Introducción

Venezuela y Nicaragua tienen trayectorias socioeconómicas, políticas e institucionales muy diferentes entre sí. Sin embargo en la contemporaneidad comparten la calificación de democracias mínimas por diversos análisis como por ejemplo los del IDD-Lat durante varios años y el informe de idea internacional sobre la calidad de la democracia en América Latina (2014). También comparten la introducción de cambios constitucionales para permitir las reelecciones indefinidas, y el dominio en las últimas décadas de fuertes corrientes personalistas, el chavismo y el orteguismo.

Por ello, nos planteamos como objetivo de investigación analizar desde perspectiva histórica comparada la evolución de los sistemas políticos de Venezuela y Nicaragua, con énfasis en la configuración y gobierno del chavismo y del orteguismo.

La metodología utilizada es el Análisis Histórico Comparado (AHC) ya que el rastreo inductivo de contextos amplios y la descomposición secuencial de la narrativa histórica densa, nos permite inferir los eventos claves y sus configuraciones causales con un peso explicativo mayor.

El artículo se presenta en tres momentos, en el primero de la llegada al poder se analizan las circunstancias inmediatas previas a la llegada de Chávez y Ortega a la escena política de sus países y luego al poder; en el segundo sobre el populismo se caracterizan los gobiernos de Chávez y Ortega y se ofrece un concepto de populismo para definir sus rasgos más distintivos, y en el tercer momento se ofrece la categoría de autoritarismo legalizado y se argumenta que es la más pertinente para definir la contemporaneidad de los gobiernos chavista y orteguista. Finalmente se encuentran unas breves conclusiones.

1. De la llegada al poder

Hugo Chávez y Daniel Ortega son figuras fundamentales para entender los sistemas políticos contemporáneos de sus países. Ambos irrumpieron en la escena política de forma violenta y antagónica al régimen establecido, el primero en 1992 con un golpe de Estado fallido contra una democracia que venía perdiendo legitimidad, y el segundo liderando la guerra de liberación nacional contra la dictadura del somocismo que llevaba más de cuatro décadas en el poder.

El período democrático de Venezuela comenzó en 1958, antes de este año el país solo había tenido ocho años de gobiernos civiles y tres de democracia (1945-1948) conocidos como el trienio adeco. Desde el comienzo de la democracia lo político se subscribió en el marco del acuerdo del Pacto de Punto Fijo donde los principales partidos políticos acordaron compartir el poder, una competencia partidista acotada y un programa mínimo común. Los partidos políticos fueron los actores principales del sistema político, altamente institucionalizados, disciplinados y centralizados, con lazos sólidos con sectores de la sociedad civil organizada y amplia identificación con la sociedad en general. Durante los veinte primeros años de democracia todos los presidentes alternaron en el poder respetando sus períodos constitucionales, el apoyo popular al sistema político fue masivo y la participación electoral se mantuvo alrededor del 90 por ciento de los votantes. Durante el período se industrializó el país y se dieron importantes mejoras materiales de la población, se implementó la reforma agraria, los niveles de sanidad y escolarización alcanzaron los niveles más altos de la región, los militares recibieron mejoras materiales y amnistías y en contrapartida abandonaron la arena política (Mainwaring y Scully, 1997; Caballero, 2000; Smith, 2005; Kornblith, 2003; Kornblith, 1994; Coppedge, 1994; Molina y Thibaut, 2005; Schamis, 2006).

Sin embargo a finales de la década de 1970 comenzó el declive de la legitimidad de la democracia. Desde 1978 hasta 1998 el sistema político se caracterizó por la incapacidad de los partidos políticos para renovar sus cuadros y por el personalismo, aumentó la abstención y la volatilidad electoral en las elecciones presidenciales de 1983 y las de 1989, una burocracia extremadamente ineficiente, corrupción y la coaptación partidaria de la sociedad civil, desde sindicatos y movimientos estudiantiles hasta asociaciones profesionales y de vecinos. En lo económico, el auge derivado de la industrialización y de la renta petrolera se fue agotando y con ella la capacidad clientelar y de garantía de servicios públicos por parte del Estado, la pobreza y el desempleo aumentaron significativamente. En 1983 se devaluó el bolívar como consecuencia del aumento de la deuda pública, la inflación y la baja de los precios del petróleo, reduciendo el gasto social que había sido fundamental para silenciar los conflictos sociales, aumentó la malnutrición y las enfermedades antes erradicadas, generándose una crisis de legitimidad y malestar social (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005; Caballero, 2000; Coppedge, 2005; Kornblith, 1994; Miranda, 2017; Miranda, 2016)

Efectivamente, como afirmaron Mainwaring y Scully (1997: 99) ningún otro sistema presidencial del mundo posee partidos tan fuertes, y como advierte Miranda (2017: 300) la condición de fortaleza de los partidos y solidez democrática puede ser perjudicial para la democratización, una democracia de calidad no es la que se presenta necesariamente como la más estable, sino la que tiene mayor capacidad de adaptación para incorporar institucionalmente las tenciones sociales.

Carlos Andrés Pérez del histórico partido socialdemócrata de masas Acción Democrática (AD) ganó las elecciones presidenciales en 1989 y este mismo año aplicó un conjunto de políticas de ajustes económicos de corte neoliberal que generaron la explosión social de mayor envergadura en la región en contra de estas medidas, conocida como el caracazo.

Durante la presidencia de Pérez la pobreza y la desigualdad siguieron en aumento y los escándalos de corrupción fueron habituales, intentó gobernar con un grupo de tecnócratas y alejado de los burócratas del partido rompiendo el equilibrio entre el ejecutivo y la partidocracia, e implanto un conjunto de políticas de corte neoliberal en el marco del Gran Viraje. Lo anterior sirvió de marco a dos golpes de Estado fallidos en 1992, incluyendo el golpe que lideró el entonces Teniente Coronel Hugo Chávez, el cual gozó de altos niveles de popularidad.

Mientras que Hugo Chávez cumplía condena por el fallido golpe de Estado, Carlos Andrés Pérez fue separado de la presidencia antes de terminar su período constitucional vía impeachment por actos de apropiación indebida de fondos públicos. El desplazamiento del partido socialdemócrata Acción Democrática hacia la derecha generó una crisis de representación y una desalineación partidista que dejó vacío todo el espectro de centro izquierda donde surgieron partidos como el Movimiento al Socialismo (MAS) y La Causa Radical. El golpe de Estado también contribuyó al final del consenso bipartidista, especialmente evidenciado cuando en el Senado el fundador del otro partido histórico del pacto de Punto Fijo COPEI y ex presidente Rafael Caldera atribuyó la causa del fallido golpe de Estado a la administración de Pérez y rehusó participar en un gabinete de unidad y salvación nacional

En las siguientes elecciones de 1993, Rafael Caldera fue electo por segunda vez presidente con una abstención cercana al 40 por ciento, pero en esa oportunidad no postuló su candidatura con COPEI sino que se presentó como independiente, ganando por primera vez en la historia democrática del país una coalición que marginaba a los dos partidos históricos AD y COPEI. Caldera ganó las elecciones apoyado por una coalición conocida popularmente como el chiripero donde confluyeron el partido convergencia que había nacido de la escisión de COPEI y servía de plataforma electoral de Caldera, por nuevos partidos de izquierda como el MAS, por el tradicional Partido Comunista Venezolano (PCV), y otros de menor importancia que cubrían todo el espectro político de derecha a izquierda como el Movimiento de Integridad Nacional (MIN), la Unión Republicana Democrática (URD) y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). Más tarde Caldera otorgaría el sobreseimiento a Hugo Chávez lo que le permitiría a este postularse a las elecciones presidenciales de 1998.

En Nicaragua los 43 años de régimen somocista pueden ser definidos como neosultanico. Para Linz (2009: 530 y 531) el neosultanismo se caracteriza por un gobierno basado en el personalismo y una lealtad dependiente del temor y las recompensas selectivas, el cuerpo burocrático se compone principalmente por personas de confianza como los familiares, y la legitimidad legal – racional es frágil.

Anastasio Somoza García fue el jefe de la Guardia Nacional nicaragüense creada por los Estados Unidos antes de su retirada del país, en 1934 ordenó asesinar al líder de la resistencia nacionalista Augusto Sandino quien era su principal obstáculo para la consolidación de su poder y en 1936 dio un golpe de Estado inaugurando uno de los regímenes más crueles y corruptos de la historia de América Latina. El régimen de Somoza se mantuvo gracias al férreo control militar y al apoyo de los Estados Unidos, y luego por los vínculos con la élite liberal construidos por la participación común en empresas económicas. La Nicaragua de Somoza era pequeña, despoblada (salvo la concentración humana en una pequeña zona del Pacífico), agraria y pobre, gobernó con las constituciones y con el Partido Liberal pero esto, como los gobernantes de interinato, solo fueron una fachada del poder real. Los Somoza manejaban al país como su finca personal, utilizaron el poder político para controlar lo económico, y viceversa. El grupo Somoza se constituyó como el sector empresarial más importante de Centroamérica, llegando a representar más del 35 por ciento del PIB nicaragüense. Luego de la muerte de Somoza García en 1956 asumió el poder su hijo Luis Somoza Debayle quien administró eficientemente el legado político y económico de su padre hasta su muerte en 1967 pasando el poder a su hermano quien fungía como Comandante de la Guardia Nacional, Anastasio Tachito Somoza Debayle quien suplió su menor capacidad política y económica con mayor brutalidad (Torres, 1997; Halperin, 2005; Krennerich, 2005; Mires, 1988; Touraine, 1989; Montobbio, 2011).

Bajo la administración de Luis Somoza y gracias especialmente al dinamismo del Mercado Común Centroamericano la sociedad se fue modernizando y complejizando, generando mayores diferencias económicas y sociales. En la década de 1970 se combinaron diversos elementos que iban a derivar en el fin del somocismo, se paralizó el proceso de integración, el distanciamiento de Estados Unidos por la política de derechos humanos del presidente Carter, el terremoto de Managua que dejo destrucción y puso en evidencia los actos de corrupción en el manejo de la ayuda internacional, y el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro director de La Prensa en enero de 1978 en un marco de terror generalizado donde la violencia era el único instrumento de control social.

En estas condiciones al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que fue fundado en 1961 propugnando la vía armada para el cambio político se le fueron sumando amplios sectores sociales, campesinos, intelectuales y empresarios, para dar fin definitivamente al régimen de los Somoza. El 16 de junio de 1979 se anunció la formación de un gobierno de reconstrucción nacional encabezado por la viuda Violeta Chamorro, el empresario Alberto Robello y tres sandinistas, incluyendo a Daniel Ortega.

En 1984 se realizaron elecciones presidenciales y obtuvo la victoria Daniel Ortega. Este período de gobierno estuvo marcado por la lucha armada entre el FSLN y la fuerzas de la contrarrevolución conocida como la contra financiada por el gobierno de Estados Unidos. Si bien hubo inversión en salud y educación el aumento de la pobreza siguió, al igual que la alta inflación y el alto desempleo. El proyecto radical del gobierno alejó del FSLN a gran parte de los sectores que lo habían acompañado como intelectuales, artistas, escritores y profesionales con quienes compartían solo el rechazo por los Somoza, generando un nuevo clivaje, sandinistas y anti sandinistas. La administración de Ortega tampoco superó la constante del personalismo, las conductas del verticalismo, la intolerancia, la obediencia a las jerarquías y la disciplina ciega de la cultura política nicaragüense. Los sectores castrenses siguieron siendo los principales actores políticos del país. De los avances en materia política y social se pueden destacar la vigorización de la sociedad civil y su incorporación en la política nacional, y la reforma agraria (Torres, 1997; Torres, 2010; Ortega, 1997; Chaguacaceda, 2012; Colburn y Cruz, 2012; Halperin, 2005; Krennerich, 2005).

Así pues, los gobiernos previos a la llegada de Chávez y Ortega coinciden en no satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, en Venezuela por la insistencia en las políticas de ajustes estructurales en un contexto de corrupción extendida y pública, y en Nicaragua si bien la victoria de Violeta Chamorro puso fin al conflicto armado entre el FSLN y la contra, su administración y las siguientes de Arnoldo Alemán fueron conservadoras y los intentos de reforma Enrique Bolaños fueron bloqueados, impidiendo los cambios socioeconómicos que la población demandaba.

La llegada de Chávez y el retorno de Ortega al poder generaron altas expectativas en las sociedades de sus países, ambos moderaron sus discursos pero seguían planteando cambios profundos en sus sociedades. Si bien Ortega había tenido un gobierno deficiente, presentaba importantes credenciales democráticas ya que había permitido elecciones presidenciales competitivas y justas en 1982, aceptado la derrota y garantizó la transferencia de poder pacífica, a diferencia de Chávez, que tenía como principal credencial el intento fallido de golpe de Estado a la democracia. Ortega también era un viejo conocido de la política nicaragüense como luchador guerrillero, jefe de gobierno, parte del cuerpo legislativo y candidato presidencial en tres ocasiones (1990, 1996 y 2001), mientras que Chávez era un outsider. Ortega abrió el espacio democrático en Nicaragua, mientras que la irrupción violenta de Chávez desdeñaba los canales democráticos que ya estaban abiertos en Venezuela.

Chávez y Ortega llegaron al poder tras elecciones libres y justas en 1998 y 2006 respectivamente, convirtiéndose en los principales ejes de sus sistemas políticos. Chávez llegó apoyado por su partido político Movimiento Quinta República (MVR) y gran parte de los partidos políticos que habían apoyado anteriormente a Caldera aglutinados en el autodenominado Polo Patriótico. Ortega con su FSLN obtuvo la presidencia por un estrecho margen y sin obtener una mayor votación en comparación con eventos anteriores, pero frente a un Partido Liberal Constitucional (PLC) dividido.

La llegada de Ortega a la presidencia es parte de un proceso de liberalización política y democratización de Nicaragua, mientras que la llegada de Chávez es consecuencia del declive de las instituciones y de la legitimidad de la democracia en Venezuela.

2. Sobre el populismo

Chávez y Ortega comparten formas de gobernar, implementación de políticas sociales selectivas sin enfoque de derecho con fines clientelares, la búsqueda de una relación directa con el electorado, y un discurso político de amigo/enemigo. Estas son características del populismo.

Nosotros definimos al populismo como una forma específica de competir y ejercer el poder político que se distingue por plantear una relación desinstitucionalizada y directa entre gobernante y gobernados, y una discursividad de amigo/enemigo.

Weyland (2001: 11) señala que el populismo debe ser definido como una forma específica de competir y ejercer el poder político, advierte que el populismo es ante todo un acto de dominio político y las políticas económicas y sociales como el clientelismo son instrumentos de este objetivo central. Weyland (2001: 14) resalta que el líder populista busca o ejerce el poder del gobierno basado en el apoyo directo, no mediado y no institucionalizado de un gran número de seguidores, en su mayoría no organizados, sin pasar por las organizaciones intermediarias establecidas, incluso pueden crear sus propias organizaciones pero las mantienen bajo su estrecho control. También es característico de los populistas el atacar a la clase política y otras élites establecidas, y reforzar los elementos mayoritarios de los arreglos constitucionales (Weyland, 2003: 1102)

Por su parte Laclau (2005: 105) apunta que el populismo no puede ser identificado genéricamente con una base social especial o con una determinada orientación ideológica, sino que es un tipo específico de relación política que cuestiona el orden simbólico e institucional de lo social. De la Torre (2009: 31 y 32) resalta que el populismo representa la regeneración de los ideales participativos pero negando la pluralidad de lo social, degenerando así en formas autocráticas y plebiscitarias de aclamación a un líder. Otros autores enfatizan la dimensión simbólica y retórica del populismo, Mudde y Kaltwasser (2017: 6) resaltan que el populismo es especialmente una ideología con un centro estrecho que considera que la sociedad está últimamente dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos. y Stanley (2008: 102) afirma que el populismo es una ideología estrecha donde existen dos unidades homogéneas y antagónicas, una buena y otras mala, el pueblo y las elites.

Así pues, el populismo repolitiza a la sociedad civil pero lo hace de una forma no democrática, la legitimidad no pasa por la democracia y por el liberalismo, sino por una concepción no liberal y deformada de la democracia, donde los acuerdos y el diálogo no son los rasgos distintivos sino las movilizaciones y los plebiscitos, la política no se ve más como la construcción del bien público sino como la lucha entre amigo/enemigo. El populismo emerge cuando coinciden la incapacidad de articulación de demandas de los partidos políticos con la insatisfacción y la percepción de incapacidad de afectar la agenda pública por parte de la sociedad civil. La estrategia populista politiza las desigualdades y moviliza a las personas, pero al no haber una mediación entre el líder y las personas, estas últimas pierden su autonomía por el desbalance de poder, las relaciones se construyen de forma clientelar y no con un enfoque de derecho, lesionando el Estado de derecho, igualmente se busca acumular el poder en el ejecutivo en detrimento de los contra pesos y las rendiciones de cuenta, la pluralidad social y de demandas quedan reducidas a un discurso homogeneizador vertical.

El personalismo y la retórica de Chávez y Ortega generaron una lógica centrípeta de sus sistemas políticos. En Venezuela la oposición se aglutinó en el 2008 en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) donde convergen agrupaciones políticas de todo el espectro político de izquierda a derecha, mientras que la oposición en Nicaragua continua más fragmentada. Las oposiciones de ambos países han mantenido numerosas movilizaciones pero han tenido dificultades para construir un programa común debido a la heterogeneidad de los actores que la integran, y para poder captar el voto indeciso que en el caso de Nicaragua sigue a la espera de una agenda de reivindicación socioeconómica mientras que la oposición se concentra exclusivamente en los temas formales institucionales. Y adicionalmente la oposición también ha mantenido acusaciones internas y divisiones.

En Venezuela se han multiplicado las elecciones y referéndums que han configurado un régimen plebiscitario. Estas iniciativas electorales se han caracterizado por surgir del gobierno y no de la sociedad civil, por ser semicompetitivas, con objetivos legitimadores alternativos al resto de las instituciones democráticas. Durante el período presidencial de Chávez su partido político ganó 15 de 16 elecciones y siempre con ventajas de 10 a 20 puntos porcentuales, incluyendo todas las elecciones presidenciales y la gran mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país, y la totalidad de los escaños de la Asamblea Nacional (AN) en las elecciones legislativas del 2005 ante la ausencia de candidatos de oposición. Solo perdió el referéndum consultivo del 2007 que incluía la posibilidad de reelección indefinida del presidente pero Chávez insistió hasta su aprobación en el siguiente año. Luego del fallecimiento de Chávez siguieron ganando comicios electorales incluyendo la elección presidencial del 2013 donde Nicolás Maduro obtiene la presidencia por un estrecho margen, y cuando perdieron gobernaciones y alcaldías de importancia estratégica, y la más reciente perdida de la Asamblea Nacional en el 2017 cuando la oposición obtuvo las dos terceras partes del poder legislativo, eliminaron sus funciones y atribuciones (Corrales y Penfold, 2011; Ramos, 2011; Ramos, 2006; Weyland, 2013; Penfold, 2010; IDD-Lat, 2014).

En Nicaragua también se han planteado las elecciones como fundacionales y si bien Ortega no ha tenido el mismo apoyo electoral que ha tenido el chavismo en Venezuela, también ha logrado mantener la presidencia e ir aumentando su votación, y aumentar su poder a nivel local, por ejemplo en las elecciones del 2012 consiguieron el control de 134 de los 153 municipios incluyendo a Managua. Cabe destacar que en la constitución nicaragüense no existe la figura del revocatorio y que su Consejo Supremo Electoral (CSE) es incluso menos transparente que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano (IDD-Lat, 2016 y 2012; Martí I Puig, 2016, 2012 y 2009; Pérez, 2012)

En este escenario la rendición de cuentas horizontales del Estado de derecho quedan ausentes, también pierden facultades los partidos políticos que son los actores con mayor capacidad para exigir rendición de cuenta y canalizar las presiones sociales, y la sociedad civil es desarticulada con las políticas clientelares, sus iniciativas son coaptadas por el presidente y no cuentan con mayores recursos económicos y organizacionales frente al poder de la presidencia. La ciudadanía pierde la confianza en el voto y la democracia, expresando su descontento por otros canales, incluidos los violentos.

Las elecciones han sido cuestionadas técnicamente sin ningún resultado pero la concentración y uso de los recursos del Estado puesta a su servicio electoral impiden calificar a las elecciones en Venezuela y en Nicaragua como libres y competitivas, requisito mínimo de un gobierno democrático. Ha sido evidente el desbalance de poder y recursos en las elecciones, y la falta de imparcialidad y favoritismo hacia el oficialismo por parte de los árbitros electorales. El chavismo y el orteguismo han contado con el uso de instalaciones del gobierno para promover sus campañas electorales, amplios despliegues de trasporte público para la movilización en los días electorales, entrega de cedulas de identidad ilegales, fondos para publicidad y amplio control de los medios de comunicación, sumados a los actos intimidatorios en contra de la oposición con las leyes y con las fuerzas de choque, represiones violentas a las manifestaciones de la oposición con una impunidad garantizada, la negativa en años recientes a invitar observadores internacionales, y la inhabilitación de partidos (Nicaragua) y candidatos (Venezuela) de la oposición con opciones reales de triunfo. Todas estas maniobras electorales son parte de la batería de instrumentos que han utilizado estos gobiernos para conservar el poder.

En este escenario los medios de comunicación han sido un punto neurálgico en la agenda política de Venezuela y Nicaragua ya que cobran mayor importancia en la estrategia populista de comunicación directa. En Venezuela luego de la no renovación de la concesión al canal RCTV en el 2007, el gobierno ha ido monopolizando los medios de comunicación con la creación de cientos de nuevos medios comunicacionales como las radios comunitarias, adicional al constante hostigamiento a los medios de comunicación independientes lo que los obliga a la autocensura. En Nicaragua Ortega ha utilizado significativos recursos del presupuesto para fortalecer su posición en los medios de comunicación, invirtiendo en los medios de comunicación sandinista como Radio Ya, Radio Viva FM y Canal 4, y la familia Ortega-Murillo son propietarios de siete estaciones de radio y de tres televisoras.

Sin embargo, a diferencia de Venezuela, en Nicaragua se pueden contar varios medios de comunicación independiente de alta relevancia que no hace tan asimétrica la oferta informativa, como La Prensa, Canal 12, Radio Corporación y el semanario Confidencial.

Los mecanismos de democracia directa y participativa también han sido utilizados para aumentar el poder del ejecutivo frente a la sociedad civil. La reingeniería institucional realizada en Venezuela con la constitución de 1999 que declara una democracia participativa y protagónica incorporó cuatro tipos de referendos (aprobatorio, consultivo, abrogatorio y revocatorio), iniciativas legislativas, cabildos abiertos, la revocatoria de mandato y la obligación de los cuerpos deliberantes de consultar la formulación de las leyes con los ciudadanos y sus organizaciones, también le permite al presidente proponer reformas constitucionales y convocar a consultas. Sin embargo estas reformas se plantean como alternativas y no como complemento de las instituciones de la democracia representativa, lo que termina en un desapoderamiento de la sociedad civil por el desbalance de poder entre esta y el ejecutivo (López, 2014; Lissidini, 2014; Ramos, 2011; Weyland, 2013)

En el caso venezolano también se debe resaltar que la renta petrolera ha sido fundamental para la aplicación de políticas clientelares desinstitucionalizadas que condicionan la participación ciudadana. Los ingresos extraordinarios producto de los hidrocarburos fortalecen a los gobernantes frente a los otros actores del Estado. Aquí el Gobierno no es un recaudador de impuestos ni un redistribuidor de ingresos como en la mayoría de los países, sino que es un repartidor de renta económica y, por consiguiente, de favores y transferencias, lo que plantea lógicas radicalmente distintas, las de un Estado rentista en el que la ausencia de gravámenes directos reduce la necesidad de legitimación del gobierno porque esta legitimidad puede ser comprada con apoyos económicos selectivos. En los países con alta dependencia de los recursos naturales, especialmente de los hidrocarburos, existe una tendencia a la sincronización de los ciclos económicos y los ciclos electorales y las políticas se ejecutan con una visión cortoplacista que fomentan la consolidación de una élite económica y política que construye una estructura en favor de sus intereses, generan dependencia de la volatilidad de los mercados internacionales, ya sea por los flujos de financiamiento externo asociados con estas actividades rentísticas o por los precios de transacción (Noreng, 2003; Miranda, 2016).

Nicaragua también ha sido beneficiada por la renta petrolera venezolana. Se estima que la cooperación petrolera proveniente de Chávez alcanzó más de 500 millones de dólares anuales desde la llegada de Ortega al poder, es decir, alrededor del 7 por ciento del PIB nicaragüense, y como los fondos de la cooperación venezolana fueron administrados al margen de la ley de presupuesto, el orteguismo tuvo mayor capacidad discrecional para sus políticas clientelares y la corrupción. Adicionalmente Venezuela se convirtió en el segundo destino de las exportaciones de Nicaragua (IDD-Lat, 2013 y 2012).

Si bien en Venezuela, en una primera instancia, se logró reducir la pobreza y la desigualdad, estas políticas al tener una orientación de corto plazo no fueron sostenibles. En los últimos dos años la capacidad financiera del Estado para mantener sus políticas clientelares ha mermado considerablemente, se registró un deterioro en las condiciones de vida, un significativo desabastecimiento de alimentos y medicinas, deterioro de los servicios básicos como electricidad agua y gas, sumada a la inflación, inseguridad personal y numerosos saqueos. Por su parte, en Nicaragua la inversión social sigue siendo muy baja y sin ser prioridad en la agenda de gobierno,

Así pues, en una primera instancia, los gobiernos de Chávez y Ortega pueden ser calificados como populistas. Sin embargo, el populismo se caracteriza por relaciones desinstitucionalizadas, pero las formas recurrentes de ejercer el poder termina por institucionalizarlas y derivar en otra forma de ejercicio político, en nuestros casos de estudio en un autoritarismo legalizado.

3. Sobre el autoritarismo legalizado

La adjetivación del concepto de autoritarismo es ya común para definir regímenes como los contemporáneos de Venezuela y Nicaragua. Por ejemplo, Levitsky y Way (2005: 5) desarrollaron el concepto de autoritarismo competitivo para distinguir a un tipo de régimen híbrido, no democrático, que se distingue por ser un régimen civil donde las instituciones democráticas formales son los mecanismos para alcanzar el gobierno pero los titulares del poder del Estado abusan de su posición para tener ventajas significativas en la competencia por el poder.

Los autores afirman que el autoritarismo competitivo se diferencia del autoritarismo porque en este último no existen canales institucionales para que la oposición pueda llegar al poder, pero si bien en el autoritarismo competitivo si existen estos canales, al menos uno de los siguientes elementos es lesionado: las elecciones libres, las libertades civiles o la igualdad de condiciones. Aunque en estos regímenes las elecciones no presentan fraudes masivos tampoco son del todo libres ni justas, técnicamente no hay fraudes pero el desequilibrio en el acceso a los recursos y a los medios de comunicación hace injustas las elecciones. Los autores definen como línea de demarcación entre un régimen autoritario y un autoritarismo competitivo, cuando los partidos de oposición pueden usar las instituciones democráticas para competir seriamente por el poder, y señalan que un régimen no es competitivo cuando los candidatos principales son formalmente prohibidos o efectivamente excluidos de manera regular, cuando la represión o los controles legales impiden efectivamente a los partidos de la oposición realizar campañas públicas, o cuando el fraude es tan masivo que prácticamente no hay correspondencia entre las preferencias de los votantes y los resultados electorales oficiales, también advierten que las instituciones informales son las más significativas en estos regímenes ya que son las que verdaderamente dictan la dinámica política en estos casos, por ejemplo, los medios de comunicación son libres pero reciben recurrentemente amenazas (Levitsky y Way, 2005 y 2010)

Nosotros consideramos que este concepto es válido para Venezuela y Nicaragua sin embargo no es el más preciso. Los gobiernos contemporáneos de Venezuela y Nicaragua han lesionado los espacios electorales pero su principal esfuerzo ha ido en debilitar y, especialmente, coaptar la dimensión liberal de la democracia, el Estado de derecho. Ambos gobiernos han realizado cambio en las instituciones formales con el objetivo de concentrar y mantener el poder, de legalizar el autoritarismo.

Así pues, definimos como autoritarismo legalizado un régimen híbrido no democrático que se caracteriza por manipular las instituciones y las leyes para mantener y concentrar el poder. Restringe la autonomía de las autoridades electorales y el Estado de derecho no limita el poder de la presidencia sino que es su principal articulador.

El autoritarismo legalizado se distingue del autoritarismo porque en el primero se trata de mantener una formalidad y legitimidad democrática, y la competitividad democrática y el Estado de derecho son permitidos, al menos hasta que no representen una amenaza al poder del presidente.

En el autoritarismo legalizado las leyes son un instrumento para transformar sus abusos y excesos en formas y actuaciones legalmente justificadas y el Estado es la expresión jurídica de la hegemonía autoritaria. Las leyes generalmente son inconsultas ya que mantienen el control del poder legislativo y su aplicación e interpretación está garantizada por el poder judicial también dominado por el ejecutivo, la separación constitucional de los poderes es solo una fachada, de hecho, están articulados y subordinados al poder ejecutivo.

Hugo Chávez y Daniel Ortega lograron concentrar el poder de las instituciones del Estado, los poderes legislativos y el judicial, han partidizado a la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y las fuerzas de seguridad, han coaptado gran parte de la sociedad civil y mantienen un incuestionable control sobre sus partidos políticos que en Venezuela nació a la medida de Chávez, y que en Nicaragua pasó de una estructura de mando colegiada a una conducción personalista de Ortega.

En Venezuela la Asamblea Constituyente de 1999 declaró que el poder judicial se encontraba en crisis y destituyó a más de cien jueces y disolvió la Corte Suprema y la reemplazó por un nuevo órgano, y cuando en el 2004 surgió una facción disidente dentro del ahora llamado Tribunal Supremo de Justicia fue ampliada de tal manera que garantizó el dominio del presidente, y en el 2006 la designación del Consejo Nacional Electoral y en el 2007 el nombramiento de la Fiscalía estuvo condicionado por la simpatía política. En Nicaragua las violaciones reiteradas al orden constitucional han permitido la reelección ilegal de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a miembros del Consejo Supremo Electoral, y la destitución y restitución de diputados del Poder Legislativo

Ortega adicionalmente ha logrado mantener un amplio apoyo del sector empresarial nacional e incluso con los organismos de financiamiento internacional, mientras que el chavismo ha mantenido una relación conflictiva con estos sectores, ya que la posición de Ortega ha sido mucho más pragmática y es difícil encontrar en la agenda contemporánea algún elemento de los objetivos o retorica original del FSLN, mientras que el petróleo en Venezuela ha permitido mantener una posición conflictiva con el sector privado, aunque ahora está en mengua generando mayor malestar social. Ortega también se ha reconciliado con poderes de facto como la iglesia católica, incluso con su antiguo enemigo el Cardenal Miguel Obando y Bravo, coincidiendo con él en temas como la prohibición del aborto y dejando atrás las posiciones progresistas originales del FSLN. Por su parte el control de Nicolás Maduro sobre su partido político es más laxo y cuestionable, y el chavismo ha mantenido relaciones conflictivas con las universidades, colegios privados, clínicas y centros culturales. Ortega también ha mantenido la combinación de crecimiento económico con estabilidad macroeconómica, mientras que el crecimiento económico en Venezuela ha sido volátil y presenta una de las inflaciones más altas del mundo. El autoritarismo en Nicaragua luce más estable que el venezolano.

Ortega incluso antes de llegar a la presidencia logró modificar a su conveniencia las leyes de Nicaragua. El pacto Alemán – Ortega del año 2000 cerró los espacios de pluralidad y repartió el poder público en partes iguales para el PLC y el FSLN, lo que permitió que a la llegada al poder pudiera compensar su baja popularidad con una significativa concentración del poder.

Dicho pacto definió derechos políticos exclusivos para los partidos Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, instruyó un nuevo Consejo Supremo Electoral representado únicamente por el PLC y el FSLN, y amplió la Corte Suprema de Justicia para garantizar la presencia de magistrados liberales y sandinistas, otorgándole cuotas de poder al orteguismo a cambio de prebendas económicas para Alemán y su Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y también incluyó una Ley electoral que generó una fragmentación política que finalmente permitió la llegada a la presidencia de Ortega con menos del 40 por ciento de los votos. En el 2007 bajo los parámetros del pacto el PLC y el FSLN se repartieron el poder en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral, en el Consejo Superior de la Contraloría, en la Procuraduría de Derechos Humanos y en la Superintendencia de Bancos, y se aprobó la llamada popularmente ley piñata que legalizó la transferencia de propiedades del Estado a miembros del FSLN. Finalmente en el 2009 fue el año de la refundación del pacto Alemán – Ortega lo que permitió, entre otras cosas, que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución sobreseyendo definitivamente a Alemán de los actos de corrupción por los cuales estaba condenado a veinte años de prisión, la casi automática reelección de la junta directiva del parlamento que le permitió retomar el control al FSLN y la aprobación inmediata de varias leyes que hacían parte de la condicionalidad de los organismos multilaterales para facilitar fondos al país (Pérez, 2010; Martí I Puig, 2016, 2013 y 2008; Colburn y Cruz, 2012; Weyland, 2013; Cajina y Lacayo, 1999, 2012 y 2009).

Otra limitación fundamental al poder que se ha visto resquebrajada en Venezuela y Nicaragua es el tiempo. La democracia es un gobierno pro tempore donde el electorado puede exigir responsabilidades y cambios en intervalos regulares a los gobernantes, la imposibilidad de la reelección indefinida es un mecanismo significativo contra la omnipotencia y el abuso del poder, ya que desde el ejecutivo se tiende a concentrar el poder y hace a las elecciones menos competitivas. También es importante que las minorías tengan posibilidad de convertirse en mayorías electorales, lo que se dificulta con la posibilidad de reelección indefinida ya que lesiona la alternabilidad en el poder.

Hugo Chávez en 2009 y Daniel Ortega en 2011 introdujeron modificaciones en las constituciones de sus países para permitir las reelecciones indefinidas, siendo los dos primeros presidentes de América Latina en introducir dichos cambios. En una primera instancia, inmediatamente después de ser elegido, Chávez convocó por medio de un referéndum la elección de una Constituyente que con el control de más del 96 por ciento de los asambleístas le permitió aprobar una nueva constitución que extendió el período presidencial de cinco a seis años con la posibilidad de ser reelegido para un período adicional, garantizando en caso de reelección el período presidencial más largo de América Latina, para luego en el 2009 introducir por primera vez en un país del Sur global la reelección indefinida. Adicionalmente, en ambos países los cambios constitucionales han ampliado la capacidad legislativa en materia administrativa de los presidentes, en Venezuela incluso Chávez sanciono cerca de 50 leyes solo entre 2008 y 2009 (Penfold, Corrales y Hernández, 2014; Penfold, 2010; Martí I Puig, 2016; IDD-Lat, 2016, 2014 y 2009)

El chavismo y el orteguismo también se han preocupado en coaptar la participación ciudadana y controlar los espacios locales, recentralizando sus respectivos Estados e impidiendo la autonomía de la sociedad civil.

En Venezuela la creación por ley de los consejos comunales en el 2006 buscó una participación ciudadana pero dependientes de las decisiones y recursos de un gobierno recentralizado, donde la representación electa por sufragio es sustituida por la figura de las vocerías. Los órganos no son electos sino constituidos en asambleas populares, lo cual en un ambiente de polarización y coerción sirve como mecanismo de exclusión de las minorías e incluso de segregación política de mayorías locales, siendo recurrentes los desalojados de las reuniones por la fuerza e impedimento del acceso a los lugares de reunión designadas. Adicionalmente, los consejos comunales, y otros órganos de poder popular como las comunas, deben ser reconocidos por el Ejecutivo para legitimar su actuación, lo que limita el reconocimiento de los consejos no simpatizantes del gobierno. Los consejos comunales se han caracterizado por el uso direccionado desde arriba e instrumentalizados para los fines del proyecto político del presidente. Esta red de consejos comunales también funciona como una vasta red clientelar donde el gobierno otorga recursos a través de un relacionamiento directo con el presidente y este exige en reciprocidad lealtad política (López, 2014; Álvarez, 2008).

En Nicaragua los espacios locales también han sido coaptados y los insipientes intentos de sistema de autonomía municipal, participación ciudadana y rendición de cuentas fueron sustituidos por la supervisión directa de la pareja presidencial, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo quien aparte de haber sido Ministra de la presidencia (cargo creado para ella) y ser la actual Vicepresidenta, es encargada de la estructura popular del Frente Sandinista a nivel de los barrios, los denominados Consejos de Poder Ciudadano y del organismo aglutinador de la sociedad civil CONPES. Adicionalmente Murillo ha sustituidos a los candidatos del FSLN con arraigo local por lo de su confianza y ha dirigido sus campañas, facilitándole esta gestión su responsabilidad como jefa de la Comunicación Social del gobierno (Martí I Puig, 2013; IDD-Lat, 2016)

Conclusiones

Si bien los rasgos de los fenómenos del populismo y del autoritarismo legalizado se superponen temporalmente, se observa que al principio de los períodos presidenciales de Chávez y Ortega resaltó el populismo y luego se fueron haciendo más autoritarios. Vale advertir que se observa un fenómeno de difusión de las instituciones venezolanas hacia las nicaragüenses que han sido soportadas por la retórica y, especialmente, por los recursos financieros.

El populismo por sí solo no tiende a mantenerse en el tiempo debido a su característica definitoria de informalidad de las instituciones, por lo que se combina con otros elementos para perdurar en el tiempo. Así pues, el populismo podría derivar en un proceso de ampliación de la democracia si finalmente la dimensión liberal de la democracia logra formalizar con enfoque de derecho las políticas clientelares y plantea el antagonismo como un proceso constructivo diferente al amigo/enemigo, o, como en nuestros casos de estudios, deriva en una forma de autoritarismo.

También es importante advertir que si bien en nuestros casos de estudio los populismos son de izquierda y hacen alusión a las desigualdades económicas para la movilización social, la categoría de populismo hace referencia al pueblo, que a su vez es un concepto móvil que no identifica a un sujeto objetivo sino a una articulación subjetiva, por lo que también hay populismo de derecha que pueden entender al pueblo no como los pobres y a las injusticias no como las desigualdades económicas, sino exacerbar, por ejemplo las retóricas nacionalistas y discurso de enemigo en contra de emigrantes. Así nuestro concepto de populismo permite comprender los populismos emergentes de izquierda y derecha en América Latina, y los populismos nacionalistas de Europa y Estados Unidos.

Finalmente, el autoritarismo legalizado va cerrando los canales democráticos y civiles a la oposición política, por lo que las tenciones sociales pueden resolverse en la esfera de la violencia social.

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Notas