INTRODUCCIÓN

Derecho a la ciudad y vínculos urbano-rurales

El derecho a la ciudad es un concepto acuñado por el filósofo francés Henri Lefebvre (1969, p.138) como “el derecho a la vida urbana, transformada y renovada”. Cuando Lefebvre (2003) habla de la vida urbana, se refiere al proceso que involucra una serie de relaciones sociales que se dan en la producción del espacio urbano, más que a la idea de la ciudad como objeto. El autor escribe sobre el derecho a la ciudad en un contexto en donde la industrialización y el tejido urbano se expanden, afectando a otros territorios en un proceso que responde a las dinámicas de producción y de consumo. Lefebvre (1969), entonces, concibe a una sociedad que va más allá del capitalismo y entiende el derecho a la ciudad como un cambio en las relaciones de poder, que permite a los habitantes tener el control sobre la producción del espacio urbano.

Inspirado en el derecho a la ciudad de Lefebvre, Harvey (2008) analiza el proceso de urbanización ligado al capitalismo y señala que es un fenómeno de clases, en donde el desarrollo se concentra en los polos de interés para los grupos con poder político y económico, mientras que los sectores populares quedan desatendidos. Soja (2014) argumenta que las desigualdades en la distribución del capital se ven reflejadas en las geografías urbanas, a lo que él llama geografías discriminatorias, por generar exclusión y segregación de la población de bajos recursos, lo cual incide en el acceso a la vivienda y a los servicios urbanos básicos de ésta, convirtiendo a las ciudades en escenarios de desigualdades.

Ante este escenario, Harvey argumenta que el derecho a la ciudad surge de las calles, como una demanda de las poblaciones que sufren estas desventajas, y lo concibe como “el ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización” (Harvey, 2012, p. 4). La idea del derecho a la ciudad va más allá de modificar al espacio urbano y apunta hacia una transformación en las relaciones de poder en la toma de decisiones que moldean a este espacio. En este sentido, Dikeç (2001, p. 1790) señala que el derecho a la ciudad “no es solamente un derecho al espacio urbano, sino a un espacio político también”, que exige la participación colectiva de la población en la dicha esfera. Además, demanda la participación activa y colectiva de los habitantes, de modo que les permita formar parte en la toma de decisiones de la producción del espacio urbano. Una nueva ciudadanía que implica transformaciones individuales y colectivas que permitan nuevas formas de participación, pero también cambios en las relaciones que se dan entre los ciudadanos y el Estado (Gilbert y Dikeç, 2008).

El derecho a la ciudad ha inspirado a debates teóricos, pero también ha impulsado varios movimientos alrededor del mundo, que lo usan como bandera de lucha contra injusticias sociales y espaciales; como señala Harvey (2012), surge de las calles. En este sentido, Ziccardi (2016) argumenta que es una apelación colectiva contra las desigualdades socio-espaciales para buscar mejores condiciones de vida para la población. Ante este panorama, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad explora su significado y potencial; impulsado desde abajo, desde luchas y movilizaciones de la sociedad civil organizada y movimientos sociales en distintas regiones del mundo; y busca conocer cómo permite el desarrollo de nuevas propuestas para repensar y producir las ciudades desde los “principios de justicia social, igualdad, democracia y sostenibilidad” (PGDC, 2019, p. 11).

Cuando hablamos entonces de las poblaciones excluidas, de las que enfrentan fuertes desigualdades por el proceso de urbanización y demandan el derecho a la ciudad, no solamente nos referimos a los habitantes urbanos, ya que entendemos que los efectos de este desarrollo van más allá de la ciudad misma. El proceso de urbanización implica cambios en los vínculos entre el campo y la ciudad, que dan origen al surgimiento de un nuevo tejido híbrido, con formas urbanas y rurales que responden a los procesos de producción; provocando transformaciones en las actividades económicas y en las dinámicas de población que redefinen al campo y la ciudad (Limonad y Monte-Mór, 2012). Estas modificaciones producen desigualdades que no se reflejan únicamente en el espacio urbano, también afectan a otros territorios. Entonces, al hablar de las poblaciones en desventaja, Landy y Moreau (2015) señalan que la esfera rural es también un espacio en donde ocurren conflictos y desigualdades y éstas se agravan con las dinámicas del proceso de urbanización.

Sin embargo, al ver el debate teórico en torno al derecho a la ciudad, algunos autores señalan que un vasto número de trabajos se enfocan mayormente en el espacio urbano, dejando fuera al rural. Entonces, surgen cuestionamientos como ¿hablamos solo de la ciudad y de sus habitantes?, ¿qué hay de los habitantes rurales? Purcell (2003) replantea el derecho a la ciudad y habla de el derecho al habitar, argumentando que la territorialidad del concepto se extiende a todas las geografías, más allá de la ciudad misma. Autores como Landy y Moreau (2015) y Bühler, Darly y Milian (2015) utilizan el concepto de el derecho al pueblo (the right to the village), aplicando el concepto del derecho a la ciudad al ámbito rural.

Como señala Purcell (2003), la territorialidad del concepto de derecho a la ciudad va más allá de un territorio específico, ya que hablamos de lo urbano como un proceso, en el que existe una compleja red de interacciones entre lo urbano y lo rural, que pueden ser económicas, sociales o ambientales; y que se conocen como vínculos urbano-rurales. Estos condicionan el desarrollo de un territorio y exigen una concepción diferente a la tradicional, que reconozca el continuo urbano-rural y que no aborde a los espacios aislados (UN Hábitat, 2017). En este sentido, la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (2022, p. 11) argumenta que, al existir estas interdependencias en un territorio, el derecho a la ciudad abarca a todo tipo de asentamiento y sus entornos rurales (poblados o no).

Cuando hablamos de las desigualdades producidas por el proceso de urbanización, éstas se ven reflejadas en el acceso a la vivienda y los servicios básicos. Para el caso de las aglomeraciones híbridas, como son las zonas metropolitanas, las desigualdades se producen tanto en las periferias urbanas como en el espacio rural, en donde las luchas por la vivienda y los servicios básicos incrementan. Mientras que los recursos se dirigen principalmente a la ciudad, las localidades rurales quedan desatendidas, dejando en manos de sus habitantes las acciones para cubrir necesidades básicas. En este contexto, Yarwood (2017) argumenta que las desigualdades que enfrentan estas poblaciones también son motores que impulsan nuevas formas de organización y participación de las comunidades rurales.

Al hablar de nuevas formas de participación y cambios en las relaciones entre la ciudadanía, y entre ésta y el Estado, el derecho a la ciudad exige transformaciones en la esfera política, pero también un mayor compromiso por parte de los ciudadanos. Al hablar de las metrópolis, que son aglomeraciones complejas, Gomà (2019) señala que el derecho a la ciudad exige la exploración de nuevos modelos de gobernanza que apunten a gobiernos horizontales y en red, y que se abran a la coproducción ciudadana. En estas zonas el proceso de urbanización es complejo, porque implica relaciones, no solo entre distintos municipios, sino entre distintas localidades (urbanas y rurales). En este escenario, el derecho a la ciudad y la ciudadanía que se impulsa apuntan hacia el reconocimiento y articulación de los distintos actores, hacia nuevas formas de colaboración que fortalezcan los vínculos urbano-rurales. Como señala ONU Hábitat (2019), uno de los puntos de actuación para el fortalecimiento de estos vínculos es el empoderamiento de las poblaciones y comunidades, articulando la participación activa de la población, fomentando alianzas entre distintos actores urbanos y rurales, y mecanismos de gobernanza que promuevan la integración horizontal, vertical y sectorial.

METODOLOGÍA

A partir del debate teórico en torno al derecho a la ciudad y los vínculos urbano-rurales surge la pregunta ¿cuál es el potencial y cuáles son las limitaciones que enfrentan las prácticas de participación comunitaria para contribuir en el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales y avanzar en la construcción del derecho a la ciudad? Partiendo de esta pregunta, el estudio se centra en el contexto mexicano, en el estado de Chiapas; una de las regiones más pobres del país, donde un gran porcentaje de la población enfrenta luchas por el acceso a la vivienda y los servicios básicos, situación que se agrava en el ámbito rural. Como se mencionó anteriormente, las desigualdades provocadas por el proceso de urbanización se reflejan mayormente en las zonas metropolitanas, afectando sobre todo a las poblaciones periurbanas y rurales. Bajo esta premisa, los casos de estudio se encuentran en localidades rurales de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas y una de las principales aglomeraciones en la región sur del país.

El derecho a la ciudad promueve la participación activa y colectiva de los habitantes en la producción del espacio urbano, lo cual implica transformaciones en las relaciones entre los habitantes y de estos con el Estado; además, exige una aproximación sistémica que conciba al territorio como un continuo urbano-rural, y que articule a sus distintos actores. En este sentido, hablamos de procesos que reconozcan el papel de los habitantes rurales. Las luchas por el acceso a los servicios e infraestructura básica que enfrenta la población de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, impulsan formas de organización que permiten a los habitantes gestionar acciones para el mejoramiento de su calidad de vida, pero ¿cuál es el potencial y las limitaciones que enfrentan estos procesos?

Para responder a esta pregunta se analizan aspectos de los procesos que contribuyan al empoderamiento de la comunidad, tomando en cuenta que éste articula la participación activa y la colaboración con distintos actores. Se parte de tres categorías de análisis que son la participación, la gestión del proceso y la colaboración con otros actores (Tabla 1), que retoman algunos aspectos que influyen en el empoderamiento de la comunidad identificada por Laverack (2001).

Tabla 1.
Categorías de análisis del empoderamiento de la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

Los casos seleccionados corresponden a dos tipos de organización existentes en la zona: la junta de pobladores y la asociación civil. El objetivo es analizar las formas de participación que ambas promueven y la manera en que contribuyen o limitan el empoderamiento de la comunidad y el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales, permitiendo avanzar en la construcción del derecho a la ciudad. Para la selección de los casos se hizo una identificación de comunidades rurales organizadas, cercanas a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Con localidades rurales nos referimos a aquéllas con menos de 2,500 habitantes, como señala el INEGI (2020b), aunque las comunidades identificadas, al encontrarse en las afueras de las ciudades y ser afectadas por la expansión urbana, pueden o no contar con características de la vida rural. Se tomaron en cuenta las que experimentan efectos de la migración urbano-rural, considerando que ésta incrementa los retos para el acceso a la vivienda y a los servicios básicos. Se realizaron entrevistas exploratorias con las autoridades locales y/o representantes de las mismas para identificar procesos organizados para el acceso a la vivienda y/o servicios básicos. Las localidades seleccionadas representan dos tipos de organización en la zona rural. El estudio siguió una metodología de análisis cualitativo, para lo cual se recaudó información a través de entrevistas semiestructuradas, entrevistas grupales, observación directa y análisis de documentos. En Santo Domingo Dos se trabajó durante el periodo de enero a marzo de 2021, y en 16 de Septiembre durante el periodo de febrero a abril de 2022.

CARENCIAS HABITACIONALES EN LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ

Como se menciona en el apartado anterior, el proceso de urbanización produce desigualdades sociales y espaciales que se ven reflejadas en el acceso a la vivienda y a los servicios básicos, provocando carencias en algunas poblaciones, sobre todo en las localidades periurbanas y rurales. En México, el estado de Chiapas, en la frontera sur del país, es la región más pobre, con el 76.4% de su población viviendo en situación de pobreza, y el tercero con mayor nivel de carencias habitacionales (CONEVAL, 2020). La población chiapaneca que enfrenta este tipo de situaciones asciende al 23.6% y 57.1% respectivamente, observando una mayor incidencia en las localidades rurales y las periferias metropolitanas (ibídem). Tuxtla Gutiérrez es la capital del estado y su zona metropolitana incluye a los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo y Suchiapa, pudiendo incluir también a San Fernando por sus características evidentes en la relación directa con la ciudad capital, aunque no se realiza oficialmente.

En la zona metropolitana se observan desigualdades en el acceso a la vivienda y a los servicios básicos. Como se muestra en el gráfico 1, las carencias habitacionales en el municipio de Tuxtla Gutiérrez son bajas en comparación con el resto de la Zona Metropolitana, además es la zona más urbanizada, mientras que en los otros municipios de la metrópoli se observa un mayor porcentaje de población rural (gráfico 2). En esta localidad se observa un déficit habitacional en menos del 15% de la población, los otros municipios presentan carencias en los servicios básicos que llegan a afectar hasta al 50% de los habitantes, siendo el acceso al agua y al drenaje las más frecuentes.

Gráfico 1.
Población con carencias habitacionales en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Bienestar (2021).

Gráfico 2.
Porcentaje de población urbana y rural en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2020a).

Este trabajo se enfoca en el acceso al agua, ya que se ha identificado como la necesidad prioritaria en la región, más que la vivienda u otros servicios básicos. Los casos de estudio corresponden a las localidades rurales de Santo Domingo Dos y 16 de Septiembre, pertenecientes a Chiapa de Corzo y San Fernando, respectivamente, municipios con un gran porcentaje de población habitando en asentamientos rurales.

Acceso al agua en las localidades de Santo Domingo Dos y 16 de Septiembre

Santo Domingo Dos es una localidad de 200 habitantes (INEGI, 2020a) ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, al sur-poniente de Tuxtla Gutiérrez. La comunidad 16 de Septiembre cuenta con 1,358 habitantes (INEGI, 2020a) y está ubicada en el municipio de San Fernando, al nor-oriente del estado (mapa 1). Ambas enfrentan luchas por el acceso a los servicios e infraestructura básica, siendo el agua la prioritaria, cuya demanda incrementa con el aumento de población en la zona debido a la migración urbano-rural.

Mapa 1.
Ubicación de las localidades de Santo Domingo Dos y 16 de Septiembre.
Fuente: Delimitación de la aglomeración urbana de Tuxtla Gutiérrez (ONU Hábitat, 2018).

De acuerdo con el censo del INEGI (2020a), el 73% de las viviendas en 16 de Septiembre, y la totalidad en Santo Domingo Dos, cuentan con agua en al ámbito de la vivienda. Sin embargo, esto no se refiere a al servicio como tal. En este sentido, el porcentaje de casas contabilizado corresponde a aquéllas que pueden obtener el recurso de distintas fuentes, como pozos comunitarios, compra de agua por pipa, o conexión al servicio de agua comunitario. Éste último, en ambas localidades, no llega a todas las viviendas y el porcentaje sin conexión asciende, al 36% en el caso de Santo Domingo Dos, y al 92% en el caso de 16 de Septiembre (INEGI, 2020a). Al presentarse esta situación, la población tiene que buscar alternativas para satisfacer su necesidad, en algunos casos se cuenta con un pozo particular, pero si esto no es posible, las familias acarrean agua de pozos públicos y, en varias ocasiones, recurren a la compra de pipas o tinacos. Por otro lado, los hogares conectados al sistema no cuentan con un suministro constante todo el año, ya que en la temporada de seca se quedan sin servicio y tienen que recurrir a la compra de agua. Es decir, la realidad muestra que la falta de acceso al agua es mayor que la que arrojan los datos oficiales.

En 16 de Septiembre cuentan con tres pozos públicos, desde los cuales se puede extraer agua para consumo (imagen 1). Dos de estos se conectan a un sistema de agua comunitario que da servicio a 40 viviendas. Éste no abastece a muchas familias, solo da servicio a las residencias del centro de la colonia, pues al ser un sistema por bombeo, no llega a las más alejadas. Por otro lado, a las familias a las que les llega agua solo lo hace durante una temporada, pues en época de seca (de abril a junio) el agua escasea. Los pozos públicos tampoco abastecen a muchas familias, y tienen que recurrir a otras opciones para satisfacer sus necesidades. Algunas familias tienen acceso a un pozo en su propiedad y otras compran pipa de agua.

Una vecina del centro de la colonia menciona:

“A mí me llega agua del sistema comunitario y pago $50 mensuales. Me llega agua una vez a la semana, pero como soy sola si me alcanza. No a toda la gente le llega y a algunas familias que les llega no les alcanza y también tienen que comprar” (27 de febrero de 2022).

Por otro lado, una vecina que habita lejos del centro señala:

“A nosotros no nos llega agua de la tubería, tenemos que acarrear del pozo, podemos ir a la hora que necesitemos. Yo hago hasta cuatro viajes al día y me lleva como dos horas para cargar. Pero en tiempo de seca no hay agua como tres meses y tenemos que comprar tinaco cada 15 días y cuesta $200” (13 de marzo de 2022).

Imagen 1.
Pozo público en la localidad de 16 de Septiembre.
Fuente: Archivo propio.

En la localidad de Santo Domingo Dos el sistema de agua comunitario (imagen 2) se ha logrado ampliar y mejorar, dando servicio a un mayor número de viviendas. Aun así, siguen existiendo algunas deficiencias y las familias que no cuentan con él deben recurrir a la compra de agua a sus vecinos o al uso de pipas.

El agente municipal señala:

“Antes no nos aguantaba el pozo, no había mucha presión del agua, no subía bien. Nos dijeron que le faltaba profundidad, entonces cooperamos entre todos, se escarbó, se metió tubo y bajamos más la bomba” (07 de marzo de 2021).

Una vecina de la localidad que cuenta con el servicio de agua comenta:

“Ha mejorado el agua, nos llega más seguido. Llega del río, tenemos dos tomas, aunque a veces se seca el pozo en tiempo de seca” (17 de marzo de 2021).

Imagen 2.
Pozo del sistema de agua comunitario en Santo Domingo Dos.
Fuente: Archivo propio.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL ACCESO AL AGUA

Las carencias habitacionales que enfrenta la población de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez han sido, también, detonantes de procesos de participación que las comunidades impulsan para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida. Es común identificar algún tipo de organización en las localidades rurales para el acceso a los servicios básicos, sobre todo el agua. En lo que se refiere al acceso a la vivienda se observa que cada familia construye su casa con recursos propios y sin apoyo de nadie más. Por el contrario, para el acceso a los servicios básicos como el agua, existe algún tipo de organización comunitaria. Los procesos identificados en las localidades de estudio son distintos en las formas de participación, mientras que en 16 de Septiembre se sigue la estructura de la junta de pobladores; en la localidad de Santo Domingo Dos se ha adoptado una figura de A.C. y, con ella, una estructura distinta que permite otras formas de participación a los habitantes. Este estudio analiza las dos formas de organización y participación y su potencial en relación con el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales y la construcción del derecho a la ciudad.

Participación

En el caso de 16 de Septiembre se sigue la estructura de la junta de pobladores, que es un órgano de participación en las localidades rurales, integrado por ejidatarios y avecindados reconocidos, con el objetivo de desarrollar las capacidades de gestión, negociación y concertación de las comunidades (Procuraduría Agraria, 2020). Los ejidatarios pueden ser hombres y mujeres titulares de derechos ejidales, y los avecindados son habitantes mayores de edad que han residido por más de un año en el ejido y son reconocidos (Ley Agraria, 2022). Sin embargo, en la región se observa que existen normas sociales y culturales que limitan la participación de los habitantes. La junta de pobladores de 16 de Septiembre está integrada únicamente por un pequeño grupo de hombres ejidatarios, los pobladores³ están invitados a las reuniones pero no tienen derecho a votar en los acuerdos. Todos los habitantes de la localidad son convocados a participar en los trabajos comunitarios y la mayoría lo hace, sin embargo, los acuerdos y las gestiones solo se llevan a cabo por los ejidatarios. Aunque en los trabajos comunitarios existe diversidad en la participación, la población femenina y los pobladores son dos grupos que son excluidos de la toma de decisiones, y las mujeres únicamente pueden participar si son viudas de un ejidatario.

Una pobladora comenta:

“Sí existe organización en la comunidad, existe una junta de pobladores y ejidatarios que ven asuntos de la colonia. Pero la junta la integran solo hombres, ya que solo es para propietarios y los propietarios son hombres. Solo hay como dos mujeres que son viudas, y por eso ellas si van a la junta” (19 de febrero de 2022).

Un ejidatario miembro de la Junta de Pobladores señala:

“La mayoría de los que llegan son ejidatarios, los pobladores son contados. Pero también se debe a que no hay una convocatoria abierta, solo es para los ejidatarios, de los cuales llegan como 35. Los pobladores pueden llegar, pero no pueden participar y no pueden votar, por eso ya no llegan” (27 de febrero de 2022).

A diferencia de 16 de Septiembre, la localidad de Santo Domingo Dos decidió tomar una figura legal como asociación civil (A.C.), adoptando una estructura distinta que le permitiera tener una mejor participación. Todas las familias de la localidad que son socias de la A.C. pueden participar, tanto hombres como mujeres y jóvenes. Asimismo, el comité puede estar integrado por hombres y mujeres que se postulan, y son elegidos mediante el voto.

En los dos procesos se identifica que las asambleas son espacios en donde los miembros de la comunidad discuten sobre las necesidades y problemas de la población. Sin embargo, el alcance y la diversidad de la participación condicionan este proceso, haciendo que el dialogo sobre las problemáticas sea distinto en cada situación. En el caso de 16 de Septiembre, se observa que, aunque existe un diálogo y discusión sobre las problemáticas en la comunidad, las reuniones se realizan con solo algunos habitantes. Pues, aunque todos los pobladores pueden asistir a la asamblea, no todos pueden opinar, y las votaciones para la toma de decisiones solo están abiertas a los ejidatarios, además, las mujeres no pueden participar en estas asambleas a menos que sean viudas de ejidatarios; de esta manera, el proceso está abierto únicamente a un grupo reducido de la comunidad. En el caso de Santo Domingo Dos, todos los asociados pueden asistir a las asambleas y participar, se escuchan sus opiniones para posteriormente identificar las necesidades y problemas prioritarios de la comunidad; el diálogo colectivo lleva a la propuesta de acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes, y las decisiones se toman de manera democrática.

Gestión del proceso

En la localidad de Santo Domingo Dos, adquirir una figura legal les ha permitido una mayor capacidad en la movilización de recursos. Como asociación civil, la comunidad ha logrado gestionar apoyos financieros para infraestructura y servicios básicos a los que antes no podían acceder, porque no tenían conocimiento o porque no existía una buena relación de la comunidad con la autoridad local (agente municipal). En el pasado, los habitantes no podían realizar gestiones por su cuenta, dependían de la figura del agente municipal, lo cual era una limitación ya que existía una relación conflictiva. A partir de su constitución como A.C., han adquirido visibilidad y se ha logrado la apertura de un espacio para el diálogo directo con el gobierno local, que ellos han aprovechado para la gestión de financiamiento. Las acciones se enfocan en un solo aspecto, a través del diálogo colectivo, la comunidad identifica la necesidad que requiere atención prioritaria y es en ese rubro en el que se enfocan las acciones.

El presidente de la A.C. comenta:

“La A.C. se conforma desde hace cuatro años, porque estábamos muy abandonados, no había apoyo a las comunidades. ‘Orita vemos que la A.C. es más atendida que la agencia municipal, por ese motivo surge la A.C., para poder ver la manera de cómo hacer para atender a la comunidad, a la A.C. le abren más las puertas” (03 de marzo de 2021).

En el caso de 16 de Septiembre, a través de la junta de pobladores, la comunidad puede negociar y concertar apoyos con el gobierno municipal. Sin embargo, aunque manifiesta que el agua sigue siendo prioritaria, las acciones no siempre se pueden dirigir hacia donde se desea ya que las autoridades municipales argumentan que son obras muy caras. Por otro lado, los habitantes señalan que, aunque tienen derecho de acceder a recursos cada año, no todos los ciclos les asignan financiamiento, pues responde a los intereses del gobierno en turno.

Miembros de la Junta de Pobladores señalan:

“La comunidad propone el proyecto al municipio. Es de cada presidente que tiene que dar una obra a las localidades. O sea que cada tres años entra un presidente, pero los tres años anteriores no hubo nada, si dio, pero uno mínimo, no como este presidente que cada año dio obra” (07 de marzo de 2022).

En ambos casos, los habitantes indican que las obras realizadas quedan en manos de las instituciones de gobierno sin existir colaboración con la comunidad. Aunque son gestionadas por ésta última, el proceso de planeación y ejecución quedan en manos del gobierno local. Esta falta de inclusión de los habitantes en estas etapas del proceso, incide en que las acciones no cumplan con la demanda de la población porque no se le toma en cuenta, dejando las obras de mejoramiento y ampliación en manos de los habitantes, pero sin asesoría técnica ni financiamiento.

Colaboración con otros actores

Hasta el momento no se identifican relaciones de ninguna de las comunidades con agentes externos. En el caso de Santo Domingo Dos la asociación colabora con profesionales que son parte de la comunidad y que dan asesoría técnica en el proceso. Un vínculo clave es con un licenciado de la comunidad, que brinda orientación en los aspectos legales. Por otro lado, en lo que se refiere a coaliciones o alianzas, la comunidad de Santo Domingo Dos señala que existe diálogo con las localidades vecinas para formar alianzas y trabajar en conjunto. Por ejemplo, ya han colaborado con una comunidad vecina en la pavimentación de las vialidades compartidas.

El presidente de la A.C. comenta:

“Las metas son que se extienda la A.C., que se dé a conocer que existe la organización de la gente y que se vaya extendiendo, queremos llegar más allá y ver que se unan los compañeros que no se han unido, porque entre más seamos, más fuerza tiene la A.C., ‘orita solo somos Ribera Santo Domingo Dos” (03 de marzo de 2021).

En el caso de 16 de Septiembre, tampoco se identifica colaboración con agentes externos y, a pesar de que la comunidad misma y las autoridades locales identifican que la colaboración entre comunidades vecinas es necesaria para el proyecto de agua potable en la zona, existen limitaciones que no permiten avanzar. Por un lado, el financiamiento al que pueden acceder es por localidad y por obra terminada, no han logrado concertar apoyos para un proyecto que integre a las distintas localidades o que pueda ser por etapas. Esta situación desalienta a los habitantes, quienes pierden el interés de colaborar, ya que el proyecto podría beneficiar solo a algunas comunidades, pero no a todas.

Miembros de la Junta de Pobladores comentan:

“Había un proyecto para bajar el agua de San Fernando [cabecera], que viene de Chicoasén, pero nos dicen que sale muy caro. Era un proyecto en el que entraban las localidades de Obregón, Cárdenas, Valle Bonito y ya habíamos hablado entre las localidades, pero no se hace, el municipio no tiene dinero” (07 de marzo de 2022).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Partiendo del debate en torno al derecho a la ciudad y de los vínculos urbano-rurales en el contexto chiapaneco, la expansión urbana en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez ha provocado desigualdades en el acceso a la vivienda y los servicios básicos, que afecta mayormente a las poblaciones rurales de la zona. Éstas, generalmente quedan desatendidas y los recursos se dirigen a los polos de interés dentro de las ciudades. Como respuesta, las comunidades impulsan procesos para el acceso a los servicios básicos, principalmente el agua, que promueven la participación comunitaria. El derecho a la ciudad se concibe como un instrumento en las luchas colectivas contra las desigualdades sociales y espaciales, pero demanda nuevas formas de participación activa y colectiva de la ciudadanía que generen cambios en las relaciones entre los habitantes y de estos con el Estado. En este sentido, no todas las formas de participación comunitaria contribuyen en la construcción del derecho a la ciudad.

En los casos analizados se observan diferencias en las formas de participación que promueve cada comunidad. Mientras que en Santo Domingo Dos se han producido cambios en las relaciones, que promueven su empoderamiento, aunque encontrando limitaciones; en el caso de 16 de Septiembre se identifica cómo esas relaciones entre los habitantes limitan la participación de los mismos y los alcances del proceso. Un obstáculo es la exclusión de ciertos grupos de población, como las mujeres y los jóvenes. Aunque se observa que son sectores que participan en las actividades, no son considerados para la toma de decisiones. La situación con las mujeres, en el caso de 16 de Septiembre, refleja la falta de acceso de la población femenina a la propiedad de la tierra, lo que limita sus oportunidades de participación. Es en esta localidad donde se sigue el modelo de la junta de pobladores, el cual se repite en otras comunidades de la zona, allí ser ejidatario otorga el derecho de participación en la toma de decisiones, pero solo lo tienen los hombres, mientras que las mujeres únicamente pueden adquirirlo si su esposo, el ejidatario, fallece. Los principios de igualdad y democracia que impulsa el derecho a la ciudad no se ven reflejados al interior de la organización y no se generan transformaciones en la escala comunitaria. En este contexto, se enfrentan a desigualdades como habitantes no urbanos, y a la desigualdad de género.

Un aspecto clave para el fortalecimiento de los vínculos urbano-rurales y la construcción del derecho a la ciudad es la colaboración entre distintos actores. En el caso de una zona metropolitana, hablamos no solo de la colaboración entre población y Estado, sino también entre distintas localidades y entre actores urbanos y rurales. Para el fortalecimiento estos vínculos se requieren procesos que incluyan a las diferentes poblaciones en el continuo urbano-rural. En los casos estudiados, se identificaron esfuerzos de alianzas entre diversas comunidades para impulsar procesos de co-producción, sin embargo, se encontraron limitaciones, como la falta de apoyos dirigidos a proyectos de mayor magnitud que involucren a varias localidades o que promuevan la colaboración entre actores urbanos y rurales. Por otro lado, como lo señalan las organizaciones comunitarias, la participación y la movilización de recursos dependen del gobierno en turno, lo que también limita el tipo de proyecto que se puede financiar y su continuidad. La comunidad de Santo Domingo Dos, con la figura de asociación civil, ha adquirido mayor visibilidad, lo que les ha permitido abrir un canal para el diálogo directo con el gobierno local y tener una mayor capacidad de gestión. Este espacio se ha logrado a través de los años con la participación activa de la comunidad, sin embargo, aún faltan nodos que permitan la articulación de la población con otros actores, y que promuevan proyectos de co-producción. El derecho a la ciudad exige la participación de distintos agentes del continuo urbano-rural y no únicamente de las poblaciones afectadas. Las formas de participación promovidas no impulsan el empoderamiento de la población, mientras que las nuevas propuestas buscan alternativas a los procesos de producción, pero encuentran limitaciones y falta de apoyo en la esfera política.

Las Zonas Metropolitanas exigen nuevas aproximaciones que conciban el continuo urbano-rural y que reconozcan el papel de los distintos actores en los procesos complejos de producción del espacio. El derecho a la ciudad es un instrumento que nos ayuda a comprender las dinámicas y luchas en el territorio, y da voz a las poblaciones excluidas, como a las rurales. En el contexto de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, el estudio aporta una perspectiva diferente a las desigualdades que las poblaciones enfrentan, visibilizando las luchas por el agua y las acciones impulsadas desde las comunidades.

REFERENCIAS

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Notas

Notas de autor

Enlace alternativo

https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/decumanus/article/view/5441 (html)