acompañado por una mayor participación de la mujer en el mercado laboral; lo que se tradujo en una doble jornada: la del hogar y la del trabajo. Así que un primer objetivo particular de este trabajo es documentar algunos de los indicadores que reflejan esta transición demográfica y si esto significó o no una reducción en las desigualdades de género.

Dos aspectos relacionados, que en México acortaron la transición demográfica, han sido el incremento sostenido en el acceso a la educación y a los servicios de salud y la forma tan rápida en que se urbanizó la población; por ejemplo, a nivel nacional en 1950 el 56.8% de la población vivía en localidades rurales de menos de dos mil habitantes y el 28.0% en localidades urbanas de 15 mil o más habitantes (Anzaldo y Barrón, 2009); para 2015 esos porcentajes son del 23.0 y 62.1%, respectivamente; además casi la mitad de la población (47.0%) vive en ciudades de 100 mil o más habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 2015a).

Este proceso de urbanización facilitó el que la población tuviera acceso a la salud y a la educación; lo que generó a su vez mejoras en las posibilidades de desarrollo humano, que es medido por el PNUD en términos de salud, educación e ingresos (PNUD, 2014). En este sentido el segundo objetivo particular de este trabajo es mostrar los principales indicadores del desarrollo humano en México, en específico los reportados en el índice de desigualdad de género y si estos indicadores reflejan un fortalecimiento o no de la mujer al posibilitarle una mayor autonomía y control de sus vidas.

Como en todo problema sistémico, han actuado diversos factores para acrecentar la participación de la mujer al mercado laboral. Los cuales pueden ir desde el mayor acceso de la mujer en la educación, las demandas de los grupos feministas, el predominio del sector terciario (servicios) de la economía como el gran empleador en el mundo, la demanda de los grandes empleadores de una mayor mano de obra barata, el aumento en el consumo, etcétera. La situación es que actualmente más mujeres se incorporan al mercado laboral, y también, aunque en menor proporción, aumentan las mujeres empresarias o autónomas. Esta incorporación femenina al mercado laboral está modificando las formas de organización del trabajo y la estructura de los hogares. Por lo que es de interés analizar cuál ha sido el impacto de estos cambios en las condiciones de las mujeres. De esta forma, como tercer objetivo particular de este estudio, se observa la participación de la mujer en México en las actividades económicas. Para ello se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de los primeros trimestres de los años 2005 y 2015; con la intención de detectar brechas de género en la población ocupada, la posición de la mujer en el empleo y cómo han evolucionado estos aspectos en dicho período. De particular interés en el análisis es el ingreso promedio, el número de mujeres empleadoras y las que trabajan por cuenta propia (INEGI, 2015b).

1. Transición demográfica

l análisis de la transición demográfica está muy relacionado con la igualdad de género, al estudiar aspectos como los índices de fecundidad y mortalidad, la edad al casarse y tener el primer hijo, las prácticas de anticoncepción y la dependencia económica. Aunque México está en una etapa avanzada de transición demográfica, se tiene que entre mayor sea la marginación de una localidad o entidad se dan mayores retrasos en tal transición.

En consecuencia estas localidades o entidades con mayor marginación presentan altas tasas de natalidad, al tener poblaciones con problemas de acceso a medios para regular la fecundidad, como por ejemplo, adolescentes, indígenas, mujeres con baja escolaridad e inactivas económicamente y la mujer rural. En general la transición demográfica tiene mayores rezagos en entidades, regiones y municipios con alta marginación y menor desarrollo humano (Romo y Sánchez, 2009).

La transición demográfica inicia en su primera etapa en la década de 1940, con la reducción de la mortalidad y la morbilidad, gracias al mejoramiento de las condiciones de vida y a los avances logrados en educación, salud, alimentación, infraestructura en salubridad, y a la aplicación intensiva de campañas sanitarias y asistenciales. Estos avances hicieron que a partir de esta década se elevaran los índices medios de salud de los habitantes, acrecentando la esperanza de vida al nacer. De 1954 a 1970 México alcanzó tasas de crecimiento superiores al 3% anual, que se encuentran entre las más altas en la historia de la humanidad (Partida, 2005)

Hacia principios de la década de los años 1970, México, con una población cercana a los 51 millones de habitantes, mostraba un comportamiento demográfico por demás dinámico, caracterizado por elevados índices de fecundidad, aunados a decrecientes niveles de mortalidad. Lo que se tradujo en un acelerado crecimiento poblacional del país en general, y con pronósticos de aceleración aún mayor en los siguientes decenios. Esto era una amenaza muy seria a los niveles de bienestar de la población; ya que el bienestar del país no podía fincarse sobre bases firmes si el rápido crecimiento poblacional continuaba erosionando el progreso económico (Hernández, 2004).

Lo anterior originó un conjunto articulado de acciones de política pública en materia demográfica. Es por ello que a partir de la segunda mitad de la década de los setenta se inicia en México la segunda etapa de la transición demográfica. Comienzan, entonces, a mostrarse los efectos de las políticas de planificación familiar que junto con la acelerada urbanización que se registraba en el país, contribuyeron a abatir las tasas de fecundidad, de manera paralela a la continuación del descenso de las tasas de mortalidad, pero éstas en términos menos significativos (CONAPO, 2011).

En el período 1970-2010 en México se redujo la mortalidad 49.5%, al pasar de 10.5 muertes por cada mil habitantes a 5.3. Mientras que la natalidad, medida a través de la tasa global de fecundidad, se redujo 68% al pasar en 1970 de un nivel de 6.7 hijos en promedio por mujer a 2.24 en el año 2009. Un factor que ha contribuido de manera decisiva a la reducción de la tasa bruta de mortalidad, es la disminución de la tasa de mortalidad infantil, la cual en 1970 alcanzaba 80 decesos de menores de un año de edad por cada mil nacimientos y en 2009 se estima una tasa de 14; lo que implica una disminución del 82% en el período (CONAPO, 2011).

partos, sino también al tener una menor carga por trabajos del hogar. En efecto, en 1970 de poco más de nueve millones de familias, el 31.3% tenía de dos a tres miembros, 39.8 de cuatro a seis, y el 28.9 siete o más; (INEGI, 2015c). En cambio para 2010, de 25.5 millones de hogares familiares, el 37.7% se compone de dos a tres integrantes, 52.9 de cuatro a seis, y 9.4% de ellos tiene siete o más (INEGI, 2015d). De esta manera, en cuatro décadas la proporción de hogares pequeños (2 a 3 integrantes) creció 20.4%, mientras que la de grandes (7 o más miembros) se redujo 67%.

A la luz de los datos anteriores, es importante recordar que uno de los factores de desigualdad de género es el hecho de que la carga reproductiva se centra en la mujer, desde el embarazo, el parto, la lactancia y la crianza misma. Por ello, la reducción de la natalidad y del tamaño de los hogares han disminuido esta carga para la mujer; ahora tiene menos hijos que atender y hay una tendencia a tenerlos a una edad más tardía, lo que le permite mayores oportunidades de educación y estabilidad en el empleo. Sin embargo esta ventaja se ve reducida por la doble jornada laboral, al tener ellas la mayor, sino exclusiva, responsabilidad del trabajo doméstico, por la escasa participación del hombre en las actividades del hogar (INEGI, 2015a, 2015f).

Además, esta transición demográfica no ha sido homogénea en el país, y en la población pobre con menos acceso a la salud, la educación y el mercado laboral los indicadores anteriores muestran rezagos importantes. Por ejemplo, en 2015 el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años según su escolaridad, muestra marcados contrastes, y en general las mujeres más escolarizadas tienen en promedio menos hijos que aquellas de menor escolaridad; ya que las mujeres sin estudios tienen 3.2 hijos, las que no terminaron la primaria 3.2, primaria completa 2.5, secundaria 1.8, y las mujeres que tienen instrucción media y superior solo 1.1 hijos (INEGI, 2015a).

Es importante señalar que no sólo ha cambiado el tamaño del hogar, sino también su composición y organización, lo que no necesariamente ha beneficiado a la mujer. Sobre la composición, es notorio el incremento en el porcentaje de mujeres que asumen el rol de jefes de hogar (la persona reconocida como tal por la mayoría de los miembros del hogar): en 1970 el 15.3% de las familias en México tenía jefatura femenina, en 2010 ese porcentaje fue de 24.6%, y para 2015 llegó a 29.0% (INEGI, 2015b, INEGI, 2015a)

Además, hay que agregar que la estructura de edades de las mujeres jefas de hogar también presenta modificaciones importantes: en 2010 el 9.5% de ellas tiene menos de 30 años; un 58.6 entre 30 y menos de 60 años; y aproximadamente la tercera parte (31.8%) son mujeres de 60 y más años, muy posiblemente en este último caso predominen mujeres viudas debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres (CONAPO, 2011). Por otro lado, las jefas de hogar jóvenes, reflejan en parte la persistencia de fenómenos como el embarazo adolescente y madres solteras; fenómenos que en general vienen a agudizar la carga de la mujer, al tener ya no sólo las tradicionales provenientes de la reproducción y la crianza; sino también ahora el de la manutención.

A los cambios ya señalados, se agrega la paulatina postergación de la primera unión conyugal y el incremento en la edad en que las mujeres tienen su primer hijo; esto acompañado del rejuvenecimiento en la edad a la que inician las relaciones sexuales, lo que lleva a una iniciación sexual más desvinculada de la unión conyugal (Evangelista y Kauffer, 2009). Pero está iniciación sexual temprana, sin la información y prevención adecuada, se ha traducido en embarazos no planeados en mujeres adolescentes o muy jóvenes que enfrentan solas la maternidad. Por ejemplo de los 2.7 millones de nacimientos registrados en México en 1990, el 7.2% de los casos la mamá era soltera al momento del nacimiento, y de ellas el 26.9% tenía 19 años o menos; para 2010 este tipo de registros alcanzó el 10.5% de los casos, y de ellos en el 28.4% la mujer tenía 19 años o menos (INEGI, 2015e).

Este fenómeno se traduce en mayores cargas para estas mujeres y en menores posibilidades de desarrollo, ya que además de ser víctimas de cierta estigmatización social, con frecuencia las mujeres abandonan la escuela en el momento del embarazo y no es raro que asuman por si solas la responsabilidad correspondiente o con la ayuda sólo de sus familiares; con la ausencia de apoyo del padre del niño y la familia del mismo. Cabe señalar que hay una fuerte correlación entre embarazo adolescente y desarrollo humano, y en los municipios con menor IDH el embarazo adolescente es del doble que en los municipios con mayor IDH (INEGI, 2011).

2. Desarrollo Humano

Como se ha visto la transición demográfica ha sido un factor importante para que se atenúen algunas desigualdades de género, y con ello un factor de promoción del desarrollo humano. En efecto el PNUD ha reconocido que el crecimiento económico y el desarrollo no son genéricamente neutros, que en su devenir desencadenan condiciones de injusticia y discriminación que suelen afectar de manera especial a las mujeres y que la igualdad de derechos de hombres y mujeres importa para el desarrollo humano (PNUD, 2006).

Desde el inicio de la creación del IDH en 1990, ha existido un apartado especial para medir la situación de la mujer en cada país, pero es hasta 1995 cuando se crea un índice para medir las disparidades en las condiciones de hombres y mujeres y sus efectos negativos sobre el progreso social, denominado Índice de Desarrollo Relacionado con la Mujer (IDM). El cual, al año siguiente cambia a Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDRG[3]), que permanece hasta el 2010, cuando pasa a denominarse Índice de Desigualdad de Género (IDG). Los parámetros de medición son muy parecidos en los dos primeros Índices: Ingreso del trabajo, esperanza de vida, alfabetización y matriculación de primaria, secundaria y terciaria. Pero el último, el Índice de Desigualdad de Género, tiene un cambio drástico en su medición al incluir mortalidad materna, fecundidad adolescente, escaños en el parlamento, educación secundaria completa y participación en la fuerza de trabajo (PNUD, 1995, 1996, 2010).

Es de aclarar que antes de que apareciera el IDG existía el Índice de Potenciación de la Mujer o de Género que median: escaños parlamentarios; puestos administrativos y ejecutivos; profesionales y técnicos; y, participación en el ingreso proveniente del trabajo, pero estos indicadores no impactaban el IDM y el IDRG. Esto permite observar, que el IDG es más completo al integrar la participación política y del trabajo, además por supuesto de medir el impacto de la salud reproductiva en las desigualdades entre hombres y mujeres.

Como se observa, estos tres Índices (de la Mujer, Relativos al Género y de Desigualdad de Género) al igual que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) tiene como componentes básicos los grados de avance que logran los pobladores de un país en términos de salud, educación e ingresos monetarios, que se consideran como los elementos básicos que pueden incidir en la expansión de la libertad de una persona. De acuerdo con el Informe PNUD de 2014, en el año 2013, México alcanzó un IDH alto con un valor de 0.756, lo que lo ubica en el lugar 71 de los 187 países que fueron evaluados; en América Latina (AL) fueron once los países que presentaron un mejor lugar que México. Entre estos once están Chile, Cuba, Argentina, Panamá y Venezuela. Al hacer un comparativo con los datos del informe IDH de 2011, México era superado por seis países de AL, entre ellos los tres primeros de la lista anterior (PNUD, 2011).

De hecho si se recurre a los datos del IDH de México reportado por ambos informes, el país tuvo una ligera disminución de su IDH; lo que hizo que dos de los cinco países referidos antes (Tabla 1) hayan superado a México. Sin embargo, al considerar el IDG se observa una tendencia contraria, mientras que en el informe de 2011 México ocupaba el lugar 79 en este Índice (10 países de AL tenían un mejor nivel, con el agravante de que cuatro de éstos presentaban menores IDH); en el informe del IDG de 2014 mejora y alcanza el lugar 73, todavía superado por siete países pero ninguno de ellos con menor IDH y además México logró una mejor posición que Argentina, Venezuela y Panamá, quienes tienen un mejor IDH (PNUD, 2011 y 2014).

Como se observa en la Tabla 1, el avance del IDG pasó de 0.448 en el informe 2011 a 0.376 en el de 2014 (entre mayor es la desigualdad más se aleja el valor de 0.0). Esto fue ocasionado principalmente por la mejora en tres de los cinco indicadores del IDG, a saber, la disminución la tasa de mortalidad materna de 85 a 50 de cada cien mil nacidos vivos; la reducción de la tasa de natalidad entre adolescente de 70.6 a 63.4 nacimientos por cada mil adolescente; y por el aumento de 25.5 a 36% la proporción de mujeres en escaños en el parlamento.

Los otros dos indicadores no tuvieron ningún impacto en el mejor posicionamiento de México en este Índice. Por ejemplo, para el caso de población con algún tipo de educación secundaria la diferencia a favor de los hombres es de 4.9 puntos porcentuales (Tabla 1). Al igual que el educativo, en el indicador de la población económicamente activa, las mujeres se encuentran en desventaja en forma considerable, solo el 45% de las mujeres de 15 años y más están económicamente activas, mientras que los hombres lo están en un 80%, y es además México, junto con Cuba, uno de los países de AL con menor población femenina empleada (PNUD, 2014).

Como se observa, los dos primeros indicadores del IDG tienen que ver con una mejora sustancial en los sistemas de salud básicos. La razón de mortalidad materna busca demostrar la importancia que un país le da al bienestar al momento del parto, de tal forma que esta reducción tan considerable a 50 fallecimientos por cada mil es importante, pero está todavía muy lejos de 25 que presenta Chile, que es el país de AL con la tasa de mortalidad más baja.

El embarazo adolescente es un indicador que recoge el papel que la sociedad está dispuesta a asignar al bienestar de las mujeres, pues los embarazos de adolescentes están unidos, en primer lugar, a un mayor riesgo de salud tanto para las madres como para los recién nacidos, en segundo lugar, al abandono de la escuela o los estudios, y en último lugar a la segregación en el mercado laboral, es decir, las adolescentes acabarán destinadas a los trabajos peor valorados y peor pagados, los denominados trabajos de baja formación y baja remuneración (Alonso, Fernández y González, 2012). Disminuir este indicador es un proceso muy lento puesto que intervienen factores como la religión y la educación sexual, no por algo los países de AL con menos casos de adolescentes embarazadas tienen porcentajes menores de población religiosa y mayores niveles educativos como lo son Cuba y Bahamas.

El tercer indicador, tiene que ver con la cuota de género impuesta a los partidos políticos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que con la reforma de 2007, los obligó a integrar con al menos el 40% candidaturas de un mismo género, así como sus modificaciones posteriores como la de 2009, en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, entre otras cosas, que las fórmulas registradas deben ser integradas por candidatos propietario y suplente del mismo género. Lo anterior, a raíz del caso "juanitas" en donde varias diputadas federales renunciaron apenas asumieron el cargo y sus suplentes varones ocuparon la curul (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012). Estas modificaciones permitieron que en las elecciones de 2012 se lograra una representación del 36% de mujeres en escaños parlamentarios. Y es que los partidos se las arreglan para darle la vuelta a la normatividad, con artimañas como las de nominar a mujeres en distritos con cuota de género considerados como electoralmente débiles, "en la elección federal de 2009, 176 de las 249 candidatas de mayoría relativa del PRI, PAN y PRD fueron postuladas en distritos perdedores" (Aparicio, 2011: 11). La reforma política de 2014 obligó a la paridad de género en todos los cargos de elección en el país en los tres órdenes de gobierno; esto ha tenido un impacto inmediato en las elecciones posteriores, por ejemplo en las federales de 2015, en donde de 500 diputados federales, 211 son mujeres (el 42.2%).

Tabla 1
Indicadores del IDG de los informes del IDH de 2011 y 2014. Comparativo algunos países de América Latina
A partir de 2010 cambió la metodología para medir las desigualdades de género, se toma 2011 por existir una mayor cantidad de datos. * Se define como la proporción entre la cantidad de muertes maternas y la cantidad de nacidos vivos en un año determinado, expresada por cada 100.000 nacidos vivos (PNUD, 2011, 2014). ** Se define como la cantidad de nacimientos de mujeres entre 15 y 19 años, expresados cada 1.000 mujeres de esa misma edad (PNUD, 2011, 2014). *** Porcentaje de la población de 15 años y más que están económicamente activos (PNUD, 2011, 2014).

Por su parte, el indicador de logro en educación secundaria y superior, refleja el porcentaje de la población de 25 y más años que han alcanzado o superado la educación secundaria. La educación, especialmente los logros en los niveles educativos altos, empodera a las mujeres porque fortalece su capacidad de cuestionar situaciones en el orden individual y social, condiciona su comportamiento porque esa educación se refleja en sus actuaciones diarias e incrementa el acceso a la información que dicha educación requiere. La mujer educada es más probable que tenga un trabajo satisfactorio, que su voz se oiga en el debate público, que cuide su salud y la de su familia, y más cosas. Además, tiene una importancia capital en el desarrollo económico y en la salud de los niños al ser capaz de absorber nueva información asociada a la salud, la nutrición y la higiene, sin olvidar que su propia educación facilita el aprendizaje y la educación de los niños. Así pues, es de suma importancia que las familias "perciban que frente a una hija no educada, a la hija educada se le abre un abanico de nuevas oportunidades o de trabajo que no va a tener la primera, porque sólo cuando se tiene esta percepción puede aumentar el grado en que las familias deciden que las niñas reciban tanta educación como los niños" (Alonso, Fernández y González, 2012: 13).

El último indicador del IDG tiene que ver con la actividad económica de las mujeres, y para ello se utiliza sólo un indicador: la participación en el mercado laboral, que se define como la proporción de la población en edad de trabajar (15 años y más) que participa en el mercado de trabajo, bien sea trabajando o buscando activamente un trabajo, expresada como porcentaje de la población en edad de trabajar (PNUD, 2011 y 2014). La participación en el mercado laboral por parte de la mujer en México es de las más bajas en AL, 45 contra 80 en los hombres, junto con Cuba (43.3), Guyana (42.3) y Honduras (42.5), sin embargo los dos últimos países están en la franja de desarrollo humano medio, mientras que México está en desarrollo humano alto y Cuba en desarrollo humano muy alto (Tabla 1).

La gravedad de esto se refleja al analizar los ingresos reportados en el Índice de Desarrollo de Género, donde en 2013 el Ingreso Nacional Bruto estimado per cápita para la población femenina fue de 10,060 dólares US de acuerdo a la paridad del poder adquisitivo de 2011; mientras que el de la masculina fue de 22,020 (PNUD, 2014:193). Esto implica que el ingreso per cápita de los hombres en México es 2.19 veces el ingreso de las mujeres, o lo que es lo mismo, un varón en promedio tiene un ingreso anual que es 119% superior al de una mujer.

Esto es de suma importancia, puesto que refleja que aún una parte importante de las mujeres dependen económicamente del varón para sobrevivir. Por lo que, en términos de los indicadores del desarrollo humano, la gran brecha de desigualdad de género son los ingresos monetarios que tienen un impacto directo en las relaciones de poder en el hogar, esta dependencia vuelve a la mujer vulnerable y en muchas ocasiones le impide llevar el control de su vida.

Si bien es verdad que el IDG refleja la situación de las mujeres en cada país, el cual puede ser un referente para tomar acciones positivas que ayuden a mejorar su situación, pero también tiene limitantes (Hawken y Munck, 2013). Por ejemplo no refleja hechos tan importantes como la segregación laboral; donde en pleno siglo XXI las mujeres siguen concentradas en los peores trabajos y tienen serias barreras para ocupar puestos altos (Will, 2001). Esto sucede en todas las estructuras laborales, tanto públicas como privadas, incluyendo a universidades y gobiernos, donde debería ser más fácil aplicar acciones positivas que mejoren esta situación. Sin embargo estas barreras no se derriban, en parte porque no son explícitas, a esto se le llama el fenómeno de "techos de cristal" que se definen "como las barreras 'invisibles', sutiles, que dificultan la promoción de las mujeres y la ocupación de puestos de poder, en cualquier ámbito laboral remunerado" (Guil, 2007:111). En el otro extremo, está la situación denominada suelos pegajosos, en donde las mujeres ocupan los puestos de más bajo nivel salarial, puesto que tienen que compaginar su actividad laboral con los trabajos de la casa y el cuidado de los hijos y familiares enfermos, lo que les resta condiciones para una competencia laboral con los hombres equitativa y las hace permanecer con un perfil bajo dentro de empresas e instituciones. Una forma de ayudar a mejorar el panorama laboral de las mujeres es haciéndolo visible, evidente, cuantificable, y aspirar a que sea parte del IDG.

3. Participación de la mujer en las actividades económicas

En la sección anterior se vio que en términos generales los varones en México tienen en promedio un ingreso per cápita 119% superior al de las mujeres; la principal causa de esta gran diferencia se debe a que las mujeres participan menos en las actividades económicas, lo que hace que se jale hacia la baja el promedio de los ingresos para las mujeres. Cuanto menor sea la participación femenina en actividades económicas, mayor será su dependencia hacia el varón y menor será su participación en la toma de decisiones. Es justamente este indicador, el de la participación de la mujer en las actividades económicas el que refleja la gran brecha que aún existe entre hombres y mujeres. Por lo que es de interés contrastar lo que pasa en el mundo laboral, particularmente en lo que se refiere a la magnitud de las remuneraciones.

En la Tabla 2, se muestra la población ocupada en actividades económicas en México según nivel de ingresos y sexo para los años 2005 y 2015; esto a partir de los datos correspondientes al primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI. De donde se puede ver que en 2005, de 41.4 millones de personas ocupadas en actividades económicas, 14.8 correspondían a mujeres, lo que indica que en 2005 el 35.8% de la población ocupada eran mujeres, para 2015 ese porcentaje llegó a 37.7; esto contrasta con el dato de 1970 cuando sólo el 19% de las personas económicamente actividades eran de sexo femenino (INEGI, 2015c).

Si bien es verdad que en el período 1970-2015 prácticamente se duplicó la proporción femenina de la población con actividades económicas, se está muy lejos de alcanzar la igualdad. Aunque como ya se dijo, este incremento, aunque importante, sólo dio para que la tasa de la participación en el mercado laboral de la mujer alcanzará niveles de 45, contra 80 de los hombres (Tabla 1).

Si se parte de que la desigualdad de género es un problema sistémico de causas múltiples, la mayor participación de la mujer en la economía está influida por factores como el desarrollo del propio capitalismo que demanda una mayor mano de obra barata, la creciente modernización del campo, el proceso intenso de urbanización de la población, la consolidación del proceso de industrialización y el creciente rol dominante del sector servicios en la economía; en complemento a lo anterior se puede ubicar aspectos como las demandas de los grupos feministas por lograr la igualdad entre hombres y mujeres; y las políticas públicas para disminuir la natalidad que facilitaron la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (Maier, 2007; Oliveira y Ariza, 1999; Vitale,1987).

Sin embargo este incremento en las actividades económicas de las mujeres no se acompañó de una reducción de las actividades domésticas, como lo señala Arriagada (2004). Esto es, si se suma el trabajo doméstico no remunerado a las horas trabajadas en una semana, para el caso de México son 83 horas para la mujer contra 46 para el hombre (Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2010). La consecuencia directa para las mujeres es una disminución considerablemente de su tiempo dedicado al ocio, educación permanente y su cuidado personal, entre otros.

Lo anterior deja de manifiesto que la ansiada participación de la mujer en las actividades económicas remuneradas tuvo un costo bastante alto para ellas, al tener que realizar la doble jornada. Además, culturalmente no se vislumbran cambios significativos, por ejemplo si se revisan los resultados Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 del INEGI, en donde si se consideran las actividades relacionadas con el hogar, mantenimiento de la vivienda y los cuidados de otros miembros del hogar que son niños o adultos mayores, la mujer de 12 años y más dedica 126.1 horas semanales en promedio contra 69.7 de los hombres de la misma edad. En esto, lo más indicativo es que en el cambio generacional no se perciben modificaciones importantes puesto que si se analiza esta diferencia por grupos de edad, resulta que aún entre las personas de 12 a 19 años y 20 a 29, la mujer dedica 55 y 89% más horas por semana que el hombre, respectivamente (INEGI, 2015f). La Encuesta Intercensal 2015 también captó esta fuente de desigualdad, donde la carga de los cuidados y actividades no remuneradas relacionadas con el hogar recae principalmente en la población femenina, pues de cada 100 personas que dedican tiempo a estas tareas, 63 son mujeres (INEGI 2015a:92).

Tabla 2
Porcentaje de población ocupada según nivel de ingresos y sexo; México, 2005 y 2015.
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo 2005-2015 (primer trimestre). 1 Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no remunerados como los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades de auto-subsistencia. 2 Cantidad expresada en pesos de 2015; para ello a las cifras originales de 2005 (24.7; 25.5 y 23.3) se les aplicó el efecto inflacionario de febrero de 2005 a febrero de 2015, que fue de 49.18% ( http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx ).

Adicionalmente, al revisar la remuneración que reciben ellas y compararla con la de ellos, se percibe una importante desigualdad de género (Tabla 2). Destaca que en 2005 el 10.8% de las mujeres ocupadas no recibían ninguna remuneración salarial y el 20.3% percibía como máximo hasta un salario mínimo; en contraste el porcentaje de hombres ocupados que estaban en esas condiciones era el 8.3 y 11.3%, respectivamente. Para 2015, con relación al año 2005, el personal femenino que no recibe ingresos se redujo 3.4 puntos porcentuales y las que tiene como máximo un salario mínimo se redujo 1.2 puntos porcentuales. Si dichas reducciones se calculan en forma relativa, entonces la proporción de mujeres en el mercado laboral con un ingreso muy precario o de plano inexistente, se redujeron 14.8% entre 2005 y 2015; mientras que en el caso de los varones fue de 15.8%.

En la misma Tabla 2, se puede ver que en 2015 sólo el 16.8% del personal femenino ocupado tiene ingresos de más de tres salarios mínimos; en cambio en el caso de los varones ese porcentaje es de 25.4. Estas cifras, en 2005, eran mayores en ambos casos, lo que muestra una tendencia de contención salarial en la economía mexicana.

A manera de indicadores resumen, en la penúltima fila de Tabla 2, se muestra el ingreso promedio en pesos por hora trabajada, a precios de febrero de 2015. De donde se nota que en 2015 la mujer en promedio recibe 31.7 pesos por hora trabajada, mientras que por el mismo concepto el hombre obtiene 32.2 pesos; lo que significa una diferencia relativa a favor de los varones del 1.6%. Pero si se considera que los hombres, en 2015, trabajaban en promedio 45.8 horas por semana, mientras que las mujeres 37.9 horas; entonces esta posibilidad de tener una jornada laboral 20.8% más extensa por parte de los varones se traduce en mayores ingresos para la población masculina. En específico si se multiplica el pago promedio por el número de horas trabajadas por semana, se tiene que en promedio en una semana los varones en 2015 tenían un ingreso promedio de 1,474.76 pesos mientras que las mujeres 1,201.43; lo que se traduce en una ventaja de los hombres del 22.8%. Esto, al final de cuentas, genera menores posibilidades de desarrollo para las mujeres.

Si la comparación anterior se hace respecto a 2005, en donde se ha actualizado el ingreso promedio por hora trabajada a pesos de 2005; se aprecia que en 2005 este ingreso equivalía a 36.8 pesos de 2015; mientras que en febrero de 2015 ese ingreso es de solo 32.0 pesos; lo que implica una disminución de 13.2% en el ingreso promedio de la población ocupada en México. Esto ya se había notado antes por la reducción de los porcentajes de personas con ingresos superiores a los tres salarios mínimos.

Por otro lado, si el análisis se realiza desde la posición en la ocupación se encuentran resultados interesantes. De acuerdo con datos de la ENOE, en la Tabla 3, se muestra la población ocupada según posición en la ocupación y sexo, para el primer trimestre de los años 2005 y 2015. En esta tabla se ve que en general la proporción de la población asalariada aumentó cuatro puntos porcentuales, mientras que la proporción de empleadores disminuyó 0.2 puntos y la de trabajadores por cuenta propia se redujo 1.2 puntos.

Pero con respecto a la mujer, es de destacar el incremento de las que se desempeñan como empleadoras, al pasar del 2% en 2005 al 2.1% de 2015; lo que en términos relativos significa un aumento del 5%, al contrario de lo que paso con la población masculina que tiene un decremento relativo. La magnitud de este cambio en las mujeres se puede valorar mejor si los porcentajes anteriores se convierten en cifras absolutas, ya que en 2005 había 297 mil empleadoras y para el primer trimestre de 2015 se alcanzó la cifra de 442 mil mujeres desempeñando ese rol; lo que significa que en diez años se incrementó 48.8% el número de mujeres en México que a través de sus iniciativas empresariales le dan empleo a otras personas. Esto sin lugar a dudas refleja un proceso creciente en la disminución de las desigualdades de género, aunque aún muy lejos de los niveles alcanzados por la población masculina, donde en 2015 hay 1.7 millones de empleadores.

El trabajo asalariado es el que mayormente ocupa a las mujeres con un 68.1% del total en el primer trimestre de 2015, si se relaciona con los ingresos de la Tabla 4, el 55.2% de las asalariadas percibe dos o menos salarios mínimos, incluidas el 7.4% que no recibe ingresos. Esta situación laboral de las mujeres, que ocupan puestos de muy bajos ingresos, algunas autoras han dado en llamarle "piso pegajoso" y que tiene que ver con la imposibilidad de las mujeres de salir de los niveles salariales más bajos, entre otras cosas por la falta de tiempo para la auto capacitación, por la doble jornada ya mencionada anteriormente; la carencia de servicios gratuitos y de calidad como las guarderías; o la imposibilidad de moverse fuera de un radio cercano a su vivienda por tener la responsabilidad de ésta (CEPAL, 2010).

Tabla 3
Porcentaje de población ocupada según posición en la ocupación y sexo, México 2005 y 2015.
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo 2005-2015.

Las actividades económicas por cuenta propia, las mujeres las realizan principalmente en el hogar porque las pueden compaginar con las actividades domésticas; ésta puede ser una explicación del por qué son la segunda fuente de ocupación del personal femenino en 2015, con un 22.3%, lo que representa a 4.24 millones de mujeres que, en México, gestionan por sí misma su ocupación.

Por su parte, las mujeres trabajadoras no remuneradas, durante este periodo disminuyeron en 2.7 puntos porcentuales; que en términos relativos implica una disminución del 26.7%. Este último dato junto con el aumento de mujeres empleadoras refleja una mejor condición de la ocupación femenina, a pesar de las brechas de género prevalecientes en relación a los ingresos que se indicaron antes, debido principalmente a que los varones tienen la posibilidad de trabajar más horas porque ellos participan menos en el cuidado del hogar y los demás miembros de la familia, como ya se dijo.

En complemento a lo anterior, en la Tabla 4, se muestra el nivel salarial de las mujeres de acuerdo a su posición en la ocupación en 2015. En donde destacan claramente los mayores ingresos para las mujeres que son empleadoras, por ejemplo el 31.8% de ellas percibe más de tres salarios mínimos; cosa que ocurre para el 21.1% de las asalariadas. Además respecto al ingreso promedio por hora trabajada de las empleadoras, éste es de 54.3 pesos, lo que es casi el doble que el promedio general femenino, que es 31.7 pesos. También es notorio el poco ingreso de las trabajadoras por cuenta propia ya que prácticamente el 69.8% de ellas recibe dos o menos salarios mínimos, aunque su ingreso por hora trabajada es casi similar a las asalariadas. Esto indica que muchas de las mujeres que trabajan por cuenta propia tienen jornadas laborales menores al promedio.

Tabla 4
Porcentaje de población femenina ocupada según posición en la ocupación y nivel de ingresos; México 2015.
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Encuesta nacional de ocupación y empleo 2015.

Cabe señalar, que la participación creciente de la mujer en el mercado laboral, junto con los cambios sociodemográficos en los hogares de los que se habló antes, plantean una serie de retos para mujeres y hombres en términos de lograr una conciliación entre los ámbitos de la familia y el trabajo. Una discusión y análisis sobre el tema se puede consultar en Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2009).

Conclusiones

Uno de los factores de mayor impacto en la desigualdad de género es el hecho de que la carga reproductiva se centra en la mujer, desde el embarazo, el parto, la lactancia y la crianza misma. Por ello, la transición demográfica, los cambios sociales y el proceso acelerado de urbanización de México, reflejados en las reducciones de la natalidad (menos hijos y más espaciados) y en el tamaño de los hogares, han disminuido esta carga para la mujer.

En el período 1970-2010, de acuerdo a la tasa global de fecundidad, el número promedio de hijos por mujer se redujo 68%; con la consecuente reducción del número de miembros en los hogares. Estos cambios han ayudado a que las madres tengan menores desgastes en la salud debido a los embarazos, y han sido un factor decisivo en su incorporación al mercado laboral y en el acceso a la educación.

Sin embargo, estos cambios demográficos a favor de las mujeres se ven mermados por la doble jornada laboral, y el que el hombre sigue sin participar lo suficiente en las actividades del hogar. Además, el crecimiento de problemas sociales como el embarazo adolescente y el incremento de familias jóvenes monoparentales de jefatura femenina, han generado cargas adicionales para un sector de mujeres, ya no sólo el de la crianza, sino también el de la manutención.

de Género, si bien es verdad que este indicador en México tiene un avance importante gracias a la mejora en el número de muertes de mujeres al parir, a la disminución del embarazo adolescente y al aumento en de la participación femenina en los escaños parlamentarios; también es cierto que se encuentra estancado en los otros dos indicadores: la población femenina con grado de secundaria terminada y la económicamente activa. Además, se debe considerar que el IDG tiene limitantes, por ejemplo no refleja el tipo de trabajo al que acceden las mujeres y otras barreras para ocupar puestos altos.

En lo que se refiere a la participación en la toma de decisiones políticas, en este rubro se tiene un avance importante al lograrse en 2014 la paridad de género en todo el país en las listas a cargos de elección que deciden los partidos políticos y obligar a que sean del mismo sexo los candidatos propietarios y suplentes. Pero aún se requiere la lucha interna de las mujeres y las presiones sociales para que no se tienda a postularlas en los peores distritos donde sus posibilidades de ganar sean marginales. Acción que también se requiere en lo que se refiere a los equipos directivos designados por los titulares de las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno, donde prevalece una gran brecha.

En el tema de los ingresos, como se documentó, hay una brecha de género muy marcada. Ya que la población masculina tiene un ingreso per cápita 119% superior que la población femenina. Esta diferencia se explica en buena medida por dos razones. Una es que sólo el 45% de las mujeres de 15 años y más son económicamente activas; contra 80% de los hombres; y además, aunque la diferencia de pago promedio por hora trabajada es marginal, los hombres tienen la posibilidad de tener una jornada laboral más extensa; lo que al final se traduce en que, en lo que se refiere a la población económicamente activa, los hombres tienen en promedio un ingreso 22.8% mayor que el de las mujeres. Es aquí donde el Estado tiene que implementar una serie de políticas que mejoren las condiciones salariales de las mujeres, estimule proyectos emprendidos por ellas, y obliguen a romper los cotos de poder masculino de este sector, al implementar acciones como la reducción de impuestos a empresas que contraten a mujeres en mandos medios y superiores, así como promover metas en toda la administración pública para lograr una mayor participación femenina, mejorar y aumentar el servicio de guarderías, así como dar condiciones para que el varón tenga una mayor participación en la crianza de los hijos.

Como reflexión de cierre se puede establecer, que si bien es cierto que la transición demográfica y otros cambios sociales han reducido la desigualdad de género. En México existe una agenda muy amplia en la materia; empezado por una mayor participación femenina en las administraciones públicas y en los puestos directivos de las empresas; el impulso a proyectos productivos y sociales emprendidos por mujeres, el apoyo en el cuidado de los hijos y ancianos, y el castigo de la violencia de género ejercida contra las mujeres; lo que demanda de cambios legales y políticas públicas adicionales orientadas a estos aspectos. También está el enfoque cultural orientado a la igualdad de género, en donde uno de los aspectos más críticos es el que el hombre participe más en las actividades del hogar.

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Notas

Notas de autor