Mario Domínguez • Guadalupe 3anhaí» • Ricardo LeCti Garc/a • Samuel Palacios Hernández • Juditm Hernández Pérez • Héctor Rivtro Pepía • Raquel Escudero GowzAlez • Fernando Sandoval Gutiérrez • Karla GdnzAlez Torres • Carlos Urani Mcwhel Contreras • Amalia Rodríguez Isais • Salvador Salazar Gutiérrez • Rosa Medina Parra • Paloma Licéw Ramírez • Jorgc Ereceda Pérez • Gabriela Orozco LOrez • Myrna Limas Hernández • Fernanda Frías Martínez • Francisco Servín Romero • Rutilio Garoía Pereyra

HOY

2020

Volumen XVIII

Edificios de educación en Ciudad Juárez 1940-1950. Respuesta a la modernización de la infraestructura

Presentación

Con esta edición se cumplen dieciocho volúmenes de esta obra colectiva anual Chihuahua Hoy, Visiones de su Historia, Economía, Política y Cultura y con ella anunciamos el retiro del Dr. Víctor Orozco quien fuera director general de esta obra desde que inició con un seminario permanente de investigación en el año 2001. Ahora, como jubilado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se retira de sus funciones directivas tanto de esta publicación como de la revista Cuadernos Fronterizos, pero se queda con sus otros trabajos intelectuales que tanto le apasionan. Le damos la gracias infinitas al doctor Orozco por todo el legado que deja con este importante proyecto editorial.

En las páginas siguientes podrán encontrar artículos cientí-ficos/académicos sobre diversos temas vinculados al estado de Chihuahua. El orden de aparición, como usualmente lo hacemos, son los de carácter histórico, luego los que tratan aspectos educativos, para luego seguir con los de corte literario. En este volumen no podían faltar los que tocan temas sobre violencia y derechos humanos, así como los de la industria maquiladora, finalmente otro de los temas como el de la fotografía.

El primero de ellos es de la autoría de Mario Alejandro Domínguez Cruz, quien estudia producciones intelectuales más notorias

acerca del pasado que se escribieron a principio del siglo XX en Chihuahua, utilizando la postura del sociólogo Norbert Elias dentro de su obra El proceso de la civilización.

El segundo artículo es de Guadalupe Santiago Quijada, bajo el título “La función de la JFMM en el ordenamiento espacial de Ciudad Juárez: planos reguladores”, y tal como lo describe la autora al inicio de su texto, el propósito es analizar la transformación del funcionamiento de las Juntas Federales de Mejoras Materiales que se convirtieron en instituciones dedicadas al ordenamiento del espacio urbano con el impulso de la elaboración de planos reguladores.

Siguiendo el orden cronológico está el texto de los autores Ricardo León García y Samuel Josué Palacios Hernández, en donde reseñan los elementos más significativos dentro de los barrios antiguos centrales en Ciudad Juárez.

El texto que le sigue es el de Judith Gabriela Hernández Pérez y Héctor Rivero Peña, dedicado a los edificios de educación en Ciudad Juárez en el periodo de 1940-1950. El propósito de los autores es entender y reconocer la importancia de la construcción de las edificaciones educativas de ese periodo, enmarcadas en la implementación de los programas institucionales y la influencia de la arquitectura moderna.

Siguiendo la misma temática podemos encontrar el texto sobre la educación no formal de los rarámuri de la Alta Tarahumara, de la autora Raquel Adilene Escudero González. Aquí se pretende resaltar la importancia de la educación no formal rarámúri en el sistema educativo formal y el aporte de nuevos significados al proceso enseñanza-aprendizaje intercultural.

Otro de corte educativo es el de Fernando Sandoval Gutiérrez y Karla Ivonne González Torres, quienes estudian los espacios escolares abandonados, la práctica docente y la política educativa en Chihuahua; en específico se enfocan en las escuelas primarias rurales asentadas en la Laguna de Bustillos, en el municipio de Cuauhtémoc, las cuales fueron cerradas a principios del año de 1997.

Los autores Carlos Urani Montiel Contreras y Amalia Rodríguez Isais hacen una valoración crítica de la última edición de la Muestra Estatal de Teatro realizada el año pasado en la región de Delicias, Chihuahua. Su critica teatral se enfoca en los montajes programados en la MET.

Otro de los temas reunidos en este tomo es el de la autoría de Salvador Salazar Gutiérrez, con la militarización y la violencia política ejercida en los últimos quince años, generando la práctica de las desapariciones forzadas en el norte de México por parte de agentes del Estado mexicano, dejando en tela de juicio el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez. En la misma línea temática encontramos el artículo de Rosa Isabel Medina Parra sobre los derechos humanos, la desaparición forzada y el feminicidio en el estado de Chihuahua. La autora nos deja ver cómo este tipo de violencia se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas, dejando centenas de casos registrados anualmente.

El trabajo de Paloma Alely Licón Ramírez y Jorge Antonio Bre-ceda Pérez desarrolla un análisis de los principios constitucionales en la contratación pública en el estado de Chihuahua. Concluyen que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en su reglamento 2019, no cumple los principios de imparcialidad, eficiencia y eficacia en cuanto al procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores.

Gabriela Orozco López en su artículo intitulado “Propuesta feminista para acceder al derecho al nombre en Chihuahua” propone acciones para que la mujer participe en la conformación del nombre familiar en los actos de registro y reconocimiento de los hijos e hijas. También aborda los prejuicios en contra de la madre soltera y su hijo, como interferencia para que accedan al derecho al nombre.

El penúltimo artículo escrito por Myrna Limas Hernández y Fernanda Nohemí Frías Martínez expone algunas experiencias de segregación o acoso en empleados(as) de una empresa maquiladora certificada en el Modelo de Equidad de Género, enmarcando la segregación laboral por razones de género y el acoso/hostiga-miento sexual.

RESUMEN

En este texto se pone en contexto el llamado proceso civilizatorio en la historiografía chihuahuense del siglo XX. Utilizando las posturas del sociólogo Norbert Elias dentro de su obra El proceso de la civilización, se pretende demostrar cómo las interpretaciones sobre la historia mexicana, y en particular de Chihuahua, operan bajo una estructura que manifiesta la confrontación entre la civilización y la barbarie. Las obras a estudiar son producciones intelectuales de principio y mediados de siglo que comparten elementos historiográficos que las hacen parecidas, a lo que bien podría responder a un modelo, tipología o herencia. A su vez, se quiere continuar la discusión académica propuesta por el historiador Luis Aboites en su artículo acerca de la historiografía de Fuentes Mares y el llamado personaje del “criollo chihuahuense,” cuyo origen podría encontrarse en el proceso de la civilización. Este artículo halla su pertinencia al poner en análisis algunas de las producciones intelectuales más notorias acerca del pasado que se escribieron a principio de siglo XX en Chihuahua

y encontrar relación y similitudes en obras y autores posteriores, tema poco trabajado.

Palabras clave: civilización, barbarie, modernización, proceso, historiografía.

The present text puts in context the civilization process in the chihuahuan historiography of nineteenth century. Using arguments by Norbert Elias and his book the The civilization process, pretends prove how the interpretation about mexican history, particularly from Chihuahua, works under a structure that show the confrontation between the civilization versus barbarism. The historical books to study are intellectual productions from early twenty century that share historiography elements that make them similar, which could well respond to a model, typology or inheritance. This text wants to continue the academic discussion proposed by the historian Luis Aboites in his article about the historiography of Fuentes Mares and the called character of the “criollo chihuahuense” whose origin could be found in the process of civilization. Finally, this article finds its relevance by putting into analysis some of the most notorious intellectual productions about the past that were written at the beginning of the nineteenth century in Chihuahua and finding a relationship and similarities in later works and authors.

La historia contemporánea de México ha sido objeto de diversas formas de interpretación, a pesar de la pluralidad de opiniones la mayoría concuerda que tras la independencia de España, surgieron diferentes proyectos políticos opuestos que encaminaron la naciente nación a la lucha armada. En gran parte del siglo XIX, li-

berales y conservadores mexicanos se empecinaron a ejecutar sus proyectos políticos, los cuales llevarían a varias guerras, entre las principales La Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. De estos últimos, el bando liberal salió triunfante, y desde entonces, se dedicó a implementar su proyecto modernizador con miras de civilizar la precaria nación mexicana.

El estudio del siglo XIX mexicano lleva irremediablemente a pensarlo como intrincado camino para alcanzar a las naciones más avanzadas del orbe civilizado. El proyecto liberal mexicano pretendía desde lo político, económico y social, establecer reformas que abrieran el paso a dicho objetivo. El historiador Xavier Guerra, en su libro Del antiguo régimen a la Revolución, escribió de un liberalismo modernizante a favor del fortalecimiento de un Estado democrático cuya base sería la creación del individuo y su propiedad, idea que se remonta hasta la constitución de Cádiz (Guerra, 1989: 302). Al igual, el historiador Guillermo Zermeño dentro de su reciente libro titulado Historias conceptuales argumenta que los liberales mexicanos apuntaban a modernizar y civilizar la nación mexicana, erradicando la antigua sociedad corporativista y estamental heredada de la colonia, e implantando el espécimen de los individuos políticos (ciudadanos) de los gobiernos representativos (Zermeño, 2017: 205). Ambos responden a una tradición historio-gráfica sólida y fundamentada que los hace coincidir.

Los citados textos abordan el problema de modernización mexicana desde una mirada a partir de lo nacional, o bien, centro de México. Ambas posturas son aceptadas por el medio académico contemporáneo y se tienen como modelos de interpretación. En ocasiones se parte desde ellas para iniciar un trabajo de investigación. Dicho esto, interesa saber aquí cómo el citado proceso modernizador del siglo XIX fue estudiado y abordado desde la perspectiva de algunos historiadores locales chihuahuenses del siglo XX, al analizarlos, se tratará de encontrar lo que comparten y tienen en común.

Para el caso de la región de Chihuahua, si bien la guerra contra los conservadores y el triunfo sobre ellos es un factor de importancia para discutir y democratizar la idea de modernidad y

civilidad para los intelectuales locales, se anticipa que la llamada Guerra contra los Bárbaros, acontecida a lo largo del siglo XIX, es un factor aún más determinante y endémico para pensar el proceso de modernización. El actual artículo expone el referido proceso en el Chihuahua decimonónico, trayendo al análisis las ideas del sociólogo Norbert Elias en su texto titulado El proceso civilizatorío. Con ello se busca demostrar la existencia del proceso, mismo que fue plasmado en los relatos históricos chihuahuenses de inicio del siglo XX, como una tipología trascendente de la historiografía local conformada por los binomios opuestos de “civilización” y “barbarie”.

Previas propuestas, tales como la del historiador Carlos J. Alonso y su artículo llamado “Civilización y Barbarie”, apuntan que la mencionada dicotomía forma la base argumentativa y narrativa de los relatos históricos hispanoamericanos, lo que sin duda las siguientes líneas reforzarán. Vistos desde algunos casos de estudios en Latinoamérica, los conceptos de “civilización” y “barbarie”, indica Alonso, se configuran como categorías fundamentales y totalizadoras de la realidad americana (Alonso, 1989: 256-257). La lucha entre ambas funciona como un tropo narrativo, cuya característica es que son inseparables y su confrontación gira hacia la supuesta supresión del otro. No obstante, ninguna puede existir sin la otra, ambas se complementan (Alonso, 1989: 261-262).

Para continuar, se considera que la teoría de Norbert Elias es muy conveniente para este trabajo de corte historiográfico. Esto, debido a que para Elias la idea de civilización es ante todo efecto de un proceso histórico. Gran parte de su obra intelectual pone en perspectiva los elementos psicológicos y sociales de la humanidad desde su genealogía y su respectivo desarrollo diacrónico. Dimensionar así la civilización, más allá de lo sincrónico, colabora a rastrear su expansión además de posibilitar plasmarla y argumentarla de forma histórica.

Los relatos sobre historia de Chihuahua acerca del siglo XIX en relación con las batallas entre liberales y conservadores y sobre todo contra los apaches, además de mostrar posicionamientos políticos distintos y antagónicos con los primeros (liberalismo contra conservadurismo), con los segundos se expone una confrontación directa entre naciones y formas de vida totalmente distintas (se-dentarismo contra nomadismo). También, ambos casos fueron causa de la manifestación física de un proceso de modernización.

El liberalismo mexicano dio el golpe final a su rival político con la derrota del Segundo Imperio Mexicano en la ciudad de Querétaro en el año de 1867. No obstante, el grupo de liberales chihuahuenses tuvo que hacerse cargo del problema regional de la apachería. Desde el fin del Virreinato de la Nueva España y la desaparición de los cuarteles fronterizos llamados presidios, el nomadismo de los grupos apaches se acrecentó, llevando como consecuencia a la confrontación armada y cuyo fin se lograría hasta la década de 1880 (León y González, 2000: 153).

La guerra contra los apaches fue entendida de la siguiente manera: en una esquina se tenía al mundo civilizado, mismo que en algún momento fue representado por el español, sus leyes e instituciones, aquellos que por medio del presidio y las pensiones semanales trataron de asentar al nómada: civilizarlo. Próximo y en el mismo lugar se tenía al mexicano decimonónico, quien en su intento por modernizarse vio en el nómada septentrional un gran impedimento para su empresa. La forma de vida del indio apache, en ojos del mexicano decimonónico, impedía la vida civilizada fundamentada en el trabajo y la paz. En la otra esquina se tenía al nómada, quien por su contraparte además de enemigo no pasaba de colocarse en la categoría de bárbaro. En pocas palabras, para el civilizado el apache era un ser vil e ignorante, entregado a sus pasiones y emociones, quien debido a su naturaleza precaria lo único que tenía por hacer era robar y matar. Poseedor de una forma de vida itinerante, fue muy renuente y desconfiado a los

intentos sistemáticos de sedentarización occidental. Palabras de los mexicanos del siglo XIX acerca de los apaches:

Es extraordinaria la velocidad con que huyen después de ejecutado un crecido robo, cuando regresan a su país, escalando montañas, atravesando desiertos sin agua y valiéndose de mil estratagemas para eludir los golpes de los ofendidos. A la larga distancia dejan siempre sobre sus huellas dos o tres indios en los caballos más ligeros, para que den oportuno aviso de los peligros. Cuando temen la persecución de fuerzas superiores, matan los animales que llevan y escapan en las mejores bestias, que últimamente viene a matar también en el caso de que los alcancen asegurando su vida en las asperezas y breñales de los montes. Si les persiguen fuerzas inferiores, las esperan en un desfiladero y cometen una segunda matanza (Herrera y Cicero, 1895: 59-60).

Al considerar la polaridad del ambiente en la zona norte de México: los binomios opuestos permitieron imponer un ambiente hostil y de guerra; unos se presentaban a sí mismos como civilizados y los otros eran presentados como cruentos, bárbaros y salvajes. Pero ¿qué es ser civilizado? ¿Qué diferencia hay entre la civilización y la barbarie? El sociólogo Norbert Elias, en su obra titulada El proceso de la civilización considera que la transformación y refinamiento de los modales y conductas del hombre europeo son consecuencia de un largo proceso histórico, aseverando como conclusión que la idea de civilizado y civilización es resultado de la autoconciencia de los pueblos europeos (Elias, 2016: 83). El comportarse e identificarse como un ser civilizado es actuar conforme a las formas y actitudes de las culturas francesa, inglesa o alemana, principalmente. La civilización y comportamiento civilizado es, como se dijo antes, un producto procesual e histórico propiamente europeo, no es natural, universal ni general. Se le deben a occidente las pautas que marcan la discrepancia entre el comportamiento civilizado o barbárico. Dentro de la obra es posible leer al respecto:

Pero si se trata de comprobar cuál es, en realidad, la función general que cumple el concepto de ‘civilización’ y cuál es la generalidad que se pretende designar con estas acciones y actitudes humanas al agruparlas bajo el término de ‘civilizadas’, llegamos a una conclusión muy simple: este concepto expresa la autoconciencia de occidente. También podría denominarse ‘conciencia nacional'. El concepto resume todo aquello que la sociedad occidental de los últimos dos o tres siglos cree llevar de ventaja a las sociedades anteriores o a las contemporáneas... el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas otras cosas (Elias, 2016: 83).

Entonces, civilización corresponde y refiere al proceso de refinamiento de los modales y conductas de los seres humanos a lo largo del paso del tiempo en un determinado punto sobre el globo terráqueo. Es el transitar de un estado primitivo e instintivo a uno más sofisticado y racional. Una actitud civilizada en una persona se manifiesta, según el trabajo de Elias, de formas tan sencillas como las que van desde la regulación de gestos corporales y de emociones, la forma de sentarse en un banco, reírse de tal o cual forma, hasta la manera en que se toman y utilizan los cubiertos en la mesa. El porte y uso de dichos signos sociales determinan qué grupo social, comunidad o persona es o no, civilizada.

La formación de los modales civilizados en el corazón de la cultura europea, requirió la construcción discursiva del comportamiento correcto y bien visto, recopilado en extensos manuales. Aludiendo al contenido de la investigación de Norbert Elias, uno de los textos más importantes que forjaron los modales de una persona civilizada fue De civilitate morum puerilium de Erasmo de Rotterdam, que según el sociólogo ha sido objeto de más de 130 ediciones (Elias, 2016: 131). La lectura del manual de Erasmo pretendía formar la actitud de los modales de los jóvenes nobles (Elias, 2016: 132). De tal manera que dicho texto y otros tantos pasaron a ser lectura obligada en los altos círculos sociales europeos, y desde ahí, permearon e influyeron a los miembros de los grupos estamentales inferiores.

Tales gestos corporales se complejizaron por medio del paso de las generaciones, las actitudes civilizadas fueron aceptadas en todos los estratos sociales occidentales. Se marcó la diferencia entre un ser civilizado y no civilizado. Como resultado de un proceso histórico de siglos, la civilización terminó por instaurar en el individuo y grupos sociales una rígida estructura de autorregulaciones de pasiones y emociones. Aquella persona que se decía civilizada en primer lugar era porque lograba controlar sus más naturales, viscerales y violentos sentires por medio de repulsiones, culpas y penas formadas socialmente (Elias, 2016: 541).

A la par, una sociedad que se tiene por civilizada es aquella cuya estructura ha alcanzado la formación de un Estado fuerte y altamente regulado por medio de instituciones que coaccionan y obligan a los individuos a autorregularse. Estas instituciones coercitivas (policía, ejército, guardias) poseen la capacidad y monopolio de la violencia para lograr el objetivo (Elias, 2016: 544). Un paso dentro del proceso de civilización se da cuando el individuo, debido a la complejidad de las relaciones sociales y de trabajo, renuncia a su derecho de protegerse y defenderse por sí mismo, y termina cediéndolo a la estructura que compone el Estado (Elias, 2016: 567).

Los argumentos de Elias en el caso del Chihuahua de finales del siglo XIX se observan, por ejemplo, en la existencia de un Estado mexicano, representado por el gobierno liberal y federal del centro del país; y desde la región, una elite liberal con modales occidentalizados que encabezaba el gobierno estatal. Este mismo Estado, con pretensiones civilizatorias, tenía a su disposición el monopolio de la violencia, personificado en los cuerpos militares destinados a combatir a los apaches. En los archivos relacionados con el tema de la guerra contra los nómadas, abundan las proclamas hechas por el gobierno del estado de Chihuahua, donde autoriza la organización de patrullas y la portación y uso de armas a los vecinos de los pueblos agraviados por la apachería, una de ellas fue la enviada a las autoridades del Carrizal en el año de 1870.¹ En

segundo lugar, se encontraban los grupos nómadas, definidos por su rebeldía y desconfianza ante las instituciones y cualidades de los grupos civilizados, con una forma de vida adquirida a través de un proceso de duración de siglos y endémica a la región donde habitaban.

En cuanto a las formas de vida de los dos grupos, se tenía por un lado al chihuahuense, individuo que pertenecía a una estructura social altamente segmentada y especializada a partir de sus actividades laborales, encabezada por una elite económica y política occidentalizada, cuyos miembros eran educados en los Estados Unidos o Europa (Guerra, 1988: 355); y por el otro lado, en cuanto al medio rural, se tenía a una comunidad de rancheros, quienes debido a la proximidad con la frontera de los Estados Unidos, interactuaban y adoptaban la cultura y forma de vida norteamericana (Dale, 2001: 148-149). La vida civilizada de dichos sujetos históricos: regulada, coercitiva, reflexiva y moldeada por medio del pudor, disgusto y la culpa, se vio claramente en conflicto con las costumbres de los nómadas. Vestidos con pieles, semidesnudos, viviendo en casas desmontables, cocinando y comiendo en la intemperie con el más mínimo grado de sofisticación y con el menor grado de recato en sus modales, a los ojos de los civilizados la vida nómada parecía despreciable y digna de animales salvajes.

Otro de los apoyos utilizados por la civilización occidental para distinguirse de la otredad, es el llamado uso de la racionalización del comportamiento. Esto se refiere a la autorregularización y limitación de la psique humana, es decir, que el sujeto antes de actuar considere a profundidad las consecuencias de sus actos. Bajo tal supuesto, una persona civilizada trata de poner sobre perspectiva cada decisión tomada y, ante una agresión o estímulo, reprende sus instintos e impulsos; tomará la vía de la reflexión, diálogo y conversación para solucionar cualquier tipo de disputa. Contraparte, un comportamiento barbárico se define por acciones impulsivas e instintivas que no contemplan sus efectos a largo plazo (Elias, 2016: 580).

Es posible discernir en los discursos oficiales del estado de Chihuahua y su elite gobernante, el recurso de justificar la con-

dición de barbarie en los indios nómadas por medio de la falta de racionalización en sus acciones. Para el chihuahuense decimonónico, el apache era un ser violento totalmente entregado a sus pasiones y que solo tenía por forma de vida asaltar y matar. La posibilidad de diálogo entre el mexicano y el nómada llegó al punto de ser inviable puesto que la naturaleza de los segundos era supuestamente primitiva y salvaje. Ante la adversidad, el mexicano vio el aniquilamiento como única posibilidad de solución al conflicto. Al no ser considerados seres pensantes y racionales, fueron reducidos al rango de bestias. Aquí pues, una nota del diario El Monitor Republicano del año de 1881 haciendo referencia

Los bárbaros.- Dice el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua: Se encuentran aún a las inmediaciones de Casas Grandes esperando que se les conceda la paz. Ni el gobierno ni el jefe de las fuerzas federales pueden creer en la buena fe de esas hordas de asesinos cuya perfidia es demasiado conocida. Por tal motivo, se han estado concentrado las fuerzas federales y las del estado en los puntos más convenientes...

Los rastros desoladores que han dejado los salvajes en nuestra frontera y en la de la nación vecina, los innumerables asesinatos, los incontables robos, todos esos numerosísimos y trágicos episodios que desde hace mucho riegan con sangre nuestra tierra y que han causado el abatimiento y la ruina del estado, demuestran de una manera azas evidente, la desoladora verdad de que esas tribus indomables tienen un natural instinto de sangre y de robo; contra el cual ha sido impotente la civilización, y que no queda más recurso para librarse de sus males, más que exterminarlos como a fieras salvajes o dispersarlos a mucha distancia los unos de los otros...³

Para Norbert Elias, durante el siglo XIX el proceso de la civilización tomó un curso interesante. El expansionismo europeo, por cada rincón del globo, utilizó el concepto de civilización como pretexto de sus aspiraciones colonialistas. Dicha tarea se logró a través de la coacción de instituciones complejas y de la estricta regulación del comportamiento, todo para trazar una línea entre ellos y la otredad barbárica; bajo esta distinción, lograban crear una supuesta inferioridad de los otros, imponiéndose por la ley del más fuerte (Elias, 2016: 559). El libro del proceso de la civilización acerca de la estrategia colonialista del siglo XIX:

La conciencia de la propia superioridad, la conciencia de esta ‘civilización’ sirve como justificación de la dominación que ahora van a ejercer cuando menos aquellas naciones que se han convertido en conquistadoras-colonizadoras y, con ello, en una especie de clase alta para una parte considerable del mundo extra-europeo (Elias, 2016: 129).

Entendido como un proceso finiquitado, los pueblos europeos se consideraron a sí mismos como transmisores de esa civilización a otros ubicados en un nivel inferior. Fue por medio de este discernimiento que surgió la acción emprendida en contra de los indios nómadas del norte del continente americano. La occidenta-lización del amerindio provocó la confrontación violenta y la resistencia a las formas de vida civilizadas. Los intentos por civilizar al nómada pueden ser rastreados a través del paso del tiempo, desde el español en el virreinato hasta el mexicano en gran parte del siglo XIX. Recelando a dicha occidentalización, el apache opuso una férrea resistencia en los ambientes naturales más hostiles de América; apegados a su inmemorial estilo de vida, se dedicaron a la caza, rapiña y saqueo de las propiedades de los sedentarios. En las páginas del libro Cinco ensayos sobre la cultura material de ranchero y medieros del noroeste de Chihuahua, publicado en el 2001, la historiadora Jane Dale Llyod, escribió:

3 HNDM “Los bárbaros”/28 de diciembre de 1881/ El Monitor Republicano. El documento puede ser consultado en línea: www.hndm.unam.mx Las cursivas son del autor.

El progreso' civilizador del europeo, y posteriormente del criollo, requería de la occidentalización del indio nómada, de su subordinación y su sedentarización. El nómada, empeñado en conservar su forma de vida trashumante, aprendió a vivir en los límites de la colonización. Desarrolló una extraordinaria habilidad para el saqueo furtivo y la rapiña, y se convirtió en el azote de la colonización norteña (Dale, 2001: 40).

La modernización del norte de México en el siglo XIX implicaba eliminar las posibles trabas para su plenitud. El enemigo bárbaro obstaculizaba los planes de la elite liberal con miras capitalistas asentada en los grandes centros urbanos pero con alta presencia económica en zonas rurales. A lo largo del noroeste de Chihuahua la familia Terrazas-Creel se hizo de productivas haciendas y tierras, las cuales debido a su ubicación fueron blanco del constante ataque de los apaches. El libro titulado Capitalistas, caciques y revolución del historiador Mark Wasserman menciona en variadas ocasiones el acaparamiento de tierras por parte de la elite chihuahuense. Según Wasserman, de 1870 a 1898 la familia Terrazas adquirió un aproximado de ocho haciendas en la región de Galeana, zona caracterizada por su alta actividad de apachería; entre las más redituables y famosas propiedades se encontraba la Hacienda del Carmen (Wasserman, 2003: 170).

En última instancia, el plan capitalista y liberal pretendía eliminar cualquier rastro del orden tradicional y colonial basado en los vínculos solidarios, familiares y compadrazgos (Guerra, 1988: 138). Era la implementación de un nuevo modelo económico basado en el individuo y su propiedad, dejando atrás elementos de una cultura heredada, tales fueron la tierra comunal, tribus indígenas, clanes y familias (Guerra, 1988: 153). Como producto acabado, la modernización intentaba trasladar una entidad —la comunidad norteña— de un punto de rezago fundamentado en la tradición y comunidad, a uno más sofisticado, basado en las formas de vida liberales y capitalistas alcanzadas por las naciones más avanzadas del mundo (Guerra, 1988: 302). Según el historiador Guillermo Zer-

meño, en el siglo XIX la civilidad empezó a ser entendida como un proceso. En sus palabras:

La civilización era un proceso que se podía acelerar o retardar. En Londres por ejemplo, un funcionario se preguntaba si era o no propio de la naturaleza humana que las civilizaciones, después de llegar a su cénit, pudieran luego descender ‘al ocaso de la indigencia y barbarie’ (Zermeño, 2017: 196).

Si por naciones desarrolladas en la época se entendían las potencias europeas (Francia, Inglaterra, Alemania) y los Estados Unidos de América, hay por tanto una pretensión del mexicano decimonónico por adoptar en totalidad la forma de vida occidental. Las características que posee esta manera de vivir implican, como lo argumentó Norbert Elias, en la segmentación y especia-lización rigurosa de la sociedad, el desarrollo de mecanismo de auto-coacción y formas muy específicas y refinadas del comportamiento del individuo en sociedad. Al considerar lo anterior es posible encontrar una clara y estrecha relación entre el proceso de modernización liberal mexicano y el proceso de civilización de occidente. Modernizar la nación mexicana era imitar a las naciones más avanzadas, por tanto, era adoptar la vida civilizada.

EL PROCESO CIVILIZATORIO Y SU PRESENCIA EN LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS ALBORES DEL SIGLO XX

Los textos sobre historia de Chihuahua elaborados en los inicios del siglo XX contienen la narración de un proceso inferido por sus autores, en ellos se muestra el andar de un colectivo entre etapas temporales. Ahí está narrado el paso de una época a otra, de lo antiguo a lo moderno; dentro está el proceso modernizador y civilizador de la región que se enfrentó a la barbarie.

Son tres reproducciones narrativas del pasado las que por el momento se trabajan. Los tres textos son producción intelectual de principios de siglo XX y encierran en sus palabras el imaginario de la época y las ideas de cómo fue el pasado que los condujo

justo al momento en el que vivían. Escritas a petición de la elite local en la primera década del siglo XX, son estas las Reseñas históricas del estado de Chihuahua (1905) de Ponce de León, El Álbum Directorio del estado de Chihuahua (1904) de Federico García y Alva y Las Memorias del Coronel Joaquín Terrazas (1905).

Los mencionados textos son entendidos como artefactos lite-rario-poéticos e ideológicos; un producto social y subjetivo. Adentrarse a sus características requiere identificar su lugar social de producción, esto último en el sentido más allegado a las posturas de Michel de Certeau y la llamada operación historiográfica (De Certeau, 2010: 68). Según De Certeau, todo historiador comienza su trabajo profesional desde un llamado lugar social, que resulta ser condiciones previas de carácter social, ideológico y estructural que motivan e influyen en el trabajo intelectual del autor. Además, existen otros factores que influyen en el resultado de la narración histórica muy a pesar de su compromiso epistemológico. Las condiciones que permiten el desarrollo de lo que De Certeau llama la operación historiográfica son, primero, las fuentes históricas y materia prima para la construcción del relato; segundo, las técnicas metodológicas y formas de trabajar, o en palabras que bien podrían ser de De Certeau, los saberes; por último, el francés identifica un elemento recóndito y oculto: la subjetividad del autor. Desde su punto de vista estos elementos son necesarios para el desarrollo del quehacer historiográfico. Un último factor que identifica Michel de Certeau, es el público a quien va dirigida la obra en cuestión. Para él, por ejemplo, la obra histórica crítica y académica tiene por destinatario no al público en general, sino a un selecto grupo de colegas, quienes monopolizan el saber historiográfico, además de ser estos quienes deciden si el mencionado texto cumple con los requerimientos necesarios para ser considerado aceptable. Existe pues un lugar de producción o enunciación y un público a quien se escribe.

Al contextualizar el origen de las obras de historia de Chihuahua en discusión, estas se pueden entender como el intento de las elites locales por generar una identidad estatal o regional por medio del pasado. A finales del siglo XIX y principios del XX,

en México, gobiernos y elites estatales y nacionales dieron a sus intelectuales la encomienda de obras históricas que rescataran el glorioso pasado de México. Cabe mencionar la monumental obra de México a través de los siglos, del liberal Vicente Riva Palacio. Su escritura resultó un encargo personal del presidente Manuel González al escritor Riva Palacio, la cual inicialmente buscaba tan solo rescatar los sucesos de la Guerra de Intervención de Estados Unidos hasta la Guerra de Reforma. Para el presidente, la escritura del texto pretendía ser, además de un esfuerzo intelectual para crear identidad nacional, un habilidoso movimiento para alejar a Riva Palacio de la política quien por entonces fungía como diputado federal (Cosío, 1999: 631). A pesar de los roces con Manuel González y las varias trabas puestas al coordinador de la obra, México a través de los siglos pudo ver la luz en el año de 1884. La narración no solo se limitó a lo ocurrido durante las guerras de intervenciones a mediados del siglo XIX, por el contrario, se consolidó como una extensa obra de cinco volúmenes que rescataba la historia de México comenzando por la época prehispánica (Cosío, 1999: 635). Como consecuencia, el texto de Riva Palacio se volvió en el relato de historia de México por excelencia, siendo además un símbolo de la identidad nacional.

Asimismo, en dicho contexto histórico, puede mencionarse a otro intelectual cuyas obras presentan paralelismos con lo realizado por los intelectuales chihuahuenses; nada menos que el positivista Justo Sierra. En el gran repertorio de sus obras, se dedicó a ensalzar el proyecto liberal decimonónico y la figura central del régimen en vigencia: Porfirio Díaz. Ejemplos evidentes pueden ser sus ensayos titulados La evolución política del pueblo mexicano y México, su evolución social, y cuyos escritos resguardan la figura del presidente Díaz como el caudillo de fuerte personalidad que pacificó el país y permitió su progreso gradual (Del Arenal, 2006: 36). No se puede dejar sin mencionar su célebre libro Juárez, su obra y su tiempo como respuesta a la polémica obra de Francisco Bulnes titulada El verdadero Juárez y la verdad sobre la Intervención y el Imperio, siendo el libro de Sierra una contestación del

liberalismo oficial, cuya meta era rescatar la imagen de una de las principales figuras ideológicas del porfiriato (Del Arenal, 2006: 38).

En cuanto a la producción de estas obras en lo regional, se cuenta con las Reseñas históricas del estado de Chihuahua escritas en el año de 1905 por el chihuahuense José María Ponce de León. Nacido en el mineral de Uruachi en 1878 y egresado de El Instituto Científico y Literario de la ciudad de Chihuahua, quien sirvió gran parte de su vida a la administración pública siendo secretario de gobierno. Su texto sobre la historia de Chihuahua en principio fue encomendado y financiado por el famoso miembro de la familia Terrazas-Creel, Enrique C. Creel, durante su administración como gobernador del estado de Chihuahua. Ante tales datos, es posible discernir la obra de Ponce de León como un producto por y para la elite local, escrito para complacerlos y su contenido intentó lograrlo.

El historiador Ponce de León recurrió principalmente a obras y documentos de naturaleza institucional para elaborar su obra. Citó fuentes como Las noticias de las misiones de P. Pascual, el Alzamiento de los indios tarahumaras, la Historia de la compañía de Jesús del P. Alegre, El Testimonio escrito por el P. (jesuíta) Guadalajara Tarder, el Informe sobre los presidios de la Nueva Vizcaya por Berroterán, la Crónica Zacatecana de Arlegui, la Historia y conquista de la provincia de la Nueva Vizacaya de Mota Padilla, el Diccionario geográfico de Pérez Hernández, The Northern Mexican State de Bancroft (Ponce de León, 1905: 4). Al mencionarlas, las catalogó como fuentes escritas por autoridades históricas de indiscutible peso.

Comenzar el análisis de su contenido advierte de inmediato el inicio de una serie de sucesos que se fundamentan en el antagonismo de dos partes, entendidas como el hombre blanco (civilización) y el indio bárbaro (barbarie). Desde el principio, el autor introduce al gran protagonista de la trama y su enemigo, quienes gracias a su confrontación dieron los sucesos a los que llamó historia de Chihuahua. No cabe duda de la influencia del contexto social e histórico en Ponce de León. Sus Reseñas... fueron escritas

aproximadamente veinte años después del fin de la guerra contra los bárbaros, y estos mismos dirigen en momentos su contenido.

El primero de los capítulos se llama “Los primeros habitantes”, y carece de una estructura narrativa; no hay acontecimientos que posibiliten otros y se releven unos a otros. La temporalidad queda ausente, no hay historia. Lo que el autor decide hacer en el capítulo es establecer las condiciones previas con las cuales tendrá que batir el protagonista de la narración, el principal de ellos será el indio bárbaro: la nación apache. Es este personaje el enemigo a vencer, el que siempre está presente e impide a toda costa el progreso de la región. Tras la llegada del hombre blanco a territorio que más adelante se conocerá como Chihuahua es cuando comienza su relato. Al describir al enemigo, Ponce de León no dudó en hacer referencia a su hostilidad, característica que desde mucho tiempo el chihuahuense colocó en el apache. Las nociones de barbarismo en los nómadas fueron escritas y presentadas de la siguiente forma en las Reseñas...:

Esta indomable raza hostilizaba no solo a los blancos, sino que se mantenía en lucha constante con los comanches y con todas las tribus vecinas que no hablaban su propio idioma, prolongándose semejante situación hasta que en sus últimas bandas expulsadas del territorio de Chihuahua, fueron acantonadas en las reservas norteamericanas, donde van lentamente desapareciendo (Ponce de León, 1905: 10).

Tras presentar la otredad enemiga, el relato continuó ahora introduciendo al protagonista. Como si se tratara de una epopeya, introdujo al hombre blanco en un lugar hostil y lleno de adversidades. Al continuar con su estilo, exalta al hombre blanco y su virtud al punto de novelizar su travesía. La presencia de este personaje en la obra permite, ahora sí, la existencia de una trama, cuya estructura se basa en la existencia de acontecimientos que se irán relevando uno tras otro, desde el inicio hasta el fin. En el libro de Ponce de León se lee lo siguiente:

El viaje a estos territorios del primer hombre blanco, es en verdad novelesco, relacionándose con los fabulosos relatos de Quivira de las ‘siete ciudadesque como un espejismo argentífero, atrajeron por

largos años la codicia de los conquistadores, que avanzaban hacia el Norte en busca de un ‘El Dorado’ maravilloso, que se desvanecía a medida que extendían las fronteras septentrionales de sus dominios (Ponce de León, 1905:13).

Las dos citas arriba muestran la existencia de dos personajes confrontados en lo que Ponce de León llama historia de Chihuahua. El indio bárbaro se muestra como un ente hostil y salvaje, cuya naturaleza lo conduce a un estado de guerra constante con sus demás vecinos. En su narración persiste el imaginario sobre el apache construido durante el siglo XIX, esto influyó y lo vuelve enemigo originario y persistente del hombre blanco a través del tiempo. El otro personaje debe de ser entendido como el europeo, cuya exploración del septentrión se debió en parte a la búsqueda de bienestar y riqueza. Es este sujeto la contraparte del bárbaro y portador del espíritu civilizado. Al realizar una genealogía, se identifica en el hombre blanco de Ponce de León al ancestro inmediato del chihuahuense de cambio de siglo. Como antecesor, también transfiere a su estirpe una tradición y cultura, encarnada en la sociedad chihuahuense y dirigida por la familia Terrazas -Creel. Ambos personajes, siempre confrontados, encontraron el desenlace a su rencilla durante la década de 1880 con el llamado fin de las guerras indias.

Los apartados que continúan hacen referencia a la colonización del norte americano y la fundación de misiones en los territorios descubiertos. En estas páginas se hace mención de las rebeliones indias, entre las más importantes la de Teporaca en 1645. La revuelta es atribuida a la opresión a la que estaban sometidos los indios por parte de las autoridades virreinales y a la condición natural de indomabilidad de los indios (Ponce de León, 1905: 18). Las características del relato histórico sugieren la persistencia de una trama antagónica y de confrontación, es dual y complementa

ría. La perdurable amenaza del mal de los salvajes aborígenes y la pugna con su adversario, el hombre blanco, entraman la historia.

El combate señalado, entre bárbaro y civilizado, según la visión de Ponce de León, lleva a un punto de ruina y devastación a la comarca en cuestión. No obstante, el triunfo de uno de los bandos hace posible el devenir histórico. El derramamiento de sangre permite pensar una nueva época o un nuevo capítulo; el proceso histórico no es posible sin ella. La imaginación histórica de Ponce de León organiza un relato antagónico, su obra dice:

A pesar de esto se logró en 1810 hacer las paces con los bárbaros gracias a las acertadas medidas que se tomaron para perseguirlos, gastándose fuertes sumas, y los apaches permanecieron sin inquietar a la provincia durante 20 años, hasta 1831, en cuya fecha sus nuevas correrías lanzaron a la ruina al ya independiente estado de Chihuahua (Ponce de León, 1905: 20).

La historia de Chihuahua, en Ponce de León, se basó en la construcción de una trama histórica dotada de elementos dramáticos que la complejizan en un alto grado. En este punto, no hay duda de la naturaleza ideológica y poética de la obra en análisis. Su estructura partió de una serie de situaciones inciertas que obstaculizaban el andar del proceso histórico en Chihuahua, las cuales debían ser encaradas por el protagonista y de ellas salir vencedor. En su conjunto, los capítulos presentan estos obstáculos para el protagonista de manera frecuente, y logran la conexión con otros bajo una narración lógica e inteligible.

Añadiendo a la interpretación de la obra su contenido y forma, resulta en la confrontación de fuerzas antagónicas. El largo combate inició con el colonizador europeo contra el bárbaro, siguió el insurgente contra el español, continuó con el mexicano contra el invasor norteamericano, y en sus últimas etapas, se enfrentó el liberal contra el conservador. Pero a pesar de que cada uno de los capítulos presenta a su respectivo enemigo a vencer, existe un mal perenne en la narración, a veces visto a simple vista, otras latente y oculto, resulta ser pues el denominado indio bárbaro.

Es este personaje el que habitó desde un tiempo inmemorial el territorio en cuestión y no pudo ser vencido sino hasta la década de 1880 por el chihuahuense decimonónico, dirigido este por una elite civilizada, liberal y de ascendencia blanca, arquetipo del héroe de la trama de Ponce de León.

Como fue dicho en párrafos superiores, la obra fue resultado de un encargo del propio gobernador Enrique C. Creel. Por ende, se puede inferir que hay un intento de su autor por complacer a su mecenas, que resultaba ser miembro de la familia más poderosa y adinerada del estado de Chihuahua, los Terrazas-Creel. Tanto fue el interés de escribir amable y delicadamente de sus patrocinadores, que en el capítulo número VI, titulado “La Reforma”, Ponce de León menciona los actos heroicos que Luis Terrazas dirige al confrontar la amenaza conservadora en Chihuahua con el inicio de la Guerra de los Tres Años. La batalla determinante de esta guerra para el autor fue la de la Labor de Terrazas, efectuada en el año de 1860, y donde el bando liberal triunfante era comandado por el Gral. Luis Terrazas. Los acontecimientos fueron narrados de esta manera en Las Reseñas:

El triunfo de la Labor fue decisivo, los conservadores no pudieron rehacerse y el partido del progreso se consolidó para siempre, debiéndose este resultado, como fue dicho en un impreso de aquella época al Sr. D. Luis Terrazas que en menos de quince días reunió la fuerza vencedora y se dio a conocer venciendo a la reacción como consta a todos los chihuahuenses que lo vieron entrar triunfante a la cabeza de los valientes ciudadanos que lo eligieron como jefe (Ponce de León, 1905: 416) (énfasis del autor).

Leer las citas hace evidente la postura política e ideológica que su autor tenía en un determinado momento. Hubo ciertas cargas estructurales y circunstanciales que lo llevaron a imaginar y tramar el pasado chihuahuense de la presente manera. En las últimas páginas continuó su escritura a favor de Luis Terrazas y su causa, también, argüyó sobre los esfuerzos que el estado de Chihuahua libró para vencer al conservadurismo y los méritos ad-

quiridos por la patriótica acción. Para Ponce de León (1905), no es posible imaginar la instauración de la república federal sin la labor heroica de los chihuahuenses; fue determinante para la construcción de su presente. En el texto se dice:

El estado de Chihuahua durante la guerra de Reforma fue el único que con sus propios recursos venció en su seno a la reacción que tan solo treinta días pudo dominar en su territorio y a pesar del aniquilamiento en el que se hallaba, por la terrible guerra con los bárbaros, pudo varias veces remitir artillería y pertrechos de guerra para auxiliar a los constitucionalistas de Nuevo León y Durango, y tropas suyas tomaron honrosa parte en el sitio y toma de Guadalajara, en Irapuato, Mazatlán, Poncitlán, Atenquique y Zacatecas (p. 417).

Ponce de León en esta última mención esclareció su visión acerca del Chihuahua del siglo XIX, su construcción del tiempo pasado, de una época anterior a la que vivió y en la que distinguió la existencia de un estado de aniquilamiento ocasionado por la guerra contra los bárbaros. Es aquí donde se observa el latente enemigo del chihuahuense que siempre de una u otra forma se manifiesta en la historia.

Al continuar con el análisis de las obras de comienzos del siglo XX, es necesario identificar el hito que pone fin a la época caótica y antigua y da paso, o posibilidad, a una nueva y moderna. Es entonces requisito desenmarañar de qué forma el proceso llevó a ese punto. Para tal cometido será utilizado el texto del intelectual Federico García y Alva titulado Álbum directorio del estado de Chihuahua, obra escrita y publicada en los años de 1903 a 1904, misma que fue una petición personal del oligarca Luis Terrazas para hacer promoción del estado de Chihuahua. No está de más decir que el Álbum directorio tuvo la intención de ser un panfleto de promoción ideológica de la familia Terrazas-Creel para difundir su idea de modernidad y civilidad de Chihuahua.

En sus páginas existe un apartado que tiene por nombre “El Chihuahua antiguo”. Resulta ser este capítulo una narración sobre lo que el autor considera los acontecimientos más trascendentales

de la historia regional. Se identificaron cinco eventos, el primero de ellos, la Independencia de México y el fusilamiento del cura Miguel Hidalgo; segundo, la Intervención francesa y la itinerante república juarista por el territorio estatal; tercero, el asesinato del liberal Donato Guerra; cuarto, la batalla de Tres Castillos; último, la rebelión de Tomochic. Lo característico de estos eventos incluidos en el apartado del Chihuahua antiguo, es que compartieron esta visión de un pasado caótico, repleto de obstáculos y adversidades, con enemigos a combatir por medio de acciones violentas y militares. Esa era la visión que se tenía en ese momento de lo que era el pasado de Chihuahua.

Al referirse en específico al combate de Tres Castillos y la guerra contra los bárbaros, Federico García y Alva comienza su relato con las hostilidades desarrolladas a mediados del siglo XVIII entre españoles y apaches. La visión de este pasado, de nuevo, refirió a una época violenta y de “desoladoras correrías que debían durar un siglo aniquilando a los habitantes de estas entonces desventuradas regiones” (García y Alva, 1904: 28). Con esto, una vez más se expone la construcción discursiva de un tiempo antiguo nefasto, donde la posibilidad de superarlo y entrar a una nueva etapa no podía ser posible hasta eliminar de una vez por todas al nómada, ya que este lo único que ocasionaba era arruinar propiedades e impedir todo progreso (García y Alva, 1904: 28).

En este proceso histórico y civilizatorio de la historia de Chihuahua, el apache fundamentalmente era determinado por su naturaleza vil y salvaje. En todas las construcciones narrativas del pasado se encuentra. Misma estructura discursiva sostiene el proceso civilizatorio y el ingreso a una nueva temporalidad. Para García y Alva (1904), la audacia maléfica de los apaches era tal que en algún momento:

Llegaron a urdir en esta capital una conspiración para exterminar a los blancos; pero fueron descubiertos por el capitán general Neve y ahorcados y descuartizados 24 de los principales cabecillas, sofocándose con tan violentas medidas el levantamiento que se preparaba (p. 28).

El año de 1880, y en particular la batalla de Tres Castillos, son para García y Alva los puntos cruciales en el desarrollo histórico de la región. El triunfo del coronel Joaquín Terrazas sobre el grupo apache al mando del jefe Victorio, marcó el hito y el comienzo de una época sin la cuota de sangre que por años se cobró a los habitantes del estado de Chihuahua. Ahí se encuentra el punto de quiebre temporal que distingue dos épocas; el chihuahuense terracista ubicó el comienzo de su época con el triunfo de la batalla de Tres Castillos. En palabras de Federico García y Alva (1904):

...las precauciones parecían inútiles y todos los esfuerzos infructuosos, recorriendo el más temible de los jefes indios, el famoso Victorio, la región boreal de Chihuahua señalando su paso con el incendio, el pillaje y la matanza, escapando a la incesante persecución del más activo, valeroso y conocedor de los jefes que han hecho la guerra a los bárbaros: el coronel Joaquín Terrazas, que por fin logró en “Tres Castillos” (Distrito Bravos) exterminar a Victorio y a su gavilla obteniendo el triunfo que no consiguieron los soldados de la Unión Americana con cuantiosos elementos, y de tal trascendencia que marcó el hasta aquí a las invasiones y libertó a Chihuahua del tributo de sangre y de riqueza que pagaba a los insaciables enemigos de la raza blanca (p. 29) (énfasis del autor).

Hasta el momento, Tres Castillos resultó ser el acontecimiento que segmentó el devenir histórico. Es la medida con la que las narraciones históricas de la época se configuraron y el sentido de las mismas no pueden entenderse sin él. Pero no solo esta obra dota de un significado trascendental al combate pues, al igual que esta, el texto titulado Guerra contra los apaches. Las memorias del coronel Joaquín Terrazas argumenta que el combate trajo consigo una experiencia novedosa.

Este libro, al igual que los otros dos, se publicó en el periodo terracista, en el año 1905. A grandes rasgos, contiene el recuerdo de las vivencias del coronel al mando de las campañas militares contra los bárbaros. Pero más allá del ejercicio memorístico de Joaquín Terrazas, el valor del documento recae en la valorización

que los editores hicieron de las acciones del militar. En su prólogo se hizo mención de lo importante que fue su esfuerzo por combatir a los indios nómadas, y que por tanto, los niños y futuras generaciones debían conocer al hombre que instauró el tiempo próspero y progresivo en el que vivieron. Al respecto, los editores dijeron en el año de 1905:

Los niños hoy, los niños de mañana, los hombres pacíficos dedicados al trabajo que ha de transformar y defender a nuestra Patria, haciéndola próspera, deben saber a quiénes deben la paz, quiénes hicieron posible el progreso (Terrazas, 1906: 11).

La cita superior refleja la idea compartida de la época; los logros del coronel Terrazas y sus aliados, sus triunfos sobre los conservadores, franceses y apaches hicieron posible el proceso civili-zatorio. El Chihuahua de la época pasada fue descrito en la obra como un lugar aislado y lejano del centro político, siendo flagelado en cada momento por el azote del bárbaro. También hay espacio en el texto para exacerbar el orgullo regional, asegurándose que si los chihuahuenses triunfaron sobre los nómadas, fue gracias solo a la voluntad heroica de los habitantes del estado y no al apoyo de la federación. Puesto que resulta fundamental para el argumento, se coloca esta cita acerca la época superada:

Chihuahua, aislado del centro del país durante tantos años, con tantas dificultades para comunicarse con el resto de la federación, sufriendo el flagelo constante de una raza salvaje que impedía el progreso, y recibiendo perjuicios más bien que beneficios con su dependencia del Gobierno Federal, ha dado mayores pruebas, de patriotismo, ha hecho mayores esfuerzos por salvar a la unión, que muchos otros estados centrales, en que no había esas dificultades para recibir los beneficios del centro ni esas circunstancias para sufrir más reveses.

Las Memorias del coronel Terrazas pretendieron ser para sus editores la muestra fehaciente de que se había superado una épo-

ca e ingresado a otra. La construcción discursiva del tiempo se presenta en más de una ocasión, ya que la historia regional, según ellos, se dividió en dos épocas y cuya conexión entre ambas era el chihuahuense de cambio de siglo (Terrazas, 1906: 12). En sus últimas páginas, el libro rinde un homenaje a Terrazas donde se asegura que si la civilización se instauró en Chihuahua fue gracias a él. Los últimos párrafos dicen:

Hubiéramos querido que aquel viejo venerable llevara sobre su frente un letrero que dijera: ‘yo soy Joaquín Terrazas. Yo he gastado mi vida abriéndole el camino a la civilización. Por mí hay ferrocarriles’ (Terrazas, 1906: 164).

Las tres interpretaciones narrativas del pasado antes referen-ciadas son frascos en cuyo interior se vaciaron los valores ideológicos de los sujetos que las escribieron. Las obras preservan un aura que transmite los sentires y la atmósfera del tiempo en que fueron redactadas. En su análisis comparten tipologías que las vuelven muy similares entre sí: fueron escritas en la misma época y en los mismos años, estuvieron estrechamente relacionadas a la familia oligarca Terrazas-Creel y su estructura configura los eventos del pasado bajo la misma coherencia.

En cuanto a sus contenidos, se presenta la historia y el proceso histórico regional en función del proceso civilizatorio, representado entre la civilización y la barbarie. El triunfo de la civilización sobre el bárbaro marcó un parteaguas en el devenir del tiempo, asegurando la existencia de varias épocas y justificando el presente que vivieron los autores.

El tiempo desde ellas se configura de manera experiencial. Los sucesos vividos en la guerra contra los nómadas sirvieron como justificaciones para moldear el tiempo de cierta manera. Es así que el tiempo se presenta como una construcción social, con tem-poralización, segmentación o división. La batalla de Tres Castillos y el triunfo del civilizado sobre el bárbaro sirvió como un punto de referencia temporal para indicar un cambio en la experiencia que el tiempo daba a los individuos.

Al sumar valor a tales interpretaciones del pasado, se encuentra también el desarrollo del proceso civilizatorio. Los relatos en su conjunto muestran las calamidades que la instauración de la civilización, traída en principio por el hombre blanco y continuada por el chihuahuense decimonónico, enfrentó al verse en una región inhóspita habitada por los nómadas. El apache dentro de las tramas fue dotado de cualidades animales y así fue convertido en el enemigo del hombre civilizado, a la cual se le debía de combatir en diferentes etapas del proceso.

EL PROCESO CIVILIZATORIO EN EL “CRIOLLO” DE FUENTES MARES, SEGÚN LUIS ABOITES

El proceso civilizatorio en la historiografía de Chihuahua se presenta como una especie de tipología compartida en las obras históricas de la primera mitad del siglo XX. En el apartado anterior se expone que las visiones escritas en los albores del siglo pasado se construyeron a partir de la estructura de la supuesta lucha de la civilización contra la barbarie, y cuyas formas parecen perpetuarse en autores de la mitad del mismo siglo. En su afamado artículo “José Fuentes Mares y la historiografía del norte de México. Una aproximación desde Chihuahua (1950-1957)”, Luis Aboites identifica los elementos más característicos de dicha forma de escritura de la historia. Entre ellos resalta la idea del desierto como escenario principal de la historia chihuahuense, y factor determinante de la idiosincrasia regional. No obstante, el elemento del desierto en los relatos antes revisados no juega un papel de importancia, casi no es mencionado. En todo caso, lo que sí es observable es el recurso de escribir sobre la lejanía de Chihuahua en relación con el centro país.

Otro elemento clave de la historiografía de Fuentes Mares, según Aboites, es el llamado personaje del criollo chihuahuense. En el texto puede leerse acerca del papel que juega la supuesta ausencia de mestizaje de la población de Chihuahua argumentada por Fuentes Mares en sus obras. El criollo plenamente relacionado a un origen español y una tradición occidental, es el factor que

construye el norte progresista e industrial de Fuentes Mares. El artículo dice:

Un rasgo que retoma Fuentes Mares para argumentar sobre las singularidades del país llamado Chihuahua es la población. En este caso el argumento más nítido: la población Chihuahuense es distinta a la de otros lados porque es esencialmente criolla (Aboites, 2000: 482).

La postura historiográfica de Fuentes Mares es cuestionada por Aboites en su texto, aludiendo al trabajo de historia demográfica y buscando respuestas en ella. A pesar de esto, es claro que “el criollo” de Fuentes Mares responde a su declarada hispanofilia y catolicismo. En diferentes escritos José Fuentes Mares expresó su apreciado hispanismo y su pensamiento religioso como categorías de análisis, solo es necesario mencionar el inicio de su tesis doctoral publicada bajo el nombre de Kant y la evolución de la conciencia socio-política moderna, donde elaboró una crítica al pensamiento kantiano desde una visión hispánica y católica, lugar social e histórico que denunció desde el principio de su libro (Fuentes, 2000: 6).

La civilización para Fuentes Mares se representa entonces por el avance del espíritu hispano por América; su conquista y el aglu-tinamiento de diferentes pueblos indígenas en una sola cultura. Parafraseando el texto del filósofo Jorge Ordóñez Burgos acerca del pensamiento filosófico sobre la historia en Fuentes Mares, la civilización occidental representada por España, adentró a la América indígena en el devenir civilizatorio (Ordóñez, 2019: 162). Pensado por Fuentes Mares como un proceso un tanto distinto al anglosajón o germánico, no lo es para Norbert Elias, ya que el proceso civilizatorio responde a un mismo origen histórico y geográfico. Recordando líneas superiores, la idea de civilización surge en las cortes europeas, y de ahí fue replicada en diferentes sociedades.

Ahora, visto como un rasgo compartido o heredado por la historiografía de Chihuahua, la lucha entre civilización contra la barbarie se mantiene constante en los relatos históricos del siglo

XX. Occidente, representado por el español conquistador, o bien, el hombre blanco, llega a tierras hostiles y barbáricas en pos de civilizarlas. Al respecto, solo basta la comparativa entre el texto de Ponce de León escrito en el año de 1905 y el libro Monterrey... de José Fuentes Mares, escrito en 1976. Ambos comienzan de una forma muy similar: el hombre blanco llegando al norte de México en busca de riquezas y gloria. Casi como si se hubiese copiado de la obra de Ponce de León, Fuentes Mares (1976) en Monterrey inicia:

Solo el afán de gloria para su nombres y su fortuna para su casa pudo empujar al hombre blanco por este mundo de tribus belicosas, climas extremados y relices que dibujan sus crestas entre el cielo y los tostados pastizales. Solo un corazón denodado pudo inducirle al cuantioso certamen de aventuras sin paralelo, a un Ponce de León que persigue la Fuente de la Juventud, el más codiciado de los tesoros; a un Vazquez de Coronado que encuentra en el Gran Cañón mientras busca las Siete Ciudades 9).

Al continuar con el análisis hecho por Luis Aboites a la obra de Fuentes Mares, también es observable la constancia del proceso civilizatorio en la historiografía del siglo XX. La observación da lugar a conjeturar si el interpretar de tal forma el proceso civilizatorio de Chihuahua responde a un modelo heredado, donde particularmente, el antagonismo se presenta entre el nómada (barbárico) y el hombre blanco o criollo (civilizado) más que la fórmula presentada entre el liberal mexicano (civilizado) contra el conservador (barbárico) en las interpretaciones del centro del país. Dicha postura da pie a seguir pensando el desarrollo de una historiografía que propone un distanciamiento o una identidad particular del norte de México con respecto al sur-centro en Fuentes Mares y que Aboites identifica. Acerca del combate entre el civilizado y el bárbaro en Chihuahua en la historiografía de Fuentes Mares, dice Aboites (2000):

Tal elemento es el carácter épico de la historia local, el de la lucha contra el desierto y contra la barbarie; la lucha del blanco ‘civilizado’ contra la crueldad de los indios ‘salvajes’ pero también -y esto es muy importante- contra el ‘centro’ y ‘sur’ del país (p. 486).

Escribir la historia de tal forma, es interpretado por Luis Aboites como un modelo de la elite local, en donde se ensalzan los logros del Chihuahuense emprendedor que llega a batallar a una tierra hostil en todo sentido. Tal estilo de escritura de Fuentes Mares lo lleva también a enfrentarse intelectualmente con otro conocido historiador chihuahuense, Francisco R. Almada, quien a diferencia del primero, optó por una forma de escritura de la historia “oficialista” carente del elogio a las elites y donde se buscaban las similitudes entre norte y centro del país, más que las diferencias (Aboites, 2000: 503).

La confrontación intelectual entre ambos recayó sobre todo en la interpretación y valorización de algunos de los personajes más trascendentales de la historia local. Luis Terrazas, Ángel Trías y Benito Juárez fueron objeto de análisis para ambos historiadores. El elogio a Luis Terrazas por Fuentes Mares fue duramente criticado por Almada, acusándolo de omisiones. Almada publicó obras que, por la contra, rescataban las acciones realizadas por liberales como Ángel Trías y defendían la figura del “indio” Juárez de la crítica hispanofílica de Fuentes Mares. Las posturas historiográficas de ambos responden, en la opinión de Aboites, al origen de las mismas, la de Fuentes Mares es la historia criolla relacionada al patrocinio de los grandes capitalistas y la segunda es la historia oficial de los gobiernos posrevolucionarios (Aboites, 2000: 498-501).

En lo que respecta al proceso civilizatorio en la historiografía de Fuentes Mares, es válido entenderlo como una tipología heredada, presente desde los autores chihuahuenses de principio del siglo XX y obviamente también resultado de su orgullosa hispano-filia. También parece ser una de las formas utilizadas por lo que Aboites llama “la historia de las elites”. El elemento se presenta en la historiografía de Fuentes Mares y en obras de principio del siglo XX tales como la de Ponce de León y la de Federico García y Alva.

Comparten las tres que fueron solicitudes de las elites en sus respectivos momentos. Asimismo, otro de los elementos compartidos es la relevancia que juega la lucha del civilizado contra la barbarie. Parece ser tan importante que el mismo Fuentes Mares en su libro Y México se refugió en el desierto escribió que la batalla de Tres Castillos era el punto final del capítulo más importante de la historia del norte de México: las guerras indias (Fuentes, 1953: 154).

Del presente escrito surgen las siguientes aseveraciones. La primera es sin duda la forma en que el proceso civilizatorio es interpretado en parte de la historiografía chihuahuense. Ante todo, opera bajo la estructura de civilización enfrentando a la barbarie, personificadas la primera en el hombre blanco occidental y la segunda en el amerindio nómada. La estructura observada en las obras de inicios del siglo XX trasciende y se presenta en José Fuentes Mares, autor chihuahuense de mediados de siglo.

Es muy probable que dicha visión de la historia chihuahuense responda, tal como lo menciona Luis Aboites en su artículo, a una especie de tipología propia de la historiografía de la elite regional. Tanto los trabajos de Fuentes Mares como los de Ponce de León y García Alva fueron encargos de los grupos dominantes en sus respectivos momentos. Asimismo, la llamada operación historio-gráfica de Michel de Certeau abogaría por deducir lo mismo, ya que propone la existencia de un “lugar social” desde donde el historiador escribe sus textos.

Otra de las aseveraciones es la similitud de valorizaciones hechas sobre el pasado. Para evitar el juicio de un trabajo simplista o tendencioso se recurrió al estudio de diferentes obras, donde fue posible seguir la presencia de elementos compartidos. De entre ellos resaltan el triunfo de los chihuahuenses sobre los nómadas en la década de 1880, y sobre todo, cómo la batalla de Tres Castillos significó la pauta para distinguir un antes y un después. Es luego de estos sucesos, según los textos revisados, que fue posible

hablar y pensar acerca de civilización y civilidad en las regiones chihuahuenses.

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The purpose of this work is to analyze the transformation of the operation of the JFMM that, from being agencies focused on the introduction of public services in border cities, became institutions dedicated to the ordering of urban space with the impulse of preparing regulatory planes. In particular, the presence and impact of the JFMM in the introduction of public services and infrastructure and in the institutionalization of urban planning in Ciudad Juárez are studied. To search for information, we worked on the review of historical archives and newspaper.

La intervención de las instituciones del ámbito federal o estatal en los municipios fronterizos tiene su origen y disquisición en el proyecto económico federal.² La concentración de la recaudación fiscal y su partición selectiva permitió a los presidentes de la república erigir instancias responsables de la creación y financia-miento de servicios y obra pública que los municipios no estaban en condiciones de proveer (Astudillo, 2001: 17). Este hecho, a mediano y largo plazo provocó una dependencia económica de los municipios de la inversión de instituciones como la Junta Federal de Mejoras Materiales (JFMM), Banco Nacional de Obras, Secretaría de Patrimonio Nacional (Sepanal), Programa Nacional Fronterizo (Pronaf), Programa de Industrialización Fronterizo (PIF),

2 La idea de un poder central con facultades para delimitar fuentes fiscales y mecanismos recaudatorios tiene sus antecedentes en la primera década del siglo XX. En 1861, por decreto se creó la aportación individual de los estados para el sostenimiento del poder público de la federación. Armando Servín (1956). Las finanzas públicas locales durante los últimos 50 años, SHCP, México, p. 36. (Serie de trabajos monográficos de la Dirección General de Estudios Hacendarios). Para financiar las obras en los puertos fronterizos, se cobró el 2% de impuesto sobre los derechos de importación desde 1881. Decreto de 28 de mayo de 1881 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

etcétera, y proyectos de inversión de la federación y, desde luego, al gobierno federal le permitió mayor control político en los estados y municipios del país.

Las JFMM funcionaron desde 1924, por decreto del presidente Alvaro Obregón, como un organismo descentralizado; se establecieron en ciudades fronterizas y con puertos marítimos, dependientes de la Secretaría de Bienes Nacionales (SBN). Su actividad principal era administrar los fondos que se recaudaban en las aduanas por concepto de impuestos —del 2% por importación de productos y 3% por pago de exportación— y verificar que se invirtieran en obras para los municipios.² Esta práctica, sin duda, redujo la autonomía de los ayuntamientos que ni siquiera decidían qué obra se requería.

Como parte de la política centralista, en el transcurso de poco más de cinco décadas, las JFMM de las diferentes ciudades fronterizas adquirieron mayor preeminencia y se convirtieron en organismos eficaces para el control y asignación de los recursos federales en servicios públicos, asistenciales y de infraestructura en los municipios. Durante el gobierno de Miguel Alemán, cuando las ciudades estaban en pleno crecimiento demográfico, a las diferentes JFMM se les asignó personalidad jurídica y patrimonio propio. También fungieron como proveedoras, organizadoras, reguladoras y planificadoras de las ciudades.

Con las reformas también se intentó reducir el control político de algunos grupos que ya estaban afianzados; por ejemplo, para el caso de las JFMM de las ciudades fronterizas del norte y del sur, la Secretaría se encargó de quitarles representación a los administradores de las aduanas, quienes de manera tradicional habían

ocupado la presidencia de las juntas. De igual forma se buscó integrar a los diversos grupos de la SBN, Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) y de la Unidad de Salubridad y Asistencia, el presidente municipal, un miembro de alguna asociación de empresarios y otro en representación de los propietarios de predios urbanos y semiurbanos.

Así, desde finales de la década de los 50, se pretendió que las JFMM desempeñaran como función principal la creación de proyectos generales de obra pública para las ciudades fronterizas, aunque hechos en el centro del país, con los lineamientos establecidos en los planos reguladores. Cabe aclarar que no todas las juntas dispusieron de manera inmediata de un plan o estudio de crecimiento urbano.

En 1958, con las reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, la SBN fue reemplazada por la Sepanal, misma que absorbió el control de la organización, reglamentación y vigilancia de las JFMM. A partir de entonces, esta intervino en la organización de las funciones de la Dirección General de las JFMM, en el control central de los ingresos, de todas las inversiones en obra pública y en la coordinación de la elaboración de los planos reguladores de las ciudades fronterizas.⁴

La Sepanal, en un intento por disuadir las críticas hacia las juntas y a la imposición de planos reguladores como ordenadores de las ciudades, recomendó que en el análisis de la problemática local, y para la elaboración de estudios de factibilidad técnica y presupuestal, se integraran a los equipos de trabajo y de asesoría a profesionistas y miembros de los diversos sectores productivos, políticos y sociales de las localidades fronterizas. También hubo críticas por la asignación selectiva de las obras a empresas de la capital del país. Hay referencias periodísticas de la molestia de

4 La Sepanal estableció un catálogo y un instructivo para el manejo de cifras preliminares. Véase Seatiel Alatriste. 1964. “Control y vigilancia externa de la Secretaría de Patrimonio Nacional en las JFMM” en Normas, métodos y realizaciones en la urbanificación de las ciudades fronterizas y portuarias durante el gobierno de Adolfo López Mateos, México, Sepanal. En diciembre de 1958 cuando el Congreso de la Unión aprobó la Nueva Ley de Secretarías de Estado se creó la Sepanal, misma que se encargaría del control de la operación administrativa y financiera de los organismos políticos descentralizados.

contratistas y constructoras locales que se sentían desplazadas, y acusaban que la mayor parte de las obras era concedida a grandes empresas nacionales, pero ahí no hubo cambios.

La Sepanal también tuvo la pretensión, y en algunos casos se logró, que el documento final emanara de los gobiernos e instituciones municipales para que tuviese consenso y se convirtiera en el eje o por lo menos el referente del ordenamiento de las ciudades. En 1978 con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano se empezó a normar la creación de planes estatales y locales y los planos reguladores constituyeron la base de los nuevos estudios.

Con respecto al trabajo que realizó la JFMM en Ciudad Juárez, se conoce poco de la obra pública que se ejecutó en las primeras décadas de su formación,³ pero se puede afirmar que tuvo un propósito funcional que obedeció más a los requerimientos inmediatos, consensuados en las reuniones periódicas de la propia institución, que a la planeación del crecimiento de la ciudad en cuatro rubros prioritarios: 1) introducción de agua y drenaje; 2) construcción y reparación de edificios escolares; 3) apertura, prolongación y ensanche de vialidades; 4) edificación de edificios públicos.⁴

Desde su creación, los diversos presidentes de la JFMM mantuvieron una relación sin conflicto con los diferentes alcaldes y los líderes de organismos empresariales y gremiales de la ciudad. Al parecer no hubo mayor problema por las decisiones acerca de la asignación de presupuesto y obras a desarrollar, estas se toma-

ban en colectivo con el voto de cada uno de los miembros y se sometían a aprobación de la federación a través de la SBN o de la Sepanal.⁵

El explosivo crecimiento urbano y demográfico en las ciudades de frontera generó un déficit de servicios públicos, infraestructura, vivienda y servicios de salud que obligó al gobierno federal a destinarles recursos económicos para tratar de aminorar los problemas generados por la migración y el desempleo.⁶ Entre 1942 y 1964, tiempo en que permaneció vigente el Programa Bracero, pasaron por las ciudades fronterizas cerca de cinco millones de inmigrantes y una parte de estos se quedó en las ciudades del norte (Durand, 2007). En el listado de obras que realizó la JFMM y en las notas de periódico se puede observar que se dio prioridad a colonias antiguas como la Hidalgo,⁷ Libertad, Industrial-Tepeyac, Francisco I. Madero, etcétera, y dejó de lado a las de la periferia que eran de “reciente creación” y que por su distancia y terreno accidentado los costos de introducción de servicios eran mayores.

La JFMM invirtió 5 millones de pesos en una de las obras más necesarias para la ciudad al crear pozos, redes de agua y alcantarillado en distintos rumbos de la ciudad. En un primer momento, las obras para la introducción de agua se hicieron sobre suelo plano y en colonias antiguas que se fundaron en las primeras décadas del siglo XX, pero el incremento en la demanda de líquido provocó que la cobertura del servicio se expandiera hacia áreas que habían quedado fuera de proyectos anteriores por las

características del terreno, falta de recursos o simplemente por la preferencia de quienes ejercían la administración.

Mientras se concluía la extensión de la dotación de agua, y como una forma de garantizar la cobertura del servicio, el gobierno del estado, la JFMM y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) acordaron instalar llaves públicas. El servicio de alcantarillado también se amplió hacia áreas de la ciudad que nunca habían sido contempladas para su cobertura. Por ejemplo, sobre el lomerío del poniente, en la zona inmediata al centro, en las colonias Obrera y Chihuahua aun cuando las condiciones topográficas exigieron cavar zanjas de hasta cuatro metros de profundidad.

En 1952, el organismo, presidido por Rubén Castro, además de promover la construcción e introducción de obra pública en los rubros ya señalados, empezó los estudios previos de fotogrametría para realizar tomas fotográficas aéreas de la ciudad, con las que más tarde se elaboró el plano regulador de la ciudad.

Después de varias décadas de funcionamiento y de trabajo coordinado entre la JFMM, el ayuntamiento y organismos empresariales, empezaron a mostrarse las divergencias y pérdida de control.^{8 9 10} El presupuesto de la junta era exiguo, solo se alcanzaba a pagar una parte de los requerimientos de una urbe en expansión, que respondía a lo inmediato y sin un plan de obra pública a largo plazo. La JFMM se sometió al consenso interno y a las órdenes del gobierno federal, pero esta situación se modificó cuando los empresarios organizados en un grupo con intereses definidos y con un proyecto económico propio, quisieron intervenir en el tipo, localización y asignación de obra pública.

En 1954 empezaron a suscitarse y hacerse públicas algunas diferencias entre el presidente de la JFMM de Ciudad Juárez y los organismos empresariales locales. La Canaco aprovechó la visita del funcionario de la SBN, José López Lira, quien llegó a la ciudad

10 Por ejemplo, cuando la junta construyó dos mercados —en las colonias Chaveña e Hidalgo— el ayuntamiento se negó a recibir los inmuebles y la administración de estos por el alto costo de su mantenimiento. Del mismo modo, cuando la JFMM realizó excavaciones para tender las líneas del drenaje sobre la calle 18 de marzo, lo hizo sobre calles recién pavimentadas en una obra que había sido autorizada por la Dirección de Obras Públicas. El Fronterizo, 13 de febrero de 1958.

para inspeccionar las obras concluidas por la junta, y programar la del siguiente año, y publicó un desplegado en el periódico local, firmado por distintas organizaciones en el que solicitaban “su valioso apoyo” para resolver los viejos y graves problemas de la ciudad, que desde el punto de vista de los empresarios no estaban incluidos en la agenda de trabajo de la junta de ese año.¹¹

Casi tres meses después de la inserción periodística, se sustituyó al presidente de la junta Carlos Real Jr. por el ingeniero Juan Bravo, quien solo permaneció algunos meses, luego asumió el cargo de manera interina el profesor Baudelio Pérez. Meses más tarde, en noviembre de este mismo año, se volvió a cambiar de presidente y se asignó al licenciado Santos Cantú S.¹⁰ En 1955, las JFMM de las diferentes ciudades recibieron los recursos de manera tardía, ya que la Comisión Nacional de Inversiones prorrogó la aprobación de las obras de las diversas dependencias del ejecutivo.¹³ Fue hasta finales de año que la JFMM de la ciudad volvió a trabajar con regularidad. Al asumir el cargo Santos Cantú convocó a los sectores “activos” a realizar sugerencias para integrar un plan de obras y trabajar de manera coordinada, “para que previa vigilancia se realice todo aquello que sea realmente útil”. Además, se asumió partidario del impulso de la planificación de la ciudad.¹⁴

Por su parte, los voceros de la Canaco, para medir fuerza, respondieron que hasta ese momento la JFMM solo se había encargado de realizar obras de manera errónea y sostuvieron que nunca se consideró su opinión y que el presidente de la junta tomó las decisiones de manera unilateral. También exigían que el programa de obras fuera sometido a consideración de los integrantes del organismo, y que los contratos de obra se adjudicaran “previa

11 Desplegado firmado por la Canaco, Canacintra, Sindicatos de trabajadores de Hacienda (sección regional), LMOP, sección 44, CROC, CTM, Club de Leones de Ciudad Juárez, Club de Rotarlos, CNOP, Club 20-30, y JCMMCM. El Fronterizo, 11 de diciembre de 1954.

13 El Fronterizo, 23 de febrero de 1955. Un año después se vuelve a informar a la JFMM que está sin aprobar el plan de trabajo para 1956, y que la situación es la misma en todas las juntas que existen en la república mexicana. El Mexicano, 26 de enero de 1956.

convocatoria para que participen los constructores avecindados en esta población, presentándose presupuestos y garantías y no concediéndose los contratos únicamente por simpatía”.¹¹ Los empresarios, en su crítica a la JFMM, contaron con el apoyo de las Juntas Cívicas de Mejoramiento Moral Cívico y Material (JMMCM) para solicitar al presidente de la república que interviniera en resolver el problema de tránsito en el centro de la ciudad que provocaba las vías del ferrocarril. El año siguiente, 1956, tampoco fue el mejor momento de la JFMM, en el primer trimestre del año se encontraba sumida en la más completa inactividad, sin recursos para realizar obra pública.¹²

El conflicto entre la JFMM y los empresarios se debió a discrepancias sobre las prioridades y, por tanto, del tipo de obra a desarrollar. Pero es muy probable que este se haya agudizado al no ponerse de acuerdo al elegir la ubicación de la zona industrial. La JFMM eligió un área para ubicar la zona industrial distinta a la seleccionada por los empresarios.¹³ Mientras la JFMM había impulsado la creación de puentes para resolver la obstrucción de comunicación vial y mejorar el tránsito local, los empresarios, desde principios de siglo, seguían solicitando el cambio de las vías del ferrocarril de carga y de pasajeros.^{14 15}

Para 1957, las JFMM, se habían vuelto casi inoperantes, pero en un intento de mantener control en los municipios, el gobier-

no federal, al mando de Adolfo Ruiz Cortines, decretó que se les autorizara un presupuesto extraordinario proveniente de la recaudación del 10% de impuesto por concepto de regularización de automóviles en las ciudades fronterizas del norte. Esta concesión de recursos, por parte del gobierno federal, se adjudicó a unos meses de la llegada a la presidencia municipal del empresario René Mascareñas, quien recibió la invitación de Ruiz Cortines para que aceptase la candidatura, ello le permitió disponer del presupuesto necesario para realizar obra pública en la ciudad.¹⁵ Mascareñas afirmó que condicionó su participación a tres acciones: 1) que se respetara la autonomía municipal; 2) tener el privilegio de designar a sus propios colaboradores y 3) que ninguna institución de diverso ámbito de gobierno interviniera en la tesorería de Ciudad Juárez, y aseguró que cada “vez que yo pedía una audiencia con el señor presidente, la conseguía”.

Ya con recursos, el plan de trabajo de la junta de Ciudad Juárez para el año 1957-1958 contempló un mayor número de obras e incluso, como no había ocurrido desde su funcionamiento, realizó el proyecto más grande de inversión en redes y cobertura de agua y drenaje, aunque en área ya urbanizada del ñor oriente, en donde ya había cobertura de servicios, los habitantes de los cerros tuvieron que esperar décadas para tener acceso a la red de agua.

A través de la JFMM también se empezaron obras para proporcionar una mejor imagen hacia la vecina ciudad de El Paso, Texas, y se construyó un bulevar sobre el río Bravo (paralelo a la calle Paisano, de la ciudad de El Paso), desde la garita Reforma, en la calle Lerdo, hasta el puente libre, en la calzada De las Américas. Sobre esta última calle, para vincular la ciudad de norte a sur, se iniciaron los trabajos de nivelación para luego colocar la capa de asfalto y se instaló un sistema de alumbrado de mercurio. En la

19 En julio de 1956, se registraron las elecciones más copiosas y reñidas de la historia de Ciudad Juárez. No obstante la popularidad del candidato del PAN, los números favorecieron al del PRI: René Mascareñas obtuvo 13 236 votos contra 12 137 de Alfonso Arronte. De manera posterior hubo denuncias por fraude, pero las autoridades electorales declararon alcalde de la ciudad a René Mascareñas. El Fronterizo, 1 de julio de 1956.

misma zona, para la urbanización de los terrenos del Corte de la Isla de Córdova se destinó una partida de 750 mil pesos.¹⁶

De alguna manera, con la construcción y apertura del puente libre, en un espacio distinto al centro tradicional, la JFMM empezó a extender la ocupación del suelo y a crear otro nuevo polo de atracción. La construcción del edificio aduanal y el de población, la preparación de calles —como la avenida de las Américas—, la pavimentación e introducción de servicios cercanos a la Isla de Córdova y el remozamiento de las cercanías a los puentes internacionales como una forma de dignificar la frontera, constituyeron una serie de obras que más tarde sirvió como patrón para la construcción del programa para las ciudades fronterizas denominado “puerta de México” y para el caso de Ciudad Juárez el área en que se construyó la obra del Pronaf.¹⁷

Aunque en México hubo intentos de impulsar la planeación de las ciudades, su implementación fue muy tardía. En la elaboración de los planos reguladores se pueden ubicar dos grandes grupos encargados de realizarlos: el encabezado por el arquitecto Carlos Contreras desde finales de los años 20 hasta finales de los 30; y el del arquitecto Mario Pañi, con su compañía Arquitectos y Asociados, de la década de los 40 a 1979, cuando se instituyó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano.¹⁸

El propósito de los planes reguladores, planteó Pañi, era resolver los problemas urbanos existentes, así como “guiar el desarrollo de las ciudades en un proceso racional de constante transformación hacia un equilibrio de las funciones de la urbe”.¹⁹ En México, al no contar con una institución sólida de planificación, los planos reguladores se convirtieron en el instrumento ordenador de las urbes del país y las JFMM de algunas ciudades fueron las instituciones ejecutoras de los mismos.²⁰ El arquitecto Carlos Lazo Barreiro, al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), reunió a un grupo amplio de profesionistas para asignarles la elaboración de estudios de planificación y desarrollo urbano (García, 1963: 279-282).

Entre 1949 y 1952, las JFMM participaron en la elaboración de 42 estudios urbanos en poblaciones fronterizas y portuarias del país.²¹ Aunque se debe señalar que en ocasiones algunos de los documentos entregados fueron sumamente criticados, e incluso enfrentaron oposición para ponerlos en práctica, debido a que se trataban de estudios que procedían de una autoridad federal que quería ordenar y planificar el ámbito municipal. Para Ciudad Juárez el plano regulador, aunque no fue autorizado por la legislación estatal, se convirtió en un marco de referencia para toda obra urbana.

En 1952, la JFMM empezó estudios previos para la elaboración del plano regulador de la ciudad,²² pero tres años después, en 1955, durante la administración municipal de Pedro N. García, se

autorizó elaborar un plano regulador para ordenar el crecimiento urbano y lograr una transformación integral del “primer puerto fronterizo de México”.²³

En 1958, como parte del programa de su campaña para presidente municipal, René Mascareñas propuso elaborar un plano regulador que ordenara y reorientara el crecimiento urbano de Ciudad Juárez. Una vez electo, Mascareñas creó el Consejo Municipal de Planeación Urbana, formado con representantes de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno y de los diversos sectores de la ciudad, cuyo propósito era “coordinar y fiscalizar la labor constructiva de la ciudad” y resolver la problemática urbana.²⁴ El Consejo y un grupo coordinado por los arquitectos Domingo García Ramos y Miguel de la Torre y el ingeniero Víctor Vila —quienes habían formado parte del equipo de trabajo dirigido por el arquitecto Mario Pañi, que en la década de los 50 había elaborado planos urbanos en diversas ciudades del país— comenzaron a levantar información y elaborar planos.

En 1958 la Sepanal, a través de las JFMM, impulsó la creación de los planos reguladores en distintas ciudades, sin embargo, en Juárez este se creó por iniciativa del gobierno local y con aportaciones de los empresarios juarenses, quienes suministraron cien mil pesos al municipio para ello.²⁵

27 Declaración del presidente la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, Cutberto Vázquez. El Fronterizo, 11 de diciembre de 1955. La JFMM también tuvo una participación destacada en la regularización de la tierra en Tijuana. Véase Tito Alegría O. y Gerardo Ordóñez B. 2005. Legalizando la ciudad. Asentamientos informales y procesos de regularización en Tijuana, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana.

28 Para el análisis del plano regulador elaborado en 1958 se trabajó con dos documentos: el plano que publicó Domingo García Ramos en la Revista Arquitectura y el informe del Plano Regulador que integró René Mascareñas en su libro Anatomía y proyección de un municipio autónomo, 1956-1959. El contenido de ambos, si bien es similar, también contiene información complementaria para este documento. Fue publicado por el Centro Editorial Universitario en 1993.

29 En la parte introductoria del artículo, se afirma “que el estudio fue solicitado por el alcalde [...] haciendo hincapié que las soluciones deberían basarse en las condiciones reales, factibles [...] sin esperar aportaciones cuantiosas de autoridades superiores ni crear graves compromisos a futuras administraciones”. Domingo García Ramos et al., “Plano Regulador de Ciudad Juárez”, Revista Arquitectura, s.d.

Aunque los planoe constituyeron un instrumento de regulación del oreo imiento urbano o oreo ion de ie ¡lamentación y norma tivi-dad jurídica. En el Plano regulador de Ciudad Juárez de 19E>9 se encuentra un diagnóstico de la ciudad en ese afio, como si se hubiese tomado fotografía déla misma.

En el documento solo se dedican dos pánafbs para reo onecer la importancia del estrecho vínculo éntrelas ciudades fronterizas de Juárez y El Poso, se reconoce la relevancia de la cercanía de las ciudades del lado mexicano y del estadounidense como una "unidad metropolitana internacional", elemento fundamental para entender los procesos históricos y ooyunturales de las ciudades fronterizas.

En el manuscrito se considera necesario destruir la leyenda negra de la ciudad, que fue llamada como la "nueza So doma", y se minimizan los problemas de contrabando, prostitución, tráfico de drogas, encubrimiento de delincuentes, etcétera, ya que esto se afirmó "[...] existe como en todas partes". El mencionado estudio enfocó su análisis en la zona inmediata a los puentes internacionales, en el espacio donde se desarrolla la actividad comercial. Incluye un plano del área donde se localiza de manera minuciosa la ubio ac ión de negó oios dedicados a la venta de vino s en botella cerrada, clubes, cabarets, cantinas, cervecerías, tiendas en general y restaurantes. Se sugiere que, en o aso de buscarla regeneración del centro comercial, seré necesario el pago de indemnizaciones por la rentabilidad "ficticia" del suelo en la zona. No se alude a la eventual erradicación de la zona señalada "como lugar de vicios" (Ooampo, Mariscal y Degollado), ya que los mismos comerciantes habían cuidado que no traspasaran los límites señalados e invadieran otras áreas/¹

20 S^inímuD d* loe jlaiwc *ñct£an pnra on d ari-Mit*. oaraa dd pucnt> de* Z Braga ca-Id*ta ce* oonetn^m un ¿n» tuñEtwo-iOT«itivn y <41* 1* oorridarara

un ritió adeouada pom c£uc*l& coxel de* tnlermnizi ectizñ'ara 'áigüadB. DoxoLnga Garaia lamas ol &L. Pina* Pop* todo z do Gvdvd ¿avio* op. cit, p. 7'<¡.

En cuanto a la configuración urbana de Ciudad Juárez, se oonobom la existencia del río Bravo como eje rector, mientras que los demás elementos, que todavía en las primeras décadas del siglo XIX eran los ordenadores del espacio urbano de Ciudad Juárez, empiezan a desdibujarse: el área del arroyo Colorado, ubicado en el poniente en las faldas del ceno Bola, que representaba el límite del núcleo urbano, ya estaba ocupada por las colonias populares. Hacia el oriente, que se había mantenido intacto, se extendióla mancha urbana, sobre los terrenos del Valle de Juárez, de alta productividad de algodón y alfalfo; ya para finales de la década de los tO del siglo XX, comenzaron a ser ocupadas por sectores sociales con recursos económicos/¹ Las antiguas acequias ’Madre" y ’Del Pueblo" empezaron a ser consideradas como estorbo para la intercomunicación urbana, así como las vías del ferio carril que partían la ciudad en dos e impedían el tránsito oriente-poniente. Los mayores densidades de población se regis - ^{26 27}

traron en una franja inmediata al centro e iban disminuyendo en la medida que se alejaban de ahí. Hacia el sur se vislumbra una dispersa zona industrial.

Para el año en que se redactó el plano regulador, la administración municipal ya había sido desbordada por la problemática urbana. Se crearon colonias y fraccionamientos sin regulación que ni siquiera disponían de todos los servicios públicos más indispensables como agua, luz y drenaje. La falta de vialidades y el exceso de parque vehicular generaron un caos en el tránsito. De igual manera, a pesar de los esfuerzos por zonificar y establecer usos de suelo, había grandes contrastes en su aplicación.

El estudio no logró mostrar la magnitud de los problemas demográficos, económicos y urbanos, así como la cuantiosa inversión que se requería para por lo menos resolver los problemas más inmediatos generados por la concentración de población y los asentamientos humanos carentes de servicios públicos e infraestructura (Mascareñas, 1993: 181-182).

No se vislumbran partidas presupuéstales municipales o recursos estatales y federales para llevarla a cabo ni normatividad necesaria para controlar el crecimiento urbano. Así, para evitar afectaciones por la apertura y ensanchamiento de calles que implicaban el pago de indemnizaciones, el plano solo sugiere introducir modificaciones en la circulación vial en la zona comercial. Propone la creación de dos anillos de circunvalación de un solo sentido que conecten con la avenida Hipódromo (ahora Reforma) y prolongar la avenida Juárez hasta la Ojinaga y la calle Lerdo en dirección sur. La avenida Juárez desembocaba en la avenida Vicente Guerrero; la avenida Lerdo, por su parte, topaba con las vías del ferrocarril y fue conectada con el eje Juan Gabriel en la década de los 90. Para obviar problemas viales a futuro, solo “se recomienda mantener los arroyos de tránsito de un ancho constante, para evitar los embudos en la circulación y, en consecuencia, serán las banquetas las que presenten anchos variables” (Mascareñas, 1993: 187).

Los responsables del estudio se preocupaban por responder a las necesidades asistenciales (hospitales, dispensarios, clínicas) y solucionar los problemas delictivos que afectaban un “sector per-

fectamente identificable”; reconocían que la administración estaba haciendo algunos esfuerzos en ese sentido. Asimismo, señalaban los sitios recomendables para edificar planteles de enseñanza primaria. Se proponían expandir la ciudad por el rumbo oriente, es decir, hacia el Valle de Juárez, ya que, si bien el costo de la tierra era alto, la urbanización resultaría relativamente más económica. Los arquitectos sostenían que no se trataba de restringir la expansión física de la ciudad, sino de ordenarla. Recomendaban la construcción de unidades familiares de forma vertical, que albergaran a 12 o 15 mil habitantes, y que el costo por la introducción de servicios fuera cubierto por el conjunto de los propietarios. Unos años antes, en 1960, el arquitecto Mario Pañi había construido, con una ocupación sin mucho éxito, los multifamiliares denominados Ciudad Jardín Miguel Alemán²⁸ (Chávez, 1951). También se sugirió el traslado de las oficinas de gobierno hacia el oriente, en las proximidades de la zona antes conocida como “crucero comercial” o “puente al revés”, en la intersección de las carreteras Panamericana y Juárez-Porvenir.²⁹

Con respecto al orden urbano, una de las propuestas de mayor relevancia, y que las posteriores administraciones trataron de aplicar de manera rigurosa, fue el cumplimiento del reglamento para la construcción de nuevos fraccionamientos, sobre todo en lo que se refiere a la cesión de terrenos para la creación de jardines, plazas, campos deportivos, escuelas, etcétera. A pesar de que el Código Municipal del Estado de 1950 ya establecía la obligatoriedad de destinar un porcentaje de la superficie lotificable para usos comunes, el 15% en el caso de los fraccionamientos y el 10% en

táranos dee tinados a industria o o omero io, las autoridades municipal ee no disponían de mecanismos pam foizar a los propietarios a cumplir conic estipulado en la legislación estntnl/¹

x^unque de manera formal no se alcanzó a poner en práctica el Plano Pegulador de 19E»9, supuestamente por carecer de la autorización de la legislación estatal requerida, es innegable que estableció las bases para regular el crecimiento urbano de Ciudad Juárez e incorporarla planeaoión a las políticas locales como mía herramienta fundamental para ordenar y dirigir el crecimiento de la ciudad. Los principales planteamientos fueron incorporados a las políticas de la Dirección de Obras Públicas de la ciudad (DOP), sobro todo en lo concerniente a los trámites pam la creación de frac ció namiento s y cc nstruco ión de vialidades. Durante la siguiente administración se hizo un nuevo plano regulador por iniciativa de la oficina del Pronaf. El contenido em similar y recogía buena parte délas propuestas para ordenar el crecimiento urbano.

En la actualización del Plano Regulador que se publicó en 1971 se prefirió, para evitar “errores del pasado”, redactar el documento en la ciudad y no en el Distrito Federal como lo hacían los técnicos de la JFMM en ocasiones anteriores. Es que los funcionarios y técnicos federales que participaron en la integración de los planos reguladores acostumbraban, en el mejor de los casos, a reunir la información necesaria y llevársela a la ciudad de México y allá redactar el informe y las propuestas de desarrollo.

Además de contar con el apoyo de profesionistas y técnicos de la localidad, Pedro Beltrán Reyes fungió como presidente del CMP y el arquitecto Mauro Durán González, asesor técnico del CMP, fue el responsable de integrar la propuesta final. Se contó con la asesoría técnica del arquitecto Domingo García Ramos, quien ya había trabajado en la elaboración de los dos planos anteriores para la ciudad.³⁶ En la oficina del Plano Regulador se trabajó en la actualización del plano y en el Reglamento de Planeación y Planificación del Municipio de Juárez, este último con el propósito de forzar su aplicación por la vía legislativa-constitucional. Cabe precisar que tanto la creación del CMP como la elaboración del documento están contempladas en el artículo 649 del Código municipal del estado de Chihuahua.³⁷

La delimitación racional de las áreas en las que podían y debían realizarse las funciones urbanas, así como el control de la edificación, se convirtió en el eje principal de la actualización del plano regulador para controlar la problemática principal: el crecimiento de Ciudad Juárez y de otras ciudades del país.³⁸

El plano regulador contiene un portafolio con cartas geográficas diversas. Una, que sirve como base, muestra la estructura urbana de Ciudad Juárez y el área sur de la ciudad de El Paso,

36 El costo del Plano Regulador fue de 672,000.00 pesos. Trienio de gobierno municipal, 1968-1971. 1971. Ciudad Juárez, s. p.

37 Véase AMCJ, Actas de Cabildo, 17 de febrero de 1971, pp. 120-122 y Plano Regulador. Informe de actividades: 1970-1971, 1971, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez.

38 Domingo García afirma en su curso para urbanistas que el primer problema a resolver es la limitación de la superficie urbana y el crecimiento demográfico. Aunque, aclara en sus conclusiones, “jamás ha tenido resultados positivos”. Véase Domingo García, Iniciación al urbanismo, op. cit., p. 159.

Texas; sobre esta, de manera separada, se elaboraron planos de la cobertura de los servicios públicos como agua potable, drenaje, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, gas, pavimento, rutas de transporte y una propuesta de zonificación. Además, se elaboró un plano a detalle de los usos del suelo habitacional unifamiliar, multifamiliar y comercial y de densidad de población.³⁰ En el plano se muestran visualmente las áreas que ya cuentan con acceso a servicios públicos y el área que no está “servida”, pero con posibilidades “de ser atendida”. También incluye el diseño de una gráfica llamada de salud, en la que, a diferencia de los planos reguladores anteriores, se hace un cálculo de acceso a servicios públicos. De 436 mil habitantes que se contabilizaron, 321 060 disponían de agua, aunque no se especifican las condiciones del acceso (llave entubada, llave colectiva o por medio de pipas)³¹ y solo 143 670 habitantes (o 32.95%) estaban en condiciones óptimas al gozar de los todos los servicios.^{32 33 34 35}

Para la aplicación del Plano Regulador, el Consejo delimitó un casco urbano o superficie de terreno que comprendía 3474 hectáreas en el que vivían 334 900 personas y donde el ayuntamiento se comprometió de acuerdo con sus “posibilidades” a establecer, mantener y otorgar servicios y obra pública e infraestructura. En el documento no se explican los criterios para la delimitación, pero es importante señalar que, de acuerdo con los datos del plano regulador, se dejaron fuera del perímetro cerca de 1100 hectáreas donde estaba la mayor parte de las colonias periféricas del norte, norponiente y sur, y en las que residían 101 000 juarenses. Por el

contrario, todos los asentamientos del área oriente estaban comprendidos dentro del perímetro urbano.³³

Como parte de la proyección de zonificación para ordenar el crecimiento de la ciudad, en el plano regulador se contempló consolidar y redensificar el área habitacional con vivienda unifami-liar y multifamiliar. En cuanto al comercio, se planeó ubicar la actividad comercial en el centro, en la zona del Pronaf y sobre vialidades importantes. Además, se sugirió crear una especie de 34 pequeños subcentros para el comercio como “áreas de autosa-tisfacción” conectadas en un punto central que respondiera a las necesidades de consumo de los habitantes cercanos.³⁴

Se propuso ubicar la zona industrial, como en la década de los 40, en las inmediaciones de las vías del ferrocarril. Extrañamente, no se señalan de manera gráfica el parque industrial Antonio J. Bermúdez y el área de Complejos Industriales de México, que se localizaban en el oriente de la ciudad, en lo que fueron los terrenos de la primera unidad del Valle de Juárez. Tampoco se indican las maquiladoras que se ubicaban en la zona centro y de manera dispersa en distintos rumbos de la ciudad. Es muy probable que las tierras destinadas para uso industrial aún hubiesen estado utilizadas en su mínima capacidad y no impactaran de manera directa en la ocupación del suelo.

No obstante, el plano presentó una deficiencia fundamental: se preveía el crecimiento de la ciudad hacia el oriente, pero la zona precaria del poniente y el sur era ya muy extensa y, pese a las continuas invasiones de tierra, con extensos espacios baldíos.³⁵

Por el contenido del plano regulador se puede inferir que el propósito fundamental de su reactivación y actualización era terminar con la anarquía en la forma de ocupación del suelo y tratar

42 En una década se amplió cinco veces el fundo legal de la ciudad hasta llegar, en agosto de 1970, a 26 649 hectáreas.

43 La propuesta de crear subcentros de abasto incluye un área central de distribución que permite cubrir ciertos satisfactores con desplazamientos cortos. Ernest W. Bur-guess, de la escuela de Chicago, propuso el análisis del crecimiento urbano de la ciudad través de la utilización de un patrón concéntrico y se convirtió en una referencia para estudiar las ciudades.

44 Plan Director de Desarrollo Urbano para Ciudad Juárez (versión abreviada). 1979. Ciudad Juárez. Gobierno del Estado de Chihuahua. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, p. 14.

de contener la embestida de los lotificadores y fraccionadores del suelo en la ciudad:

... [Ciudad Juárez] ha sufrido una violenta expansión de “la mancha urbana" (superficie construida sobre suelo de la ciudad) que se ha llevado al margen de una planeación de conjunto, provocando un desarrollo caótico y altamente nocivo para la comunidad. La ausencia de planeación ha fomentado la imposición frecuente de los intereses particulares de la comunidad, impide la formación de grupos urbanos conscientes y el desarrollo adecuado de la ciudad; dificulta la existencia de una conciencia de lo que son el orden y la belleza urbanas.³⁶

Al igual que en los anteriores planos reguladores, se pretendió ordenar la ocupación territorial de las ciudades a través de la zonificación. Sin embargo, en el Plano Regulador de 1971 ya se incorporó la planeación como lineamiento básico para el desarrollo urbano de la ciudad, esta definida como la “creación, organización y coordinación de actividades, medios de mejor satisfacción de las necesidades humanas en las actividades de vida urbana, suburbana y rural... a fin de lograr un desenvolvimiento uniforme, estético, racional, proporcional y adecuado de centros, zonas y regiones”³⁷En adelante, el Consejo se convirtió en la instancia responsable de revisar y actualizar el plano regulador del municipio.

Para continuar con la iniciativa del ordenamiento territorial, el CMP, con la participación de abogados y técnicos en urbanismo, elaboró el Reglamento de Planeación del Municipio de Juárez. El documento fue aprobado en sesión de cabildo en septiembre de 1971, “a fin de que empiece a tener vigencia lo más pronto posible, dada la necesidad de apoyar el ordenamiento legal”.³⁸ Este instrumento es relevante debido a que, por primera vez, se integró un estudio que incluyó la planificación de la ciudad y la respectiva reglamentación para obligar al cumplimiento de procedimientos

para el fraccionamiento de tierra. Como muestra de la firmeza en la determinación de controlar la entrega de permisos para la construcción de fraccionamientos, en el informe de la oficina del Plano Regulador se incluyó un listado y la ubicación de los 19 fraccionamientos aprobados ese año.

En el Reglamento de Planeación, en los artículos del III al XIV se instituyó el mecanismo de constitución, atribuciones y funcionamiento del CMP. De igual manera, se le asignó la posibilidad de intervenir en cualquier proyecto de obras relacionadas con nuevas construcciones, modificación, ampliación o reducción de las existentes y emitir una opinión jurídica en cualquier caso que presentara al ayuntamiento. Además, se estableció como requisito que todos los anteproyectos que se expusieran ante las autoridades llevaran una memoria descriptiva formulada por el arquitecto o ingeniero responsable.

La acumulación de rezagos en la regularización de la tierra y la carencia de servicios públicos indispensables, así como la llegada creciente de nuevos colonos, alentaron a imponer requisitos para autorizar el fraccionamiento de la tierra, construir vivienda y edificar establecimientos comerciales o de servicios, parques industriales, etcétera. También se implantaron categorías y medidas para cada tipo de construcción y se especificó el porcentaje de tierra que el fraccionador o propietario estaba obligado a entregar al municipio para usos comunitarios. En cuanto a la delimitación racional de las áreas en que debían realizarse las funciones urbanas o propuesta de zonificación, se establecieron las principales características de nueve zonas, mas no la asignación de perímetros georeferenciados.⁴⁸

La actualización del plano regulador y la ratificación de la utilidad del reglamento para la existencia de un Comité de Planeación son, sin duda alguna, una respuesta al caos urbano imperante. Los funcionarios planeaban sin buscar resolver los problemas de las colonias populares, carentes de servicios públicos e infraestructu-

ra, ni de los asentamientos irregulares que se habían multiplicado desde mediados de la década de los 50.

El ayuntamiento también buscó controlar el reparto de terrenos municipales y evitar su acaparamiento. El reglamento condicionó el acceso y la posesión de tierra municipal y estableció que solo se podía comprar un lote de tierra municipal con una superficie no mayor de 400 m². De manera previa, el solicitante estaba obligado a comprobar que era jefe de familia y corroborar su vecindad en el municipio por un periodo no menor a dos años. Se limitaba la posesión del predio a la construcción de vivienda en un periodo no mayor de un año y se pretendía que esta iba a constituirse en patrimonio familiar. En el documento se señala que cualquier violación a las condiciones señaladas produciría nulidad de la venta del terreno el cual regresaría a posesión del municipio.³⁹

En el Reglamento de Planificación se advierte que todas las autoridades municipales, estatales y federales deberán acatar los acuerdos del Consejo y no podrán, después de autorizada la ejecución de una obra, modificar o demoler edificaciones ni efectuar la clausura o cambio de vías públicas o privadas ni acto alguno relacionado con el urbanismo sin la expresa autorización por escrito del Consejo. Se asignó, como sanción por incumplimiento, una multa de 1000 a 10 000 pesos a cualquier persona que violara lo estipulado, pero no se establece de manera específica cuál era el organismo responsable de hacer aplicar el reglamento e imponer las multas correspondientes.

Los trabajos de actualización del plano regulador son en parte lineamientos establecidos por la Sepanal y por la Comduf para instituir una continuidad en las normas y procedimientos técnicos que garanticen a los habitantes de los núcleos urbanos del país “armonía, bienestar y progreso”, pero también para incorporar cambios de acuerdo a las nuevas demandas con el propósito de conciliar o evitar conflictos. En los años siguientes y antes de 1979, la Oficina de Planeación Municipal trató de utilizar el marco normativo para ordenar la ocupación del suelo. Sin embargo, como

48 En el Plano Regulador de 1971 se especifica cada zona, sus características y condicionantes, a saber: federales, de gobierno, de uso público, educacionales, comerciales, espectáculos, de vivienda, mixtas y campestres.

el reglamento de planeación solo incluyó sanciones a la violación de las disposiciones y no indicó los mecanismos para aplicarlas y obligar a su cumplimiento, los propietarios de tierra construyeron donde quisieron. Con el plano regulador, en cierta medida, los constructores aprovecharon los beneficios de la revalorización de la tierra y se dedicaron a la creación de fraccionamientos residenciales, medios o de colonias populares.

Pese a que Domingo García Ramos reconoció como parte fundamental en la planificación de la ciudad la disposición de recursos económicos o la búsqueda de financiamiento, en el documento actualizado en 1971, donde García participó, no se refieren propuestas para costear las diversas obras públicas. Buena parte de ellas fueron realizadas con recursos del Pronaf y de la JFMM, con maquinaria del ayuntamiento más la mano de obra y, por supuesto, el pago de los mismos colonos.

Los dos instrumentos para la planificación, el de 1962 y 1971, formaron parte de una tendencia nacional institucional por controlar el crecimiento de las ciudades, promover las múltiples actividades productivas y regularlas de acuerdo con la disposición de materias primas, la situación demográfica, las empresas y las corporaciones de cada región. Es con los planos reguladores, creado uno por el Pronaf y la Comduf en 1962 y el otro actualizado en 1971, cuando se empezó a limitar y proyectar la expansión física de algunas ciudades del país, pero particularmente la de las ciudades fronterizas.

En los planos reguladores de 1962 y 1971 se analiza la relevancia de crear vialidades y, en la práctica, es al rubro al que se le da más importancia e incluso se otorga buena parte de los recursos monetarios disponibles. Tanto el Pronaf como la JFMM y el mismo municipio emprendieron obras viales en el área aledaña al antiguo centro de la ciudad. Así surgieron obras como el ensanchamiento de la calle Paso del Norte o la prolongación de la avenida 16 de Septiembre —desde el viaducto hasta las colonias más alejadas del poniente—. En la zona del Pronaf se creó el circuito de ese nombre, que permitió la interconexión de las calles trazadas y pavimentadas con anterioridad.

Con los planos reguladores se programaron o proyectaron obras e introducción de infraestructura y servicios públicos para el fortalecimiento y promoción de las actividades económicas comerciales e industriales de las ciudades fronterizas del norte, particularmente de Ciudad Juárez. Los empresarios y funcionarios de la administración municipal entendieron que la introducción de servicios, creación de infraestructura y obra pública solo se podía realizar y financiar con la inclusión de los juarenses. Los fraccionadores de tierra y constructores de vivienda aprovecharon la cobertura de servicios públicos, pavimentación y estructura vial para revalorizar la tierra y vender sus propiedades en las mejores condiciones del mercado y sin grandes erogaciones. Desde luego, la ausencia de una estructura normativa y una instancia ejecutora de sanciones permitió que los propietarios de tierra fraccionaran prácticamente sin ningún control y especularan con los bienes raíces y la tierra urbana.

La intervención del gobierno federal a través de sus diversas instituciones, JFMM, Unidad de Salubridad y Asistencia y SRH, fue fundamental para que a las ciudades llegaran recursos económicos y se destinaran a la creación de infraestructura. La introducción de agua, luz, drenaje en colonias populares y residenciales, así como la ejecución de obras para reparar y construir escuelas y embellecer las ciudades se convirtió en un sólido soporte para la urbanización. Sin embargo, se creó una dependencia de los municipios hacia los organismos federales y las posibilidades de intervenir en la organización de los municipios.

Fue en las JFMM que se elaboraron los planes reguladores que sirvieron para actualizar el análisis de la problemática y ofrecer propuestas de ordenamiento. En algunos casos como el de Ciudad Juárez fue la JFMM quien logró que el documento final emanara de los gobiernos e instituciones municipales e incluso se convirtió en referente del ordenamiento de las ciudades.

En los tres planos reguladores, de 1955, 1958 y 1971, se realizaron diagnósticos de los problemas de Ciudad Juárez que sugirieron zonificar la ciudad, más que restringir su crecimiento, pero no existían los medios legales para obligar al cumplimiento de lo establecido en la normatividad. También es cierto que hubo permisividad en las formas de ocupación del suelo, en parte para mantener el control político de los colonos y por la carencia de reglamentación para ocupar la tierra urbana.

La JFMM siguió funcionando, pero ya sometida a los requerimientos de los empresarios juarenses y a su proyecto de ciudad, el cual fue guiado en los 60, primero por el Pronaf, luego por el PIF hasta su liquidación en 1982.

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Barrios antiguos de Ciudad Juárez,

una CRÓNICA

La conformación física y social del Centro de Ciudad Juárez ha obedecido a una dinámica de ocupación de los espacios que desde el último cuarto del siglo XIX marca la expansión global del sistema capitalista. En este sentido, podemos hablar de cómo el capitalismo fue dejando su impronta en una localidad ubicada en la frontera entre dos estados nacionales cuyas asimetrías se hacen evidentes a cada paso. Aquí se reseñan los elementos más significativos dentro de los barrios céntricos de la ciudad, siempre acorde con las formas y ritmos requeridos por la modernidad y su eje ideológico: el progreso.

Palabras clave: crecimiento urbano, ocupación del suelo, migración, frontera, Ciudad Juárez

The physical and social shape of downtown Ciudad Juárez comes from the dynamics of space occupation since the last quarter of the 19th century, marking the global expansion of the Capitalist System. In this sense, we can talk about the ways in which capitalism marked the development of this town located on the border between two countries whose asymmetries become evident at every step. Form and rhythm of growth of the city, in this case, the most significant elements of the city central neighborhoods are reviewed. Form and rhythm always dealing with the requirements of the Modernity and its ideological path: Progress.

Key words: Urban growth, land occupation, immigration, borderlands, Ciudad Juárez

El pasado se construye primeramente a partir de los recuerdos individuales y colectivos. Conforme pasa el tiempo, se diseña una selección de las evocaciones que más han marcado la existencia y es a partir de ahí que la sociedad en su conjunto forma su idea de la historia. Reconstruir una historia de la que poco o nada se ha escrito es una tarea que debe quedar en manos de quienes la han vivido y de sus descendientes a quienes se la han ido desmenuzando en medio de charlas familiares, en dolorosos anecdota-rios comunales o en animadas tertulias en las que se alternan los recuerdos, se corrigen las desmemorias, se busca borrar las vergüenzas y se trata de ubicar a gente que dejó de existir o que tuvo un paso efímero por las vidas o recuerdos de los participantes.

Buscar en la memoria, esforzarse por aclarar el recuerdo y acudir a las personas en quienes confiamos por la honestidad de sus juicios y la precisión de sus evocaciones, son los pasos justos para poder construir poco a poco la crónica de una comunidad. Algunos se acordarán de algo, otros más de los eventos previos o

posteriores y, en la medida de la participación, se conforma una memoria colectiva que abona a la definición de identidades y cohesiona lazos comunales de solidaridad. El recuerdo por sí mismo parece carecer de valor, pero su significado entre los miembros del grupo trasciende el anecdotismo banal.

La conciencia de un pasado común puede convertirse en un rasgo vital para la construcción de la idea de comunidad. Las semejanzas y diferencias en las trayectorias del pasado abonan a la necesidad de los principios de solidaridad, siempre fundamentales para emprender proyectos en común. Sin solidaridad no hay comunidad y sin comunidad se complica el diario proceso de construcción de un futuro deseable.

La fijación de una crónica inicial de diversos barrios de Ciudad Juárez es el punto de partida definido por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para establecer posibles proyectos de rescate y consolidación de diversos espacios urbanos en el casco primigenio de la ciudad, siempre acordes con el sentir de la gente que ahora los habita.⁴² A lo largo de las crónicas se exponen acontecimientos cotidianos que pudieron marcar la historia del barrio y hasta de la ciudad; quizás hayan dejado huella en quienes los vivieron e, incluso, en quienes se enteraron de ello con posteridad. Algunas personas encontrarán respuestas a preguntas que se habían hecho antes, en otros sembrarán dudas y para alguien más abrirá la oportunidad para curiosear en el pasado del lugar que ahora habita. Sin duda, para quienes buscan transformar el presente y redefinir el futuro, un paseo por el pasado reciente podrá proporcionar ciertas claves para definir las estrategias de cambio a seguir.

Dentro de estas crónicas hay muchos huecos por donde es posible insertar las historias que no han sido recopiladas hasta hoy. Todas cuentan algo verdaderamente importante para cada barrio de la ciudad. En la medida en la que pueda ampliarse el recuerdo,

mayor número de elementos habrá para asirse a una causa de todos, a un proyecto solidario que pueda caminar a paso seguro por los caminos del bien común. Quede en sus manos, pues, esta crónica.

Como es lógico suponer, de lo publicado y de lo conservado en los archivos públicos y privados, una gran proporción de documentos es referencia casi exclusiva de lo que ahora pensamos como el Centro de Ciudad Juárez, origen de la misma, núcleo del que se desprende el resto de las áreas en un tiempo relativamente corto, una vez finalizada la contienda armada de 1910-1920. La localidad no rebasó los límites de lo que aquí se considera el barrio central sino hasta hace más o menos cien años (1920) y la manera exponencial de su crecimiento no es anterior al final de la segunda guerra mundial (1945). Una vez más se ratifica la idea de que al tratarse de historias de un sector de la población que siempre ha vivido en desventaja, por una parte, y de gente que no ha dedicado la vida a las actividades a las que tradicionalmente la historia dedica su esfuerzo, la tarea se complica para ser resuelta en un lapso relativamente corto. Conforme pasa el tiempo, las fuentes de información se han ido reduciendo debido al saqueo de los fondos documentales, motivado por el descuido de las autoridades encargadas de resguardarlos y la irresponsabilidad de quienes han tenido acceso a ellos.

El eje primordial del asentamiento humano en lo que hoy conocemos como Ciudad Juárez fue el agua y la manera como se aprovechaba. El núcleo original de la población, conocido como “el Centro”, fue posible gracias a la ocupación de un espacio “alto” respecto al cauce principal del río y sus constantes avenidas, así como por el control de una parte de esa agua desviada del río que dio origen al sistema de acequias a partir de la construcción de la principal de ellas, la que se sigue conociendo como Acequia Madre. Para entenderlo mejor, nos estamos refiriendo precisamente al tiempo en que fue fundada la Misión de Guadalupe, en el año de 1659, su iglesia y las habitaciones de quienes comenzarían a habitar el asentamiento a partir de ese ya lejano siglo XVII.

Al menos hasta el final de la década de 1950, la ciudad sostuvo un ritmo de expansión basado en la distribución del agua para el riego, así como la construcción de cruces peatonales y de vehículos sobre el sistema de acequias. No en balde la división del área del Paso del Norte en “partidos”, cuyos ejes de organización se basaban en el aprovechamiento del agua en cada una de las secciones del sistema de acequias. Desde cada partido, los sectores de la población se organizaron para hacer un correcto uso del agua (o al menos regulado y consensuado), lo que llevó a una conformación de la vida política a partir de la relación con la distribución del agua.⁴³

El agua de las acequias fue el elemento aglutinador del paisaje fronterizo durante mucho tiempo, hasta que comenzó la aceleración por alcanzar las fantasías del capitalismo. Las acequias permitieron a nuestros ancestros gozar de tardes agradables a la orilla del agua y bajo la sombra de altos árboles que flanqueaban los canales. Las imágenes plasmadas en fotografías, grabados, en las descripciones de la ciudad y en la primera novela escrita en la región (Mason, 2019), son los referentes para impulsar esta idea.

Es evidente que a partir de la estancia del presidente Benito Juárez en la localidad se instauró el esquema liberal de propiedad de la tierra, con el que se consolidó a un pequeño sector de propietarios urbanos que desde 1864-1865 ha controlado el mercado del suelo y se intensificó la diferenciación social con el acceso a la tierra y al agua. Los partidos Juárez, Lerdo y Mejía de la década de 1860 se convirtieron en el punto de arranque para la conformación de la Ciudad Juárez que hoy habitamos. El ancho de la acequia y la distancia entre los puentes que hacían posible su cruce, fueron siempre un factor de división, de limitación para la movilidad.

Pero los antiguos esquemas coloniales no se rompieron del todo con el triunfo liberal, ya que los corredores económicos es-

tablecidos desde el siglo XVII que tuvieron como eje el hoy tan alabado Camino Real de Tierra Adentro que, en la escala más amplia, conectaba a la ciudad de México con las tierras de la Nueva México, fueron aprovechados por los diseñadores de los ferrocarriles dentro del territorio mexicano, donde el ingenio que permitió la expansión capitalista no tuvo el suficiente para crear nuevas rutas, sino solamente para explotar las ya existentes (González y León, 1996).

Dentro del Paso del Norte, las vías del ferrocarril marcaron, al menos hasta la mitad del siglo XX, la línea divisoria entre el sector abastecedor de la mano de obra más barata y el resto de la población. A partir del eje norte-sur marcado por el tren, en el poniente se consolidaron los asentamientos de trabajadores y de reserva laboral; al oriente los demás. Al poniente quedaban los terrenos pedregosos, infértiles, conformados por “el lomerío”. La vía del tren y sus franjas de servidumbre se convirtieron también en un límite real y simbólico entre dos sectores de la población.

Para la región paseña, la construcción del ferrocarril representa la entrada de lleno a la producción y la circulación de mercancías y personas alrededor del mundo. La evidencia más palpable de esa inserción de Ciudad Juárez a la economía global es la presencia de tantos extranjeros alrededor de las vías: accionistas de las compañías, gerentes, capataces, obreros, aboneros, prostitutas, entre otros. Comenzó a haber una mezcla de lenguas y visiones del mundo como nunca se había tenido. Además, los salarios ofrecidos por las compañías rebasaban por mucho lo que hasta entonces ofrecían los agricultores y comerciantes locales. La propia tradición constructiva se vio influida por materiales y técnicas importadas de los Estados Unidos y Europa, centros de la innovación tecnológica de la época.

La sola sensación de cercanía de los caminos de hierro provocaba que a ambos lados de la frontera se comenzaran a establecer comercios dedicados a la venta de licor, al expendio de comida preparada y al hospedaje de outlanders. Sin embargo, las actividades tradicionales corrieron el riesgo permanente de quedarse sin mano de obra, pues las empresas ferrocarrileras siempre

ofrecieron salarios mayores, aunque por lo general fueran tan solo puestos temporales de trabajo. Una vez pasado el ímpetu de la construcción de las vías férreas, fueron miles las personas que se quedaron en la desocupación o tuvieron que emigrar hacia tierras con mejores oportunidades de ingresos.⁴⁴

El ferrocarril también fue factor de inestabilidad debido a las transformaciones que provocó, pues los triunfos muchas veces acarrean daños colaterales. Por una parte, el precio de la tierra alrededor de las vías se incrementó, la lógica especuladora adquirió motivos renovados para concentrar terrenos y presionar por su control.⁴⁵ Junto con una política fiscal que incluía la promoción de importación de bienes industrializados y el castigo a la producción local para el consumo,⁴⁶ se debe tener en cuenta una prolongada temporada de crisis por falta de agua al tiempo que las obras hidráulicas del lado estadounidense cortaron el suministro del líquido a los agricultores del lado juarense (Salas Plata, 2010). Los periódicos publicados en El Paso fueron muy insistentes afirmando que quienes habían llenado una vez las calles y casas de la villa de Paso del Norte —Ciudad Juárez desde 1888— se vieron obligados a cruzar hacia los Estados Unidos para contratarse como mano de obra en la agricultura y la minería, mientras los grupos privilegiados de siempre se beneficiaban por el decreto de Zona Libre:

Los diferentes barrios de Juárez y los pueblos vecinos se encuentran en ruinas. Hay poco dinero en circulación y es ganarlo. Las industrias no pueden subsistir debido a las fuertes restricciones de

la aduana. [...] Por ello no hay duda que zona libre sería una buena solución en esta época de avance de los ferrocarriles. No hay razón alguna para que los impuestos continúen existiendo (cit. Flores Si-mental et al., 1998: 28).

Cierto, los impulsos de modernización no siempre son de beneficio para todos, por mucha democracia que se mantenga en el discurso. La miseria se repartía en zonas que hoy conocemos como Bellavista, Barrio Alto, La Chaveña y El Barreal. Las calles identificables solamente eran la Juárez y la del Comercio (hoy llamada 16 de Septiembre), olvidémonos del pavimento para tenerlas en cuenta, eso ya fue un lujo que apareció en la ciudad durante los primeros años del siglo siguiente. Semanas antes, el mismo periódico explicaba con toda claridad los orígenes de la pesadumbre en la frontera del lado juarense:

Los pueblos cercanos a Juárez, y la ciudad misma han disminuido su población: de 20 ó 22,000 habitantes que tuvieron en años pasados, ahora tienen solo 8,814, lo que significa una pérdida de un 50% en algunos pocos años. Esto es aterrador, pero vista la situación de las cosas en este, una vez famoso y prominente lugar, no es sorprendente que haya ocurrido (cit. Flores Simental et al, 1998: 29).

Más adelante, el Daily Herald se refería a los siguientes factores como obstáculos para un mejor desarrollo de Ciudad Juárez:

[...] la ley que impedía a los extranjeros ser propietarios de la tierra en una franja de 20 leguas a partir de la frontera; la negativa norteamericana de eliminar impuestos para las mercancías de exportación; los altos aranceles para las mercancías de importación en México y, para redondear la situación, la grave escasez de agua del río Bravo para riego de tierras juarenses debido a la sequía, por un lado y, por el otro, al desvío del cauce para aprovechamiento agrícola del lado estadounidense (cit. Flores Simental et al., 1998: 29).

Para reforzar la idea sobre el destino de los beneficios del crecimiento económico, Martín González delinea la manera como el Ayuntamiento de Juárez logró incrementar sus ingresos a partir de los grandes negocios que se hacían con el tráfico internacional de mercancías. Gracias a una programación de recursos que permitía a los municipios fronterizos gozar de una proporción de los ingresos de las aduanas, en la localidad se pudieron promover la introducción del alumbrado público, del agua entubada, el servicio de transporte público y el drenaje, se reforzó la instalación de escuelas —que todavía en esa época las escuelas públicas eran sostenidas íntegramente por los ayuntamientos— y se pagó el diseño de planes de crecimiento urbano (González de la Vara, 2017: 232).

No podemos dudar que este conjunto de “mejoras materiales”, como se les denominó hasta la década de 1970, bien pudo ser factor de encarecimiento de los terrenos puestos a la venta por los particulares, situación que ya de alguna manera había sido impulsada también por la legislatura local. Resulta fundamental comprender la propuesta de “ciudad moderna” que se impulsó en Juárez desde el inicio del siglo XX, promovida sobre todo por el ingeniero Rómulo Escobar Zerman, pero puesta en operación por otro ingeniero, Manuel M. Mendiola y que inicialmente definió fraccionar al poniente de la ciudad en un pequeño perímetro “con calles rectas y manzanas tipo divididas en tres partes para construir casas conforme a algún modelo” (González Milea, 2015: 168).⁴⁷

Óscar J. Martínez habla de una gran oleada migratoria hacia los Estados Unidos, aunque no únicamente procedente de los barrios juarenses, sino de todo el país. Las cifras de personas en movimiento para la primera década del siglo XX podrían interpretarse como patéticas o, al menos, preocupantes, al decir de Martínez: un promedio de dos mil inmigrantes mensuales en verano de 1901 hasta casi seis mil en 1907. Si bien muchos habitantes de Ciudad Juárez formaban parte de esa masa de desplazados, también es

cierto que las restricciones de las autoridades de los Estados Unidos provocaron el “amontonamiento” de mexicanos en la ciudad fronteriza mexicana (Martínez, 1982: 57).

Hasta el cambio de siglo, en 1900, el núcleo de la ciudad siguió conservándose como “la ciudad misma”, a partir de este flujo nacional de inmigrantes que buscan alcanzar las oportunidades de trabajo en los Estados Unidos y que por necesidad deben estacionarse en Juárez para esperar por el mejor momento de cruzar la frontera. Por lo mismo, durante esa primera década del siglo XX se consolidó la zona que podríamos llamar del viejo sector. El área del Centro, Bellavista y La Chaveña fue creada y consolidada con la venta y titulación de terrenos municipales a personas de bajos ingresos que simplemente debían pagar los gastos de medición y titulación de la propiedad (Valencia, 1969: 63).

Así, al dirigir la vista hacia las primeras décadas del siglo XX, lo que se obtiene es la imagen de una localidad pequeña, cuya mancha urbana principal se encontraba alrededor del templo de la misión, en los barrios de La Chaveña, Bellavista, Barreal y en la zona circundante al monumento a Benito Juárez. La ciudad, aunque enorme en los planos, en realidad se encontraba escasamente poblada. Al oeste, más allá de Bellavista, se extendían algunos caseríos, lo mismo sucedía al sur, donde el barrio de La Chaveña constituía uno de los pocos “rastros de civilización”; lo demás eran terrenos cerriles llenos de quebradas, lomas, arroyos y el panteón municipal. En cuanto a la porción oriental, Juárez se extendía hasta los límites del partido Doblado y la jurisdicción del municipio finalizaba en el poblado de Zaragoza; la calle 16 de Septiembre o del Comercio, vialidad principal en la época, no se prolongaba más allá de la calle 5 de Mayo. A partir de ese punto se transformaba en el camino que conducía a la lejana población de San Lorenzo.

No obstante, quien piense que esta falta de construcciones y conexión entre los sectores de la ciudad daba al poblado la imagen de un caserío con llanos infinitos y calles arenosas adornadas solamente por el paso de innumerables ventarrones acompañados de sus respectivas rodadoras, se encontrará en un error. En las primeras décadas del siglo veinte, Juárez era un lugar lleno de

vida, no solo por la presencia humana, sino por la vegetación, en apariencia abundante, presente en algunos barrios de la ciudad. El río y las múltiples acequias formadas con su agua, la proliferación de riachuelos descendientes de la sierra y la presencia de ricos mantos acuíferos hacían de Juárez un lugar apto para el cultivo, pero también para la abundancia de árboles. No obstante, para el progreso, las estrategias comerciales y las dependencias gubernamentales, las arboledas representaban un obstáculo para el crecimiento de la ciudad. De esta manera, a principios de la década de los años veinte, la construcción del “Camino de los Partidos”, vialidad que conectaría a los diversos sectores de la localidad y antecedente de la hoy avenida Insurgentes y sus sucesivas prolongaciones, hizo necesaria la tala de los árboles que obstruían las obras. Así, aprovechando su existencia y su carácter de obstáculos, la tala se practicó hasta la extinción. Acciones como estas eran recurrentes en la ciudad, pues ante la construcción de rebalses, limpieza de terrenos, mejoras alrededor de las acequias y demás cambios en el trazo urbano, se tumbaron álamos, olmos, fresnos, nogales y demás especies.

Además, para la población en general, para el ciudadano de a pie carente de propiedades, la presencia de árboles también representaba un inconveniente. Así lo demuestra la solicitud del señor Guadalupe García en 1930, para quien el terreno boscoso aledaño a la calle Ignacio Zaragoza era un peligro debido a su exuberancia, pues los ladrones lograban ocultarse entre lo denso del follaje (AHCJ-AC, 11 de agosto de 1930). La petición terminó en la desaparición de la mayoría de los árboles. Cabe agregar que no todas las áreas verdes sufrieron tal suerte, otras más perecieron por el descuido y la indiferencia de los habitantes, como los múltiples álamos ubicados entre la calle Begonias y la avenida Mariscal, cuyos troncos secos y muertos fueron retirados en la década de los treinta, luego del evidente abandono por parte de los ciudadanos y las autoridades.

La desaparición de las áreas verdes de la ciudad dejó su impronta en las generaciones posteriores. No obstante, tal vez como un intento de remediar el cambio de paisaje o una respuesta ante

la tendencia mundial de reforestación y amor por los parques nacionales, el gobierno municipal, a partir de 1930, inició la compra masiva de árboles. Los documentos de la época arrojan una cifra aproximada de 8500 ejemplares, entre los que se encontraban especies como eucaliptos, álamos y “siempre verdes” (AHCJ-AC, 16 de diciembre de 1930).

El cambio de paisaje también implicaba una transformación del plano municipal, en el trazado de las calles y en el acomodo establecido por una población que edificó su vivienda en zonas contrarias a las del diseño oficial de la ciudad. Llegado el momento de la expansión y el desarrollo urbano, cuando las nuevas exigencias comerciales, el arribo del ferrocarril y el nuevo impulso económico hicieron necesaria la existencia de una ciudad con calles rectas, avenidas amplias y terrenos bien definidos; el trazado espontáneo cambió súbitamente. El orden se vinculaba a la rectitud de líneas y ángulos; la curvatura o los quiebres tienden a asociarse con lo caprichoso o anárquico. Desde entonces, el habitante fronterizo fue motivo de la imposición de una forma totalmente diferente a sus hábitos constructivos. Terrenos amplios desaparecían para darle lugar a numerosas calles y lotes de menor medida, los propietarios de tierras con extensión considerable eran despojados de grandes porciones de sus inmuebles, que eran empleados para la conformación de distintas vialidades. Calles, callejones, bardas y casas enteras desaparecieron para dar lugar al nuevo trazado de la ciudad. Por su parte, los habitantes desalojados por la ‘modernización’ del poblado, hubieron de trasladarse a espacios colindantes con la zona centro, otras veces, mucho más allá de los barrios con los que se había iniciado la urbanización.

A lo anterior se sumó la llegada de trabajadores de otras regiones del país, así como grandes cantidades de población extranjera, principalmente asiática, que arribaba a la ciudad en busca de empleo, a fundar negocios o simplemente de paso hacia otros rumbos. Este incremento demográfico orilló a los ciudadanos a trasladarse hacia zonas cada vez más alejadas del Centro, o bien, a asentarse en los barrios en auge como Bellevista, Chaveña, el Monumento y El Barreal. El crecimiento de tales zonas y la ins-

talación definitiva de sus habitantes se manifestó a través de la saturación de los pocos servicios públicos con los que contaba la ciudad, como las escuelas de educación básica, con su consiguiente escasez para atender todos los rubros necesarios para un servicio completo. Así, una docente del barrio de La Chaveña relataba que

los techos de esta escuela á mi cargo (No. 288) están en tan deplorables condiciones que solo con una insignificante lluvia, las goteras continúan hasta por dos días. Dos vigas del ventilado están caídas, amagando un gran peligro, porque repentinamente se pueden caer y ocasionar desgracias (AHCJ-AC, 22 de enero de 1924).

Una situación afín a muchos de los planteles de la ciudad, los cuales, al carecer de vidrios en las ventanas o puertas, eran vandalizados o despojados del material didáctico, todo ello con la aparente indiferencia de los funcionarios locales y estatales.

Tan endeble situación también se hacía manifiesta en otros barrios, como en el Monumento, Barreal y zonas aledañas, como el barrio Cuauhtémoc. Sitios donde, posiblemente, por el alto número de habitantes y la falta de empleo, habían desembocado en la proliferación de “muchachos vagabundos”, jóvenes ociosos que realizaban actos vandálicos en los espacios públicos e, incluso, en los domicilios particulares. La situación llevó a enfrentamientos, algunos de ellos armados, entre la población joven y los habitantes con mayor edad de los barrios (AHCJ-AC, 17 de marzo de 1924). Mas los problemas empeoraban con la llegada de la noche, pues la falta de iluminación pública favorecía los actos delictivos en las zonas aludidas, de ahí que fueran una constante las solicitudes para la instalación de lámparas en puntos estratégicos de las colonias. Por su parte, el cuerpo policiaco de la ciudad se mostraba insuficiente para contener tantos brotes repentinos de violencia, posiblemente por la falta de personal, la preparación insuficiente o la ausencia de motivación. Razón por la cual, los barrios de Bella-vista y Chaveña comenzaron a nombrar a sus propios agentes del orden, un “cuerpo de seguridad ciudadano” integrado por hombres

adultos, la mayoría de ellos trabajadores que realizaban las labores de vigilancia y prevención del delito en su tiempo libre.

El Centro de la ciudad era dominado por las cantinas, los salones de baile, prostíbulos y los diversos sitios de entretenimiento y apuestas cuyo número se exacerbó a partir de la entrada en vigor de la Ley Volstead o “Ley Seca”, la cual prohibía la producción, circulación, venta y consumo de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, vigente entre 1919 y 1933. Por lo tanto, era común la proliferación de personas en estado de ebriedad, la circulación de prostitutas fuera de la zona de tolerancia y la presencia de enajenados mentales, quienes, una vez trasladados al Hospital Civil para su tratamiento, no tardaban en volver a las calles debido a la falta de condiciones de seguridad y manutención en el recinto.

En el Centro de la ciudad, justo en la acera de la iglesia de la misión de Guadalupe y la Plaza de Armas, sobre la que hoy lleva por nombre avenida Vicente Guerrero, también abundaban los puestos ambulantes, los vendedores informales que obstruían el tráfico y ayudaban a calificar como de fea la imagen de la ciudad. Sin embargo, esta visión deplorable del poblado continuaba al otro lado de la calle, a las afueras del Mercado Cuauhtémoc, donde los comerciantes, carentes de un local o área de venta dentro del recinto, se aglomeraban en las calles aledañas, dificultando el paso de vehículos y transeúntes.

En esta zona de la ciudad, pese a los intentos de remodelación, la instalación de lámparas, reparación de calles, entre otros menesteres, los espacios mantenían un aspecto deplorable. Tal fue el caso de las banquetas de la Plaza de Armas, constantemente inundadas por el rompimiento de tuberías, el atasco de basura y la falta de mantenimiento en los jardines. Por otro lado, los espacios estigmatizados, como la zona de tolerancia, lugar de prostitución, tráfico de drogas, venta ilícita de alcohol y proliferación de actos denunciados como “degradantes”, se mantenía en constante cambio y movimiento, pues ante las denuncias de los ciudadanos, hartos de la presencia de eventos ‘inmorales’ en las calles, las autoridades municipales no dudaban en modificar los límites de dicho espacio, trasladándolo unas cuantas calles, para afectar a

otras zonas y sus habitantes. De esta manera, un área familiar súbitamente podía verse invadida por establecimientos de moral cuestionable. Una de las zonas más afectadas por tales modificaciones fue el barrio de Bellavista, cuya población constantemente denunciaba el ingreso de prostitutas provenientes de la zona de tolerancia.

Sin embargo, pese a tales vejaciones, la población solía encontrar respiro y consuelo en las distintas actividades realizadas en la ciudad. Era común la asistencia en masa a los puestos ubicados en el monumento a Benito Juárez, donde podía disfrutarse de diversos alimentos, líquidos y bebidas embriagantes expendidas secretamente en algunos establecimientos. También destacaban los eventos de la plaza de toros y el hipódromo de la ciudad, los realizados en los auditorios de instituciones de educación primaria como la escuela del barrio de Bellavista y el Monumento, así como los primeros cines ‘populares’ instalados en los patios de ciertos negocios de la zona centro.

Una gran sección del Partido Romero, junto con la Obrera, los asentamientos en el lomerío al norponiente del núcleo original, así como el resto de La Chaveña, la zona de consolidación del Barreal y la creación de la colonia Exhipódromo, obedecen a procesos de expansión posteriores a 1920. Los herederos de los grandes especuladores de la tierra que acumularon durante décadas a partir del paso de Benito Juárez por la región, que se beneficiaron de los programas de amortización de terrenos nacionales durante el porfiriato y los que surgieron como ricos gracias a sus actividades durante la Revolución, dedicados al negocio de la especulación de tierras, fueron los promotores de la expansión de Ciudad Juárez hacia el sur, así como por la orilla del río.

Una primera síntesis sobre los procesos de formación de barrios y colonias dentro de Ciudad Juárez la realizó Guadalupe Santiago. El cuadro que ella propone queda de la siguiente manera después de haber realizado algunas modificaciones:

Como puede verse, el ritmo de crecimiento de la ciudad a fines del siglo XIX y principio del XX son totalmente distintos a los experimentados a partir de la década iniciada en 1960. Algunos elementos que pueden ser útiles para iniciar la reconstrucción histórica de estos asentamientos urbanos los mencionaremos someramente a continuación.

El origen de la demarcación permanece incierto, sin embargo, existe un hecho que marca su posible inicio. En abril de 1924 el señor Cipriano Martínez giró una solicitud al Cabildo. Se presentó como “miembro de la clase obrera de la ciudad” y en su exposición alegó que los propietarios de viviendas en la localidad acosaban de manera molesta a los ocupantes de las casas, quienes tenían derecho a formar un hogar, para lo cual, con el afán de eliminar esa relación conflictiva y atentatoria de los derechos elementales de los trabajadores, pedía la adjudicación de un terreno municipal que él fraccionaría de manera conveniente y “tan solo con la mente puesta en el beneficio de los trabajadores” (AHCJ-AC, 29 de abril de 1924).

Barrios de Ciudad Juárez, 1900-1930

Nombre	Periodo de ocupación y nombramiento	Propietario o fraccionador	Actualmente
Barrio Alto	1875-1900	Municipio	Partes de Barrio Alto, El Carmen y Arroyo Colorado
Bellavista	1890-1919	Mariano Samaniego, Inocente Ochoa, José J. Flores, Ing. Montes de Oca	Bellavista, Altavista
Chaveña	Década de 1890	Municipio, Mariana Ochoa, Juan de Dios Ochoa	Chaveña
Hidalgo	1890-1920	Jesús Molinar y Rey, Ricardo Garcia, Carlos Águilar, Gabriel Samaniego, Mariana Ochoa, Juan de Dios Ochoa	Hidalgo
Cuauhtémoc	1921	Hermanos Samaniego	Cuauhtémoc
Barrio De los Ángeles	1921	Carlos Aguilar	Cuauhtémoc
El Barreal	1890-1920	Municipio, Francisco J. Padilla	El Barreal
Adición Padilla	1924	Francisco Padilla	Durango
Hipódromo	1930	Municipio, Moisés Garcia, Elias Hernández, Jesús Molinar y Rey	Exhipódromo
Adición Monte-mayor	1924	Leandro F. Huerta	Exhipódromo
Libertad y área anexa	1930	Carlos Aguilar, Jesús Molinar y Rey	Parte de la Libertad
Barrio El Retiro	1924	Rómulo Escobar, Alfredo Urías, Compañía Constructora de Bienes Raíces Paso del Norte S. A.	México

El terreno solicitado se ubicaba al sur de la ciudad, cerca del panteón Tepeyac. Lo describía el peticionario como una tierra abandonada, sin utilidad alguna. Especificó que la precariedad de las construcciones que se realizarían no afectaría la estética de la ciudad, pues se trataba de una zona alejada del Centro. Aunque en algunos documentos se habla de la Colonia Obrera con naturalidad en las décadas de 1920 y 1930, lo cierto es que el segmento de la ciudad no tuvo ese nombre sino hasta 1959, cuando se nombraron sectores a partir de la dotación de terrenos a las personas de acuerdo con su filiación laboral: Del Maestro, Periodista, Postal, Maestros Estatales y Federales, Telegrafistas, Obrera, Burócrata y Fundidora (Santiago, 2011: 342-343). Por un tiempo, que no se ha podido precisar, antes de llamarla “colonia Obrera”, se había llamado colonia Primero de Mayo (Santiago, 2011: 352).

Durante el mismo año de 1979, el 3 de agosto, sucedió en la colonia Obrera uno de los hechos más lamentables en la historia de la procuración de justicia en el país. Elementos de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua se llevaron preso de la casa que habitaba en la calle Pablo L. Sidar al señor César Roberto Fierro Reyna. La misma noche de su detención fue puesto en custodia por las autoridades estadounidenses y el 15 de febrero de 1980 se le sentenció a muerte acusado del asesinato del taxista Nicolás Castañón (Rodríguez, 2004). A casi cuarenta años de la sentencia, Fierro es el prisionero en Estados Unidos que más tiempo ha estado encarcelado sin que se ejecute la sentencia. El caso de Fierro Reyna fue llevado con muchas irregularidades y si bien no se ha culminado el asunto al no obedecerse la sentencia, tampoco lo han dejado en libertad. Ya ninguno de sus familiares vive en la colonia.

Los medios de comunicación impresos adolecen de una pobreza extrema en cuanto a sus formas de trabajo, ya que si no están presentes en los eventos de violencia por haberse colgado de las frecuencias de comunicación de las corporaciones policiacas, están a la caza de boletines de prensa de las instituciones; rara vez hay un trabajo de investigación propia, mucho menos de información no ligada a lo que en México conocemos como “nota roja”. Por esa razón, la inmensa mayoría de las notas periodísticas de cada uno de los barrios está relacionada con hechos de violencia, con actos delincuenciales. El caso de la colonia Obrera no es la excepción.

La zona que abarca la colonia Bellavista tuvo sus primeros asentamientos habitacionales una vez que se tendieron las vías del Ferrocarril Central Mexicano, entre 1881 y 1890. No se trataba propiamente de un suburbio de la ciudad, sino que era la gente que de alguna manera se hacía cargo de los terrenos propiedad del Dr. Mariano Samaniego y de su cuñado Inocente Ochoa. Lo que actualmente comprende la Bellavista siempre ha sido cruzado

por el canal de la Acequia Madre. Se trata de un trazo, el actual, el mismo del siglo XIX y heredado del diseño que del riego rive-reño se había hecho desde los primeros tiempos de la ocupación española. Cuando se construyó la presa a la orilla del río, motivo de un nuevo convenio de aguas entre Estados Unidos y México, los juarenses convirtieron el lugar en un destino de paseo. Ahí se trasladaron las fiestas de San Isidro —que hasta entonces se organizaron en un espacio entre la acequia y el río, en la zona donde se cruzan las calles Dalias y Fierro— y se diseñó un espacio arbolado que permitiera disfrutar del lugar en tiempos de calor. Las fiestas de la siembra, como también se les llamaba, eran un negocio fructífero para quien se adjudicaba la concesión que anualmente se remataba en subasta pública. A cambio de cierta cantidad fija que percibía el Ayuntamiento, entre 100 y 200 pesos a principios del siglo XX, el concesionario rentaba puestos de comida, de bebidas, loterías, juegos de feria e, incluso, palenque para peleas de gallos (AHCJ-AC, 22 de mayo de 2005).

Posiblemente bajo el esquema de arrendamiento, algunos inmigrantes japoneses, de los pocos que quedaron en la región después de la gran racha de construcción de los ferrrocarriles, estaban asentados en esos terrenos y se sabe que cultivaban la amapola para comercializar el opio entre sus connacionales que se habían establecido en Estados Unidos. Después emigraron, pero dejaron en manos de locales la práctica que se había convertido en muy buen negocio (Hernández, 2005).

Con la entrada en vigor de la nueva ley estatal en materia de terrenos municipales en 1905, los miembros del Ayuntamiento y quienes ordenaban la vida cotidiana en la ciudad buscaron controlar el crecimiento de acuerdo con un plan específico, pero sin darlo a conocer. En enero de ese año, por ejemplo, pretendieron que la señora Juliana Rubio vendiera su lote en la calle Donato Guerra, pero ella se negó debido a que los 100 pesos que le ofrecieron por él los consideró insuficientes; si no le daban 200, declaró, se esperaba a que un juez determinara un precio por expropiación (AHCJ-AC, 2 de enero de 1905).

Sin embargo, un problema constante del área que conocemos como Bellavista era el arroyo Colorado, que en tiempo de lluvias arrasaba con lo que a su paso encontraba y se desbordaba. Se habían realizado unas obras que buscaban controlar el curso del agua, pero las lluvias de septiembre de 1905 destruyeron esos canales de control. Los vecinos de la zona estaban obligados a aportar trabajo comunitario para las reparaciones. En 1925 se volvió a destruir el bordo protector.

Con su nombre actual, la Bellavista comenzó a formarse hacia 1913 (Santiago, 2011: 99), cuando algunos de los dueños de los predios, como José J. Flores y Apolonio Sánchez pusieron a la venta lotes en abonos y bajo precio. Se trataba de terrenos donde tradicionalmente se sembraba trigo, alfalfa, hortalizas y algunos frutales. En 1919, otra parte de la Bellavista se ocupó con casas en predios que fueron parte de los terrenos de don Mariano Samanie-go, entonces en manos de sus herederos. Al parque de Bellavista llegó desde 1920 el kiosco que por algunos años ocupaba un espacio en la plaza principal de la ciudad, frente al atrio de la iglesia de la misión; lo paradójico del caso es que el kiosco llegó cinco años antes de que el ayuntamiento autorizara la construcción del parque Bellavista, sobre un terreno expropiado en julio de 1925, a los señores Hurtado, Azcárate, Flores y García. Fue en marzo de 1920 que de manera oficial se estableció el lote para la construcción de la escuela pública en el barrio. En 1924, la escuela funcionaba ya con 220 estudiantes bajo la dirección de la profesora Ignacia Gutiérrez, al frente de tres docentes ayudantes y un conserje. Se trata de la Primaria Estatal Bellavista.

Por su parte, el 21 de marzo de 1924 arrancó el funcionamiento de la hoy Primaria Federal Benito Juárez, primero instalada en una casa en la esquina de Cobre y Mariano Samaniego y a partir de 1928 en su localización actual de Mejía y Oro. En esta última se ubica el busto de Benito Juárez que por muchos años estuvo en la Plaza de Armas desde septiembre de 1888 cuando la villa de Paso del Norte cambió su nombre por el de Ciudad Juárez. En 1925, el regidor de Educación se quejaba de la poca asistencia de los niños a la escuela, pues preferían trabajar como lustradores de

zapatos o de lo que fuera en las calles, ante la gran posibilidad de ingresos que les abría la llegada de tantos visitantes al centro de la ciudad. A eso debemos añadir la decisión del cabildo de Juárez que mandó la zona de tolerancia dentro de los límites de la Bellavista, en el polígono que forman las calles Aldama, Morelos, Cobre y Las Lomas.

La construcción y puesta en marcha del ferrocarril por fuerza modificó la vida de la villa de Paso del Norte, como sucedió con todas las poblaciones a donde llegó este medio de transporte. Específicamente Ciudad Juárez se pensó, funcionó y respondió diferente a cada lado de las vías, al oriente o al poniente de ellas.

La Chaveña es un fenómeno propio de los pueblos con tren. Alrededor de la estación empezaron a asentarse quienes llegaban a la ciudad para trabajar en la compañía ferrocarrilera. Habiendo terreno, lo más sencillo fue apropiarse del espacio contiguo a la estación, al lugar donde debían presentarse para iniciar la jornada diaria. Primero lo hicieron quienes participaron en la construcción y afinación de detalles de la estación y después llegaron los encargados del mantenimiento a la ruta, así como los encargados del patio de maniobras, de los talleres, la tripulación de los trenes, sus familias, quienes les prestaban algún servicio... Al gobierno municipal no le quedó otra alternativa más que ordenar el nuevo asentamiento, permitiendo el diseño de calles, regulando las transferencias de propiedad y elaborando un plan de ocupación. Con el paso del tiempo y consolidándose la zona alrededor de las vías del ferrocarril y de la estación como un área industrial, los polos de atracción de migrantes fueron más potentes; la necesidad de habitación cercana creció muy rápido.

La ciudad tenía más habitantes y la expansión de las zonas habitadas más o menos seguía un orden concéntrico, es decir, las nuevas casas se fincaban junto a las que ya estaban construidas. Para 1905 las calles de la que ahora llamamos La Chaveña fueron nombradas por el cabildo: Arteaga, Mata Ortiz, Hospital,

Joaquín Terrazas, Mauricio Corredor, Román Aranda, Jesús Escobar, Rodolfo Ogarrio, Platón Sánchez y Rafael Velarde. De la misma manera, se determinó incrementar la superficie del panteón. Dicen también los viejos habitantes del barrio que un grupo de españoles patrocinó en 1908 “la pila”, que es símbolo de identidad del barrio, una instalación para que la gente de los alrededores se surtiera de agua antes del tendido de las líneas de abastecimiento domiciliarias.⁴⁸

El final de la Revolución marcó el despegue de La Chaveña. Llegaba más gente de cualquier parte del país y ocupó los espacios que dieron forma a la colonia, además aledaños a la estación del tren. Se levantó la escuela, se construyó el jardín y comenzaron las gestiones para tender por la colonia la red de agua potable. El diseño de la educación obligaba a cada escuela a contar con un huerto, pero algunos vecinos se quejaban de que el agua utilizada para regar afectaba la cimentación de las casas. Dado el carácter obrero de los habitantes de la colonia, en el Cabildo se propuso ocupar la parte no utilizada de la escuela para instruir a los adultos mayores del barrio. Fue la manera de eliminar el huerto.

Además, la zona de tolerancia se trasladó a la intersección de las calles Libertad y Humboldt, a dos cuadras de la escuela, por lo que el barrio era muy frecuentado por los turistas proveedores de divisas en una época en la que era urgente incrementar los ingresos y la ley seca en Estados Unidos lo facilitaba. A media década de los años veinte, los regidores buscaban que los tranvías dieran servicio a La Chaveña y el Barrio Alto, así como la gente exigía que la banda municipal hiciera sus presentaciones en el kiosco que recién habían trasladado del parque del Monumento a Juárez. Pero ni tranvía ni música llegaron.

La importancia poblacional de La Chaveña no se podía negar al ser una de las zonas preferenciales para ubicar escuelas de educación básica entre 1920 y 1940: la Francisco I. Madero y la Miguel Hidalgo. La culminación de este esfuerzo está representado por la construcción del Centro Escolar Revolución, comenzado en 1937 y finalizado en 1939, además de que la inauguración fue encabezada

por el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la república, en mayo de ese año.

La historia de la ciudad se aglutina en El Centro, pues además de ser el tradicional asiento de los poderes político y económico, el tamaño de la localidad tardó mucho en rebasar los límites de esta área. Dos terceras partes del tiempo de la existencia de nuestro Paso del Norte-Ciudad Juárez han transcurrido en este sector. Por eso mismo, podríamos asegurar que es el más tradicional o el más añejo, el que concentra la memoria de lo que ha sido este asentamiento en medio del desierto chihuahuense y desde donde partió la expansión urbana para convertirse en lo que ahora es. Esta breve crónica no se remitirá al pasado remoto, comenzaremos en el tiempo en el que la modernidad se hizo presente con toda su fuerza. Mucho se ha escrito sobre el esplendor y la riqueza de los edificios y las calles del Centro de la ciudad.

Durante sus dos periodos de estancia en la villa de Paso del Norte, Benito Juárez habitó una vez el edificio de Correos que se levantaba donde ahora está una plaza comercial dedicada a “la venta de tecnología”, según reza la publicidad sobre la parte peatonal de la avenida 16 de Septiembre, exactamente a un costado de la Catedral. En otra ocasión habitó una casa ubicada donde hoy permanecen las ruinas de lo que una vez fue el Cine Victoria, en la esquina de 16 de Septiembre y Francisco I. Madero; era la casa del comerciante Inocente Ochoa. Sus colaboradores más cercanos fueron alojados en diversas casas, entre ellas una muy grande que se encontraba donde ahora está el Mercado Reforma y que pertenecía al médico Mariano Samaniego.

Los cambios en la fisonomía de la localidad desde que se estableció la Misión de Guadalupe en 1659 se habían dado con mucha lentitud. Cuando en 1881 iniciaron los trabajos de construcción del ferrocarril todo proceso urbano se aceleró. Imaginémonos el significado de la llegada de miles de hombres contratados para el tendido de las vías sobre los terraplenes recién construidos. Además

de que eran muchos, hablaban japonés, chino, irlandés, húngaro, alemán, inglés, francés, italiano y muchas otras lenguas que los habitantes de ese entonces tampoco supieron definir (Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 13 de junio y 26 de noviembre de 1881; 4 de marzo de 1882). Traían hábitos diferentes, costumbres extrañas, creencias peculiares. Junto con ellos trabajaron nuestros abuelos, a ellos les dieron de comer, les ofrecieron un techo y una cobija. Con ellos bebieron y conversaron, fumaron y se divirtieron, además de dejar el cuerpo y el alma en las arduas jornadas de trabajo.

A la par llegaron máquinas y herramientas nunca vistas en la región. Formas de trabajo a las que era difícil de acostumbrarse, tratos laborales que jamás se habían tenido. Se abría la posibilidad de aprender, de contar con nuevos esquemas de vida, diferentes hábitos de consumo y un mayor contacto con gente de tierras lejanas. Los trenes trajeron mercancías, diversos tipos de personas, tecnologías inimaginables y la posibilidad también de llegar más rápido a tierras donde el futuro pudiera ser mejor, al menos diferente.

Y también llegaron los lujos. En 1882, con funciones diferentes a lo largo de varios días, Ángela Peralta, “El ruiseñor mexicano”, famosa cantante que había triunfado en tres giras europeas, cantó en un teatrito de madera que para el efecto mandó construir el empresario y periodista fronterizo Espiridión Provencio, en la calle Lerdo, donde ahora está el cascarón de lo que fue el Cine El Dorado 70. El Centro comenzaba a poblarse de casas comerciales que vendían mercaderías provenientes de lejanas tierras y que eran compradas para transportarse como contrabando en los mercados de México y de Estados Unidos. Por supuesto, la gente del Paso del Norte también las adquiría. La ciudad fue cobrando cierta importancia económica, ¡hasta tranvía entre las dos ciudades había! y el Congreso del Estado decretó que a partir del 16 de septiembre de 1888 la villa de Paso del Norte dejaría de ser villa y cambiaba su categoría política por la de ciudad, además de desaparecer el poético nombre con referentes geográficos para dar paso a la co-

rrectividad cívica y patriótica, dándole el nombre a la nueva ciudad en recuerdo y conmemoración del presidente Benito Juárez.

El Centro fue sufriendo transformaciones de infraestructura: se construyeron banquetas, se ampliaron algunas calles para que circulara el tranvía con menos obstáculos, se construyeron puentes para cruzar las acequias (también para que circulara mejor el tranvía) y se buscaba cómo controlar el río Bravo que cada año amenazaba con provocar gran destrucción en la ciudad en tiempo de lluvias. Si bien el tren trajo grandes beneficios, fue a partir del tendido de las vías dentro de la ciudad que se cancelaron algunos arroyos, se taponaron acequias y cada vez que llovía, las personas y sus bienes eran amenazados por inundaciones. Aunque los contratos entre el Ayuntamiento y las compañías del ferrocarril eran muy claros, el Cabildo debía estar insistiendo en que las empresas cumplieran con sus obligaciones una y otra vez.

Pero los problemas de agua no eran de exclusiva responsabilidad de autoridades y sociedades anónimas. Nunca faltaba el abusón que, por obtener mayor cantidad de agua para sus tierras de cultivo, modificara la estructura de las tomas para acaparar el líquido. O el problema eterno de las acequias: la basura, una basura que no llegaba sola al cauce de riego y que se acumulaba día tras día, mes tras mes, hasta que en tiempo de lluvias se presentaban los taponamientos, provocando que no a todos llegase el agua de acuerdo con lo estipulado en la normatividad colectiva. El encargado de las acequias, José Provencio, se quejaba de la gran cantidad de basura que los vecinos arrojaban a la acequia Madre... corría el año de 1891.

Durante los últimos años del siglo XIX el Ayuntamiento procuró brindar un toque moderno a la ciudad. La presencia de lo grandioso y lo moderno se puso de manifiesto con la apertura en septiembre de 1889 del edificio de la Aduana Fronteriza, construido a un costado de las vías de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, que unía Ciudad Juárez con la capital del país. Además, se contrató la instalación de focos eléctricos en la avenida Juárez y en la plaza principal, mientras que para el día indicado se colocaron sombras para aliviar el sol a las personas que quisieran

utilizar las bancas de la misma plaza, era el mes de julio de 1890. Al mes siguiente se hizo una nueva banqueta alrededor de la plaza y un puente sobre la acequia Madre.

En 1897 otra vez el agua fue el problema y El Centro se mantuvo inundado por más de tres meses; las vías del tren impedían la circulación del agua rumbo a sus cauces naturales. Al mismo tiempo, ya se comenzaba a pensar en el suministro de agua a cada domicilio, al menos entre los que lo pudieran pagar, para empezar. La propuesta era perforar pequeños pozos, por sector, para que con una bomba eléctrica se extrajera el líquido y se distribuyera por medio de una red de tubos de plomo.

En 1902 se inauguró la nueva cárcel. Estaba exactamente donde ahora se ubica el Centro Municipal de las Artes, en la llamada “presidencia vieja”. En la esquina donde está ahora el Mercado Cuauhtémoc estaba una vieja plaza de toros que se demolió y comenzó a construirse otra, pero en el lugar ocupado actualmente por la Plaza Alberto Balderas; a unos metros de ahí, a un lado de las vías del tren, todos los domingos había peleas de gallos. La nueva plaza de toros se llamaría “Pañi”, aunque después todo mundo la conoció como “la Plaza Hermanos Samaniego” y un moderno mercado ocuparía el lugar de la vieja plaza, el Mercado “Luis Terrazas”, inaugurado el 5 de mayo de 1905.

Para desgracia de muchos, las circunstancias se combinaron de manera terrible para dar paso a una crisis económica en buena parte del mundo occidental, crisis que los locatarios del nuevo mercado sintieron y a los pocos meses de ocupar los puestos recién construidos, ya estaban solicitando exenciones fiscales y otros privilegios pues no podrían enfrentar los compromisos legales a los que estaban obligados. Tan aguda se tornó la situación que los dueños de las casas en renta se vieron obligados a exigir públicamente el pago de los alquileres. Ciudad Juárez ya sentía al instante los vaivenes económicos del mundo moderno.

El año de 1909 fue muy importante para la ciudad. En enero circularon por primera vez los tranvías eléctricos que cubrieron la ruta entre la Plaza de San Jacinto en El Paso, cruzaban a Juárez por la calle Lerdo y tomaban la 16 de Septiembre (cuando todavía

se llamaba del Comercio) con rumbo al poniente hasta la Juárez y regresar a El Paso. El 16 de octubre tuvo lugar el encuentro entre los presidentes de México, Porfirio Díaz, y de los Estados Unidos, William H. Taft. Platicaron primero en El Paso y al medio día y por la tarde en el edificio de la Aduana de Ciudad Juárez, reunión que culminó con un banquete. Independientemente de lo que hayan acordado, para Ciudad Juárez fue muy importante, pues los gobiernos federal, estatal y municipal gastaron lo que nunca en tener presentable la ciudad; el sector más beneficiado fue El Centro: se introdujeron las redes de agua potable y drenaje, se reforzó la de suministro de gas, se electrificó gran parte del área, se instalaron muchas luminarias, los edificios públicos fueron remozados, los abandonados fueron demolidos, se ampliaron las avenidas Juárez y del Comercio, se arreglaron los puentes de los ferrocarriles y de los tranvías, se dotó de material a las escuelas, se uniformó a los agentes de policía, se pavimentaron las calles principales y desapareció la basura. El presidente Díaz se encargó de poner la primera piedra al Monumento a Benito Juárez (Siller y Sepúlveda, 2019).

Para las fiestas del centenario del inicio de la guerra de independencia, los planes eran también muchos, aunque no de la envergadura del año anterior. Se plantaron 225 fresnos a lo largo de las avenidas Juárez, del Comercio y Lerdo, hasta la plaza del Monumento a Juárez, así como en la Plaza de la Constitución (de Armas). Se esperaban 100 árboles más. Se siguieron ampliando avenidas y se construyeron prolongaciones a las de Ramón Corona hasta la orilla del río Bravo. Las redes de agua y drenaje se ampliaron hasta los puentes internacionales, pues hasta entonces, en julio de 1910, solamente llegaban hasta la calle del Chamizal (a partir esa fecha llamada Ignacio Mejía). A pesar de los gastos del año anterior, el tendido de vías sobre las acequias y las calles seguía provocando problemas de circulación por los baches, el rompimiento de tuberías, las inundaciones y el azolve de canales; el Ayuntamiento y los individuos afectados seguían exigiendo las composturas correspondientes a las compañías ferrocarrileras. En

junio la Policía prefirió cerrar el paso del puente por donde las vías pasaban sobre la acequia del Pueblo.

En septiembre de 1910 comenzó a trabajar un molino de harina que abarcaba de la avenida Juárez a la Ferrocarril, exactamente enfrente de donde ahora está la garita del puente internacional Paso del Norte. El mismo mes se inauguró un kiosco italiano de hierro en la Plaza Principal de la ciudad, que ahora está en el parque de la Bellavista.

La ocupación de Ciudad Juárez por los ejércitos maderistas resultó en la destrucción de una buena cantidad de lugares del Centro de la ciudad. Pero quizá algo de lo más doloroso para sus habitantes fue que en diciembre de 1911 el gobernador Abraham González decretó como prohibidos los juegos de apuestas y la prostitución. El general Pascual Orozco fue el encargado de cerrar los negocios y apresar a los tahúres y proxenetas que desatendieran la nueva normativa.

Los años veinte fueron de gran dificultad para el control de las actividades en el Centro de la ciudad. Cierto es que la cantidad de visitantes provenientes de El Paso aumentó por mucho debido a la ley seca en Estados Unidos, pero los dueños de los negocios se negaban a seguir las normas que trataban de imponer desde el gobierno del estado y el Ayuntamiento. Había resistencia al establecimiento de horarios, a los controles sanitarios y al pago de las contribuciones. Incluso, dado que las escuelas públicas funcionaban en edificios rentados, los dueños de estos buscaron incrementar el pago de los alquileres para presionar a los gobiernos a abandonar la ocupación y dedicar las fincas a negocios de mayores ingresos.

Prácticamente todo el Centro fue ocupado por bares, cantinas, cabarets y loncherías; en todos esos lugares se expendían bebidas alcohólicas y se mantenía vigilancia constante para evitar la prostitución ilegal (era tolerada bajo ciertos límites y condiciones). En 1924 se determinó que todos estos negocios debían tener cortinas o sus ventanas pintadas para impedir la visión de afuera hacia adentro y evitar los malos ejemplos. En esta década la acera sur de la avenida Vicente Guerrero se convirtió en una colección muy

grande de puestos de comercio informal; el problema se agravó en marzo de 1925, pues los regidores argumentaban que el desorden incitaba a la comisión de delitos y era muy fácil eludir a la Policía, además del mal aspecto que daban a la ciudad. A pesar de las súplicas de los comerciantes, con argumentos basados en su precariedad y la urgencia de garantizar su subsistencia, el Cabildo les dio un plazo de 30 días para desalojar la calle. Cinco años después, en 1930, el problema persistía, los argumentos de los regidores eran los mismos, así como los de los comerciantes del mismo lugar; la nueva solución fue que se quitaran de la Guerrero y se metieran a la calle Nicolás Bravo, entre La Paz y Guerrero. En 1934, exactamente lo mismo: mandaron a los ambulantes detrás del mercado Luis Terrazas, que había estado cerrado por temor a un incendio debido a las actividades de cocina que allí se realizaban.

De paso, a la zona de tolerancia la sacaron en 1925 del Centro para mandarla a la parte poniente de Bellavista, sin olvidar otra zona, menos visible, en el área de la Libertad y Humboldt, en La Chaveña. En ambos casos, muchas de las mujeres dedicadas a la prostitución eran de origen norteamericano, al igual que sus alcahuetes (Esparza, 1986: 117). Ya en octubre de 1934, el presidente municipal, con la venia del Cabildo, determinó que todas las prostitutas se concentraran en la zona de tolerancia comprendida entre las calles Ugarte, Mariscal y Noche Triste, por considerarse “aislada” del tránsito de la población.

En 1929 se inauguró el primer puente internacional de concreto, el que unió la avenida Juárez con la calle Santa Fe de El Paso. En 1930 los regidores propusieron instalar un sanitario para mujeres en el Centro. El Cabildo exigió a las compañías ferrocarrileras la instalación de semáforos automáticos y un abanderado en los cruces de la 16 de Septiembre, así como en la Mejía. Por primera vez hubo la solicitud de instalar un puesto donde se vendieran libros, pero fue negada debido a su carácter ambulante.

En 1933 se abrió la primera ruta de autobús urbano entre la plaza principal y la Escuela de Agricultura; eran vehículos para 12 pasajeros y cobraban 10 centavos. Poco después comenzó el servi-

cío de la misma plaza a San Lorenzo. En octubre de 1946 se abrió el nuevo Mercado Cuauhtémoc, construido en el mismo lugar donde había estado el Mercado Luis Terrazas. También terminó de construirse el Mercado Juárez y ambos se inauguraron el primero de septiembre. Al año siguiente, 1947, Correos de México estrenó su edificio de Lerdo e Ignacio de la Peña; la presidencia municipal estrenó el edificio que ahora alberga al Centro Municipal de las Artes (CMA); la Secretaría de Salud abrió el Centro de salud en la esquina de Vicente Guerrero y Juárez, a espaldas de la Aduana.

En marzo de 1947 se abrió el Cine Plaza, con cupo para 3500 espectadores; en 1957 abrió sus puertas la Plaza Alberto Balderas, en el mismo terreno donde estuvo antes la Plaza Samaniego, incendiada en 1956. La Nueva Central, de los señores Yepo y Wong, comenzó a dar servicio en la avenida 16 de Septiembre en agosto de 1958. En 1967, la avenida Paso del Norte se pierde en los archivos al cambiar su nombre por el de Francisco Villa.

La zona se ocupó primeramente por los agricultores que tenían sus tierras en el Partido Iglesias y con la llegada del ferrocarril algunos trabajadores se fueron asentando en ellas. Sin embargo, las autorizaciones fueron pocas, ya que el Ayuntamiento determinó que los miembros de la clase obrera deberían vivir de preferencia al poniente de las vías. De cualquier manera, la zona industrial sí rodeó los caminos de fierro y se mantienen, aun en forma de vestigios, muchos de ellos abandonados, los restos de lo que pretendió ser el polo de producción moderna en la ciudad.

Uno de los establecimientos industriales de la zona era el rastro municipal concesionado a particulares, que el regidor Alfonso Angulo describió de la siguiente manera en 1905:

Están los depósitos de encornaduras en estado de descomposición acumuladas en las paredes y cerca del edificio, los que deben alejarse; el conducto de la sangre está destapado en su trayecto al resumidero y es un foco de corrupción el cual deberá ser desinfectado; el

tanque para el agua se encuentra vacío por falta de agua en la noria o por descompostura del motor, siendo muy urgente que el tanque esté siempre lleno; no hay mangueras para lavar los pisos, las que tienen, están puestas en vigas, dejando pasar al subterráneo filtraciones que entran en descomposición; las cabezas y menudencia se limpian en los corrales sobre la tierra ... (AHCJ-AC, 22 de mayo de 1905).

La situación sanitaria del local no cambió mucho y era un factor que evitaba la posibilidad de un mayor desarrollo urbano en esa área de la ciudad.

Pero en 1909 llegó un grupo de inversionistas que vio la oportunidad de establecer un hipódromo en la ciudad y adquirió terrenos en la zona de El Barreal para su construcción. Lo primero que debían hacer eran caminos que comunicaran el área con el Centro. Las obras y la prepotencia de la compañía provocaron graves problemas en el abasto de agua de riego a las parcelas del sur, porque se tapaban las acequias o los concesionarios del hipódromo acaparaban el líquido. En enero de 1910, las autoridades municipales trataron de meter en cintura a la compañía. Cabe destacar que la zona también era afectada por la manera como las vías de ferrocarril obstruían las acequias o habían cortado el cauce natural de las aguas, por lo que en tiempo de lluvias, El Barreal se convertía en un lugar imposible de transitar.

Cuando se inauguró el hipódromo en 1910, se abrió también el servicio de tranvías hasta el centro de apuestas. El vehículo eléctrico circulaba desde la avenida 16 de Septiembre por la Ramón Corona, rodeaba la plaza del monumento a Juárez y seguía por la 20 de Noviembre hasta Constitución, luego la avenida del Hipódromo (hoy Insurgentes) hasta topar con Bucareli (ahora llamada Colombia), pasaba frente al hipódromo y llegaba a la cervecería para regresar en sentido contrario. De manera intermitente, el negocio funcionó muy poco tiempo. Comenzó la lucha revolucionaria y los inversionistas prefirieron retirarse a esperar mejores tiempos.

En la década de los años veinte, El Barreal cobró auge, pues del lado de las vías de los Ferrocarriles Nacionales —pegado a La

Chaveña— se había instalado la fábrica de whisky D. W. Distillery, pero también del lado oriente, la productora de cerveza a las que se sumaron la hielería, la aceitera y una harinera. Si bien ya no hubo tanto control por ver quienes adquirían terrenos para vivienda en la zona, también es cierto que la división social de alguna manera ya se había establecido. Alrededor de la calle Reforma, en la que propiamente era El Barreal, se ubicaron familias de clase media que trataban de imitar la elegancia de las casas de los adinerados. Poco a poco, estas se organizaron para procurar la apertura de calles que comunicaran mejor a la zona.

La década siguiente, comenzando por 1930, fue determinante para esta parte de la ciudad. En definitiva, la empresa del hipódromo no pudo sostenerse, acumuló muchas deudas al no aportar sus contribuciones municipales y tuvo que resarcirlas entregando sus instalaciones. El Ayuntamiento de Juárez fraccionó una superficie de 333 hectáreas que recibió de la compañía Jockey Club S.A, como pago de los 50 mil pesos que adeudaba y con esos terrenos se consolidó El Barreal y comenzó a formarse la colonia Hipódromo (AHCJ-AC, 28 de noviembre de 1932 y 9 de agosto de 1935).

En 1943 se oficializó la idea de robustecer la zona industrial aledaña a las estaciones de trenes. Se brindaron la facilidades para que alrededor de las empresas que ya existían, se pudieran establecer otras más. Sin mayor planificación, se fijaron los límites entre las calles Libertad y Reforma, como flancos poniente y oriente, teniendo la estación del Ferrocarril del Noroeste como vértice norte y el área de Sanders al sur.

Como zona habitacional, debido a que lo plano de los terrenos facilitaba el trabajo, El Barreal gozó de la introducción de servicios subterráneos muy rápido. Cabe destacar que en la zona se expandió la vida nocturna que por mucho tiempo se había concentrado en la avenida Juárez. Desde el Monumento hacia el oriente, por la avenida Vicente Guerrero, se instalaron bares, cantinas y restaurantes.

Fue en 1907 cuando un grupo de inversionistas estadounidenses se acercó al Ayuntamiento de Juárez para promover el establecimiento de una pista para carreras de caballos que, a los estilos europeo y estadounidense, fuera un punto de atracción para apos-tadores y gente que soñaba con agrandar sus fortunas con un golpe de suerte y exhibirse como parte de un sector de la sociedad cuya aspiración es el ocio y el derroche.

Para lograrlo, la compañía invirtió primeramente en las formas de comunicar el cruce fronterizo con el establecimiento. En 1909 pagó 517 dólares para que se hicieran los trabajos pertinentes de apertura de una nueva avenida que se llamó del Hipódromo y que ahora se llama de los Insurgentes, precisamente desde su intersección con la Constitución y hasta donde terminaba con esa leve curva que hace hacia el sur para juntarse con la Colombia, que por algún tiempo se llamó Bucareli. Buena parte de los dólares invertidos sirvió para indemnizar a los propietarios de los terrenos expropiados para completar el proyecto vial.

En diciembre de 1909 comenzó a trabajar el Hipódromo Jockey Club de Ciudad Juárez. A él llegaron jinetes del país del norte, apostadores de todas partes, pero el gusto duró muy poco porque la vorágine revolucionaria se acercaba y a finales de 1910 cerró sus puertas. En 1937 el Ayuntamiento derrumbó el edificio para lotificar y construir parte de las colonias Hipódromo y Melchor Ocampo.

La presidencia municipal informaba en 1925 que la actividad del hipódromo había cesado inicialmente por la Revolución, después por la falta de caballos para llevar a cabo las carreras y, por último, debido a las trabas impuestas por la oficina de inmigración, la cual restringió el pase de extranjeros, que eran vitales para el funcionamiento del negocio. En enero de 1930 el Municipio tomó posesión de las propiedades del Jockey Club como garantía del adeudo por contribuciones. Ese mismo año, un señor de nombre José Hernández propuso construir un asilo en las inmediaciones, donde se tendría un espacio para llevar a cabo labores

de agricultura y lograr con ello la desaparición de los vagabundos. El proyecto se quedó en propuesta.

La controversia judicial entre el Ayuntamiento y la Compañía Juárez Jockey Club fue larga y con varios juicios de amparo, revisiones y tratamientos en diversas instancias. Mientras tanto, fueron apareciendo individuos que reclamaban parte de la superficie, con lo que la decisión final se fue retrasando, hasta que por fin en 1937 el fallo definitivo fue favorable a la corporación municipal.

La reconstrucción de la memoria histórica no es sino producto de un esfuerzo colectivo. Lo presentado en este trabajo es una aportación mínima extraída de lo que está en diversos medios de comunicación y en algunos acervos documentales de la localidad, así como en textos producidos por gente que ha hecho este esfuerzo antes que nosotros. En la medida en que este tipo de recopilaciones se piensen como necesarias para entender a la ciudad, para desmenuzar los elementos que le han dado vida a este proyecto urbano, la comprenderemos mejor y será posible, si existe la voluntad, de plantear nuevos derroteros tanto en la definición de los paisajes como en las formas de convivencia, cuestiones que jamás pueden considerarse separadas. Este texto no es definitivo. Lo que aporten los lectores, lo que acerquen a la reflexión y la acumulación de conocimiento quienes tienen por ahí algo guardado, recuerdos, anécdotas o pruebas palpables de un pasado inmediato, será fundamental para engrosar la crónica. Logrado lo anterior, estaremos en condición de historiar.

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Edificios de educación en Ciudad Juárez 1940-1950. Respuesta

A LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En este escrito se pretende entender y reconocer la importancia de la construcción de las edificaciones educativas en Ciudad Juárez, en el periodo de 1940-1950, enmarcadas en la implementación de los programas institucionales nacionales y la influencia del movimiento moderno en la arquitectura. De esta manera, se analizan dos escuelas primarias existentes construidas en la mencionada década de estudio, situándolas contextual e históricamente como parte del proyecto de planeación nacional.

Palabras clave: arquitectura educativa, modernización urbana, equipamiento urbano moderno, Ciudad Juárez.

This writing is focused on understanding and recognizing the importance of the construction of educational buildings in Ciudad Juarez, in the period of 1940-1950, framed in the implementation of institutional programs and the influence of the modern movement on architecture. In this way, two of the existing primary schools within Ciudad Juarez built in that decade are analyzed, placing them contextually and historically as part of the national planning project.

Keywords: educational architecture, urban modernization, modern urban equipment, Ciudad Juarez.

Hablar de la infraestructura educativa de los años 40 del siglo XX en México nos remite a un momento en el que se buscaba la educación obligatoria y gratuita en todo el país, principios que actualmente siguen vigentes.³ Durante esta década se pudieron reconocer e identificar evidencias de otras maneras de hacer la ciudad, otros intereses en su crecimiento y un entendimiento de los problemas urbanos a partir de su configuración física.

En 1940, en la administración gubernamental de Ávila Camacho (1940-1946), hay un cambio de visión en México. Es el periodo de guerra y, debido a que las potencias económicas estaban enfocadas en producir armamento, era una oportunidad para industrializar el país.⁴ Desde el gobierno federal se buscó principalmente la conciliación con los empresarios y la clase obrera, bajo una estrategia llamada de “Unidad Nacional” (cohesión nacional). Esta visión se mostraba en el programa mismo de la educación y se reflejó en la reforma del Artículo 3^o, donde participa el secretario de

Educación, Torres Bodet, eliminando el concepto de “educación socialista” e integrando un conjunto de valores necesarios para la unidad nacional.

El presidente Ávila Camacho dio inicio a la atención de la salud y la educación como cuestiones básicas para el desarrollo del país, bajo una visión integral, en donde se consideraron las necesidades de la nación. Para lograrlo, dio instrucciones al secretario Gustavo Baz, junto con el arquitecto Jorge Villagrán, para encargarse del sector salud; y a Jaime Torres Bodet, con el arquitecto José Luis Cuevas, para que atendieran las cuestiones de educación. Es así como surgió el Plan Nacional de Hospitales y el Programa Nacional de Construcción de Escuelas.⁵¹

Algunos arquitectos mexicanos —desde las grandes ciudades— poco a poco se fueron apropiando del programa, el cual coincidió con el interés gubernamental de construcción de un Estado moderno, producto de la Revolución. Este objetivo encuentra en la arquitectura uno de los instrumentos que pudieran representar de manera más clara la modernización del país, esta traducida por un lado en urbanización —urbanizar la ciudad— y, por otro lado, en imagen —símbolo de modernidad.

Como parte de su gestión como secretario de Educación Pública, Torres Bodet realizó visitas a las escuelas para poder conseguir información sobre la cual basar la distribución de fondos y a la vez conocer los procedimientos de matrícula. Sin embargo, lo que pudo apreciar fue un completo abandono en las mismas, alarmantes condiciones de pobreza, edificios escolares adaptados en casas viejas e inadecuadas, con mala iluminación y ventilación, aulas frías y oscuras, en condiciones higiénicas deficientes, sin espacios para talleres y bibliotecas, y en otros casos expuestas a un sol ardiente.

Con la finalidad de resolver estos problemas inauguró el 11 de febrero de 1944 el Comité Administrador del Programa Federal de la Construcción de Escuelas (CAPFCE).⁵²

4 Lazarín, F. (1996). Educación para las ciudades. Las políticas educativas 1940-1982, pág. 167.

El fondo inicial de este Comité se hallaba compuesto por 10 millones de pesos proporcionados por la Federación, millones donados por la iniciativa privada y un millón cedido por Petróleos Mexicanos. Se elaboró un plan para la construcción de 796 nuevos edificios. Se concluyeron 352: tres jardines de niños, 342 escuelas primarias, tres secundarias y cuatro planteles para diversas finalidades. En 1946 se terminaron otros 236: 216 primarias, seis secundarias, 13 planteles diversos y un internado. De esta forma, se podría otorgar inscripción a 200 683 alumnos más en el país, entre niños y adolescentes.

Así, después de dirigir la atención social a las comunidades rurales, serían las ciudades la prioridad. En el plan industrializa-dor, la ciudad es el lugar donde se podría llevar a cabo este cambio estructural del país y la educación formaría parte importante del mismo. De esta manera, las escuelas urbanas fueron elemento principal, por lo que había todo un impulso por mejorar la infraestructura educativa y de que esta sirviera para darle sentido a la planeación y organización interna de las ciudades.

La salvación de México, a partir de esta década, se haría descansar en la industria, no importaba que ésta fuese nacional o extranjera, de tal manera que la educación rural se convirtió en asunto secundario para la política estatal y la educación urbana ocupó la palestra en las prioridades del gobierno federal (Lazarín, 1996: 166).

En muy poco tiempo, en menos de quince años, la ciudad y su arquitectura se estaban generando de forma distinta, factor esencial para entender este enfoque diferente que se presentaba y respondía específicamente a la participación activa de los arquitectos.

Así, se busca perfeccionar el proyecto de urbanización de México que, considerando otra visión, ya había iniciado a finales del siglo XIX, y el cual pretendía pasar de un sistema de traza con intenciones de orden, higiene y belleza basado en la ciudad por-firiana, a uno nuevo donde era importante definir y considerar los modelos arquitectónicos y urbanos modernos.

La urbanización en las décadas 30 y 40 tiene el propósito de desarrollar el ámbito urbano como un proceso de “evolución de la forma de vida de la población”,⁵³ frente al rural, como una forma de modernizar el país (y establecer el desarrollo industrial).

El crecimiento de la ciudad ya no es una continuidad de la existente, se evidencia que requiere ser proyectado de manera integral. Esta sería, entonces, la ciudad del arquitecto, la ciudad como tema de composición, definida a partir de objetos arquitectónicos, partes completas, autosuficientes e independientes.

La discusión se concentra principalmente en la planeación del crecimiento de las ciudades y en mejorar la urbanización, como medidas para contrarrestar los barrios marginales y a la vez poder ensayar con nuevos modelos urbanos, los cuales incluyen modernas tipologías arquitectónicas.

Pero la arquitectura no solo operacionaliza el proyecto de Estado moderno, también se convierte en una imagen, una representación de la modernidad, que se reconocía como un símbolo de la eficacia que se pretendía en los servicios públicos. Asimismo, es la imagen de la Ciudad Cosmopolita, la cual puede representar más contundentemente los atributos de una sociedad “moderna”. De esta manera, rápidamente la arquitectura se institucionaliza. Muy pronto los arquitectos están vinculados al gobierno y trabajan desde diversas secretarías para planear las ciudades mexicanas y construir el estado de bienestar de un México moderno. Y por otro lado los arquitectos también están siendo reconocidos socialmente como los expertos en el desarrollo de objetos arquitectónicos, lo cual les permitió ensayar nuevas tipologías para la ciudad moderna, ligadas, además, al desarrollo de la industria de los materiales de construcción. El discurso social y cosmopolita de la arquitectura requería el poder llevarlo de manera literal a la práctica.

El avance de estas acciones se traduce rápidamente en el uso de nuevas tecnologías constructivas y materiales, en la apropiación de nuevas tipologías y modelos arquitectónicos y urbanos. La ciudad se entiende como un objeto a planificar y proyectar.

Un aspecto considerado como fundamental en el desarrollo de la educación está basado en el objetivo que se estableció a partir del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) que, contrario a lo que se ha podido registrar en mayor oportunidad por la cantidad de instituciones repetitivas que se despliegan a lo largo y ancho de nuestro país, es la invaluable claridad de entendimiento de cómo las escuelas deberían responder a su misión tanto en el plano de la economía como en el de servicio, en una región específica.⁵⁴

El CAPFCE tenía claro que las condiciones de la capital de la República Mexicana eran y siguen siendo, por mucho, diferentes a las que se presentan en otras regiones del país, por lo tanto pretender un modelo único de edificio escolar para toda la nación era definitivamente imposible de concebir.⁵⁵

Se buscó que la arquitectura educativa que se estaba generando se caracterizara por la pertenencia a su tiempo y a la región geográfica en la que se realizaba, entendiendo que el regionalismo no podría ignorar la modernidad, ni la modernidad abdicar al regionalismo.⁵⁶ Se tenía claro entonces que ni el clima, ni la psicología colectiva, ni la idiosincrasia del educando podrían negarse al tratar de responder a cada zona del territorio nacional.

En Ciudad Juárez, en las décadas 1940 y 1950 se registró un cambio de paradigma en la construcción de la ciudad. En este momento coinciden dos tipos de entendimiento de la edificación: por un lado, la que se representaba bajo la visión desde la práctica local, basada en las edificaciones que completan una estructura urbana de manzanas y en las cuales se utilizaban técnicas constructivas tradicionales. No se buscaba innovar, sino resolver necesidades constructivas lo más eficazmente posible. Todo lo anterior tiene precedentes con el Proyecto de Unidad Nacional (1940-1958)

que se estaba gestando en el país, en donde se buscaba el establecimiento de las bases de infraestructura para la industrialización como una oportunidad para que México pudiera avanzar, bajo un modelo peculiar de economía integrado por los sectores público, social y privado;¹¹ y por otro lado se concentraban los esfuerzos en la educación urbana, donde debido al incremento demográfico progresivo se requería de espacios que posibilitaran este fenómeno.

Para el presente artículo se han considerado dos instituciones de educación primaria que fueron edificadas alrededor de los años 1940 y 1950, en Ciudad Juárez, y que actualmente funcionan bajo los principales ejes de planeación y diseño que se consideraron en su concepción. Cada una representa una manera particular de resolver la organización de los espacios arquitectónicos que las conforman. Escuelas diseñadas para un lugar en específico, que brindaron características fundamentales con la intención de posibilitar en todo momento la riqueza del espacio educativo y de influir positivamente en el propio desarrollo de los individuos; factores como la naturaleza, el medio ambiente, la disposición de los espacios fueron considerados para impactar directamente en la forma en la que el niño experimentaba su estancia en el centro educativo.¹²

ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (1954-HASTA LA FECHA) CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

La escuela está ubicada en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un gran terreno que tiene las siguientes orientaciones: calle Brasil al este, calle Alfonso Junto al sur, al oeste la calle Mérida y en orientación norte colinda con la calle Ejido.

12 Hernández Pérez, J. G. (2004). “Análisis de edificios de educación preescolar”, pág. 21.

La institución educativa se identifica como pieza urbana que completa y trae nuevas interacciones con el contexto. La planea-ción escolar de aquel entonces consideró el emplazamiento de la infraestructura como una estrategia muy importante; se buscaba facilitar el acceso a la población infantil, por eso su localización fue un elemento particular; también se pretendió que proporcionará atributos al lugar en donde se insertaran, convirtiéndose en un referente en la colonia. De esta manera se intentó conformar un centro de barrio.

Se ensaya un nuevo programa que incluye áreas administrativas, espacios de apoyo a la educación y un acceso estratégicamente definido. Sin embargo, hay una búsqueda por redefinir el concepto de aula, desde sus condiciones ambientales, materiales y dimensionales que permitan llevar a cabo de la mejor manera posible el proceso de enseñanza-aprendizaje.⁵⁷

En el terreno se identifica un conjunto de edificios que se localizan en la orientación noreste. En contraste con las escuelas de adobe con aulas alrededor de un patio central, típicas de esa época en Ciudad Juárez, se propone una tipología a partir de un núcleo que conecta los salones dispuestos de forma lineal, lo cual tiene la intención de garantizar las mismas condiciones adecuadas de asoleamiento, ventilación e iluminación. Podría decirse que los edificios forman una “U” y al centro un patio, lo cual presume que desde su construcción se consideró el objetivo de garantizar que los niños y maestros tuvieran una extensión de su aprendizaje, la relación con la naturaleza, y además permitir buenas orientaciones en cada una de las aulas y corredores principales que permiten circular entre los propios edificios.

Los patios exteriores se concentran en la orientación sur y oeste del terreno. Esto evidencia un claro entendimiento de las condiciones climáticas de la región y con ello se privilegió y se procuró que tanto los edificios como los espacios exteriores con-

taran con buen asoleamiento, para que los niños pudieran realizar sus actividades dentro y fuera del aula.

De esta manera, grandes ventanales se dispusieron al oriente de los edificios de aulas, dejando las fachadas ponientes con pequeñas ventanas protegidas, para provocar circulación cruzada de aire. Entre los dos cuerpos de aulas se identificó un espacio abierto, a partir del cual se garantizan las condiciones ambientales adecuadas en los salones.

El elemento de articulación de los cuerpos arquitectónicos conformados por las aulas son el vestíbulo de acceso, dirección y servicios comunes. Los baños se ubicaron en el lugar más alejado de las áreas comunes, al fondo de los corredores.

Se buscó no tener las alturas de las escuelas tradicionales de adobe, para poder controlar mejor el calentamiento natural al interior de las aulas en invierno, privilegiando el control ambiental pasivo a partir de herramientas de la proyección moderna.

La entrada principal de la escuela se localiza en la calle Brasil Para entrar al edificio es necesario atravesar grandes puertas metálicas que, insertas en la fachada, delimitan el espacio del centro educativo. Se percibe una puerta fuerte, que brinda seguridad y protección a los alumnos, porque su aspecto rudo impone, pero por otro lado abraza amablemente al conjunto de edificios y patios que conforman la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla.

Una vez adentro, la visual que se presenta deja al descubierto un corredor y un gran patio, en un primer plano. El corredor permite las circulaciones que inician desde los salones en la planta baja del edificio oriente hasta el área donde se localizan las oficinas administrativas de la institución, y se continua hacia el otro cuerpo de aulas del edificio poniente. Esto va formado una circulación en “U”. Este corredor facilita el movimiento de los infantes y los protege de las inclemencias del clima.

En un segundo plano se pueden identificar dos grandes edificios separados entre sí por un jardín central descubierto, que aún conserva plantas que evidencian su existencia desde hace ya algún tiempo.

Cada uno cuenta con dos niveles y en cada planta se albergan seis salones, sanitarios y bodega.

El tercer edificio es el administrativo, de una planta arquitectónica. Ahí se localizan las direcciones de los turnos matutino y vespertino.

Esta escuela en sus inicios daba servicio en dos horarios, por ello la existencia de dos espacios para tal fin; actualmente solo opera en el turno matutino.

Además, se cuenta con espacios como bodegas, área de limpieza, de almacén, de conserjería, entre otros, mismos que apoyan en las cuestiones administrativas y también permiten dar servicio y mantenimiento a la institución.

La construcción de los edificios refleja ligereza, así aparecen grandes espacios acristalados, corredores definidos por columnas de concreto, se insertan materiales poco usados en ese momento en la región como el ladrillo, el concreto, ventanas con cancelería de acero. Se busca una estructura eficiente y flexible que a la vez garantice la durabilidad del edificio y su correcto funcionamiento. Sin embargo, también se incorporan materiales locales, sobre todo la piedra. De esta manera, se encontrará una mezcla de materiales modernos y regionales.

El programa arquitectónico se completa con áreas al aire libre para las actividades físicas como canchas, áreas de juegos infantiles, patios, etcétera. De alguna manera, estas escuelas respondieron al modelo educativo integral que se estableció en el Programa General de las Escuelas Primarias.⁵⁸

Se identificaron varios patios, y cada uno de ellos con ambientes diferentes para la realización de las actividades al aire libre de los infantes.

El espacio con graderías se localiza en la esquina surponiente del terreno, las mismas están dispuestas para albergar las can-

chas de basquetbol y voleibol. En sus inicios la escuela no tenía cubiertas esas gradas, ya que la presencia de árboles ayudaba a generar sombra en dicho espacio. En esas canchas se realizaban diferentes eventos como los concursos de “Rondas escolares”, competencias deportivas, entre otros. Las dimensiones permitían la concentración de un gran número de alumnos de escuelas invitadas para participar en los eventos.

Hoy en día, esas gradas cuentan con un domo metálico que permite a los niños y maestros cubrirse y protegerse de la intensidad de los rayos solares, pero también de la lluvia, granizo, nieve, y con ello aprovechar más el uso de este espacio.

A pesar de que se cuenta con grandes extensiones de áreas al aire libre, actualmente existe una mínima presencia de vegetación, pero sobre todo se carece de árboles que ayuden a sombrear los patios de juegos.

No hay columpios, resbaladillas, entre otros. Se cuenta con un espacio generoso para practicar la disciplina deportiva de saltos, en donde hay una alberca de arena.

También en el espacio exterior se localiza un pequeño comedor adyacente al edificio administrativo, en donde los niños y maestros pueden tomar sus alimentos; es un espacio cubierto, pero no cerrado, lo que limita su uso en temporada de invierno.

El mobiliario exterior es muy escaso y presenta condiciones casi de ruinas, y en la actualidad es un riesgo para los niños, porque se pueden lastimar físicamente.

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Imagen 4. Planta arquitectónica de conjunto de la Escuela Prima ña Pede mi Miguel Hidalgo y Costilla.

La escuela Félix U. Gómez fue construida entre los años 1947-1949 y es un ejemplo claro de arquitectura de adobe, diseñada y construida lo cálmente, en la cual se pueden resaltarlas siguientes características:

♦ El lote dictará el tamaño y particularidades de la escuela (acceso, dimensiones, orientaciones).

♦ La tipología es tradicional: el edificio de patio, el cual, en esencia, presenta mi espacio abierto configurado a partir dele construido.

♦ La escuela de un solo nr/el, ocupa todo el lote, encerrando y configurando un espacio abierto, se conforma conla zona de acceso, compuesta de direoción, biblioteca, etcétera.

♦ No es un proyecto, es la manzana la que define la escuela a partir de crujías que siguen el límite del predio y configuran el espacio de aulas, delimitando el área a ocupar al interior.

Son tres los edificios que conforman la escuela Félix U. Gómez: uno en forma de "IT y que abarca la mayor parte del predio, en el cual se localizan todos los salones, sanitarios y cuartos de aseo, áreas de apeyo; y dos edificios más pequeños localizados en la parte norte del terreno que son abrazados por el edificio mayor, que alberga la oficina de la dirección, el solón de usos múltiples y la biblioteca; en este espacio se pueden realizar ciertas actividades que no se podrían levar a cabo en el exterior cuando el clima no es favorable.

Estos dos edificios permitían delimitar dos patios, uno localizado al norte y que actualmente funciona como acceso y estacionamiento para los docentes y otro donde se des arrolan las actividades de los alumnos. Este patio quedó definido por las edificaciones que lo rodean y que a la vez se relacionan entre sí a tmvés del mismo. Así, el patio es vestíbulo, articulador, espacio de

juego y socialización. Todo lo que no se resuelve dentro del salón se resolverá en el patio. Los accesos de cada aula, baños y áreas de apoyo, dan a este gran patio, lo cual permite que los niños se formen en él antes de ingresar a sus respectivos salones.

En este gran patio no hay áreas verdes o árboles. Sin embargo, en el patio norte se identificaron solo dos grandes árboles que evidencian el paso de algunos años.

A través de los ventanales de los salones se ve el patio central, pero a la vez se identifica como el lugar privilegiado para los niños, ya que por la estructura formal se percibe una sensación de vigilancia y de protección.

La entrada de la institución educativa en sus inicios se localizaba sobre la avenida Hermanos Escobar, pero debido al tráfico vehicular que se presenta en esa vialidad, se vio la necesidad de cambiar el acceso hacia una calle con menor flujo.

Los salones tienen vista hacia la calle a través de ventanas (con rejas), mantienen una relación directa al exterior, pero siempre protegiendo la integridad de los estudiantes.

La materialidad del edificio fue sustancial aquí, el sistema constructivo con base en adobe permitió generar una “barrera protectora” en diferentes sentidos: física, porque contribuyó a delimitar cada uno de los espacios conformadores de la escuela, pero a la vez los protegía de la cercanía a las circulaciones vehiculares con las que colindan; climática, porque al ser muros gruesos y de un material tan específico como el adobe, contribuía a mejorar el confort térmico al interior de los espacios, para que los usuarios puedan desarrollar de manera óptima sus actividades; visual, porque esta idea de muro grueso también definirá las posibilidades de apertura del salón. El vano prevalecerá sobre el hueco, lo sólido frente a lo transparente, lo cerrado frente a lo abierto.

El edificio escolar es solidez, pesadez, es ritmo. El muro se abre cuidadosamente para dar paso a las vistas, directamente hacia la calle, pero siempre resguardando la privacidad de los niños estudiantes de primaria. La cubierta se resolvió de madera con un terrado.

Así, vamos a encontrar un sistema muy coherente que entiende al edificio como resultado de la manzana que ocupa y con las características específicas de la arquitectura de adobe.

El edificio educativo no será una pieza urbana excepcional, será la manzana atípica, articulada a una trama existente, complemento del barrio. De esta manera, creó ciudad y se convirtió en un punto de referencia para el sector, sin romper necesariamente con el contexto.

Se han hecho algunas transformaciones al edificio, producto de nuevas dinámicas urbanas, de la mejora y mantenimiento que requiere una construcción de adobe, pero también adecuaciones que son producto de la aparición de otras actividades en el ámbito educativo.

De esta manera, el acceso principal se cambió de la avenida Hermanos Escobar, con orientación norte, hacia la calle República del Salvador, con orientación poniente, por ser una vialidad de menor flujo vehicular. Es importante mencionar que esta calle se cierra parcialmente a la hora de salida de los niños.

A consecuencia del cambio del acceso, se modificó y adecuó un aula de la fachada poniente para generar la oficina de la dirección y un espacio de almacenamiento.

En una reciente adecuación de la escuela se cambió el techo de vigas de madera y terrado por una estructura metálica y cubierta de lámina. También se instaló una cubierta metálica tipo domo para ayudar a suavizar las inclemencias del clima en el patio.

La zona original de acceso se ha desligado de la escuela a partir de una cerca metálica, para dar cabida a otras instituciones que ocupan ese lugar.

La escuela, aunque ha tenido modificaciones, sigue conservando el diseño original del proyecto arquitectónico, y sigue respondiendo, de forma flexible, a las necesidades de los usuarios.

La arquitectura educativa de las décadas 40 y 50 implicó un gran desafío, ya que por un lado debían concretarse con mejores materiales pertenecientes a un tiempo y a una región geográfica específica, y por otro, las instalaciones debían cubrir los requerimientos de una educación moderna y organizar la planeación de los barrios alrededor de los centros educativos. Más que otro elemento urbano, las escuelas fueron espacios centrales de la vida cotidiana de las ciudades.

Sin embargo, este pretendido moderno equipamiento educativo se mezclaba con visiones locales que también entendían la importancia de ampliar la infraestructura educativa, pero desde una práctica local en donde se adoptó una forma de hacer y construir la ciudad.

Actualmente se considera que los centros educativos no responden a una región determinada física, geográfica y contextual-mente y que evidencian una carencia total de entendimiento entre el programa nacional establecido y la manera que se dio respuesta a la necesidad de espacios educativos.

La escuela Miguel Hidalgo y Costilla sobresale de manera extraordinaria de la característica respuesta arquitectónica lograda en una región específica como Ciudad Juárez. Se pueden reconocer en ella aspectos que realmente estuvieron presentes desde un inicio de la planeación de la institución, pero sobretodo, refleja en cada una de sus partes la arquitectura escolar que se privilegiaba en el programa nacional, donde se entendía que la mayor oportunidad para su éxito era precisamente entender hacia quién estaría dando servicio y el lugar en dónde podría llevarse a cabo.

Estas dos instituciones educativas aquí descritas tienen aspectos semejantes: son establecidas como centros de barrio, localizadas en predios colindantes con vialidades que permitieran la entrada y salida de los usuarios peatonalmente y con la posibilidad de llegar en coche, aunque el automóvil nunca fue la prioridad; el usuario era la figura principal para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta.

Las dos instituciones tienen muy restringido el ingreso de personas y con ello protegen a los infantes.

Se identifica además que el diseño en conjunto de cada una responde a una realidad del contexto, es decir, ambas tienen elementos arquitectónicos y materiales de construcción que responden a las características del lugar donde se insertan, un lugar de clima muy seco o desértico, con marcadas estaciones de verano e invierno.

Actualmente las características de las edificaciones educativas casos de estudio evidencian un deterioro acorde con el paso del tiempo, pero por otro lado nos dejan conocer y reconocer el encanto arquitectónico, la finura de ejecución en los detalles que se consideraron para que los usuarios, tanto niños como los propios adultos, pudieran disfrutar de los escenarios que se presentaban dentro y fuera.

Los materiales de construcción utilizados inicialmente se mantienen en la actualidad en pisos, muros, techos; muestran su edad por un lado, y por otro, que aún con el paso de los años pueden estar presentes y brindar características peculiares a los espacios. Todo el diseño de ambas instituciones refleja un entendimiento claro de lo que es diseñar un espacio de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Los edificios son una muestra del cambio de paradigma educativo, con estrategias didácticas modernas, que entendían al sujeto (usuario niño) como un ser muy importante al que se le deben brindar las herramientas necesarias para aprender en un entorno físico idóneo.

Además, estos centros educativos son parte fundamental de una comunidad, ya que es esta la que alimenta de usuarios a cada una de sus aulas.

Las escuelas Miguel Hidalgo y Costilla, y la Félix, U. Gómez, son una respuesta adecuada para que el desarrollo del individuo se lleve a cabo en forma positiva, natural y trascendental.

En estos momentos es difícil apreciar el valor arquitectónico de estas dos instituciones y la importancia en la configuración urbana de Ciudad Juárez, debido a la aparición de materiales avalados por los sistemas bancarios crediticios y por la presión

profesional ejercida por otros gremios. Es importante entender el valor de la arquitectura de tierra como patrimonio regional, para preservar y respetar estas edificaciones, así como identificar la arquitectura moderna de ese momento, que nos permite captar un momento de construcción nacional y de creatividad inusual.

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Educación no formal

DE LOS RARÁMURI DE

la Alta Tarahumara

Este trabajo pretende resaltar la importancia de la educación no formal basada en la cosmovisión rarámuri —aunada a su inclusión en el sistema educativo formal—, la cual aporta nuevos significados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se toma como base su identidad, contexto histórico, creencias y costumbres indígenas, con el fin de que los docentes actúen en consecuencia, desarrollando habilidades y competencias interculturales. La investigación se plantea desde la perspectiva de la educación popular y desde un enfoque cualitativo.

Palabras clave: educación no formal, educación inter cultural, educación popular, pueblo rarámuri.

1 Docente Investigadora del programa de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

This paper aims to highlight the importance of non-formal education based on the Rarámuri worldview, coupled with inclusion within the formal educational system, which provides new meanings to the teaching-learning process. Their identity, historical context, indigenous beliefs and customs are taken as a basis, in order for teachers to act accordingly, developing intercultural skills and competencies that improve the intercultural teaching-learning process. The research is presented from the perspective of popular education and from a qualitative approach.

Key words: Non-formal education, Intercultural education, Popular education, Rarámuri People.

En México habita una gran variedad de pueblos indígenas, por lo cual es considerado un país pluriétnico. La razón por la que se considera retomar aspectos educativos no formales de estos grupos se debe a que su forma de organización social, creencias, lengua y tradiciones permean su vida cotidiana. Algunos de estos elementos han perdurado en el tiempo, a pesar de la barbarie que han tenido que enfrentar por parte de la cultura dominante.

Desde antes de la época de la Colonia, los pueblos originarios ya tenían una organización social propia que giraba en torno a sus creencias y tradiciones. Al ser politeístas, la vida comunitaria giraba alrededor de los ritos para adorar a los dioses en los que creían. Al igual que en otras partes del mundo, existían clases sociales de acuerdo con el rango y poder económico; sin embargo, a partir de la llegada de los españoles, y la esclavitud que impusieron, se marcaron condiciones de marginación y pobreza que desafortunadamente, a más de 500 años, prevalecen en muchos pueblos indígenas.

La etnia rarámuri, también conocida como tarahumara, vive en la Sierra Madre Occidental, un lugar montañoso formado por

más de 50 000 kilómetros cuadrados en el estado de Chihuahua. La Sierra Tarahumara se caracteriza por sus hermosos paisajes y gran biodiversidad. El 85 por ciento de la población indígena de la entidad se localiza en 23 municipios serranos, de los cuales destacan por su población originaria: Guachochi, Balleza, Bocoyna, Ba-topilas, Guadalupe y Calvo, Urique, Uruachi, Guazapares, Carichí y Morelos (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2006).

Los rarámuri poseen una cosmovisión basada en creencias y costumbres ancestrales que han conservado por generaciones; son bases que sustentan su educación, lo cual tiene que ver con los conocimientos que se transmiten de padres a hijos, quienes inculcan la forma de vivir y convivir con la naturaleza para aprovechar lo que esta les provee; es decir, se trata de una educación que se transmite de manera generacional. Sus valores son dictados principalmente por el respeto a los niños, a los ancianos y a la familia, así como a la vida en comunidad. Como señala Muñoz (2013):

Las familias mantienen un fuerte sistema de asistencia mutua que se llama “korima”, el cual es un elemento dentro del concepto de lógicas de subsistencia Rarámuri que vincula normas, valores y actividades, donde el más afortunado apoya al que lo necesita (p. 2).

De esta manera, la educación de los rarámuri es de tipo no formal en su contexto natural en la Sierra Tarahumara y, cuando se acercan a las poblaciones que cuentan con instituciones educativas, la educación formal escolarizada empieza a formar parte de su vida. No obstante, se trata de una población que enfrenta altos índices de analfabetismo, pobreza y marginación, lo cual invita a reflexionar si el futuro de las siguientes generaciones continuará con este patrón de inequidad y vulnerabilidad social.

Ante estas inquietudes se planteó la necesidad de investigar sobre las percepciones de algunos universitarios pertenecientes a la etnia rarámuri acerca de la educación formal y no formal, considerando su identidad, desarrollo educativo y social, costumbres y creencias, para tratar de responder a la siguiente interrogante:

¿Es importante la cosmovisión y el contexto histórico como base para la formalización de la educación rarámuri?

Lo anterior, con el fin de explorar la manera en que los universitarios rarámuri identifican y transmiten sus saberes y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las repercusiones de la educación formal llevada a cabo por las instituciones educativas a las diferentes localidades donde habitan miembros de la etnia rarámuri.

En la presente investigación se incluyeron aspectos subjetivos en cuanto a la identidad cultural del pueblo rarámuri, así como elementos históricos, por la marcada influencia que han tenido las transformaciones sociales en el tiempo para la conformación de su cultura, y también educativos, por ser parte esencial de la propuesta como mecanismo alternativo para superar los problemas prevalecientes.

El objetivo es contribuir a mejorar la práctica docente y las competencias para la educación intercultural, en cuanto al interés que los docentes debemos tener sobre el desarrollo cultural de los estudiantes desde su cosmovisión indígena, a fin de desarrollar mejores habilidades y estrategias para generar un aprendizaje significativo permeado en el propio ser.

A este respecto, es importante destacar la investigación de Loredo, et al. (2016), quienes propusieron un instrumento de pla-neación para integrar elementos de la cultura del pueblo rarámuri al currículo oficial mexicano en la educación primaria, por lo cual esta investigación se inserta en las reflexiones sobre la necesidad de las competencias para la enseñanza intercultural en el contexto universitario.

Durante mucho tiempo la educación tradicionalista ha mantenido sus propios principios aunque, al igual que la educación no tradicionalista, sustenta propuestas eficaces respecto al aprendizaje. No obstante, por cuestiones políticas, de mercado e ideológicas se ha dificultado el trabajo en conjunto para enfocarse en un bien

En los años cincuenta del siglo pasado, en el contexto del fin de las guerras mundiales, surgió con fuerza la necesidad de analizar a los pueblos, las culturas y los grupos sociales. Los estudios comunitarios fueron un ejemplo de la necesidad de incorporar al campo de la investigación científica aspectos de la vida del ser humano, con la idea de analizar de qué manera podía mejorar su desarrollo (Martínez, 2006). Como resultado de este auge, surgió la concepción de la educación popular.

Como describe Canal (2018), la educación popular es una corriente educativa que se caracteriza por ser, a la vez, un fenómeno sociocultural y una concepción de la educación. Como fenómeno sociocultural, hace referencia a una multitud de prácticas educativas formales, no formales e informales, con una intencionalidad transformadora común. Como concepción educativa, apunta a la construcción de un nuevo paradigma educacional que confronta el modelo dominante de una educación principalmente escolari-zada y que disocia la teoría de la práctica. Además, se sustenta en principios ético-políticos que apuestan a la construcción de relaciones humanas equitativas y justas en los distintos ámbitos de la vida. Se basa también en una pedagogía crítica y creadora que apuesta por el desarrollo pleno de las capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicativas y emocionales en las personas.

La educación popular ha sido considerada como una modalidad basada en la aplicación de métodos y técnicas participativas, ya que involucra activamente a los sujetos en su propio proceso educativo (Canal, 2018). Sin embargo, también puede incluir diversas modalidades y abarcar múltiples niveles de prácticas educativas, ya sean comunitarias, grupales, formales, no formales, con personas adultas, con niños, niñas y jóvenes. Se considera como una educación protagonizada por los propios sujetos y, por lo tanto, desarrolla un proceso educativo más democrático y cooperativo.

Dichos procesos educativos permiten a las personas construirse como sujetos y actores con ciertas capacidades fundamen-

tales como la de aprender y desaprender permanentemente; la de pensar, imaginar y crear nuevos espacios y relaciones entre los seres humanos. También ofrecen la oportunidad de formarse como personas autónomas, pero a la vez responsables de construir mejores oportunidades para sí mismas. Esto requiere superar concepciones cómodas y fatalistas sobre la propia vida, así como la oportunidad de tomar lo que construye y desechar lo que hace daño de la propia cultura a la que se pertenece (Jara, 2008).

Desde la mirada emancipadora de la educación popular, el ideal es que las personas beneficiarías se involucren en su propio crecimiento, que visualicen sus experiencias como valiosas y significativas. El conocimiento se genera socialmente, de manera que puede construirse y mejorarse en el proceso según la carga de experiencia personal o comunitaria que presenten los individuos en cuestión (Núñez, 2005; Torres, 2007; Brito, 2008; Canal, 2018).

De acuerdo con los postulados de Freire (1970), facilitar una mayor educación a los sectores marginados es un compromiso social que implica dotar al individuo de herramientas para el diálogo, análisis y reflexión, con el fin de que sea capaz de criticar su propia realidad y, de esta manera, aprender y superar su posición de desventaja social. Sin embargo, cuando se está acostumbrado a ser relegado es difícil lograr dichos objetivos, pues el peso de lo establecido resulta ser muy fuerte y hasta determinante.

Por su parte, la alternativa planteada por Illich (1974) fue la de crear un nuevo estilo de aprendizaje dentro de las relaciones educadoras interhumanas; un aprendizaje que no se saliese de las relaciones de los hombres con su ambiente. Sin embargo, Illich consideraba que para que esto fuese posible tendría que cambiar principalmente la actitud frente al proceso de enseñanza y ante el desarrollo humano.

De esta manera, la presente investigación se desarrolla desde la perspectiva de la educación popular, ya que la base, principios y formas de trabajo que la sustentan, resultan idóneos para trabajar con grupos y personas en contextos vulnerables, como es el caso de la población rarámuri. En consecuencia, se retoma la edu-

cación no formal y el contexto histórico como base fundamental de los procesos educativos de esta etnia.

La metodología utilizada en esta investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo. Este abordaje puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, ya que trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, su comportamiento y manifestaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Algunas de las características de ese enfoque son que el ambiente natural y el contexto en que se presenta el asunto o problema es la fuente directa y primaria de conocimiento; la labor del investigador constituye el instrumento clave en la propia investigación; la recolección de datos es mayormente de orden cualitativo que cuantitativo; los investigadores enfatizan tanto en los procesos como en los resultados; el análisis de datos se da más de modo inductivo, y se crean condiciones para identificar cómo piensan los sujetos y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Lo que se busca es la comprensión profunda de la realidad, en lugar de quedarse en las explicaciones casuales.

En el método cualitativo el investigador intenta encontrar sentido a las situaciones según el significado que las personas (participantes) les den, ya que la interpretación

...posee una naturaleza profundamente humana, puesto que es al ser humano a quien le toca interpretar, analizar o comprender el significado de pensamientos, acciones, gestos y palabras, entre otras formas de manifestaciones, dada su naturaleza racional (Ruelas y Ríos, 2008: 184).

Respecto a las técnicas e instrumentos de investigación, al tratarse de seres humanos lo que interesa son conceptos, imágenes mentales, creencias, emociones, experiencias y vivencias

manifestadas a través del lenguaje. Esta información permite comprender los motivos subyacentes y las razones internas del comportamiento humano. Por ello, se decidió utilizar la entrevista en profundidad para obtener información.

Para Denzin y Lincoln (2005, como se citó en Vargas, 2012), la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (p. 643). La entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa de mucha utilidad, siempre y cuando se mantenga el grado de exactitud en las descripciones e interpretaciones de las entrevistas (Robles, 2011).

Robles (2011) argumenta que la honestidad, la adecuación de las herramientas y los procedimientos utilizados durante las fases del estudio, así como la capacidad de corroborar las conclusiones con evidencias, son la base para validar y reconocer un buen trabajo de investigación. El autor explica que los informantes son los que conocen su mundo y este puede ser muy distinto al que otros perciben, por lo que el investigador tiene la tarea de reconstruir el mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer.

En la presente investigación, las entrevistas en profundidad se realizaron mediante grabaciones de audio en distintas sesiones con los sujetos de estudio. Los informantes fueron seleccionados por conveniencia, de acuerdo a su significatividad, y la muestra consistió en seis universitarios o estudiantes universitarios rará-muri que contaban con la experiencia de aprendizaje tradicionalis-ta y no tradicionalista, los cuales aportaron vivencias y experiencias desde ambos paradigmas educativos.

De la muestra seleccionada, cuatro entrevistados eran mujeres y dos hombres: Bertha, egresada de la Licenciatura en Enfermería, en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); Elvira, egresada de la carrera técnica en Enfermería General en La Florencia Nightingale, incorporada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); Cristina, egresada de la Licenciatura en Enfermería en la UACH; Irma, estudiante de Ingeniería en Ecología en la UACH; Luis, estudiante de Ingeniería Civil en la UACH, y Romeyno, estudiante de la Licenciatura en Música de la Facultad de Artes de la UACH.

El complejo término que hoy llamamos educación se relaciona con algunas prácticas de sobrevivencia adaptadas al sistema de vida y de gobierno, o bien, una forma de organización de la economía de los grupos que durante su historia se han visto en la necesidad de practicarla. Por ejemplo, para los pueblos nómadas del continente americano, gran parte de la educación consistía en el aprendizaje que se transmitía a las y los jóvenes de las tribus para la sobrevivencia del clan, tales como habilidades de caza, recolección y uso de plantas, conocimientos relacionados con el sistema espiritual, habilidades para identificar territorios propicios para los asentamientos; ritos e iniciaciones acostumbrados, lo cual se hacía en la práctica y aprendían observando a los adultos.

Posteriormente, con las prácticas sedentarias y el asentamiento, construcción y organización de ciudades, estas actividades sufrieron algunas modificaciones. No obstante, la enseñanza era privilegio de las clases gobernantes, quienes tenían la necesidad de dominar ciertos conocimientos como las tácticas de guerra; la escritura acorde a la época, entre otros aspectos importantes para el gobierno, los cuales ejercían ya sea con sus súbditos o con las naciones vecinas (Zambrano, 2006).

En el caso del pueblo rarámuri, la educación era similar a la que se desarrollaba en la ciudad de Paquimé, con algunas adaptaciones a las prácticas económicas y ritos religiosos de sus habitantes. Para los pueblos que no estaban asentados en ciudades, como los rarámuri, los niños aprendían de los adultos las habilidades de cazar, recolectar, sembrar, curtir pieles. El sistema educativo estaba estrechamente relacionado con sus creencias, necesidades y estilo de vida; aprendían lo que necesitaban saber para que la sociedad en donde se desenvolvían funcionara de manera eficiente.

Las niñas eran educadas para las actividades del hogar, atender a los enfermos, preparar los alimentos como el pinole y las tortillas; elaborar prendas de vestir y cuidar a los más pequeños del clan, lo cual era aprendido de las mujeres adultas. Los varones tenían que aprender a cazar, elaborar las herramientas de caza,

recolectar alimentos, organizar las fiestas tradicionales y ritos de iniciación de los jóvenes, así como participar en las reuniones con el o la guía del clan para tomar decisiones que involucraban a todo el pueblo. Para ello convivían con los hombres adultos, para aprender haciendo y observando (Fonseca, 2011).

Con la llegada de los españoles hubo cambios tan drásticos que hasta la fecha mantienen desventajas para las personas que pertenecen a los pueblos originarios. La principal función que cumplió la educación impuesta por los españoles, a través de los sacerdotes, fue el sometimiento observado en la adopción de la religión católica y el idioma español. Para los rarámuri, esto implicó la concentración en pequeñas rancherías, donde generalmente se fundaba una iglesia, y eran persuadidos a asistir, lo cual los fue con virtiendo en seminómadas; empezaron a cultivar la tierra y a criar algunos animales domésticos.

En dichas comunidades aún no existían instituciones educativas como las conocemos actualmente. A la educación que se daba a niños y jóvenes, además de la tradicional para aprender a trabajar, y las actividades propias de la cultura, se le agregaron oficios que eran definidos por los sacerdotes, quienes les enseñaban a elaborar alimentos como el pan, o hacer muebles y construir viviendas acordes a las necesidades de la iglesia.

En la época reciente, los miembros de esta comunidad endémica del norte de México han sobrevivido a las inclemencias del tiempo, como largos periodos de heladas y sequías que afectan la cosecha de sus alimentos como el maíz, frijol y calabaza; así como también es común la migración interna hacia zonas urbanas del estado de Chihuahua.

Precisamente el proceso de aculturación que se desarrolla en los estudiantes rarámuri dentro de las escuelas de educación básica es provocado por la emigración a zonas urbanas, donde buscan mejores oportunidades de empleo y, sobre todo, mejorar su calidad de vida (Quintana y Montgomery, 2013). El rezago socioeconómico y la migración son situaciones en las que intervienen diversos factores que repercuten en un alto nivel de marginación y vul-

nerabilidad, así como inseguridad y crisis en las zonas de origen (León, 2015).

Aunque es notorio el esfuerzo realizado por las autoridades estatales para ofrecer servicios educativos a la población rarámuri en edad escolar, el círculo de pobreza es difícil de romper. Los logros alcanzados por este sector son bajos, y muchos estudiantes desertan tempranamente, por lo que llegan a la edad adulta con muy bajos niveles, no solo de escolaridad, sino de habilidades para desarrollar su propio aprendizaje.

Loredo et al. (2016), reconocen estas grandes asimetrías en la educación que se brinda a niños y niñas indígenas, así como el hecho de que los estados de Chihuahua y Chiapas presentan los índices más altos de deserción escolar, aprovechamiento, asistencia y capacitación docente. Lo anterior, de acuerdo con los autores, se debe en gran medida a que “se ha implantado el mismo modelo de escuela para todos los niños del país, sin considerar las particularidades y necesidades de los distintos contextos sociales” (p. 19). Por esta razón, afirman Loredo et al. (2016): “la escuela no tiene sentido para la comunidad rarámuri” (p. 19), ya que no se sienten identificados en los contenidos o en los métodos de enseñanza.

Derivado de las entrevistas en profundidad realizadas con universitarios de la etnia rarámuri, se llegó a algunas conclusiones generales a partir de las premisas particulares obtenidas de los propios entrevistados, quienes con base en sus experiencias educativas, tanto en la educación formal como en la no formal, describieron la importancia de preservar su identidad y cultura, al mismo tiempo que evidenciaban sus formas de aprendizaje permeadas por la tradición oral, la cual es transmitida generacionalmente.

Uno de los entrevistados, Romeyno, quien cursa el tercer semestre de la Licenciatura en Música en la UACH, refirió que su “padrino”, como él lo llama, le enseñó las técnicas de aprendizaje desde muy pequeño, tales como ver, escuchar y practicar, y que

esta es la manera en que suele adquirir el conocimiento. Se le preguntó específicamente cómo había aprendido a tocar el piano, a lo cual respondió que: “Escuchando a mi padrino, decía que maduré el oído, que aprendí escuchando; él me decía lee las hojas’, pero... [Risas], ¿para qué?, si yo ya me lo sabía” (entrevista).

Por otra parte, al cuestionarlo sobre sus experiencias educativas, enfatizó en el papel que tuvo su padrino en su educación en comparación con los conocimientos adquiridos desde la educación formal: “Pues sí he aprendido, pero muchas cosas mi padrino ya me las enseñó... Yo lo veía desde chiquito y, pues, me fijaba en el movimiento de sus manos, y además siempre escuchaba, fue así como fui aprendiendo” (entrevista).

Por su parte, las universitarias que cursaron la carrera de Enfermería y que a la vez se dedican a la medicina tradicional en su comunidad, afirmaron que adquirieron el conocimiento empírico mediante las mismas técnicas de aprendizaje como ver, escuchar y practicar, y a través de la experiencia propia, pues a partir de ella nació su interés por profundizar su conocimiento en la medicina occidentalista.

Al preguntarle a Cristina, egresada de la Licenciatura en Enfermería en la UACH, cómo concebía la educación para la salud desde la medicina tradicional y la medicina occidentalista, respondió:

Pues yo quería estudiar para ayudar a mi comunidad y, pues, las dos son muy importantes y también peligrosas; tienes que saber manejarlas para poder curar a tu comunidad. Sobre todo, saber cuándo tienen que usar medicina tradicional como nosotros la llamamos y cuándo tenemos que acudir a que nos revise el doctor. Hay cosas que uno como rarámuri no sabe o desconoce, por eso tenemos que ir con el médico de bata blanca. Pero también ellos no saben cosas para curar como el susto, el empacho, la tristeza, el mal del alma, y nosotros sí (entrevista).

En el mismo sentido, para Elvira, egresada de la carrera técnica en Enfermería General, en La Florencia Nightingale, incor-

porada a la UACJ, la educación formal, en comparación con la educación tradicional recibida en su comunidad, le aportó nuevos conocimientos que no se contraponen a los saberes que ya tenía:

Adquirí conocimientos inimaginables. Se abre un mundo diferente a lo que conocías; tu mentalidad se va abriendo a nuevas metas, ambiciones, sueños, visiones y objetivos. Y en combinación de estas dos culturas vas adquiriendo conocimientos, inteligencia y sabiduría a base de análisis sobre las creencias, usos y costumbres de ambas culturas, y aprender a usar o complementar ambas para hacer buenos usos (entrevista).

Lo anterior evidencia la apertura mental para la unificación de conocimientos y la necesidad de adquirir una mayor educación para la salud, mostrando un compromiso social con su comunidad. Además, la entrevistada da cuenta de la importancia de conjuntar los saberes ancestrales con los aprendidos de manera formal:

Es muy bonito servir a tu comunidad y tener los conocimientos sobre las plantas, remedios para curar a tu comunidad, pero también es importante capacitarlos para que acudan al médico porque hay cosas que la medicina tradicional no cura, pero también hay enfermedades como el “susto” que los doctores no saben curar (Elvira, entrevista).

El uso de la medicina tradicional aprendido por tradición oral resulta tan importante para las entrevistadas como el aprendizaje formal de la educación para la salud, ya que consideran que como enfermeras pueden influir en el cuidado de la salud de su comunidad, reconociendo los alcances de cada una de las perspectivas de atención a la salud. Como señaló Elvira: “Si son diarreas, mal de ojo, susto, dolor de huesos, el médico tradicional lo puede curar, pero si vemos que no se mejora, sí se tiene que ir a que lo vea el doctor” (entrevista).

Respecto a las experiencias en la educación formal, Bertha, egresada de la Licenciatura en Enfermería de la UACH, consideró:

Es un proceso bueno, ya que nos guía y orienta hacia una forma de realizar y de ser, de acuerdo a la profesión que es universal en la disciplina, y que cada vez hay procesos de cambio con la finalidad de ser mejores y brindar el servicio de una mejor manera al comprender al ser humano en toda su integridad (entrevista).

Para Bertha, el aprendizaje tradicionalista le permitió obtener los valores que la formaron como persona, pues “me han ayudado a desarrollarme y convivir en la cultura mestiza; además, me enseñó a ver las diferencias y semejanzas con las demás culturas, y que ninguna es buena o mala” (entrevista). Es decir, que para los universitarios rarámuri es muy significativo el aprendizaje que recibieron en su comunidad y resulta su principal fuente de conocimiento, pero a la vez reconocen la importancia del aprendizaje formal, por lo que observan la necesidad de fusionar ambas formas de enseñanza-aprendizaje.

También reconocen algunas dificultades que enfrentaron al interactuar con la cultura mestiza en el contexto universitario. Para Bertha, esta incursión implicó la necesidad de “estudiar más” para poder adquirir el conocimiento, lo cual la llevó a una adaptación. Sin embargo, para conservar sus costumbres y tradiciones, tuvo que reservarlas para el contexto de su comunidad:

Fue estresante el saber que tenía uno que aprender una infinidad de cosas aparte del aprendizaje que estaba llevando en mi casa según nuestras creencias. La convivencia con compañeros mestizos, tanto ellos a mí me veían raro y yo a ellos, porque no había ese saber de culturas diferentes, entonces fue cuando decidí adaptarme a su cultura en todas las formas para llevar adelante mis estudios, pero sin olvidarme de mis raíces. Al llegar a mi casa volvía, y hasta ahorita, con las costumbres y el lenguaje (entrevista).

Los entrevistados coinciden en que en pocas ocasiones fueron tomados en cuenta aspectos culturales propios en sus experiencias de educación formal, por lo cual consideran que, para poder acercarse a su comunidad y que sea más compatible el proceso de

enseñanza-aprendizaje, una de las técnicas que los docentes deberían emplear es el uso de dinámicas que motiven el interés y la participación de los estudiantes indígenas, con un lenguaje sencillo y claro, pero a la vez con información substancial a partir de su identidad y cultura para el surgimiento del conocimiento, además de poner énfasis en su historicidad. Lo anterior daría la pauta para el surgimiento de propuestas que permitan a los docentes conocer la idiosincrasia de los universitarios indígenas para generar inclusión y conocimientos que enriquezcan al estudiante.

El hecho de que sus experiencias educativas hayan estado marcadas por la falta de estos elementos pone en evidencia que existe un tratamiento como grupo minoritario que repercute en la desvalorización del ser indígena en la educación formal, ya que se minimiza su sistema de creencias, valores y cultura al tratarlos como objeto y no como un verdadero sujeto, lo cual evidentemente repercute en el aprendizaje significativo de los universitarios indígenas.

Asimismo, se evidencian limitantes referentes a una educación formal como producto de las múltiples carencias que viven las personas de la comunidad, lo cual impone un ritmo de trabajo pausado que demanda formas creativas acordes a sus necesidades para poder tener aceptación e incidencia en la problemática a tratar.

Los testimonios permiten reflexionar sobre la importancia de conjugar los planes curriculares para poblaciones interculturales, tomando en cuenta las necesidades de inclusión y respeto por el otro, pues los planes y programas que se aplican para estudiantes rarámuri en su contexto de origen y también en el contexto urbano están elaborados de una manera homogénea, siendo este el punto clave para comprender el éxito o fracaso de los sistemas educativos en la población indígena.

La educación puede manifestarse en grandes y diferentes vertientes, aludiendo a Bourdieu y Passeron (1996), quienes expresan que

es una reproducción social del sistema; por lo tanto, inequitativa e injusta, debido entre otras cosas a la relación desigual que se da entre las clases sociales en relación a la cultura dominante. En este caso, la población rarámuri presenta los niveles más bajos de escolaridad del estado de Chihuahua, debido en gran parte a la pobreza y las implicaciones que de ella se derivan.

Sin embargo, afortunadamente existen alternativas ante esta visión inmovilizadora y con pocas oportunidades de esperanza, como la perspectiva sustentada por Freire, con su teoría de la emancipación de los pueblos, que puede traducirse en mejores oportunidades de vida para las clases sociales bajas. En este sentido, como educadores se desempeña un papel de gran importancia, por lo que es necesario comprometerse realmente desde las aulas o donde se desarrolle la labor educativa para contribuir a la formación de profesionistas a partir de la sensibilidad y apoyo ante los diversos problemas sociales.

La reforma educativa de 1993, reafirmada por la de 2011, pone atención en la diversidad basada en las necesidades educativas del alumno, evitando en la medida de lo posible la exclusión, y valorando aspectos subjetivos y objetivos (Pérez, s/f). El primero, como señala Pérez (s/f), incluye los marcos de significado desde los cuales son interpretadas las innovaciones, y se desarrollan en culturas escolares determinadas con la intención de establecer nuevos significados, mientras que los aspectos objetivos se refieren a las prácticas y relaciones socioestructurales que son objeto de la innovación.

Se ha considerado que el ideal de educación respecto a los pueblos indígenas es incorporarlos al sistema que los mestizos están acostumbrados, bajo un currículo, un aula, planeaciones preestablecidas, dejando de lado el concepto del ser a partir de su identidad, costumbres, ideas, cosmovisión, creencias e historia. Por otro lado, la escasez de recursos en las escuelas indígenas explica sin duda parte de la desigualdad en los resultados de aprendizaje; otro factor que influye en este sentido es que el 50 por ciento de los maestros no cuenta con grado de licenciatura (INEE, 2007).

Aunado a ello, existen pocos programas y materiales escritos en su lengua y muy pocos maestros dominan la lengua indígena, lo que explica el porqué del fracaso escolar que marca una brecha en la comunicación. La castellanización es importante como segunda lengua para poder comunicarse, pero no se trata solo de una comunicación, sino también de conocer e interactuar de manera profunda con el estudiante para conocer sus intereses, expectativas, metas y limitaciones.

Es necesario aportar, mediante un esfuerzo de reflexión serio, nuevos significados del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la interpretación de los sujetos involucrados, brindando particular importancia a aquellos contextos históricos como las prácticas educativas, curativas, tradiciones, que fomenten la conservación de la identidad y cultura de los estudiantes universitarios.

Además, es importante reflexionar sobre la unificación de la educación formal y la no formal, cuyo fin sea mejorar las técnicas de enseñanza-aprendizaje, teniendo como eje central al sujeto de interés para la interpretación, implementación y reproducción de la enseñanza adquirida. Es decir, recuperar lo aprendido en la educación no formal, en el marco de la propia cultura indígena, y retomar dichos conocimientos en la educación formal, como en el caso de la formación de estudiantes de Enfermería y Medicina.

Es importante destacar la apertura mental y disposición que muestran diversos miembros de las comunidades indígenas para interactuar, aprender y desaprender, ya que la necesidad de conocimiento cada vez es más notoria y loable en esta etnia.

Por otra parte, el hecho de considerar que se puede educar de la misma manera a mestizos e indígenas es una muestra del racismo y discriminación que existe actualmente. El problema estriba en las bases curriculares porque son homogéneas y no se ha reflexionado sobre la posibilidad de crear un currículo para cada cultura. Se han empleado exámenes de conocimiento según cada grado, y esos estándares de conocimiento desacreditan el valor propio del ser humano; si no se conoce cómo viven, cómo se desarrollan, cómo es su contexto, ¿cómo se les puede brindar educación?

La evolución de la sociedad en el mundo globalizado permite pensar en una cosmovisión educativa e inclusiva, basada en el eje cultural, siendo un componente indispensable en la praxis de los docentes en la educación. El cambio que se pueda ejercer es la creación curricular, permeado en el sistema de enseñanza-aprendizaje basado en su cosmovisión, dando pauta a la elaboración de planes curriculares que unifiquen el conocimiento de la educación indígena y no indígena de manera igualitaria.

Teniendo esto en cuenta, es importante considerar que las opciones para que la educación de los rarámuri logre un impacto positivo, y que al mismo tiempo les permita preservar y fortalecer su identidad, se deben tener espacios y metodologías viables no solo económicamente sino, culturalmente, de tal forma que la población se apropie de ella y pueda usarla en su beneficio.

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las escuelas rurales antes de su cierre, y de cómo esta institución marcó culturalmente a las comunidades que la acogieron.

The end of the 1997-1998 school year marked in Chihuahua the beginning of the Program of Regional Centers of Integral Education, and the closure of dozens of rural schools. The text presents the results of a research work carried out in the communities near the Bustillos lagoon, which had a school until 1997. In-depth interviewing and an analytical process based on Founded Theory was used. An explanatory narrative was built of everyday educational reality in rural schools before its closure, and how this institution culturally marked the communities that welcomed it.

La escuela pública rural en México es un tema en vías de extinción. No lo es la institución en sí misma —persisten aún miles de centros educativos operando en localidades de menos de 2,000 habitantes desperdigadas por el país—, pero sí lo es el carácter altamente simbólico, político y por supuesto educativo que tuvo esta institución los últimos noventa años. La escuela pública rural se diluye en los desafíos y dinámicas de su pariente rica: la escuela urbana, marcada por el dilatado volumen de sus matrículas, de sus plantas docentes, y por la importancia de su componente político, estratégico para las realidades locales y agregadas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que escuchamos hablar a los políticos de la escuela rural como elemento importante para la vida nacional

La escuela rural se desplaza poco a poco del imaginario colectivo, empujada hacia las sombras por los procesos de migración del rancho hacia las ciudades, iniciados en la década de los veinte del siglo pasado, y acelerados en la posguerra, por la recomposición demográfica de las realidades en las que opera, por las llamadas reformas educativas de los años recientes, por la ignorancia de su importancia histórica.

La escuela rural persiste como un survival aún necesario, pero en franca vía de extinción, cada vez menos frecuente y cada vez más anecdótico. La escuela rural, sin Internet —o sin luz eléctrica siquiera—, con maestros multigrado, es una curiosidad histórica, propia de otros tiempos, ajena a los usos del WhatsApp y de la inmediatez digital.

Sin embargo, tercas, persisten las escuelas rurales. Siguen ahí en medio de los peladeros del desierto en Chihuahua y en México, azotadas por los ventarrones de Semana Santa, o en las laderas terciadas de pinos y pedruscos, o en los cabrones espantosos del llano, o escondidas en alguna escorrentía, con sus canalones adornados por los carámbanos de hielo que dejó la última helada, mucho más allá de donde llegan la carretera y la señal del teléfono celular. Ahí están las maestras y maestros unitarios, o bidocentes, en las antiguas casas del maestro, con sus techumbres aullantes de lámina y muros de adobe, lo mismo que las trojes de la escuela, con sus ratas regordetas y felices de tanto comer maíz, al lado de la parcela escolar.

La escuela rural en Chihuahua es un tópico que soporta acercamientos muy diversos. En este texto nos aproximamos a ella a partir de un evento que a mediados de la década de los noventa transformó la realidad de estas instituciones en la dimensión estatal, y con el paso de los años, la nacional. A principios de 1997, el gobierno del estado de Chihuahua anunció el cierre definitivo de las escuelas primarias de las comunidades asentadas en la ribera de la laguna de Bustillos, en el municipio de Cuauhtémoc, para

concentrar sus matrículas en el primer centro PIRE (Programa de Integración Rural a través de la Educación).

El centro se ubicó en el poblado de Favela. Ahí los edificios de la antigua escuela rural del ejido se remozaron y complementaron con otros nuevos, para recibir en agosto de 1997 a la primera generación de chicos del flamante centro piloto. La escuela ofrecería a sus estudiantes clases de inglés, computación, educación artística, transporte escolar sin costo desde cada comunidad rural, alimentación gratuita para los niños y horario extendido, de ocho de la mañana a las tres de la tarde. Se trataba de una experiencia totalmente innovadora en la concepción de la educación rural, que no contaba con parangón alguno hasta entonces en Chihuahua.

La experiencia en Favela fue el origen del PIRE y posteriormente del programa CREI (Centros Regionales de Educación Integral), como medidas de política pública con finalidades diversas: primero aquellas expresadas en el discurso oficial de la época, centrado en la conveniencia de centralizar a los chicos de comunidades rurales pequeñas en una escuela de mayores dimensiones —de infraestructura, personal y servicios educativos— para garantizar la calidad de la oferta educativa ofrecida mediante la concentración de servicios que eran impensables en las pequeñas escuelas rurales de antaño y darle consecución al objetivo de:

Ofrecer a la niñez del medio una educación que les permita solventar las necesidades más sentidas propias del lugar, dadas sus características; y poder equiparar la educación que se brinda a estos niños con la que se imparte en el medio urbano (Centro piloto PIRE, 2009).

La fundación del PIRE, en otro nivel se explicó por motivos administrativos y políticos, relacionados con el ahorro en el sostenimiento de una sola escuela por encima de varias, y con la necesidad de obtener mecanismos de control político más efectivos de las plantillas de personal docente. Desde la fundación del sistema educativo estatal moderno en 1921, y con especial intensidad luego de la aplicación del llamado Plan Chihuahua en 1958, durante

la administración de Teófilo Borunda Ortiz, Chihuahua se perló de una constelación amplia de escuelas rurales, establecidas en pequeños asentamientos ejidales, en rancherías indígenas, en poblados minúsculos. La red de escuelas -de los subsistemas estatal y federal- constituyó una de las bases para que los indicadores de alfabetismo ascendieran de manera importante desde 1960, y que la cobertura del servicio educativo en el nivel de primaria se acercara en el lustro reciente a la universalidad. Además, la presencia de estas escuelas rurales marcó de formas complejas y permanentes la cultura y los arreglos simbólicos de los nichos culturales de cada comunidad. La escuela se convirtió en uno de los elementos culturales más importantes para el pueblo o para el rancho, y en la expresión más cercana del Estado Mexicano en la cotidianidad bucólica chihuahuense.

Sin embargo, para 1997 el gobierno estatal encabezado por Francisco Javier Barrio Terrazas -el primer gobernador chihuahuense no proveniente del Partido Revolucionario Institucional-percibía a la red de escuelas rurales como un tema a resolver. La relación del gobernador Barrio con los maestros no había sido fácil. Desde el inicio de su administración, se planteó el desafío de lo que él llamó la “recuperación de la rectoría en educación” (Sandoval, 2014), a través de un replanteamiento de las relaciones de la administración estatal con las secciones sindicales, históricamente corporativas y orgánicas. El ejercicio del primer gobierno de alternancia, en lo educativo se caracterizó en este sentido por su rispidez, sobre todo con la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con quien vivió el desencuentro más importante en la historia de la educación estatal de los años recientes. La posibilidad de lograr un control más preciso de los centros docentes en lo económico y político hacía mucho sentido a la lógica operativa del gobierno de la entidad.

Dos ciclos escolares después de la apertura del PIRE original abrieron sus puertas los siguientes: uno en La Mesa, municipio de Aldama, y otro más en San Andrés, Rivapalacio, ambos reproduciendo el modelo ensayado en Favela. Los gobiernos estatales que sucedieron al de Francisco Javier Barrio siguieron impulsando la

creación y operación de estas instituciones educativas, mediante una política sostenida consistente en la reubicación del personal docente que laboraba en las comunidades rurales hacia estos nuevos centros.

La contundencia del apoyo fue de tal magnitud, que el Congreso estatal expidió en 2003 el “Decreto y Reglamento Estatal Para la Instauración, Operación, Sostenimiento y Evaluación de los CREI”, que le daba sustento legal a esta figura organizativa. Como resultado de estas experiencias, finalmente en 2007, el gobierno federal arrancó para todo el país el Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, inspirado en buena medida en la experiencia del PIRE y de los CREI de Chihuahua, que sirvieron como centros pilotos para lo que ocurriría luego en múltiples regiones rurales en México.

Hoy han pasado ya veintiún años del inicio de este periplo. La experiencia en los CREI ha sido rica y variada, y sus resultados han sido motivo de diversos acercamientos desde la investigación educativa, orientados sobre todo a la revisión de sus indicadores de rendimiento educativo, en busca de las evidencias de que lo dicho por las autoridades educativas del estado a mediados de la década de los noventa, con respecto a su conveniencia para elevar la calidad del servicio educativo y mejorar así la formación de los chicos y chicas que transitan por sus aulas, resultó cierto (Arroyo, Serrano y Alonso, 2011). Con la evidencia de los años pasados, es posible afirmar que los CREI constituyen experiencias atípicas de una forma de educación que no deja de ser rural, con las costumbres y usos de escuelas de pueblo, en las que las ceremonias siguen teniendo importancia cultural, y en donde la escuela aún es un referente simbólico muy importante para la vida comunitaria. Son espacios en los que las relaciones se redefinen a partir del contacto interaccional cotidiano e intenso de los chicos y chicas de las rancherías, y en donde se viven los procesos educativos de maneras nuevas, festivas, complejas.

En la conspicua estela de los CREI quedaron, cada vez más en silencio, las antiguas escuelitas rurales. En muchos casos de una sola aula, sin cerco perimetral, con las ventanas destrozadas, y las

puertas arrancadas de los marcos, con sus canchas encenagadas, y las astabanderas oxidadas, señalando al cielo como antenas tercas. En la mayor parte de las decenas de comunidades rurales que contaban con escuela rural, los edificios fueron oficialmente destinados a la creación de centros comunitarios, para la oferta de talleres de artes y oficios, y para la celebración de actividades de tipo cultural, sin embargo, la disposición no se acompañó de medidas de política pública ni de financiamiento, por lo que las propias comunidades decidieron por procedimientos locales el destino de los antiguos espacios escolares.

En algunos casos las escuelas permanecen aún cerradas, esperando ser de algún uso, y la llave la tiene doña Esperanza, la de la tienda, que estudió toda su primaria ahí, y que la abre una o dos veces al año para instalar la casilla electoral, o pasa de mano en mano, quedando bajo la responsabilidad del comisario ejidal en turno, o de plano se perdió, y los salones son una cápsula del tiempo en el que las capas de polvo se depositan mansamente sobre el libro de asistencia del ciclo escolar 96-97, y de los viejos libros del rincón de lecturas. En algunas de esas aulas encapsuladas se conservan los archivos de la escuela: verdaderos tesoros para la historia de la educación y para la microhistoria. En otros casos, los más tristes, la escuela ya no existe más: sus techos de machimbre colapsaron, y finalmente las paredes de adobe se convirtieron en tapias erosionadas, desnudas de los esquemas y mapas que alguna vez sostuvieron:

Una de las preguntas básicas es ¿qué utilidad se dio a las escuelas desocupadas? La idea central era que los ejidos o comunidades les dieran un uso adecuado a las instalaciones, mas no siempre fue así y se deterioraron, o bien como en muchos de los casos se convirtieron en bodegas para grano (Loera, 2007).

En la mayoría de los casos es impensable, a casi un cuarto de siglo de su clausura, la idea de reutilizar estos espacios para fines educativos. La mayor parte de estas escuelas rurales que operaron durante cuatro décadas y que formaron a miles y miles de niños

y nififlB chihuahuenses en condiciones de marginación, cerraron sus puertas pora no abrirse más. Sin embargo, no hay mnoheria en la que no pensáfitan en la memoria Iob reouerdoB délos buenos —y malos— profesores, Iob festivales escolares, las graduaciones extensas con chile colorado y anoz, Iob festivales del Día déla Madre, y en la ’/itrina la fotografía de Dianita el día de bu graduación de primaria —la primera y única en bu vida—, con bu padrino y bu£ papás, todoE m\r/ contento b.

En este texto ofreoemoE nuestro acercamiento a la realidad de estos caBcaroneB escolares, que se derrumban mientraB escribimos estas líneaB. Eb nuestro interés contribuir ala reflexión acerca de bu devenir y llamarla atención hacia la necesidad de la preser vaciónde bub hifitoriaB, y del reo ono cimiento de bu aportación a la educación rural ohihuahuense. Nuestm pretensión no es llamarla atención hacia Ice CREI, Bino hacia las escuelas que les heredaron bub matriculab a mediados de Ioe noventa.

Durante la segunda mitad de 2017 iniciamos un proceso de identificación de escuelaB ruraleB a bando nadas en la región del primer PIRE, en la zona centro del estado de Chihuahua (mapa 1.1). El área era de nuestro interés justo por la condición de haber sido las primeras incluidas en Ioe mecanifimoB de cierre délas escuelaB tradicionales para dar paso a ser objeto de atención de laE nuevas infititucioneB educativas de laE que hemos hablado.

La zona de influencia del PIRE e© situó en las cercaníaB de la localidad de x^máhuac, una de laE tres seo cienes municipales de Cuauhtémoc, el tercer municipio menos marginado del estado y centrado en la producción manzanem y agrícola (Martinez, 1999). La ciudad de Cuauhtémoc se ubica al sur de un cajón geográfico en donde se asienta la laguna de Bus tilos, un espejo de agua de 200 km' y con una capacidad de almacenamiento estimada en 149 rollones de m (Franco y x^ti/nrez, 2001). La ciudad de Cuauhtémoc se ubica a unos 16 kilómetros de x^máhuac y a 100 déla capital del estado (mapa 1.2).

En este contexto geográfico identificamos ocho comunidades rurales que cumplían con los siguientes criterios:

-Fueron cerradas a finales del ciclo escolar 1996-1997 -Sus poblaciones escolares se reasignaron al PIRE en Favela -Se asientan en los límites de las aguas déla laguna de Bustílos o en el vale que la circunda

xA partir de estas consideraciones fue posible integrar un listado de ocho comunidades, inolu/endo a Favela.

Favela, Centro Callee, La Selva, Cuitláhuao, y Vista Hermosa se asientan a pocos metros de las aguas de la laguna, mientras que Baldón, La Noria, Ties Lagunas y Bus tillo s lo hacen en el valle. Todas son oomunidadee rumies, pertenecientes ales ejidos agrícolas creados en el primer cuarto del siglo pasado (mapa 1.3). En las ocho c omunida dee la gente practica la agricultura de tempo mi y la ganadería a pequeña y mediana eeoala, y se emplean en diversas actividades en las huertas manzaneros particulares que hay en la zona (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2016) o viajan a xAnáhuao o a Cuauhtémoo para laborar como empleados. Todas estas comunidades contaban con sus escuelas ruralee, fundadas a finales déla década délos cincuenta, o enlos setenta. En algunas o omunida dee la escuela contaba además con parcela escolar, que se utilizaba para financiar mejoras a la eecuela y para propósitos educativos. xAunque en la década reciente todas eetas pequeñas o omunida dee han sido azotadas por la migración, en todas aún viven peleonas que pasaron por las aulas délas eecuela s iuralee, lo que constituyó una posibilidad muy valiosa de obtener información al respecto.

Se realizaron visitas a las comunidades entre febrero y noviembre de 2017. En todos los casos fue posible el ingreso a las antiguas instalaciones de las escuelas (en algunos casos el estado de abandono en el que se encuentran significa que no se conservan los antiguos cercos o bardas que antee las circundaban) para obtener material fotográfico y constatar el eetado físico de las instalaciones. En algunas localidades, la llave del candado del cerco perimetml, o de algún salón, ee conservada por algún vecino. En otros casos el acceso a las antiguas instalaciones educativas ee totalmente libre. Encontramos además que algunos patios escola -ies son utilizados como terrenos de agostadero.

Los informantee fueron identificados a partir de la preeencia directa en las co munida dee. xAl realizarlas visitas a cada una de ellas y mediante el diálego inicial con las personas en posesión de las Ilavee de las escuelas, construimos el listado de potencialee partió ipantee. Nos dimos cuenta de que en la mayoría de las ranche rías viven aún muchos e;<alumnos y exalumnas que cursaron la primaria en las eecuelas ahora cerradas. Per la época en la que

se tomó la decisión del cierre, se trata de personas que hoy en día están entre los 25 y los 35 años, que en muchos casos tienen ahora hijos en edad escolar y que recuerdan con claridad sus días en la escuela del rancho. Las entrevistas realizadas en el campo nos permitieron construir una visión agregada con respecto a cómo era la vida cotidiana y la construcción de la cultura escolar, hace veinte años en esos espacios. Para el acopio de la información se preparó un guión de entrevista semiestructurada (Guillén, 1991). Con este instrumento nos encontramos con 12 informantes que se videograbaron (con excepción de dos, que solo nos permitieron registrarlos en audio). Adicionalmente se levantaron registros fotográficos en todas las visitas que realizamos.

Un apunte necesario es comentar que la realización de las primeras entrevistas hizo posible complejizar y matizar nuestra visión acerca de los hechos y eventos estudiados. El diálogo con los informantes hizo posible la emergencia de categorías tempranas de análisis, que posibilitaron reorientar las entrevistas sucesivas. Debido a razones logísticas, el ejercicio de acopio de información mediante entrevistas se limitó a doce. Sin embargo quedaron pendientes acercamientos futuros a la gente en las comunidades de estudio.

Por razones fortuitas, pudimos identificar y trabajar en otras comunidades con escuelas con perfiles similares a los de la Laguna de Bustillos. Centros educativos que fueron cerrados entre 1997 y 2000 y cuyas matrículas también fueron concentradas en centros CREI. Fue así como el trabajo realizado en la zona de la Laguna de Bustillos se completó con entrevistas realizadas en la comunidad de Rancho de Peña, en el entronque a Parral de la autopista Chihuahua-Cuauhtémoc y en otras tres comunidades del municipio de Guerrero.

Se sometieron los productos de estos acercamientos cualitativos a la realidad estudiada a un análisis basado en la teoría fundamentada de Glaser y Strauss, conocida también como Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967), a partir de la cual se hace posible construir un aparato explicativo desde los datos recopilados en el campo. Para ello se utilizó un arreglo matricial en la búsqueda

de categorías analíticas integradoras del modelo explicativo. El propósito general del análisis consistió en buscar los sentidos profundos de los que estaban dotadas las escuelas rurales mientras estuvieron en funcionamiento para todos aquellos que estuvieron con ellas.

La aplicación de la teoría fundamentada en el análisis de los fenómenos socioculturales, y de manera más específica, de las realidades escolares del pasado, es sumamente potente, porque hace posible la construcción de modelos explicativos de alta complejidad para comprender los eventos que se estudian y el papel de los sujetos e instituciones en ellos. Este mirador teórico-metodológico se complementa de manera natural con la visión microhistórica del pasado, dado su interés por revisar la vida cotidiana y los procesos micropolíticos y simbólicos que operan en ella. Se trata de una mirada de anticuario a los eventos que abordamos, pero con la potencia de la teoría fundamentada.

Con estos insumos se construyó, a partir de un arreglo interpretativo matricial, una narrativa basada en los recuerdos de las y los informantes acerca de su vida en la escuela rural, en cómo estos espacios eran sumamente importantes para la vida de las familias y de las propias comunidades, en los procesos de observación que conducimos y en la evidencia física recopilada durante nuestras visitas de campo a las escuelas rurales cerradas. En todos los casos pudimos ser testigos de un sentimiento de añoranza de las escuelas en operación, que dotaban de vida a cada comunidad. Si tuviéramos que resumir el resultado de este proyecto de investigación en una sola palabra, esta sería sin duda añoranza. Las y los informantes en todos los casos expresaron recuerdos, anécdotas, remembranzas, de los días de operación de las escuelas. Este sentimiento compartido de añoranza es en muchos casos acompañado de una posición crítica con respecto a la decisión del cierre de los espacios educativos.

La experiencia social de k escuek es posiblemente el elemento más valió bo e inteieEante de los Geivioios públicos, juntas con bub GeivioioG de salud. De k esouek pública Be decanto k escuek rural, elemento ckve enlas politic as públicas mexicanas del siglo pasado: de la escuek rural emerge el México de k posrevoluoión, el México de la guenn y k posguerm, y sus consecuencks socio-culturales. La escuek mml es en muchos sentidos k madre del México de este nuez o milenio.

Las c omunida des a las que la escuek pública legó se transformaron de manem permanente. La escuela tanjo consigo elementos culturales que se iban a integrar de forma profunda en las costumbres y usos de numerosas comunidades por todo el país. Fue así cómo ks cadencks anuales délas regiones rurales, por ejemplo, se volvieron simbióticas con el calendario escokr, las fiestas propks de la escuela se integraron a las celebraciones tradicionales, religiosas o no, de cada ranchería. Alá en cada recode en el que habk mía escuela empezaron a utilizarse términos como "asociación de padres de famito", "graduación", "certificado de primaria"...

En otro sentido, la presencia de k institución educativa en una comunidad estaba cargada de significaciones culturales complejas: el rancho ya no era más un triste puñado de casitas, ya era un rancho con escuela. Esta característica orientaba procesos económicos y estratégicos para ks diversas regiones. La escuela encontró su lugar en el complicado armazón sim bórico que significa la cid tura rural mexicana.

Como ha sido siempre, desde entonces el elemento central de k escuek era el decente. El maestro era la figura que dotaba de sentido muchos de los elementos que conformaban el manto simbólico escolar. Era el personaje que organizaba festivales y fiestas el 50 de noviembre, el que reconvenía a los chicos malcriados, quien los enseñaba a leery a contar. Su presencia era estratégica para muchas comunidades, dado el activismo social que acompañó al trabajo docente de muchas y muchos profesores rurales desde k década délos veinte, y sin interrupción hasta que finalizó el siglo pasado. El maestro era uno de los actores estratégicos del mundo rural, de sus procesos, de sus tensiones. Era una persona que 'había estudiado", y que por lo tanto tenía voz autorizada y calificación para opinar en ciertos dimensiones de k vida pública y privada de k gente en los ranchos. En un sentido más agregado, el maestro rural corporeizabala presencia del Estado mexicano en ese mundo rural. Era k figum más visible del Estado, la más cercana, em un rostro visible en el abigarrado e imponente concepto dek autoridad.

Esta conexión con las autoridades de diversos niveles em un elemento más a considerar con respecto al profesor rural: él tenía acceso al Inspector escolar, que se situaba aún más arriba en el esoakfón oficial, lo que significaba una vía institucionalizada de segundo nivel, pam rekcionaise con el Estado mexicano.

En no pocas comunidades el maestro rural se integraba a ks mesas de autoridades en ks asambleas del ejido, para discutir y aconsejar en temas de tierms, permisos, aguas, herencias. Su autoridad académica era reconocida, y su voz escuchada en estos espacios. Es importante precisar que estos procesos culturales estuvieron permanentemente acompañados de complejos procesos

ootidionoG, puesto que la acción del maestro siempre se sitúa en el ámbito de lo intenelaoionol. La actividad de los maestros era una actividad cotidiana, que seguía el pulso de los acontecimientos de la vida diaria de cada comunidad rural, y en esa medida tenía que ver con los ritmos agrícolas, el pulso estacional del clima, las épocas de lluvia, la época de cosecha, entre otros muchos elementos que conformaban el calendario híbrido de la escuela y de la comunidad en la que se integraba.

La escuela rural se percibía como la apuesta para la movilidad social délos hijos de cada familia. Era el elemento tmnsformador por excelencia en la cosmovisión ruinl, en tanto instancia formado m délas nuezas generaciones. Quién sabe hasta dónde podría llegar un niño o una niña que hubiera iniciado su vida formativa en las aulas elementales y remotas déla escuela del rancho. Es así como esta institución engendraba esperanzas de una mejor vida en los puntos de vista délas familias campesinas en los ranchos de Chihuahua. Su papel transformador en muchos sentidos se convirtió en vaticinio, permitiendo que sus egresados y egresadas continuaran sus procesos de formación en escuelas secundarias

de comunidades más grandes y, en algunos pocos casos, que chicos y chicas egresados de la escuela rural alcanzaran títulos de licenciatura. En una dimensión mucho más acotada, los niños y las niñas se transformaban de diferentes formas al asistir a la escuela rural. De pronto eran capaces de leer textos sencillos, de escribir recados, de declamar una poesía, o contaban luego de la cena en la mesa familiar algún relato sencillo leído en el libro de ’Español Lecturas” en la escuela, o repetían alguna anécdota, un dato interesante provisto por el maestro. Todos estos elementos convivían de manera simbiótica con la cultura rural, la impregnaban y la transformaban en diversos sentidos.

El periodo histórico en el que estos fenómenos acontecían inició inmediatamente después de la fundación de las primeras escuelas rurales en Chihuahua, hacia el final de la década de los veinte del siglo pasado, y de manera mu/ especial luego de la puesta en marcha del llamado Plan Chihuahua, en la administración del gobernador Teófilo Eorunda Ortiz (Guzmány Orozco, 5012). Se trataba de una época en la que ninguna instancia de cualquier nivel de gobierno tenía un alcance tan extenso y tan profundo como la escuela rural.

Dado que otros órganos de los gobiernos federal y estatal no tenían la capacidad logística suficiente para alcanzarlas comunidades rurales más alejados en estados tan dilatados como Chihuahua, la escuela ruml em el vehículo mediante el cual se transmitían informes, se repartían avisos y se promovían programas. Es esa la explicación del por qué esta institución fue la vía para la legada de numerosos programas públicos hasta las comunidades, muchos de elos no relacionados con asuntos exclusivamente educativos. El papel de la escuela rural en el último medio siglo es determinante para comprender una serie de procesos en el campo de Chihuahua, que trascienden las dimensiones exclusivas de los procesos relacionados con la oferta del servicio educativo.

pació físico em un referente en la comunidad rural, en una época en la que sus aulas se utilizaban pam la celebración de reuniones ejidales, de asesorías y tañeres de numerosas instancias públicas y privadas, fiestas familiares, entre otros eventos.

En la escuela rural chihuahuense del siglo XX encontramos la instancia pública más importante en términos de su potencial para legar hasta los espacios más lejanos y con may or marginalidad en la entidad. En un periodo en el que la red carretera era apenas mi sueño, y los servicios de internet y de telefonía celular ni siquiera se habían concebido, la escuela ruin! cubría una necesidad de información y de formación estratégicas para los propósitos de gobierno y educativos de la época (Vem-Bachmann y Salvo, 2016).

La importancia de la escuela Ge desdo Liaba además en el proceso de oertifioaoión de estudios que tenía lugar una vez concluidos los seis años reglamentarios del nivel. En muchos casos la legitimación documental que alcanzaban los chicos mediante la obtención del certificado de primaria no tenía usos orede no ¿alistas más allá de su poder simbólico, dado que la mayoría de ellos no continuaban sus estudios de seo un daría. Sin embargo, la obtención del certificado tenía potencias simbólicas muy importantes pam el chico reoién egresado de la primaria y para su familia. Con frecuencia el certificado se enmarcaba y se le reservaba un lugar especial en la sala, entre los retantes de los abuelos o de otros parientes. Más allá de asunciones culturales ingenuas, estas prácticas nos permiten tasar en toda su dimensión la importancia de la escuela para las comunidades rurales como un fenómeno multidimensional, complejo y de gran importancia pam la vida de estos asentamientos.

Además de su importancia para la cultum y la vida rumies, en lo físico las escuelas rurales eran clave: sus explanadas se utilizaban freouentemente pam diversos actos de naturaleza muy diversa, en esos espacios se celebraban las ceremonias cívicas propias del calendario escolar, pero además eran el espacio parala celebración de comidas, rifas, kermeses, subastas, bañes de quinces ñera, de bodas, entre muchos otros. La escuela en tanto es-

Las características de estas escuelas rurales son diversas y responden al momento en el que fueron construidas y a las condiciones de cada una de las comunidades que las albergaron. Es así que encontramos escuelas que contaron con energía eléctrica en algún momento de su historia, o que tuvieron la posibilidad de conectarse a la red de agua potable de la propia comunidad. Sin embargo, en otros casos la escuela estaba tan limitada como su

propia rano hería. Había escuelaG que no contaban con agua potable en la época de frió debido a que las tuberías Be congelaban entre noviembre y febrero, y otras más enfrentaban en la época de Semana Santa a la amenaza permanente de que Ice teohos de lámina se levantaran porlos aires. En otras más no se contaba con cerco perimetrol, por lo que no era extraño que de vez en cuando alguna vaca asomara la nariz curiosa alas actividades escolares, o que un perro o oído se aventurara entre las bancas de los alumnos en plena clase.

Estas características heterogéneas de la infraestructura y del menaje con la que contaban estos centros educativos constituyó un elemento central en la construcción de la cultura escolar y de la experiencia educativa de los mies de niños y niñas que pasaron por sus aulas antes de su oierre definitivo en el ciclo escolar 96-97; constituyen buena parte délos imaginarios que estos chicos, sus maestros y las familias délas comunidades construyeron alrededor de la escuela rural.

llegado a Chihuahua desde finales del siglo XIX, en muohas comunidades rumies estos eran ignoindos, así que la escuela se construía con los reoureos y las ideas que estaban a la mano. En algunos casos el centro educativo se levantó en el lugar en donde se ubicaba la paroela escolar, de manem que en no pocas comunidades la escuela se asentaba lejos de las zonas dedicadas al desarrollo habitacional, entre las otms parcelas, en medio de los maizales.

Las paredes de adobe se remataban con techados bajos de maohimbre, y con un armazón de polines de modem sobre el cual se hacía descansar un arreglo de láminas metálicas. En no pocos casos esta suerte de sombrero fue levantada por los ventarrones de febrero y mamo, incluso en momentos en los que las aulas estaban ocupadas por los niños y sus maestros. Hasta la fecha muchos de esos techados se aforan con sus uñas de madera a los muros de adobe.

En la mayor parte de los casos, los ventanales y puertas de las escuelas eran de madera, cubiertas con pinturas de aceite. Se trataba de los mismos remates arquitectónicos existentes en cada casa délas comunidades perdidas éntrelos meandros de la

sierra o en los Banales chihuahuenses. Ventanas peque futas, pam combatir el frío, que significaban espacios cerrados oscuros, pero c alien titos. Las puertas se aseguraban con aldabas ingenuas de metal, o con candados chirriantes, que normalmente cedían al primer golpe de una piedra, o se desarmaban herrumbrosos por el rocío o por las fluvias.

El espacio de las aulas rumies se completaba con pisos de tena do, y luego con el tiempo de cemento, o de "firme" en la mayor parte délas comunidades. En otras, las menos, los pisos eran de listas de madera de pino, irregulares, hambrientas de devorar cada lápiz o borrador que caía entre sus rendijas. Con el tiempo algunos de estos pisos se han levantado, y revelado colecciones de útiles escolares intemporales: lápices mordisqueados, sao apuntas sin navaja, resisto les de boliche sin su sombrero bombín.

A las aulas y a la plaza cívica normalmente se les añadía la oasa del maestro, que en todos los casos no em más que un cuarto situado en uno délos ángulos del solar de la escuela, x^ihí pasaba las tardes y las noches el maestro o maestra déla escuela, en esas habitaciones solitarias que servían de dormitorio, cocina y estudio. Los baños siempre se situaban lejos, no adicionados al cuerpo

de la cosa dd maestro, Gobi© una fosa séptica. Así que para ir ol baño el maestro debía arma ib© de valor y recorrer d frío entre bu alojamiento y las casetas délos baños. Esto ocurría por las noches en la oscuridad, porque las casas del maestro rara vez contaban con servicios adicionales como luz eléctrica o agua o órnente. Eran estos espacios sumamente modestos, congruentes con la visión que desde la política educativa de la época se impulsaba acerca déla educación pública, y con los procesos identitnrios gremiales de los profesores de ese momento histórico en México.

En estas escudas rurales existían espacios especialmente cargados de simbolismo. Uno de ©Eos em d pórtico, por donde los chicos ingresaban cada día al patio y luego a las aulas; la campana escolar, que en algunas pocas comunidades em de bronce, llegadas a los ranchos mediante la aplicación de un progmma oficial que en los años setenta dotó de estos objetos a muchas escuelas en Chihuahua; antes de eflo en la mayoría de los planteles em un rid dd ferrocarril sostenido en vio por un alambre que em golpeado con algún objeto de metal para anunciarlos ritmos de la escuela. AEá se escuchaba en d fondo délos valles el eoo metálico dd rid, anunciando d recreo, d inicio o d fin de la jomada escolar.

Un demento importante más era d pizarrón de animo ios. Normalmente se trataba de un pizarrón en desuso, que se destinaba a fijar información diversa en hojas o cartdes enviados por alguna instancia de gobierno o particular. Ahí se pegaban con cinta adhesiva los anuncios de las campañas de vacunación, o se anunciaban las próximas fiestas patronales, o la lista de la tanda, o los padres de familia que debían la cuota escolar. En comunidades como las que alojaban a estas instituciones educativas, la escudas y las tiendas de abarrotes, los comercios, emn espacios estratégicos parala difusión déla información.

Algunas escudas rumies contaban además con cancha escolar, equipada con una o dos canastas de basquetbol. Ocasionalmente se contaba con balones para este deporte, o pam el fútbol, que con frecuencia se practicaba en d mero flano, con porterías de piedms o o ha manas hechas bola. En algunas comunidades se practicaba además en la cancha de las escuelas d voleibol, o el rebote en alguna pared. Estas prácticas alcanzaron en muchos ranchos a los adultos de la comunidad, que se integraban a los tornees y a las retas por las tardes, en las épocas de tranquflidad en las labores dd campo.

Las escudas compartían una carao te xística arquitectónica sin excepción: en todas días se levantó en algún momento de su historia una astabandera, dotada de un sencíEo mecanismo de poleas para levantar por los oielos al lábaro patrio. Era este un rasgo inequívoco de la escuda rural en Chihuahua: en esos agujas ondeaban d 24 de febrero y el 16 de septiembre las band©ritas sencfllas, guardados en algún gabinete en las aulas (casi en ninguna parte se acondicionaba un espaoio como dirección). Hoy en todas las escudas que visitarnos peisisten las astabanderas tercas, verticales, con sus mecanismos oxidados y las líneas de acero reventados por la contundencia combinada dd tiempo y la intemperie.

Algunas escuelas rurales contaban con una adición arquitectónica importante: una troje de adobe pam resguardar el grano cosechado déla parcela escolar. Estos espacios eran generalmente galerones erigidos dentro del predio de la escuela y se aprovechaban de rnanem estacional para el acopio del maíz o frijol cosechado de la milpa por los padres de familia,; las ganancias obtenidas se destinaban para sus gastos especiales, pam financiar alguna construcción adicional o pam su mantenimiento. El tema de las parcelas escolares en Chihuahua es mi asunto que se ha estudiado poco y que resulta muy interesante dados los usos variados que estas dimensiones de la escuela recibían. Mientas el maíz crecía cada junio en dilatadas ristras en la parcela escolar, la troje se llenaba de gmno y en casi todos los casos de a idilio nes y otros roedores, lo que hacía indispensable la presencia de una familia de gatos en la escuela.

Cuando pasaba la época del grano, las trojes se utilizaban como salones de actos, pam la celebración de festividades y asambleas en la estación de frío. En algunos casos estas galeras se acondicionaban con rudas bancas de tablones para el acomodo

délos invitados de la boda, o de los ejidatarios los domingos de asamblea. En otros casos, estos eventos se oelebmban con la gente de pie y enla troje sonaba en las cuerdas del violín, la guitarra y el tololoche El corrido del año nuevo y con las voces desgraciadas del trío del rancho: desafinados, borrachos, incansables.

El epicentro del universo en la escuela rural era el aula. Era en ese espacio en el que se desarrollaba el trabajo cotidiano de los docentes en condiciones fuertemente asociadas al contexto. La mayoría de las escuelas contaba con piso de concreto, pulido a mano, y con poco más equipo que un pizarrón de color verde. En algunas aulas el pizarrón era una ilusión pintada directamente encima de uno de los muros, en el que los maestros escribían utilizando gises blancos o de cal. El menaje principal de las aulas, los mesa bañe os, se completaba en una colección disímbola de estilos, reflejo de la evolución histórica de estos muebles. x^Jgu-nos emn binarios, con la forma de una zeta, de madera burda, y ocasionalmente barnizados, diseñados para que la parte tas era del pupitre sirviera como mesa del estudiante de atrás. Estos son los mes abóneos más antiguos de estas escuelas de rancho. Luego estábanlos pupitres basados en marcos de metal, délos ochenta y principios de los noventa, provistos con asientos de plástico azul o namnja, y con los logotipos de las administraciones estatales que los produjeron. En algunos pocos casos el equipo para los estudiantes se completaba con pupitres unitarios, igualmente construidos a partir de una es truc tu m de metal, con paleta de madera y respaldo de plástico. En todos las escuelas que visitamos, los pupitres de diferentes generaciones convivían en las aulas, en filas irregulares, mostando la evidencia de la presencia de los niños: en la mayoría de las mesas de los pupitres se conservan innumerables testimonios de alumnos y alumnos en la forma de inflas, dibujos, frases cortas, nombres, y cuentas sencillas.

En el extremo del aula se mantenía otro elemento cental de la vida escolar, cargado de profunda significación: el escritorio del maestro. Em este el espacio simbólico de la autoridad cotidiana, a donde había que ir a revisar, y en donde normalmente se situaban las pertenencias sencillas del profesor rural: el cuaderno, la pía neo-

oión, la pluma. Lob escritorios que encontramos constituyen, oomo los pupitres, un recorrido por la hifitoria de la escuela rural ohihua-huenfie: escritorios de madera buida, elaborados por la mano del carpintero de la ranchería, escritorios de metal, enviados desde la SEP, en México. Este mueble con carga simbólica fue tomando el rostro de los tiempos en los que llegó a la escuela del mncho.

En muchas de aquellas aulas, hoy abandonadas, se conservan las huellas del uso de calentones de lefia pam combatir las inclemencias invernales. La práctica de que los niños He»/aran a la escuela durante el invierno un leño pam el calentón era común. De esa manera las familias contribuían a conservar el calor en el aula. Hoy en día algunos muros conservan la herida circular por la que escapaba el tubo del calentón. En otros casos, huellas de ceniza antigua, o virutas esparcidas por el piso, marcan el lugar que alguna vez fue el más calientito del salón.

El inicio de clases marcaba en las comunidades rumies el final de periodos vacacionales que emn mucho más dilatados de lo que son ahom. Las vacaciones de verano dumban en aquél entonces más de dos meses, durante los cuales los niños y niñas normalmente se olvidaban por completo de la actividad escolar. Las escuelas rurales no tenían uso durante aquellas semanas de calory lluvia, por lo que lo normal era que en los primeros días de septiembre, cuando reabrían sus puertas, sus patios estuvieran cubiertas de hierba. En muchas comunidades, en los primeros días de septiembre se organizaban jomadas voluntarias entre los padres de familia para reacondicionar estos espacios.

x^umnoaba el ciclo escolar e iniciaba el recorrido cíclico por sus fochas. La primera del año em el 16 de septiembre, que en todos los pueblos con escuela em una focha importante, en la que el centro educativo se adornaba con motivos tricolores de papel de china. En algunas comunidades los docentes organizaban pequeños desfiles conmemorativos, y en algunos casos, la autoridad del rancho daba el Grito. Era esta foohala primera del ciclo escolaren

la que se utilizaba el espacio de la escuela como un centro comunitario, público, que congregaba a las familias pam presenciar el bailable o la ronda infantil preparada por los niños y los maestros para tal fin.

Seguía en el calendario escolar el 20 de noviembre, que para muchas de estas comunidades em la celebración más importante del año, y se aprovechaba pam realizar la fiesta anual. Coincidía la celebración pam conmemorar el inicio de la Revolución de 1910 con el momento en el que o one luían las actividades de trabajo con al maíz o frijol y la cosecha de la manzana, por lo que en varias comunidades rurales —sobre todo en aquellas que no contaban con santo patrono—, el 50 de noviembre em el momento anual para el festejo.

Los coleaderos eran un evento obligado en muchos veintes de noviembre, con ganado flaco que los vecinos aportaban para el programa del día, que consistía en montarse sobre la muestra de ejemplares vacunos que respingaban ante el peso en sus espaldas. Y de pronto allá iba por los aires Martín, el del comercio, y se secaba la sangre de la frente Animando, el presidente de la asociación de padres de familia, luego de levantarse de la arena improvisada en algún corral. Con frecuencia las fiestas escolares incluían otros juegos y entretenimientos que eran organizados y

disfrutados por la comunidad entera: el marrano o el palo encebado, los aros (que consistía en colgar pequeños aros a alguna altura y pasar a caballo a toda velocidad para ensartarlos con una vara) o el violentísimo juego del gallo enterrado, donde se cubría al animal hasta el pescuezo para que los hombres de la comunidad pasaran a toda velocidad a caballo y lo arrancaran de su sepultura.

Las navidades eran otro momento importante en los ritmos de la escuela. Se asociaban con las fiestas tradicionales del fin de año, normalmente marcado por las fiestas religiosas y por el receso de clases de diciembre. Muchos niños y niñas conocieron el concepto de Santa Claus en sus profesores rurales, quienes se confeccionaban un traje para la foto navideña; y se volvieron tradicionales las posadas escolares, donde se compartían sencillos banquetes cocinados por las familias: tamales, atole, ponche y bol-sitas con dulces, cacahuates y mandarinas. Estas mismas bolsitas se repartían también durante el Día del Niño, en abril. Esta celebración fue un elemento más que las escuelas rurales trajeron a la cultura del rancho. Los maestros, con la colaboración de algunos padres de familia, organizaban la fiesta para los niños, que incluía romper una piñata, juegos y comida sencilla.

El Día de las Madres era un evento especial que concentraba a las mamás en el patio de la escuela; era una de las pocas ocasiones que por aquellos años tenían las mujeres de estas comunidades rurales para lucir el vestido enviado por la prima o la tía desde el otro lado, y los tacones comprados en Cuauhtémoc, o en Chihuahua. La escuela se convertía entonces en un desfile de modas en donde las bancas se acomodaban en filas sobre el patio escolar, y se servía chile colorado y arroz, como en una boda o en una quinceañera. La fiesta era amenizada con los propios niños y niñas de la escuela, que declamaban, cantaban o presentaban números de danza. La otra fiesta importante de ese mes era el Día del Maestro. El trabajo de los docentes era reconocido sin excepción por las comunidades cada 15 de mayo, fecha en la que muchas familias les enviaban regalos sencillos o los invitaban a comer a la casa.

Todas estas fechas se integraron a la manera en la que las comunidades vivían la vida. Se trata de un fenómeno de trans-culturación, y de la emergencia de nuevas formas de construir los significados en el contexto de la comunidad rural chihuahuense (Gregóri, 2008). Emerge así la institución escolar como elemento aglutinador de la cultura comunitaria a través de sus ciclos, que se integraron de manera orgánica a los usos y costumbres inherentes a la vida en el rancho. Los momentos clave del ciclo escolar se completaron con la propia vida de las comunidades, complementándola y enriqueciéndola.

El trabajo en la escuela, a lo largo del año, se coronaba con la ceremonia de graduación, que en las comunidades rurales era el único evento de egresión de un nivel educativo que la mayoría de los chicos y chicas experimentarían en su vida. Se trataba de graduaciones larguísimas, con números musicales y líricos. En la graduación se apersonaban las madres de familia en sus mejores galas, y el papá del graduando con su sombrero bueno. Estaba extendida la costumbre de elegir un padrino o madrina de graduación, y en muchas comunidades, al final de la ceremonia, iniciaba el baile. La ocasión además frecuentemente se celebraba matando un marranito, o incluso una vaca, para convidar la comida a toda la comunidad.

En la mayor parte de las escuelas rurales hoy abandonadas, la jornada escolar iniciaba a las ocho de la mañana y se extendía hasta la una de la tarde. Los turnos discontinuos cayeron en desuso desde mediados de la década de los ochenta, pero en muchas comunidades la tradición de acudir a la escuela por la mañana y por la tarde se mantuvo hasta años después, dada la presencia permanente del docente en la institución. En todas las escuelas que visitamos se contaba con casa del maestro, lo que hacía posible que los profesores permanecieran toda la semana presentes en el centro escolar. Fue así que su presencia hizo posible que las escuelas recibieran otros usos adicionales a los meramente educa-

tivos por los habitantes de las rancherías. En algunas localidades los maestros organizaban torneos de voleibol o de basquetbol por las tardes, u organizaban talleres de costura con las mujeres del rancho. Estas actividades extraescolares llevaban la cultura de la escuela y de sus profesores más allá de la actividad de clases, y situaban su práctica docente mucho más allá de los muros de la escuela. Una exalumna de la primaria de Tres Lagunas nos dijo que:

¡Ande!Aquí antes todo los organizaban los maestros en la escuela. Yo me casé ahí en el salón de actos, y el baile lo hicimos en la cancha. Se ponía muy suave. Todo era ahí en la escuela, hacíamos los coleaderos y todo, y las graduaciones, pero ahorita ya tiene años cerrada la escuela, muy triste porque muchos pasamos por ahí; por decir, mi mamá ahí estudió, y luego yo hice toda la primaria y una de mis hijas sí alcanzó a ir aquí a la escuela, pero luego ya no (Informante 2, 2018).

Una expresión especialmente interesante de la vida educativa en los ranchos la constituían las reuniones de padres de familia. De forma periódica, los docentes convocaban a estas juntas, a las que acudían solo los hombres de cada familia. Estas asambleas eran muy distintas a lo que se vive hoy en día. Los hombres de la comunidad ejercían su poder en una sociedad tradicional y eminentemente patriarcal, que se manifestaba en su presencia exclusiva en estas ocasiones. Los hombres convocados a esta reunión respondían sin falta a estas asambleas, que normalmente se aprovechaban para discutir asuntos relacionados con la propia escuela, pero también temas generales de la comunidad. La presencia eminentemente masculina en las juntas de padres de familia era un reflejo de la importancia que las familias concedían a las reuniones en la escuela, y significaban la oportunidad para ventilar temas de la mayor importancia.

Otro elemento importante de la vida cotidiana en las escuelas de los ranchos era el alimento. En la mayor parte de estas escuelas no existía una tiendita escolar, los chicos acudían a estudiar con

bastimentos sencillos preparados por la mamá, en casa. En algunos pocos casos los docentes se organizaban para mantener un inventario sencillo de dulces, frituras y otros productos que ellos mismos vendían a los niños durante los recreos. Estos pequeños ejercicios de tiendita escolar contribuían a la pobre variedad de la alimentación de los chicos en los ranchos, que en casa mantenían dietas muy tradicionales. El alimento se conformaba de frijol, refresco, productos lácteos y de maíz, y algunos productos enlatados, especialmente la sardina.

Los niños y las niñas se alimentaban de manera sencilla, pero no dejaban de acudir a la escuela desde las casas desperdigadas por las rancherías. Las matrículas de estas escuelas de rancho nunca fueron numerosas, por lo que las instituciones que estudiamos rara vez alcanzaron la modalidad administrativa de organización completa, con seis grupos escolares funcionando al mismo tiempo. Lo más frecuente fue la presencia de dos o tres docentes que atendían a los estudiantes de los diferentes grados de la primaria en una misma aula, por turnos, mediante el sistema mul-tigrado de organización del trabajo docente. Uno de los docentes era el director encargado del plantel, quien aparecía como responsable de la estadística educativa, o formato 911, ante la inspección escolar (Brumat, 2011). Estos docentes de rancho no contaban con apoyos adicionales para el desarrollo de las actividades educativas, de modo que eran ellos los encargados del aseo de las aulas, de las clases complementarias, como educación física y artística, y de todo lo relacionado con la escuela. Los testimonios del docente rural son muy amplios y han sido recogidos en otros textos, y constituyen un acervo simbólico y educativo de gran valor para la historia nacional en el siglo XX (Pacheco, 2013).

En el ejercicio docente emprendido en el contexto de la escuela rural chihuahuense, un elemento definitorio lo constituyeron los libros de texto gratuitos, y más adelante los acervos del Rincón de lecturas. Desde su fundación a finales de la década de los cincuenta, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) proveyó a todas las primarias públicas mexicanas de sus acervos bibliográficos y de trabajo para el aula (Rizo, 2012).

En In escuela rural, estos libros se cargaban de un enorme valor, mucho más allá de lo meramente educativo. Pam muchos habitantes de las rancherías, los libios de la COMAITIXG fueron los primeros que existieron en casa. Estos textos, impresos en papel revolución y con ñustraoiones a todo color, eran el objeto que significaba la presencia de la escuela en casa. Muchas familias leían los textos sencillos contenidos en aquellos materiales, o ayudaban a la tarea por la tarde, xAdemás de hacer más sencillo el tmbojo de los docentes, estos textos constitir/eron uno de los elementos simbólicos más importantes pam la experiencia de la escuela mini en Chihuahua (Valencia, 5014.

La práctica docente era otan. Muchas escuelas no contaban con luz eléctrica. No se conocíanlos avanzados recursos digitales que llegarían a los salones de clase años después y que marcarían la forma de aprender y de enseñar de nuestros tiempos. La ooneotividad que hemos visto avanzar en la década reciente era apenas un esbozo en los años enlos que estas escuelas florecían. En estos asentamientos el medio de comunicación por excelencia em la indio, por medio déla cual se conocíanlos éxitos musicales

más recientes, y se difundían los mensajes a manern de recados radiofónicos, pam saber de una reunión en la cabecera municipal, o del deceso de un pariente, o de la legada próxima de algún familiar (Arias y Piar, 5016). No fue sino hasta los primeros años de la década délos noventa cuando en algunos ranchos comenzaron a instala ib e rotundas antenas pambdicas, que hacían posible contar con señal pam la televisión. xAntes de eso, en algunas localidades se usaba ese apamto conectándolo ala batería del tractor en ritmos estrictamente controlados para conser/arla batería de ese dispositivo. xAlgo similar ocurría con la señal del teléfono celular, que en algunas localidades solo se conseguía mediante el ascenso a alguna loma cercana, y hasta allá se iban los maestros cuando había necesidad de establecer comunicación con el mundo de fuem del rancho.

Hablar de la presencia de estos apamtos en los mnchos y en sus escuelas es adelantamos mucho, y significa referimos a los últimos años de funcionamiento de los centros educativos que estudiamos. En realidad, durante la mayor parte de su historia, tanto las localidades rumies como sus escuelas permanecieron mayor mente inconexas. Estas localidades se sitúan lejos de la ubicación de las oficinas de supervisión escolar, por lo que la presencia de las autoridades educativas en esos planteles era rara.

En estos ranchos emergieron experiencias y prácticas docentes innovadoms, que permanecen en la oscuridad. Muchos maestros y maestras desplegaron su talento en la oscuridad del aula mini, lejos del reflector de las instituciones educativas de las grandes ciudades de Chihuahua. No contamos con tmbajos de rescate sistemáticos al respecto, sin embargo, no queda duda de que fueron cientos los maestros y maestras rumies que durante el siglo XX protagonizaron innumembles procesos educativos innovadores. Estas prácticas se limitaban a los reomsos didácticos a la mano, en localidades enlos que no se contaba con ningún recurso de apoyo didáctico, ni de medios pora adquiridos. Las papelerías y mercerías más cercanas a menudo se ubicaban a dos o tres homs de camino, por lo que los docentes debían utilizar cualquier material de tmbojo disponible. En esas condiciones, los libros de

texto gratuito de los que ya batíamos emn de gmn valor. Estos reoumoE se oomplementaban con cajas de gises blancos o amarillos, y con poco más. Los docentes contaban con el valor agregado de la cercanía déla escuela ruml con el medio, lo que facilitaba el abordaje de ciertos contenidos curricula íes, pero para muchos otros, el desafio em doble.

Algunas pocas escuelas rurales contaban adicionalmente con un reouiso valioso de esos tiempos: el mimeógrafo, que facilitaba la reproducción de materiales escritos. Estos aparatos funcionaban mediante la elaboración de un esténci que se picaba con una máquina de escribir, y que luego servía como modelo para la impresión sobre hojas de papel revolución. Los afortunados docentes que contaban con uno de estos aparatos y el acceso a una máquina de escribir podían producir contenidos escritos con cierta facilidad. En esas pocas escuelas el aroma a tinta y a papel revolución em inconfundible,'/ algunos antiguos archivos escolares conservan hoy en día documentos realizados con los mime ¿gratos manuales.

La inmersión de las escuelas rurales en el mundo rural hacía fácil emprender excursiones de estudio a algún arroyo, o al rancho de algún vecino. Em sencillo encontrarse con los fenómenos de la naturaleza estudiados en los libros, porque muchos emn parte de la vida cotidiana de los niños y las niñas. Casi de manera ineludible los estudiantes apoyaban a sus padres en tareas del campo, lo que les brindaba una cercanía con los procesos naturales difícil de lograr en un contexto urbano.

En esas condiciones la escuela rural chihuahuense se convertía en una institución simbiótica a la comunidad que la acogía. Se trataba de un espacio que brindaba elementos simbólicos a la vida del mncho, y que a la vez se nutría de muchos elementos culturales de su contexto. Emergía así un estilo sincrético de vivir la vida escolar, que se reflejaba en la vida cotidiana a lo largo del ciclo de estudios.

Un elemento asociado al aseo y mantenimiento de los espacios que a la fecha se ha perdido, y que tenía implicaciones muy importantes en los procesos de formación y de consolidación de valores de los chicos, era que los estudiantes se involucraban en el aseo délos salones de clase,y en el mantenimiento délos patios de la escuela. Esta actividad no em punitiva, ni se reservaba pam estudiantes mal portados, sino que todos y todas se organizaban para mantener limpia la escuela, para a nanear hierbajos de sus jardines, para pintarlas líneas de la cancha deportiva. Esta actividad consolidaba aún más la identidad de la institución escolar en el rancho, a través del irrvolucmmiento intenso de toda la comunidad escolar en el mantenimiento y aseo de la escuela.

En el desanolle sincrónico déla institución educativa del rancho, podemos encontrar numerosos elementos simbólicos y culturales en los que los usos y costumbres de la escuela se imbricaron profundamente conlos de la comunidad que la acogía, en un proceso de ida y vuelta. La escuela dejó su impronta en la ranchería, pero lo mismo esta en aquella. Se trata de un proceso altamente signifi-

cativo pain la vida rural en Chihuahua, que marcó profundamente los procesos socio de roo gráficos de esa región dumnte buena paite del siglo XX.

A la escuela del mnoho iban casi todos los niños y las niñas, ocasionalmente alguno se ausentaba por una temporada para tmbajar en las tareas del campo, o alguna estudiante perdía un año para ayudar con la atención a algún pariente anciano, pero en general la escuela significó una experiencia compartida para generaciones completas de nacidos y cfiados en los ranchos de Chihuahua. Más allá, luego de la graduación con música en vivo y chile colorado, fueron muy pocos los egresados que se animaron a seguir nuevos derroteros educativos, lejos déla familiaridad de la escuela ranchera. La mayoría de sus egresadas y egresados se integraron de Heno al tmbajo en la labor, o en casa. El certificado de terminación de estudios de primaria se quedó colgado en algún muro de las habitaciones oso mas, de adobe, de techos bajos y ventanas con marco de madem de pino, como trofeo y constancia del paso por las aulas.

Este trofeo tuvo un rasgo particular: en la mayor parte de las localidades que estudiamos, no se reservó solamente pam los ni-

ños o para las niñas, sino que tedas y todos pudieron acceder a él Bin distinción de género. Este nos habla de la escuela mml como elemente demoemtizador y como espacio para la emergencia de procesos de igualdad de género. Muchas rígidas visiones mantenidas por la ortodoxa cultura bucólica se rompían en el espacio liberador de la escuela primaria del rancho, en donde las niñas se sentaban entre los niños, en donde el reo reo y todas las actividades emn mixtos, y en el que las distinciones fuertemente arraigad as en la cultum mnohem entre hombres y mujeres se diluían. Resulta interesante cómo algunas informantes egresadas del aula mml recuerdan con alegría el surgimiento de procesos de soro-ridad entre las niñas, y de interacciones horizontales entre unos y otras. Posiblemente este rasgo haya sido una de las contribuciones más importantes de la educación mml a las comunidades rancheras en la entidad.

Junto con las interrelaciones personales horizontales y derno-cratízadoms, la escuela rural llevaba a sus alumnos y alumnos los elementos básicos del curriculo: la posibilidad de leer, escribir, hacer cuentas y dominar nociones de historia nacional. Las fuertes cargas simbólicas: la bandera, el himno nacional., fueron todos elementos que se conjugaban en cada jomada escolar. Varios

De entre los elementos culturales que la escuela rural levaba consigo, sin duda el más poderoso era el propio docente. Las y los maestros rurales se investían de una autoridad simbólica muy importante en aquel as comunidades, por sus capacidades de gestión y por su conocimiento del mundo más alá del rancho. Se cultivaba un respeto a la figura del docente y a sus decisiones, así como a su capacidad para vigiar y castigar a los niños

en la escuela. Este respeto se expresaba en que las familias con frecuencia enviaban alimentos sencillos ol maestro: frijoles cocidos, carne de venado, huevos, piñones, y en que en la mayoría de las comunidades, los lugareños apoyaban en lo que se pudiera al maestro o a la maestra: un aventón en la troca a la cabeoera municipal, una invitación a cenar... todas ellas eran muestras de esta relación entre los profesores y la comunidad en la que laboraban.

En buena medida esta experiencia de los docentes en el rancho los marcó de manem diferente a aquellos que solo ejercieron su profesión en el contexto urbano. Los docentes que tuvieron la oportunidad de trabajar en el contexto rural se aproximaron a la construcción de su identidad profesional desde otra óptica, marcada por la propia realidad nunl. Las diferencias entre unos y otros se han investigado con anterioridad, indicando la conveniencia de que les docentes transiten por la experiencia de la escuela rural como parte integral de su proceso de formación profesional y de la consolidación de su identidad gremial. El maestro educa al rancho, pero también el rancho educa al maestro.

LOS ESI&CIOS ESCOLAMES> HOY

Los gritos de docentes y estudiantes se han cancelado en los espacios escolares que estudiamos. Sus aulas, si siguen en pie, permanecen polvorientas y con los cristales estrellados. Las escuelas que en otro tiempo rebosaban actividad, hoy son espacios mudos, guardianes de recuerdos y añoranzas. En algunos casos la escuela original se ha caldo, o derruido. En ninguna comunidad se imple mentaron estrategias de mantenimiento y conservación sistemática de los espacios escolares desde las autoridades, ni de las propias comunidades. El tiempo ha hecho lo suyo, y los recuerdos nostálgicos y las añoranzas de quienes fueron sus alumnas y

alumnos no son suficientes para taparlas goteras en las casas del maestro ni para remendar los huecos en los cercos de adobe, por donde tranquilas se cuelan las vacas, a pastar junto al astabandera desnuda y rebelde.

En algunas comunidades la escuela se utiliza hoy como espacio para los servicios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CoiTAo como dispensario médico, o como almacén pam usos diversos déla autoridad ejidal. Sin embargo, estos casos son los menos comunes. En la mayor parte de las rancherías las escuelas se quedaron abandonadas, mimndo hacia el camino de tierra por donde supuestamente llegarían los funcionarios del gobierno estatal con nuezas ideas y nuevos proyectos pam inyectarles vida. Ha pasado ya casi un cuarto de siglo, y las escuelas siguen esperando. Pesulta inevitable sentir la emoción de la vccación educativa que alguna vez, durante décadas, tuvieron esas tapias y esos mesa bañe os hoy desvencijados, y lamentarla ausencia de programas oficiales o comunitarios de rescate de sus espacios,'/ sobre todo délos archivos escolares, tan valiosos para la historia de cada ranchería y de cada niño y niña que transitó por sus salones de clase.

La escuela pública, nunl, percibida por la comunidad oomo un bien oomunitario y compartido debe mantenerse. Su aportación a la vida rural, y eu contribución a la elevación déla calidad de vida de las familias que atiende es invaluable e irxemplazable. Por ello debe impulsarse el interés por preservada desde las comunidades, pero sobre todo desde las instancias educativas oficiales.

Los edificios escolares en los ranchos estudiados, con sus recuerdos, con sus risas ahogadas en el tiempo, con sus graduaciones de tares homs, se derriten aún en la canícula de julio, o aprietan los ojos de terrado, y aguantan los ventarrones de febrero, pero la expeotativa de preservación de sus contenidos es baja. Los archivos escolares que contienen, así como el menaje de las aulas, los materiales para enseñar, la dimensión tangible de la institución escolar, desapareoerán irremediablemente en los años cercanos.

Los aprendizajes construidos a través de nuestro acercamiento a las escuelas abandonadas en la región de Cuauhtémoc son congruentes con los objetivos de nuestro proyecto de investigación.

El ejercicio hizo posible construir una mirada compleja de sus realidades y procesos antes de su cierre definitivo.

Más allá, el colofón de las reflexiones emprendidas a partir de este proyecto es que el tema de los centros educativos abandonados en 1997 representa una oportunidad para las autoridades educativas -federales, estatales, de los municipios-, pero sobre todo pora las comunidades y sus habitantes. Esta oportunidad consiste en el rescate de la propia historia de la comunidad, y del aprovechamiento délos espacios escolares olvidados para propósitos compartidos. Esto debe ocurrir pronto, antes de que lo que queda de las antiguas escuelas se derrumbe por completo, como ya ha ocurrido en varias localidades.

Las escuelas cerradas también están a la espera de los historiadores de la educación, de los estudiosos de los procesos educativos, para que se maravíllen con las historias contenidas en los expedientes escolares, para que desempólvenlas colecciones fotográficas -verdaderos tesoros- y miren a los ojos a los protagonistas de las historias de otros tiempos, los mismos ojos, los mismos niños y niñas, los mismos maestros y maestras... Esta añoranza es, desde nuestra perspectiva, la más importante en las condiciones actuales. Surge en primer lugar la necesidad de rescatar los archivos escolares, sis te matiz arios y aprovechar su información para la construcción de la microhistoria de esa constelación de comunidades rurales

Otra vertiente pro metedora de investigación, también a la espera de ser explotada por académicos y académicas interesadas, es el rescate de la historia oral de estos espacios a través de las memorias de aqueles que pasaron por las aulas y los patios de estos centros escolares. En cada rancho viven aún los alumnos y alumnos de la escuela rural, cada uno con eu costal de anécdotas, con sus certificados de primaria empolvados, colgados en la misma pared desde hace cuarenta años y con dos o tres fotografías de la graduación, del concurso de oratoria, de la ronda, del festival del día de las madres.

Queda además pendiente, como dijirnos ya, la tarea de en la medida de lo posible rescatar los inmuebles escolares, que cons-

titir/en puntos neural es de la distribución espacial del rancho, y de las cargas simbólicas de la comunidad. En todos los casos la escuela está situada físicamente en el centro de la ranchería, o en un espacio privilegiado de la misma. Esto significa oportunidades importantes para la promoción de la restauración de sus antiguos edificios y para el impulso de su utilización como centros oomunitarioE, talleres del rancho, espacios para la celebración de asambleas y fiestas rancheras; como escenarios de la celebración de nuevos torneos deportivos y culturales, o como espacios para la preservación déla memoria compartida.

La vuelta al modelo de la constelación de escuelas rurales se ha ido para no volver, por razones económicas, políticas y desde luego demográficas, pero dejó tras de sí todas estas tapias, cargadas de recuerdos, de añoranzas y de posibilidades para repensar su sentido en el contexto de la comunidad rural chihuahuense del siglo XXI, marcada por nuevos desafíos y nuezas exigencias. En este panorama, sin duda las antiguas instalaciones escolares pueden recargarse de sentido y jugar un nuez o papel en las comunidades que las acogen.

En el contexto de estos nuevos escenarios, marcados por la inmediatez, la crisis identitaria y los problemas sociales, hoy nos planteamos una pregunta clave: ¿Cómo debe ser la escuela del siglo XXI, pam responder de forma efectiva a las expec tafeas que la sociedad tiene de ella? En muchos sentidos, en las tapias délas antiguas escuelas está la respuesta a esta y otras preguntas de la escuela pública y de la sociedad chihuahuense de estos nuevos tiempos.

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Muestra Estatal de Teatro: 28 años de

ACTIVIDAD ESCÉNICA

Con casi tres décadas de realización consecutiva, la Muestra Estatal de Teatro (MET) en Chihuahua es fundamental para comprender el quehacer escénico regional en su articulación con el teatro nacional. Nuestro objetivo principal consiste en una valoración crítica de su última edición, la número 28, a partir de un análisis sincrónico y diacrónico que se ocupe del origen y trayectoria tanto de la MET como de las compañías que se dieron cita en la región de Delicias del 17 al 22 de agosto del año pasado. La crítica teatral de los montajes programados será el punto de inflexión para apreciar el estado del arte del teatro chihuahuense contemporáneo.

Palabras clave: crítica teatral, puesta en escena, festival, dramaturgia, compañías.

With almost three decades of consecutive performance, the MET in Chihuahua is essential to understand the regional stage work in context with the national scene. Our main objective consists of a critical evaluation of its latest edition, the 28th, based on a synchronous and diachronic analysis that deals with the origin and trajectory of both MET and the companies that participated in the Delicias Region from August the 17th to the 22nd of last year. Theatre criticism of the programmed productions will be the turning point to appreciate the state of the art that contemporary Chihuahua theatre is in right now.

Muestra Estatal de Teatro: 28 años de actividad escénica Que el teatro es el quetzal, no cualquiera puede alcanzarlo; grandes genios lo intentaron sin lograrlo. Es el Ave Fénix. Carlos Montemayor agregó después que a los teatreros nomás les faltó decir que el teatro era el águila devorando a la serpiente.

La crónica de Jesús Chávez Marín, compuesta seis años antes de la primera Muestra Estatal de Teatro (MET), revela una instantánea sobre el estatus de los teatristas con relación a la comunidad de intelectuales que se dieron cita en la Segunda Asamblea de Escritores Chihuahuenses. La imagen coincide con el antiguo debate sobre la adscripción del género dramático, “que solo cobra vida dentro del escenario”, a la literatura. La “oreja gráfica” del cronista registra pormenores y ecos de pasillos. “Uno de los asuntos que mejor se trataron fue el teatro”. ¿Qué temas? Los de siempre:

el traslado de la autoría del texto escrito al ego del director, la programación en los complejos culturales y el equipamiento de los inmuebles. Para completar el panorama, un conferencista concluyó:

Ensayamos seis meses para subir a escena dos días; temporadas brevísimas y frustradas. Se hace uso ineficiente de la publicidad y a manera de crítica publicamos gacetillas que nomás nosotros leemos. No se consolida una acción permanente y armónica del teatro regional (Chávez Marín, 2014: 30-31).

Subrayamos, en este visionario diagnóstico, la constancia y el concierto como elementos sustantivos para accionar la práctica de un gremio que cierra filas, pero que —con frecuencia, antes de buscar aliados fuera de las tablas— suele distanciarse de otras comunidades creativas. De ahí que el poeta y novelista parrálense, Carlos Montemayor, pilar de las letras del norte de México, haya expuesto con humor la sobrevaloración de la disciplina.

Veintiocho años representan apenas un fragmento del teatro que se ha producido en “el estado grande”; no obstante, el establecimiento de las MET a nivel federal, así como su doble articulación, primero, con las muestras regionales (a las que acceden las obras ganadoras de cada entidad) y, después, con la Muestra Nacional de Teatro (MNT), la cual celebró el pasado noviembre su emisión número 40, nos habla de una práctica paralela en la que las diferentes teatralidades mexicanas se han venido desarrollando. Por tanto, para cualquier estado, la MET resulta fundamental para comprender el quehacer escénico regional en diálogo permanente con el nacional. La coyuntura anual entre estos niveles —estado, región, nación— perfila a las muestras como una plataforma de exhibición para un público determinado (los propios teatristas y programadores), pero, sobre todo, como un espacio de reconocimiento al empeño de las compañías y de encuentro entre pares, incluidos aquí estudiosos y críticos.⁶¹

Para 2021, la MET Chihuahua habrá cumplido tres décadas. A pesar de su longevidad, no existen registros bibliográficos que comenten o estudien alguna de sus 28 emisiones, por lo que consideramos urgente, de ahora en adelante, guardar memoria de cada una desde más allá de la nota periodística, la anécdota (como en el caso de la biografía del actor Óscar Erives: Oscar. Peripe

cias de un teatrista chihuahuense) o los programas de mano.^{62 63} De gran utilidad ha sido el documental A telón abierto: 25 años de la MET (Sierra, 2016) para escuchar a los protagonistas, sin intermediario visible, expresarse de una tradición sustentada en su arte.

El objetivo primario del presente ensayo consiste, entonces, en una valoración crítica de la última MET, la 28, celebrada en la región de Delicias del 17 al 22 de agosto de 2019, en “Homenaje a Ernesto Ochoa Guillemard”, formador de actores y directores en Ciudad Juárez.⁶⁴ En un primer apartado, repasamos de manera sucinta los antecedentes y detallamos los cometidos —en materia de políticas públicas en el ramo de cultura— de la MET. Este proceder sincrónico nos servirá de preámbulo para trazar el origen y trayectoria de las compañías que, tras responder a la convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura, acudieron al evento para

montar sus obras. La crítica teatral de las puestas en escena de Los habitantes inútiles, La Bodega, 1939 Teatro Norte, Telón de Arena y Teatro Bárbaro es el punto de inflexión (diacrónico) para apreciar el estado del arte del teatro chihuahuense actual.

Rastrear la historia de la MET en Chihuahua implica un trabajo documental y hemerográfico que sobrepasa las intenciones, condiciones de escritura (debido a la contingencia sanitaria) y extensión del presente artículo. La alternancia en el gobierno estatal, con las subsecuentes remociones, y hasta cambio de nombre, en la dependencia encargada de la administración y promoción de la cultura, ha impedido que exista una carpeta única sobre la muestra o un registro cronológico con convocatorias, participantes, jurados y distinciones.

La primera MET oficial reconocida por el INBA fue organizada por la Asociación de Teatristas Unidos de Chihuahua en 1991 en el Teatro de Cámara de la capital. Antes de esta fecha, ya se habían celebrado festivales con representantes de distintos municipios; incluso Chihuahua ya había figurado en el certamen nacional, en la VII MNT de 1984, para ser exactos.^{65 66} De esta manera, 1991 resulta señero por la iniciativa de incluirse como entidad a los circuitos de exhibición oficiales, así como a los procesos y vías de selección, lo que supuso un repunte estético en materia escénica. Al año siguiente, el recién fundado Instituto Chihuahuense de la Cultura (ICHICULT) participó en la coorganización; a mediados de la década, el Instituto empezó a gestionar el evento de manera independiente. Con la administración panista en curso, el ICHICULT, tras 24 años en funciones, fue renombrado en 2016 como Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua (encabezada por María Concepción Landa), organismo encargado de la MET 28, que aquí nos ocupa.

6 Se trató de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, montada por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (Partida Tayzan, 2008: 41) y dirigida por —ni más ni menos que— Ernesto Ochoa Guillemard, fundador en 1980 del grupo Aleph del ITCJ.

Ante este vaivén político, el propio archivo de cada compañía luce como otra fuente privilegiada de información, así como la memoria oral de aquellos que cimentaron la tradición anual del reencuentro e intercambio. Ese fue el proceder tanto de Héctor Padilla, investigador en Ciencias Sociales adscrito a la UACJ, para articular una colección de once entrevistas publicadas en Telón de Voces: el teatro en Ciudad Juárez 1980-2002 (2005), como de Cynthia Angélica Rodríguez, última coordinadora de Artes Escénicas del Ichicult, junto con el director Luis Sierra, para celebrar el cuarto de siglo de la MET con el documental ya antes mencionado, producido con fondos estatales. A telón abierto recoge los testimonios grabados en entrevistas con Ernesto Medina (actor y director), Jesús Chávez Marín (escritor), Manuel Talavera Trejo (director, dramaturgo y catedrático de la UACH, fallecido en mayo de 2017), Elsa Sáenz (actriz y docente), Jesús Ramírez (actor y director), Perla de la Rosa (actriz, dramaturga, directora y catedrática de la UACJ), Edeberto “Pilo” Galindo (dramaturgo y director), José Luis Acosta (actor y director), Sergio Juárez (actor y director) e Iván Carlos Hernández (promotor cultural y funcionario público aún activo). El video (disponible en el canal de YouTube de Sierra Media Labs) muestra fotografías de montajes, notas de periódico y material publicitario proporcionado por Oscar Erives, Antonio Zúñiga, Guadalupe de la Mora, entre otros, así como descargado de blogs que resguardan y promocionan la cultura regional: moyam y Juaritos Literario⁶⁶

Nos parece ineludible, por otra parte, cotejar este repertorio de fuentes con el discurso institucional y de carácter jurídico que, siendo ajeno a la producción dramática, dicta normas de operación previas a la inauguración; dispone y distribuye fondos tanto para las agrupaciones como para las actividades complementarias que nutren a la MET; asigna los espacios de montaje y traza las líneas curatoriales, ya que selecciona y paga honorarios de la ter-

na de jueces. Es un hecho que, en materia de política pública, la gestión en torno al diseño de la convocatoria y de la programación condiciona el éxito de la MET. La experiencia inmediata, obtenida en Ciudad Juárez en la edición 27, había sido lo suficientemente amarga como para desatender los fallos que llevaron al jurado, en aprecio a su tiempo y trayectoria, a desentenderse de la propia planeación de la justa en la que participaban.⁶⁷

La Secretaría de Cultura emitió la Convocatoria en junio, en cumplimiento del Plan estatal de desarrollo 2017-2021 y el Programa sectorial de cultura como derecho humano. Los lineamien-tos del primer documento establecen prioridades para procurar el bienestar general; de esta guía, importa aquí el primero de los cinco ejes rectores; es decir, el área de Desarrollo humano y social, que incluye uno de los principales desafíos de la administración: impulsar el progreso social, económico, político y, por supuesto, cultural. Aunque la mayoría de las metas se concentran en cuestiones de salud y educación, la cultura también figura como un derecho. El objetivo 18, por ejemplo, consiste en “Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional” (Gobierno del Estado, 2017a: 90), lo cual implica ampliar tanto el acceso de la población como la oferta de las manifestaciones. En este contexto, la MET funge como una actividad encaminada a solventar este propósito, sobre todo cuando la sede abandona los centros urbanos.

El Programa Sectorial de la Secretaría de Cultura es un instrumento de planeación estratégica en el que se plasman los objetivos y las líneas de acción a implementar de la dependencia que lo titula. La convocatoria de la MET se apega concretamente al primero de sus cuatro propósitos, lo cual no significa que se deslinde del resto: “Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones”. Para lograrlo, se estableció una decena de estrategias; sin embargo, la Muestra abarca, sobre todo, las tres iniciales:

7 Tramoyam (https://tramoyam.blogspot.com/) a cargo del director y profesor Martín Hernández Molina, lleva funcionando en línea más de 15 años como hemeroteca del Estado, sobre todo de la capital. Por nuestra parte, el proyecto de investigación Cartografía literaria de Ciudad Juárez (www.juaritosliterario.com) difunde y reseña, desde marzo de 2016, las obras de ficción que recrean en sus páginas la región fronteriza.

1) Atender de manera directa a las y los artistas y creadores del Estado apoyando proyectos de producción, desarrollo y difusión artística; 2) Atender las necesidades culturales de la sociedad chihua-huense ofreciendo actividades de calidad y propuestas artísticas innovadoras; y 3) Capacitar y profesionalizar a promotores y gestores culturales en su práctica laboral y en el desarrollo de proyectos culturales y artísticos. (Gobierno del Estado, 2017b: 29)

La crítica teatral Grecia Márquez, quien asistió junto con nosotros a Delicias, publicó un balance general, “A ocho meses de la MET 28 en Chihuahua”, sobre la gestión y curaduría. De esas líneas, sintetizamos cuatro aspectos acerca de la proveniencia de los fondos, las sedes, los invitados (talleristas y jurados) y, por último, la programación.

La actual política de austeridad ha golpeado a las artes. A cualquier práctica cultural que se aleje (o cuestione) los programas asistencialistas se le tilda de privilegio, mermando sus arcas; más aún si la entidad no coincide con el partido en el poder. Varias muestras estatales en la república se cancelaron; en Chihuahua se respiraba incertidumbre. De forma inédita, la Secretaría de Cultura unió presupuestos y espacios con el Festival Internacional Chihuahua, que se alimenta de fondos mixtos de empresas privadas. Para cuando la MET se inauguró el 17 de agosto en el Teatro de la Ciudad Manuel Talavera con la función de Nacahue: Ramón y Hortensia, el FICH, en la misma región de Delicias, llevaba ya unos días, y se prolongó unos más, del 14 al 19.⁶⁸ Esta medida, sin la cual no hubiera habido muestra, devino en dos situaciones. Por un lado, Andrea Montes Olivas, coordinadora del FICH, generó las condiciones para que la comunidad teatral reflexionara sobre su propio quehacer. Ella y su equipo, a sabiendas del rescate, mostraron un interés genuino por un gremio y un evento con el que no habían trabajado de forma exclusiva. Por otro, la imagen tanto del

FICH como la MET era idénticas, al grado de confundirse. Sin una campaña publicitaria independiente, la asistencia a las puestas en escena se limitó a las demás compañías. Teatro para teatreros.

El centralismo del estado, contra toda lógica matemática, lo ocupan dos núcleos urbanos. Por años, la capital y Ciudad Juárez habían recibido a los artistas con largas filas y teatros llenos. La MET 28, en concordancia con las directrices del FICH y sus caravanas, se trasladó a la región sureste, involucrando a varios municipios, además de la sede principal, como Camargo, Saucillo y Meoqui, donde el aforo mejoró respecto a Delicias; no obstante, los inmuebles carecían de las condiciones adecuadas —tramoya, cabina de control, iluminación, climatización— para espectáculos profesionales en competencia. Esto ocurrió, sobre todo, en Saucillo y Meoqui donde platicamos con algunos espectadores (en su mayoría jóvenes) que asistieron sin saber que iban a ver una puesta en escena ni que, mucho menos, era parte de la Muestra Estatal. La creación de públicos requiere de ciertas estrategias bien meditadas; presenciar teatro a 40° centígrados no se cuenta entre ellas.

El jurado se compuso por una terna masculina: Sergio Galindo, director y dramaturgo de reconocido prestigio nacional; Juan Francisco Carrillo Esparza, actor y director de la pieza inaugural y Ricardo Salgado López, escenógrafo. La Convocatoria garantizaba la contratación de “profesionales del medio teatral para seleccionar los montajes [...] programados en la Muestra, así como para dictaminar a las y los ganadores de las categorías especiales” (Gobierno del Estado, 2019: 1). A excepción del miembro de Colochos, los otros dos jurados ofrecieron talleres en sus áreas de es-pecialización. De manera complementaria, Sara Pinedo, directora del Colectivo de Teatro Comunitario Los de Abajo, de Guanajuato, impartió otro taller sobre teatro de invasión. La programación se completó con una serie de encuentros y conferencias.

Dentro de estas últimas actividades, el colectivo Norteatro, al que pertenezco, se encargó de dar una plática sobre la migración en el teatro regional y coordinar, cada noche, los Encuentros de reflexión e intercambio (ERI). En un afán documental y analítico, reseñamos todas las escenificaciones —incluidas las dos no con-

cursantes—, con lo que, además de la crítica sobre lo acontecido en las tablas, promovemos la preservación de la memoria (Márquez, 2020).

En cuanto a las puestas en escena, presenciamos un total de once a cargo de ocho compañías. De Ciudad Juárez asistieron Telón de Arena (con dos), 1939 Teatro Norte (con otro par) y Taller de Teatro; mientras que de la capital, Strongylus, Los Habitantes Inútiles, La Bodega y Teatro Bárbaro (también con dos producciones). Pese al traslado del evento, las dos ciudades de siempre acapararon los escenarios; a excepción de un grupo amateur invitado, Tras-Luz, que representó de manera destacable a Meoqui con un drama histórico, Juicio a Malinche, escrito y dirigido por Adalberto G. Vela Vázquez. A continuación, nos centramos en la crítica teatral de las obras que se llevaron los reconocimientos: Auroras boreales de Los Habitantes Inútiles, Soy Bernarda Alba de La Bodega, Filos y Millenials de 1939 Teatro Norte, King Tiger y A la orilla del río de Telón de Arena, Derivas y Arrullos para Benjamín de Teatro Bárbaro. Dejamos fuera del estudio, pero no de nuestro interés, otros dos montajes por no ser profesionales: Hablemos de panzas de Taller de Teatro, escrito y dirigido por Rubén Torres; y Ni con palabras, de Strongylus, escrito y dirigido por Javier López Ríos.¹⁰

Año con año, la MET se dispone a solventar las metas que dicta su propia normativa; en esta ocasión, nos parece que hubo un avance significativo en las reglas de operación. Si la convocatoria de 2018 parecía sancionar la producción excesiva al admitir solo una obra por compañía, este error se corrigió, ya que ahora se permitía que un mismo director de escena fungiera “como tal en un máximo de dos montajes (sin excluirse con esto su participación creativa en estos u otros montajes), a fin de privilegiar la rotación de creadores y la participación de artistas” (Gobierno del Estado, 2019: 1). Otro acierto fue que se levantó, por fin, la restricción a la actuación de menores de edad que, a la postre, permitió

10 De las tres puestas en escena no contempladas, escribimos sendas críticas disponibles en nuestro blog: www.norteatro.com. De cierta forma, el dictamen del jurado concuerda con nuestra selección.

que Arrullos para Benjamín fuera seleccionada para representar a Chihuahua en la Muestra Regional, aunque esta se canceló por falta de fondos, ya que iba a celebrarse en nuestro Estado. De no blindarse los recursos anuales para la MET, de poco sirven los avances en materia normativa; si no se legisla a favor del teatro como herramienta de transformación social, cada nueva administración comenzará a trabajar de cero con artistas que llevan décadas dejándolo todo en las tablas.

La ciudad de Chihuahua es el único punto del Estado donde las artes escénicas se enseñan a nivel profesional.¹¹ También desde 1991, la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UACH promueve la oferta y atiende la demanda artística en ejecución, creación, gestión y docencia dramáticas. No sorprende, por tanto, que sus egresados pronto se incorporen a los circuitos y grupos ya establecidos e incluso formen sus propias compañías.^{69 70}

La dramaturga, directora y actriz Valeria Loera (Chihuahua, 1993) obtuvo dicha licenciatura en 2015 y la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas 2016-18. Sus primeros textos circulan en medios digitales; la Revista Borde publicó en 2016 el microdra-ma Rutinas de media noche, en donde una ruptura amaga con liquidar la desgastada relación de una pareja afecta a la costumbre; fragmentos de Auroras boreales aparecieron en marzo de 2017 en

Este País. Midnight snack —otra pieza corta sobre la relación conflictiva entre un hombre aparentemente vació y su refrigerador, al que se ha olvidado de llenar— así como el cuadro inicial de Elefante pueden consultarse en el portal de Tierra Adentro. Debido a la complejidad emocional y el grado de experimentación formal, esta obra recibió mención honorífica en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2018, por lo que se imprimió ese mismo año en el volumen 18 de la prestigiosa colección de Teatro de la Gruta del Fondo Editorial Tierra Adentro. El jurado —Itzel Lara, Cutberto López y Verónica Bujeiro— encomió la desafiante mezcla de texto e imágenes, a través de una relación padre-hijo truncada por una enfermedad. La libreta de Emil sirve de soporte visual tanto para el lector como para el adulto mayor que pierde gradualmente la memoria, por lo que apunta indicaciones (“Sótano. No volver nunca aquí”) y traza reminiscencias vitales sobre el plano de su casa: “Oliver es tu hijo”, “Lotti es mi perro perra” (Loera, 2018: 199 y 207). El juego tipográfico, además de reforzar la trama, construye una alegoría lírica del recuerdo: Elle, personaje femenino ausente por convicción, y un paquidermo que reclama el reencuentro.

También en 2018, Valeria Loera ganó el Premio Municipal a la Juventud Agustín Melgar, por parte del Ayuntamiento de su ciudad natal. Hace un año, el Consejo editorial del municipio de Chihuahua la seleccionó, en la categoría de escritores con trayectoria, para publicar en un solo volumen Planeta Kepler o los datos inútiles y Auroras boreales o nos vemos en Alaska, prologados por la dramaturga Itzel Lara, para quien estas piezas muestran la capacidad de “retratar la naturaleza humana a través de la aparente nimiedad. Ambas giran en torno a la misma inquietud: el amor como ausencia, como un viaje solitario, como una ítaca a la que se quiere regresar; como un destino” (2019: 13).

La dramaturgia de Valeria ha figurado en las marquesinas fronterizas gracias a un par de temporadas, primero, a finales de 2016, con el monólogo Planeta Kepler, interpretado por ella misma bajo la dirección de César Cabrera de la compañía Telón de Arena. En esta pieza, pensada como una trilogía junto con Auroras boreales,

el ímpetu paralelo de una búsqueda y un exilio atraviesan a la protagonista. “Lo malo de viajar para olvidar es que uno se lleva consigo” (Loera, 2019: 37). Los datos inútiles, subtítulo alternativo del monólogo, sirven de mera especulación para una figura femenina que habita una pequeña habitación cercada por sus miedos (como aquel a pronunciar palabras largas y complicadas) y una cucaracha como compañera de cuarto. La segunda temporada se debe a Mario Vera y Rubén Ríos, también de Telón de Arena, quienes estrenaron en abril de 2019 De niños, c@c#s y criaturas extrañas, un espectáculo infantil que echa mano de la danza aérea para dar cuerpo a la risa por medio de unos seres con un peculiar sentido de justicia. La coreografía montada en lo alto del edificio enmarca la peripecia de la familia protagónica que ensaya, una y otra vez, varios desenlaces hasta perpetrar el ansiando final feliz. Un texto ingenioso en su concepción, pero simple en su anécdota, se convirtió “en una experiencia creativa generadora de emociones, risas, acrobacias y un abrazo dirigido a la familia” (Márquez, 2019). En ambas piezas, los pasajes y situaciones proyectadas tienden hacia un humor agridulce y pesimista, característico de la escritura de una dramaturga en constante producción.

De acuerdo con el programa de mano entregado durante la función, Los Habitantes Inútiles, compañía fundada por Valeria en 2018, se definen como:

un colectivo joven creado por un grupo de mujeres sensibles (en el mejor y poderoso sentido de la palabra) con el mismo interés en común: compartir y convertir nuestras vivencias y experiencias personales en material potente para creaciones escénicas que representen y cumplan con nuestros ideales artísticos. [...] Quienes conformamos este colectivo nos concebimos como los “habitantes” de un espacio carente de “utilidad" como lo es el teatro, aquellos a quienes nadie va a buscar con desesperación como se busca entre las páginas de la sección amarilla a un plomero, un mecánico o un contador, aquellos individuos a los que solo se les necesita cuando lo que hay que arreglar es el alma.

La agrupación femenina se presentó en la MET con su ópera prima: Auroras boreales o nos vemos en Alaska en el Teatro Auditorio Presidentes, en el Municipio de Saucillo. El reto para Luisa Samaniego, desde los controles en una cabina improvisada en una sala sin el equipo técnico adecuado para montaje ni climatización, fue mayúsculo. La dirección conjunta de Valeria y Diana López, también egresada de la UACH, dio vida a un par de desconocidas, Valentina y Deka (respectivamente), quienes coinciden en una estación de ferrocarril. “Después de ver una aurora boreal conocerás al amor de tu vida” dicta un proverbio japonés. El motivo del viaje hacia una zona nórdica emparenta a este particular dueto que se va develando, la una a la otra, pasajes biográficos sobre sus relaciones frustradas. Con un tono ligero y humorístico, sobre el que transcurre la interlocución, aluden temas bastante serios: depresión, sexualidad, suicidio, autopercepción, aborto y crímenes de odio contra la homosexualidad femenina. El eje rector, el amor y lo que nos cuesta hablar sobre él, componen un espectáculo lleno de luminiscencias. Tanto la serie de luces sujetas al tablado como los astros suspendidos en lo alto, enmarcan el total de acciones y evocaciones.

Valentina y Deka, con equipaje en mano, desean partir para evadirse. Mientras esperan el tren, construyen una atmósfera de intimidad y confidencia a partir de una provocación: ¿Por qué es tan difícil decir lo que sientes a los que quieres? Anécdotas, recuerdos y las instrucciones del “Manual para los corazones rotos y desesperados, guía de supervivencia básica” se suceden en una sinuosa línea cronológica, poblada por episodios entrañables, algunos más complejos que otros, pero en su mayoría desalentadores: desde la atracción que llena de vergüenza en la educación primaria, hasta la dura experiencia de un embarazo no deseado, pasando por pérdidas y rupturas sin cuento. El signo común que caracteriza a ambas biografías se concentra en el desengaño y en el miedo de empezar de nuevo.

“Me cuesta mucho escribir la palabra amor”. Dicha incapacidad comunicativa da sentido y forma a las desventuras que la pareja trae a escena, sacadas desde el fondo de sus maletas (o de

un baúl siempre en movimiento), pero también de sus ensoñaciones. La realización escénica, por tanto, recurre a distintos medios expresivos que suplen lo que la palabra en interlocución directa no logra transmitir: el nudo en la garganta, el encogimiento ante quien produce escalofríos. Lenguaje de señas, coreografías, testimonios videograbados, la proyección en diorama de un cuento tradicional japonés, la recitación del poema “Lluvia” de Juan Gel-man y un soundtrack altamente significativo registran un abanico de sensaciones que surge desde la tarima y se entromete entre las filas del teatro: un olor a flores, risas, el sabor a fresa tan cercano al color carmesí con que se pinta el corazón, y la certeza de saberse enamorada tras una detenida contemplación de 13 segundos y medio.

Hacia el final de la puesta, suena la canción “A nadie”, de Liliana Felipe, interpretada por Jesusa Rodríguez. La composición conjunta de esa pieza —con letra y canto al unísono— producida por la pareja de artistas abiertamente homosexual refuerza y sugiere en varias escalas lo que Deka y Valentina han aprehendido desde un ejercicio de sororidad. Si por un lado se cuestiona “Qué cosa es el amor”, concluyendo de forma tajante: “medio pariente del dolor / que a ti y a mí no nos tocó”; por otra, atisban una proclama, ampliamente elaborada, pero nunca gastada y que hay que seguir cantando: “Porque no nos conocemos, / y tampoco nos queremos”. Aunque el amor nos haga vulnerables, no querernos nos vuelve inservibles. Deka insiste sobre la clave del asunto: la imagen de uno mismo, la autopercepción, procurar y aderezar nuestro ser para después —y solo si se nos da la gana— compartirnos. Al final, ella no aborda el tren; desiste de una aventura infértil, ya que el amor la aguarda en latitudes más cercanas. La obra concluye con el ruido de la locomotora sobre las vías, partiendo hacia Alaska. Desde nuestros cálidos asientos, percibimos el brillo de una aurora boreal.

A pesar de que Los Habitantes Inútiles no tuvo ningún reconocimiento en la MET, el trabajo artístico de Valeria Loera coloca a su compañía dentro de las agrupaciones estatales en formación que pronto competirán por los primeros puestos, siempre y cuan-

do las condiciones de montaje sean las idóneas. Justo al cierre del ensayo, supimos que Valeria ganó, con su obra / /,

el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2020. Además de alegrarnos por el logro personal, también creemos que este tipo de distinciones posiciona a la dramaturgia en Chihuahua dentro de las mejores en la república.

Insistimos en el impacto de la Facultad de Arte de la UACH, ya que la pericia tras la formación, el proceso de cada montaje estudiantil, en donde la intervención de la planta docente y el interés en jóvenes espectadores conforman una sinergia que beneficia al capital cultural de la ciudad. Igual que Los Habitantes Inútiles, La Bodega nació de la unión de un grupo de jóvenes de la UACH. Hace seis años, Rubén Jordán (egresado en Teatro), Víctor Velo (licenciado en Letras Españolas con la tesis La nanatuigia: teatro narrativo)⁷¹ y Alberto Orozco —quien ya no pertenece a la compañía— encausaron sus proyectos individuales para abrir un Foro Alternativo, próximo a la reapertura, cuyo nombre resuena a nivel nacional.

En septiembre de 2014, La Bodega inauguró su local con la puesta en escena de Rompecabezas, dirigida por Jordán y escrita por el actor, gestor y dramaturgo de Parral, Antonio Zúñiga, quien cuenta con una amplia trayectoria tanto en las muestras estatales como en las nacionales.⁷² Esta pieza los catapultó desde lo local (Festival de Otoño, Muestra Municipal y MET) hasta la 36

MNT, en Aguascalientes (2015), donde se montó en la categoría de Teatro de Nuevos Creadores y Teatro Universitario. El éxito de su ópera prima cubrió un par de temporadas más en foros independientes, beneficiados con el programa México en Escena: primero en la Sala Subterráneo, de Teatro Bárbaro, en el Centro histórico de Chihuahua; luego en el Centro Cultural Carretera 45, en la Ciudad de México. Su segunda producción, Precisiones para entender aquella tarde, de Hugo Wirth, se estrenó en octubre de 2015 en el foro de Teatro Bárbaro, compañía con la que colaboran e interactúan con frecuencia. Gracias a este montaje, durante la Muestra Municipal de Chihuahua del 2017, Víctor Velo, actual productor y director de relaciones públicas y logística de la agrupación, obtuvo el reconocimiento como Mejor Actor. Además, ese mismo verano, la obra formó parte de la caravana del FICH.

La Bodega ejemplifica la proyección obtenida a partir de una serie de conexiones —nacionales, locales, institucionales e incluso afectivas— dentro del mundo teatral. En 2014, por ejemplo, Alejandro Ricaño obtuvo Mención Honorífica en el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera Castañeda por Esa melancolía que le da a uno a veces; dos años más tarde, le cedió el texto a La Bodega para que lo montaran. El estreno sucedió en el foro de Teatro Bárbaro; luego se convocó para cerrar el Festival de Teatro de la Ciudad; en el 2017 se presentó en el Teatro La Capilla de la Ciudad de México y, finalmente, participó en la 26 MET, llevada a cabo en Ciudad Juárez.

Antes de adentrarnos en el montaje con el que La Bodega participó por tercera vez en la MET, destacamos el resto de sus producciones y reconocimientos. Velo posee una sólida trayectoria como dramaturgo que lo ha llevado a ser finalista del Premio Nacional de Joven Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo, en el 2017 con El hombre que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán y, un año después con Dislocado, publicadas en Teatro de la Gruta XVII y XVIII, respectivamente. Asimismo, representó a México en el Circuito Internacional de Joven Dirección y Dramaturgia 2018-2019 con Goma 2-ECO; hace tres meses ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Teatro Sin Paredes gracias a No tengo los

huevos (2019). En el 2017, bajo la dirección de Rubén Jordán, La Bodega estrenó Poquito, texto de Velo que recorrió varios municipios al formar parte del programa Red de Teatros e integrarse al FICH. En 2018, con la dirección escénica de Romeos, escrita por Zúñiga, Jordán obtuvo el estímulo de Creación Artística Colectiva por parte del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (Fomac). Ese mismo año participó como becario en la 39 MNT, así como en el programa de Jóvenes Creadores del Fonca con el proyecto Tsuru-Tespís. En 2019, obtuvo recursos del mismo fondo para producir El hombre que escuchaba baladas de Alejandra Guzmán, escrita por su colega, Víctor Velo.

La Bodega puso en marcha en 2016 el proyecto Soy Bernarda Alba, gracias al Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico (PE CD A), con lo que lograron estrenar en mayo del año siguiente; y luego, ser seleccionados para la 28 MET, obteniendo solo un reconocimiento, Mejor Iluminación, a pesar del gran trabajo actoral del elenco femenino, sobre todo de la licenciada en teatro, Melissa Baca. En el espacio del escenario (la gradería en proscenio de cara al fondo) del teatro principal en Delicias, cinco actrices recrearon el drama insignia de Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba, escrito en 1936. Una mesa en forma de herradura, ocupada por unos cuantos espectadores, funcionó como foco de acción para desarrollar una historia de represión/ sublevación. Bajo el mandato de su madre, Angustias (Georgina Ayub), Magdalena (Diana López, de Los Habitantes Inútiles), Amelia (Nancy Gardea), Martirio (Flor Hernández) y Adela (Melissa Baca) habitan un mundo íntimo plagado de deseos, encierro, celos e intrigas. La casa se cimbra con la muerte del segundo esposo de Bernarda, pero parece venirse abajo con la llegada de un inconveniente: Pepe el Romano.

El reconocimiento más que merecido que obtuvo La Bodega por su plano de iluminación fue diseñado por Héctor García Ortega (“Magnum”, de Teatro Bárbaro), a cargo también de la escenografía y tramoya. El ambiente lúgubre de la casa se percibe a través de una tenue, pero cálida luz, tanto en lo alto, como con las velas sobre la mesa. Acondicionadas con focos suspendidos,

las luces transmiten un ansia que titila, inquieta, parpadea y que pocas veces irradia armonía.

La mayoría de las adaptaciones de la pieza del granadino se basan en la tajante distancia que Bernarda, en un rol masculino, pretende imponer entre la familia y el pueblo. No obstante, la versión dirigida por Rubén Jordán invade la privacidad del hogar con la intromisión del público, con quienes las protagonistas departen alimentos. Este giro se concentra en el accionar del poder, en su desbordamiento encarnado por cada residente. De ahí el ajuste al título y la descripción del montaje: “Una deconstrucción a partir del texto clásico”. Todas son, en algún momento, Bernarda Alba. Aunque las palabras del afamado dramaturgo se mantienen intactas (salvo mínimos cortes), la ruptura entre el espacio interior/ exterior se transforma en equivalencia y representación del juego de coerciones. Es decir, en la propuesta de La Bodega, la vida privada y pública convergen en una mesa, demostrando que no existe un lugar —a pesar de que solo lo habiten figuras femeninas— libre de las secuelas del poder estructural —patriarcal— que rige nuestra sociedad. En esta línea, la conocida frase feminista “Lo íntimo-privado es político” cobra aparejo y sentido.

Como ejemplo, recurrimos a la escena en donde el asesinato tumultuoso de la hija de Librada, madre soltera que mata a su hijo para ocultar su deshonra, recae en el cuerpo de Adela. La menor de la familia se identifica de inmediato con la desdicha, pues asume las consecuencias de enredarse con el prometido de Angustias. Un suceso extramuros potencia su brutalidad a través de las súplicas de Adela, y, sobre todo, cuando sus hermanas la bañan con agua de jamaica, que acompañaba los alimentos y que, súbitamente, simula la sangre de las promiscuas sentenciadas. Este cuadro conjuga la estética de la propuesta; es decir, el furor de la violencia machista —la cual permea en la mujer víctima y victimaría— se ejecuta a partir de símbolos y acciones que, si bien por momentos aturden (los gritos de Bernarda o la voz de la abuela que hace vibrar el inmueble), son parte de una cena familiar cotidiana, en la que los cubiertos, en especial los cuchillos, amedrentan y el agua fresca ahoga. Ante estas soluciones impac-

tantes que transgreden los referentes inmediatos, consideramos que el contacto físico, manifestación primaria y burda de la violencia —aunque duró solo unos instantes en las últimas escenas-desentona con una atmósfera tan sugerente.

En Soy Bernarda Alba, la omnipotencia de la madre se desdobla en sus hijas. Un boxer de acero en los nudillos de las actrices marca el cambio del personaje. Lo mismo ocurre con una servilleta al hombro cuando enuncian los diálogos de las criadas. Sin embargo, la claridad de estos cambios radica en el arte histriónico del elenco. Las cinco hermanas coprotagonistas exhiben cómo el poder sobrevive solo cuando los subyugados no cuestionan. A partir de la cimentación de estos personajes, cada actriz extiende la personalidad de la mujer que ha corporizado en la construcción de sus Bernardas, Poncias o Prudencias.

Todas, en algún momento, somos Bernarda Alba y, cuando no, consentimos su existencia; participamos de un mismo problema, encarnando distintos roles. La puesta de La Bodega pugna por romper esos estigmas. Más allá del claroscuro aludido en el texto dramático, el vestuario evoca rupturas de la moda femenina con las tradiciones impuestas en distintas épocas. Adela representa la liberación sexual, y es la única en llevarla a sus últimas consecuencias: “Dichosa ella mil veces que lo pudo tener” (García Lorca, 2008: 66), afirma Milagros ante el cadáver de su hermana; evolución y rebeldía que percibimos con sus cambios de atuendo: pantalón oscuro y camisa clara, tirantes, un vestido verde, el referente al grupo The Runaways, y la bata blanca con la que muere. Adela transgredió las reglas de su sociedad y familia; pese a ello, su última aparición refiere a un halo de pureza, a un nuevo amanecer en donde todas podamos ser Alba a partir y pese a nuestras decisiones.

Al inicio de la centuria, Edeberto “Pilo” Galindo veía a su comunidad teatral, la fronteriza, como “la más envidiosa y autodestructiva [incapaz] de coexistir en un mismo espacio y tiempo [...]. Cuando

alguien tiene éxito lo odian. Esa es la gran debilidad del teatro en Juárez” (Padilla, 2005: 190). A pesar de la competencia desleal, su compañía, junto con otras de igual longevidad y trascendencia, como Telón de Arena, así como la constante emergencia de talentos y agrupaciones, han hecho del teatro de frontera un hito.^{73 74}

En 1986, el ahora reconocido director y dramaturgo juarense fundó el Taller de Teatro Experimental 1939, dedicado, desde entonces, a la producción y promoción de espectáculos escénicos, en su mayoría de raigambre social. Un año después, el Auditorio Cívico Benito Juárez recibió a El indolente, primer montaje escrito y dirigido por Pilo (como lo conocemos), con ayuda de Octavio Trías. Respecto a esta emblemática figura de la escena chihua-huense, Galindo lo posiciona como un parteaguas de la escena, precursor directo de su estética; a finales de los 80, “moría también el viejo estilo psicodélico [...] y se emprendía un éxodo hacia la búsqueda de formas más nítidas y simples” para tratar temas comunes; “se renunciaba a lo excepcional para abocarse a lo ordinario; se abandonaba lo cósmico y se privilegiaba lo mundano”. El teatro realista de Trías, con violencia y furor, pero también de compromiso, “marcaba pautas, refutando moralismos con audaces escenas que en clara irreverencia retaban la ‘ortodoxia’ de los teatristas más viejos. Lo urbano rebasaba la concepción espiritual de los conflictos humanos” (Padilla, 2005: 190-191). Menos forma y más viscera, concluye Pilo frente a la cámara de Luis Sierra (2005).

La agrupación estrenó en 1988 Amor... ¿propiedad de quién? en el Festival de Otoño, organizado por el INBA y el municipio. Al año siguiente montó El bufón y Los otros márgenes. En 1990, antes de que la MET se pusiera en marcha, 1939 participó en el Festival de Primavera con El Zurdo, pieza que subió a las tablas a un grupo marginado —los cholos— para performar sus actitudes, caló y vestuario. La variedad en las carteleras “provocó euforia en un movimiento teatral, que comenzó a llenar las salas de público genuino”. La pujanza entre compañías, recuerda Pilo,

...obligó a que las autoridades culturales, que antes designaban al grupo de teatro [se refiere a la Compañía de Teatro del Gobierno del Estado] por 10 años consecutivos para asistir a la muestra nacional de teatro organizada con el CNCA, llevaran a cabo una muestra estatal de teatro para seleccionar uno o dos grupos para representar a Chihuahua en el evento nacional. El Zurdo, obra local, fue la primera en acudir a este evento. A partir de ahí, Ciudad Juárez comenzó a ocupar un lugar en el teatro nacional (Padilla, 2005: 191).

Aunque el grupo universitario de Ochoa Guillemard fue el primero en asistir a la Nacional, hay que reconocer el éxito y proyección de El Zurdo en la XI MNT, en Monterrey, que le valió una gira por Noruega, Argentina, Nueva Delhi, España y Estados Unidos. En la segunda MET, concursó con Dios en disputa, la cual también alcanzó la Nacional, la XII, en Aguascalientes (Padilla, 2005: 244-245). Desde entonces, 1939 se ha posicionado como una de las productoras de artes escénicas más representativas del Estado. Los galardones del dramaturgo juarense —sin contar los múltiples reconocimientos locales, así como becas estatales y preseas en las MET— lo ubican en la primera fila del teatro nacional.⁷⁴ No sorprende que su escritura nutra las carteleras a lo largo y ancho del continente.¹⁷

En 2013, 1939 Teatro Norte se constituyó como Asociación Civil. Aunque Pilo continúa al frente, sobre todo con su dramaturgia, existe una notable apertura a nuevas direcciones, voces y actuaciones. Debido a este talante se creó en 2016 como grupo afiliado, el Movimiento OT Teatro Lab —en honor a Octavio Trías— para obtener una mayor perspectiva y proyección escénicas. El caimán Y los sapos, dirigida por Abraxas Trías (hijo de Octavio), fue la

Mejor Obra de la MET pasada, por lo que accedió a la Regional de Teatro Noreste, en Tamaulipas; en el 37 Festival de Teatro de la Ciudad, en Juárez, obtuvo el tercer lugar y Laura Galindo (hija de Pilo) se galardonó como Mejor Actriz.⁷⁵ En este mismo evento, Millenials ganó como Mejor Obra, Director (Pilo), Actriz y Actor Revelación. A fines del año pasado, el actor David Vázquez estrenó su ópera prima al frente del monólogo Eunucos, emulando la trayectoria de Laura Galindo como directora.⁷⁶

Cada premio o mención representa el esfuerzo de 1939 Teatro Norte por mantener vivo, durante más de tres décadas, un arte que enfrenta un sinfín de obstáculos en el contexto cultural de nuestra frontera. Sus producciones crean espacios y oportunidades, ya sea desde las tablas o entre las butacas, para una sociedad vulnerada; desde el escenario, sacuden conciencias con historias que mueven los hilos de los distintos vínculos —familiares, fraternales o comunales— con los que actuamos fuera de las ficciones. Así lo demuestra el par de piezas que presentaron en la MET 28, sobre las que ahondaremos a continuación.

En el segundo día de actividades de la MET, el escenario del Teatro Camargo se revistió con el acomodo y diseño de las conferencias trasnacionales TED: enormes letras rojas (#MLNS) y una alfombra circular carmesí al centro. Bajo el lema “Ideas que merece la pena difundir”, surgió en 1984 la plataforma donde cientos de motivadores e infíuencers ofrecen charlas exprés sobre experiencias de éxito. En esa misma década apareció la generación que le da nombre a la más reciente obra de Pilo Galindo, aquellos que se hicieron adultos junto con el cambio del milenio. La referencia a las TED Talks remite a un mundo “salvajemente práctico”. Bastan 18 minutos para exponer una historia, frente a un público cautivo, que se hará viral en YouTube, hasta que aparezca dos días des-

16 2002: Premio Chihuahua de Literatura por Lomas de Poleo (morir con las alas plegadas)] 2003: Certamen Nacional de Pastorelas por Diablo a la diabla] 2005: Premio Nacional de Dramaturgia por El diputado] 2007: Premio Nacional de Dramaturgia por La furia de los Mansos] 2015: Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, por trayectoria.

17 Desde el estreno de Curva peligrosa (2007), no ha habido año que esta obra, impresa en los Cuadernos de Dramaturgia para Joven Público de la editorial Paso de Gato y perteneciente al Programa Nacional de Teatro Escolar, sea montada en algún punto de la República o en Latinoamérica.

pués una nueva videoconferencia; sin embargo, nuestros límites o lapsos de atención favorecen contenidos claros, de fácil resolución y en formatos preestablecidos. Millenials, de 1939 Teatro Norte, explora, en primer término, los beneficios de esta cadena de producción-consumo en entornos virtuales, para después defender los discursos emergentes, en pro de un mundo mejor, enunciados por una juventud denostada por una mirada adultocéntrica.

Las principales peculiaridades de los millenials residen en el uso de la tecnología, casi como prolongación de su cuerpo, la sobrepreparación académica —lo cual dificulta la obtención de empleo— y una mentalidad abierta, en cuanto a relaciones personales y diversidad sexual. Todo ello aparece en Millenials o de cómo vivir solo entre tanta gente que, a la postre, obtuvo el reconocimiento como Mejor Dramaturgia Original y posicionó a Estefanía Estrada como Mejor Actriz en la MET 28. Hemos presenciado este montaje tres o cuatro veces en diferentes foros y con públicos diversos; nos hemos cuestionado sobre el espectador ideal a quien se dirige, ya que, para nuestra sorpresa, siempre ha habido un sector de la audiencia que se conmueve, se entrega a los chistes y aplaude con estrépito al final.

Notamos inconsistencia entre el ser y proceder de los protagonistas, Adiel Cohelo (Christian Valenzuela) e Icaichi. Por ejemplo, desde el comienzo se dice que ambos concluyeron posgrados —él en Mercadotecnia, ella en Relaciones Internacionales—, además de varios diplomados, lo cual los limita laboralmente. Tal situación se ajusta a la crítica presente en la dramaturgia: “Somos la generación más informada”, enuncian ambos en la reflexión postrera. Sin embargo, la personalidad y el conocimiento de Icaichi no coinciden con la preparación que ostenta. Aunque un título académico no es carta abierta a los referentes culturales, la joven desconoce al escritor Julio Cortázar y a los directores Perla de la Rosa y Luis Bizarro. Por tanto, el saber a través de las aplicaciones tecnológicas depende, no de los likes o de los trending topics, sino de un gusto e interés genuinos. Esta dicotomía no se dilucida en el montaje; ¿ironiza la desvalorización de los jóvenes, o la incongruencia define a los millenials? Más comentarios y burlas en

torno a graves problemáticas: contaminación del medio ambiente (el popote y la tortuga), guerras (entre Túnez y Siria), depresión y lenguaje inclusivo (el stand up “La hije de la luna”) abonan a desestabilizar la respuesta.

La puesta en escena nos invita a preguntarnos cuál es la manera de enfrentarnos y nombrar a estas situaciones, herencia de años de indiferencia hacia la naturaleza y la misma condición humana; cuál, nuestra responsabilidad desde el ámbito artístico para cambiar “este pinche mundo”. Sin duda, Millenials rescata acciones positivas de la generación: limpia de ecosistemas, respuesta inmediata al terremoto de la Ciudad de México de 2017, marchas feministas, consignas a favor de la diversidad sexual. No obstante, el montaje sucumbe ante la ambigüedad de la broma, ante la dificultad de desentrañar una postura aún inestable, una indeterminación inmanente que la audiencia juvenil celebra y no duda en ovacionar de pie. Las tecnologías remotas sirven como medios para resguardar nuestro pedazo de planeta; sin embargo, ¿qué tanto dependemos del recurso? ¿Cómo soluciona un espectáculo multimedia las fallas eléctricas del proyector? ¿El activismo dura lo mismo que la batería del celular?

El penúltimo día la muestra, el Teatro Manuel Talavera, en Delicias, cedió su foro a una ambientación —sonora y cromática— referente a la inmensidad del espacio sideral. Filos escenifica un tema esencial en las relaciones sociales, la amistad, en un momento donde pareciera que toda transacción depende del capital monetario. Movimiento OT Teatro Lab la estrenó con una triple dirección colectiva (de los mismos intérpretes) en marzo de 2018 en el local de Telón de Arena.⁷⁷ La acción comienza con Lenin (Abraxas Trías) a punto de suicidarse bajo una mesa enmarcada con luz de neón. De fondo suena “Vaquero galáctico”, de la banda

de rock Porter: “Me despierto en mi nave tras mil años luz / y me faltan varios. / Voy por un vaso de mis orines filtrados, / bebiendo me siento en la proa y veo al espacio”. Si bien la letra presagia un tono melancólico, Benito (Christian Valenzuela) entra y descubre a su amigo intentando emborracharse con jugo de manzana y acercarse al “filo de la muerte” con una pistola de plástico. Entonces, entablan un diálogo hilarante y lúdico, sostenido entre camaradas que se fastidian sin tregua, pero sin dolo, convivencia vital para uno y otro.

En las primeras escenas, Lenin luce con mayor dominio sobre el “pinche Benito”, pero ciertos incidentes (como quebrar una botella de vino) van sembrando la duda. Después de que la bella Irene (Laura Galindo), ataviada con un sensual vestido, le enseña a bailar a Lenin y lo incita a besarla, es decir, aproximarse al “filo de la felicidad”, la verdad comienza a revelarse. Los indicios van tomando cuerpo en el accionar de Lenin: le tiembla una pierna, tartamudea. La discapacidad se manifiesta, así como el significado del montaje: “El amor tiene dos filos... Uno de ellos corta, hiere, lastima... El otro te salva” (Galindo, 2016: 196), le explica Irene al enamorado e ingenuo Lenin.

Ante la enfermedad motriz, la imaginación y recreación de universos alternos resultan una vía de asimilación y aceptación, asistida por la compañía, el amor y la paciencia de Benito. Sobre este escape, diseñado para confortar al entrañable amigo de secundaria, se construye la obra, pues la representación de una falsa realidad lo pone al borde de situaciones y tomas de decisión concernientes a la propia idea de hermandad. ¿Cómo apoyar al amigo en un escenario tan adverso? Filos responde: imaginando que no es tan complicado, hacer de los retos un juego, de la terapia un pasatiempo, de los insultos una conexión filial, aun cuando ambos conocen la realidad y que su amistad roza “el filo de la verdad”.

Este mecanismo de reconversión del infortunio se refuerza por un dispositivo escénico compuesto por elementos que incitan al vuelo de la imaginación: luces con tonalidades celestes, el mobiliario ilustrado con una nave espacial, el repertorio musical, las piñatas y las referencias a videojuegos en el vestuario. Además

de la belleza de la figura femenina, Irene se suma con su interés y empatia hacia el par de amigos. A quienes conocen la trayectoria de los histriones y directores, se les revela una fuerza visceral y emocional mayor, debido al lazo fraternal que une a su laboratorio escénico. Filos aboga por nuevas y necesarias formas de convivio, aquellas basadas en el acogimiento, la solidaridad y el cariño. Así, aunque nuestra nave se averíe, como señala la canción “Love” del grupo Zoé con la que culmina la función, nuestra tripulación seguirá intacta.

En octubre de 2002, un grupo de creadores radicados en Ciudad Juárez se constituyó como asociación civil con el objetivo de producir y promover espectáculos escénicos. Casi dos décadas después, Telón de Arena se configura como una de las compañías más sólidas del norte de México a través de la capacitación de su nutrido elenco, gestión de recursos, activación de espacios, giras, festivales y vinculación con su comunidad. Durante los primeros nueve años, administró el Teatro de la Nación (del IMSS) con proyectos comunitarios y escolares. En 2011 recibió el apoyo del programa México en Escena de la Secretaría de Cultura y del Fonca, el cual ha logrado renovar. Gracias a dicho estímulo, Telón de Arena realiza múltiples proyectos para formar públicos “específicamente para el teatro, como una manera de ayudar, desde el campo de la cultura, a revertir en Ciudad Juárez los síntomas de la descomposición o deterioro de dicho tejido social” (Padilla y De la Mora: 219).⁷⁸

Desde su fundación, Telón ha participado, con grandes resultados, en la MET. Bernarda Alba, la potestad del cuerpo, versión y dirección de Perla de la Rosa (Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018-20), recibió el primer galardón como Mejor Obra del naciente grupo en 2002. Cinco años después, Contrabando (aún en repertorio) obtuvo ese mismo reconocimiento, además de Mejor Escenografía a César Cabrera y Mejor actriz a Guadalupe de la Mora, pilares actuales de la compañía. Cómala (2010), Generación Nini (2014), dirigida por Cabrera y Deconstrucciones o de cómo enterrar sin escarbar (2017), por Alan Posada, también se posicio-naron como las mejores puestas en escena del Estado.

Hoy en día, Telón cuenta con 68 producciones dirigidas por distintos colaboradores, de las cuales 23 se mantienen en repertorio. Entre las más representativas, amén de las ya mencionadas, destacan Safari en Juárez (2016), cuya dirección artística estuvo a cargo de Adelheid Roosen y Daniel Giménez Cacho, y la escénica de Raúl Briones, Titus Muizelar y Perla de la Rosa; Los muertos (2015) dirigida por Sebastien Lange, con un elenco fluctuante en cada temporada; Desorden público (2018) e Intervenciones (2019) dirigidas por César Cabrera; El enemigo (2011), Justicia negada (2013), La Celestina (2015), Fuente Ovejuna (2017), Río Animas (2017) y La señora Macbeth (2018), bajo la dirección de Perla de la Rosa; entre otras que les han permitido realizar once giras nacionales e internacionales.

Aquí no es (en realidad, no hay) el espacio para detenernos en las distinciones ganadas en conjunto o por los más de cuarenta creativos, actores, técnicos, músicos y equipo de apoyo que actualmente laboran en Telón de Arena. Añadimos, sin embargo, que su Café-Teatro, inaugurado en mayo de 2013, mantiene una cartelera permanente de martes a domingo con estadísticas impresionantes: más de mil seiscientos eventos para cerca de 73 mil espectadores de todas las edades. La autogestión de su espacio permite recibir a grupos invitados que diversifican la oferta cultural en la ciudad, así como implementar talleres, seminarios, presentaciones de libros o salas de lectura. El Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras, por ejemplo, materializa las experiencias de

intercambio, el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de óperas primas de jóvenes directores.

Además de los logros artísticos, Telón destaca por una labor sostenida en el tiempo y que, en cada producción, se cuestiona las posibilidades y responsabilidad de su quehacer. En un panorama de inhumanidad, cruzado por los ejes más atroces de la violencia global: narcotráfico, feminicidio, explotación sexual, trata de personas y migración, el mejor espectáculo dramático sería aquel que “intentara ser solidario con las víctimas, un teatro como una voz y un rostro que rompiera el silencio, que visibilizara la atrocidad más allá de las cifras que esconden la dimensión real de la muerte” (De la Rosa, 2016: 13).

Telón de Arena participó en la MET 28 con un par de montajes, muestra de su compromiso social, sello característico del teatro de frontera, preocupado por lo regional con resonancias y lecciones más allá de Ciudad Juárez-El Paso. El Teatro de la Ciudad de Camargo se enfrentó al reto que implica montar King Tiger fuera del espacio para el que fue concebida. Un corredor, tipo pasarela sobre el escenario principal, enmarcó los espacios en donde se desarrolla, por casi dos horas, la biografía de Reies López Tijerina. A pesar de algunos titubeos técnicos —en iluminación, video y sonido—, la fiereza en la voz y aplomo del protagonista (Jorge Rodallegas), así como la intervención de su familia (Guadalupe de la Mora, Gisela González y Jesús Piña), equipo de campaña (Mario Vera, Roberto Beltrán), el reportero (Benjamín Duarte) y el magistral (Humberto Leal) revelaron una historia desconocida para la mayoría de quienes ocupamos las graderías, también sobre las tablas. Asimismo, el vestuario (ganador de esa categoría, diseñado por Guadalupe de la Mora) y los demás elementos escenotécnicos (enormes mantas con consignas de “La voz de la justicia”, máquinas de escribir, fotografías reveladas en luz roja, una maqueta a escala, y todos los props vintage) lograron inmiscuir al espectador en un contexto sacudido por la lucha social de las comunidades hispanas en el suroeste norteamericano.

¿Quién fue King Tiger? ¿Cómo se ganó el apelativo? ¿Por qué su imagen ha sido borrada de la historia oficial? El montaje, estre-

nado en marzo de 2019, rememora a un controvertido activista de los años 60 que luchó sin tregua por la tierra (“las mercedes”) y los derechos de quienes, hasta hoy, son minimizados por los “americanos”: latinos, hispanos, chicanos, mexicanos, greasers, beaners... los otros. Reies López Tijerina, nacido en 1926 en Texas, recogió sus memorias en Mi lucha por la tierra, con el afán de que “ningún extranjero interpretara mi vida y mi lucha porque lo harían con una mentalidad de títere, al servicio de sus patrones” (1978: 302). A partir de la autobiografía, investigación hemerográfica, fotografías, estudios académicos y una entrevista al mismo Tijerina durante sus últimos días en Ciudad Juárez, el cineasta Ángel Estrada grabó el documental Me llamaban King Tiger (2017), el cual fungió como base para la dramaturgia de Perla de la Rosa.⁷⁹

King Tiger construye a un rebelde en el corazón del imperio (subtítulo de la obra) uniendo y contraponiendo su vida política y personal, alrededor de los temas que lo aquejaban: religión, familia, justicia, identidad. En el juicio, una vez expuestas las anécdotas, sueños, visiones y acusaciones, el veredicto recae en el público, que sopesará el valor de la sangre, la raza, la libertad y el derecho. La toma de decisión, tras presenciar el trasfondo de los actos políticos de un hombre radical y creyente —tanto de lo divino como de lo humano— nos conflictúa. Cuando King Tiger, apelativo acuñado por la prensa, nos insta a: “Que dé un paso al frente todo aquel que esté dispuesto a dar su vida por la lucha”, pocos se levantaron. “Todos los demás son los primeros que deberíamos pasar por las armas, porque son los primeros que van a traicionarnos”. Nosotros dudamos.

La copresencia de actores y espectadores en un mismo plano potencia el vínculo de lo estético con la esfera política. El público se vuelve testigo directo (cara a cara) de las declaratorias de la esposa e hijos de López Tijerina; atestigua su renacimiento; tiembla con ellos durante el atentado; forma parte de los sueños del predicador; es cuestionado sobre su historia nacional y, por

último, asume el litigio, con toda su carga ética-moral, desde el estrado (en una escena extensa que no precisa síntesis). Si bien este recurso resulta típico del arte teatral, el encuentro, confrontación e interacción en King Tiger invitan a cuestionar nuestra responsabilidad al momento de calificar decisiones ajenas y valores tradicionales o conceptualizar una idea operativa de justicia. ¿Qué sacrificaríamos para alcanzarla? Perla de la Rosa escenifica dicotomías ideológicas a través de la estampa de quien estuvo dispuesto a asumir las consecuencias (exiliarse, envejecer solo y pobre) de enfrentarse a un poder inmisericorde. Nuestro trabajo como comunidad consiste ahora, en incorporar aquellas biografías marginadas, controversiales, al acervo histórico de una región transfronteriza, como un mínimo acto de reposición de justicia.

A la orilla del río se estrenó en Múnich durante una gira por varias ciudades alemanas, en mayo de 2019; dos meses después, se presentó en Juárez en el 37 Festival de Teatro de la Ciudad. Con esta pieza se clausuró la MET 28 en el Teatro Manuel Talave-ra, en Delicias, y Perla de la Rosa se alzó con la Mejor Dirección, convirtiéndose en la obra suplente.

La experiencia migratoria en la puesta en escena se construye desde una coordenada geográfica —el antiguo Paso del Norte— con una tradición de cruce más antigua que las naciones limítrofes, una frontera vapuleada por impulsos mediáticos, alguna vez conceptualizada por la prensa norteamericana como “laboratorio del futuro”, pero que aloja a residentes estables, habitantes que de uno u otro lado practican su ciudadanía en dependencia completa de las dinámicas fronterizas. La convivencia cotidiana entre economías de primer y tercer mundo exhibe la asimetría entre el municipio chihuahuense y el condado texano. Una misma región metropolitana, compuesta por dos núcleos urbanos más sus respectivos contornos, dicta el devenir de los que alguna vez arribaron —quizá para cruzar al otro lado (no siempre de sur a norte) o para alcanzar la otra orilla continental—, y en Ciudad Juárez o El Paso echaron raíces. Con el transcurrir de las generaciones, sus descendientes quizá olvidaron el signo nómada de su estadía; no obstante, un vistazo al archivo familiar o la consulta documental

develan que la memoria e historia de esta zona están marcadas tanto por el tránsito (puesto en pausa unas cuantas décadas), como por el flujo constante (detenido hasta que el nieto lo decida) de personas.

El reparto de A la orilla del río (Humberto Leal, Guadalupe Bal-derrama, Mario Vera, Claudia Rivera, Rubén Ríos y Gisela González, como actriz y asistente de dirección) asume el resultado de la pesquisa histórica y hemerográfica para recrear momentos álgidos de la frontera —algunos de hace más de un siglo, pero otros (como el que le da identidad visual al montaje) sumamente cercanos—; estos acontecimientos repercuten en la biografía del elenco, por lo que el recurso del biodrama se entrelaza con el mismo ecosistema binacional, acotado por una demarcación con aras de ser infranqueable, pero que siempre ha sido porosa.

En el talud del río Bravo, cerca del Puente Internacional Paso del Norte, se celebra un particular encuentro desde 2016: Abrazos no Muros #HugsNotWalls, organizado cada mayo por la Red Fronteriza de los Derechos Humanos (con sede en El Paso). El evento congrega a centenares de familias, separadas debido a su estatus migratorio, para que un exiguo abrazo de cinco minutos funda sus cuerpos tras años sin contacto presencial. La política exterior de Trump endureció el resguardo de su frontera sur; recortó fondos de cooperación binacional y, en atención a su promesa de campaña, levantó un nuevo muro en la zona urbana, sustituyendo la malla ciclónica. Abrazos no Muros de 2018 se anunció como el último. Ante la cancelación, colectivos artísticos y asociaciones activistas alzaron la voz y protestaron, cada uno desde sus trincheras. Justo cuando se hubiera celebrado el evento del año pasado, Telón de Arena estrenó A la orilla del río, con el subtítulo de #HugsNotWalls y un diseño gráfico en el que dos gigantes, sobre el vado, se abrazan; el muro y las torres de control no alcanzan, siquiera, sus rodillas.

La obra incorpora a su dramaturgia referencias musicales, poéticas, teatrales, periodísticas, fotográficas y documentales, a veces difíciles de identificar, por lo que el programa de mano debería discernir entre lo propio, las notas de inspiración y la cita textual.

El mosaico de referencias es exponencial; llama la atención que la directora intercale famosas expresiones latinoamericanas, como versos de Eduardo Galeano o del grupo Calle 13, con manifestaciones locales: Moriré en el río (1979), canción compuesta por Beto Lozano e interpretada por Los Silver; El viaje de los cantores (1989) de Hugo Salcedo; Pez al cielo (1995) de Ricardo Morales; El tiradito: crónica de un santo pecador (2003) de Antonio Zúñiga; Ringside Seat to a Revolution: An Underground Cultural History of El Paso and Juárez, 1893-1923 (2005) de David Dorado Romo; Te diría que fuéramos al Río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto (2013) de Jorge Humberto Chávez; la desgarradora crónica periodística “Nohemí, el suicidio de una niña migrante ecuatoriana” (2017) de Marco Antonio López, entre otras que seguro desconocemos.

Para que este collage sea funcional en una estructura ya de por sí fragmentaria, la puesta deja entrever un mecanismo que brinda unidad al conjunto, sin que todas las escenas lo logren de manera efectiva. A partir del tratamiento escénico de un contenido parateatral, se diseña su representación simbólica; de tal manera que, aunque ese indicio sea reconocible, el mensaje social se potencia por medio de recursos plenamente artísticos: intertextua-lidad, danza, coreografía, juego de luces (tanto las dirigidas desde cabina como las portátiles), monólogos, testimonios biográficos y secuencias en donde el trazo y la interpretación protagonizan el éxodo masivo en la unidad de cada cuerpo actoral. Telón de Arena da vida a historias particulares, a travesías interrumpidas, a casos concretos de quienes ordenan con cuidado y esmero la vida entera en los lindes de una mochila.

Tras el ataque terrorista perpetrado en agosto de 2019 en Cielo Vista Malí, en El Paso, en respuesta a la “invasión hispana de Texas” (según palabras del tirador), en el que 22 personas —entre ellas siete mexicanos— murieron, la presión de activistas consiguió que el evento Abrazos no Muros se festejara de nuevo. El pasado 26 de octubre, habitantes y familias fronterizas, separados por procesos jurídicos de índole migratorio, volvieron a practicar un simple gesto de afecto durante tres minutos (ya no cinco). La

ceremonia de abrazos, mismo acto con el que cierra la obra de Perla de la Rosa cuando los actores bajan a interactuar con el público, fue custodiada por varios efectivos, con armas largas, no solo de la Border Patrol, sino también de sus pares, la Guarda Civil, ubicados a la otra orilla (de cualquier ideología próxima a los derechos humanos).

Conocimos a Teatro Bárbaro en la función inaugural de la MET 26: San Sipiiano redentor y los lágrima team, de Raúl Valles, dirigida por Luis Bizarro (Luis Jair Castillo). La puesta en escena cautivó al público juarense. No entendemos por qué la compañía, fundada en 2009 en Chihuahua capital, no ganó ese año. La historia de toda agrupación artística independiente es sinuosa; no obstante, la estrecha amistad entre sus miembros, el compromiso con su arte, la coherencia entre la verdad puesta en las tablas y la ficción vivida a diario (o viceversa), así como el profesionalismo con que despliegan su teatro han allanado el camino para que los Bárbaros se expresen con un lenguaje poético que distingue su quehacer. En cada una de las casi 20 producciones, indagan sobre los elementos y emociones que estrujan, los cuerpos que mueven las conciencias y que incitan a la reflexión para deshabituar y contravenir a la violencia, tan normalizada en nuestro norte.

El periodista Fernando Jordán, en su Crónica de un país bárbaro (1955), delineó las cualidades épicas del ser norteño acordes a las dilatadas extensiones que recorre. El clima, aseguraba, “imprime al hombre septentrional un sello: el de su fuerza; y una característica igualmente precisa: su voluntad. Son exigencias de la tierra y el medio” (1978: 10). Durante la llamada guerra contra el narco, la inseguridad se avecindó en la ciudad de Chihuahua. En medio de ese clímax violento, que parece resurgir de manera intermitente, un puñado de teatreros decidieron hacer cuartel. Su primer foro, un espacio de 6 por 4 metros, ubicado en la populosa avenida 20 de Noviembre, era pequeño pero suficiente para un momento en el que los habitantes no salían a la calle. La zona

urbana era peligrosa; bares, cantinas y centros nocturnos aledaños sufrieron atentados por negarse a la extorsión o a distribuir droga. ¡Bárbaros aquellos que ensayaban por las noches hasta las primeras horas de la madrugada! Inspirados en la crónica de Jordán, el grupo hizo suyo el vocablo, “sinónimo de un supremo e invencible anhelo por la libertad” (1978: 21).

La compañía se ha mudado en un par de ocasiones. En el Encuentro de Creadores —celebrado en la capital, previo a la MET 27—, Bizarro ofreció un emotivo tour por las distintas sedes. Su segunda locación, en el céntrico callejón de la Séptima, hoy llamado Víctor Hugo Rascón Banda por iniciativa de los Bárbaros ante Cabildo, fue rehabilitada como la “Sala Subterráneo”, un “espacio grotescamente hermoso”, como lo presume el líder de la compañía. Esa catacumba, a una calle del Palacio de Gobierno, fue el lugar ideal para correr riesgos en cuanto a propuestas escénicas y generar un público asiduo al teatro.

El Foro Cultural Independiente Teatro Bárbaro, en la calle Doblado del primer cuadro de la ciudad, es su domicilio actual en el polígono conformado por el Congreso del Estado, la Catedral y la Presidencia Municipal. Un inmueble amplio —con varias secciones y pisos, un pasillo museográfico y un sinfín de posibilidades creativas en un escenario al que hay que bajar por unas cuantas escalinatas— arropa al elenco estable y a los grupos invitados que nutren la cartelera a lo largo del año. La década invertida al teatro les ha redituado experiencia, proyección internacional y apoyos para la creación, como el programa México en Escena, del que son beneficiarios desde 2014. El amor que profesan hacia las tablas se evidencia no solo en sus procesos colectivos de producción e investigación en donde todos suman, sino en la calidez y responsabilidad con la que reciben a todos aquellos para quienes se brindan. Sin duda, estos Bárbaros tienen a bien el resguardo, a cabalidad, del teatro en el norte; más ahora que, ¡por fin!, han sido acreedores al máximo reconocimiento en la MET 28. Pasemos, pues, al análisis del par de obras que montaron en el teatro principal de Delicias.

La mancuerna entre la dramaturgia del teórico y profesor de teatro de la UACH, Raúl Valles (primer lugar en Dramaturgia del Confinamiento, del Centro Cultural Helénico) y la dirección de Luis Bizarro ya había probado fortuna en el Estado. Su nueva producción, Derivas, explora la “evolución que se produce en una determinada dirección, especialmente si esta se considera negativa”. Esta definición de diccionario, atendida como una luz ante la sobreexposición de estímulos, nos permite trazar una línea de comprensión a través de fragmentos y cuadros de un acontecimiento a priori desarticulado, un montaje que cuestiona el uso de la razón cronológica, pone al límite el ejercicio de expectación y recupera distintas tradiciones dramáticas, desde Un hogar sólido de Elena Garro hasta los ensayos de Alberto Villarreal. Derivas cuestiona un camino infértil, un trayecto nocivo. ¿Qué discursos validan y sustentan la violencia de género?

El dispositivo escénico sobrepasa la mirada. Un extenso corredor se encuentra cercado por la pared de fondo del inmueble y por una butaquería repleta, importada desde el foro de Teatro Bárbaro en la capital del Estado, montada en el escenario principal del edificio (y reutilizada por La Bodega). A los costados vemos la tramoya, los entresijos de la maquinaria. En medio, a lo largo del rectángulo a manera de caja negra, seis presencias absortas, de pie y observando fijamente al auditorio, aguardan a que la experiencia dé inicio, lo cual sucede cuando un sillón azul convoca, de forma centrípeta, la atención, tensión y movimiento.

Un grito sordo se agolpa en la garganta, alarido cubierto por indiferencia. Fuego, aire incendiario. Lenguaje no referencial. Tristeza infantil. Interlocución rota, quebradiza. Golpeteo de la máquina sobre expedientes irresolutos. Diálogos cíclicos que fatigan su significado. Ladridos. 1990. Estática sobre ruido blanco. Caen las bragas de una niña al saltar la cuerda. “¿Han visto a mis hijas?” Fuerza que distiende miembros y sacude espíritus. “Lo que se dice la muerte no lo puede ocultar”. Tambos humeantes. Sonrisas descompuestas en pos de empatia. Gente atrapada en sus escombros. Pies desencajados que irrumpen y vapulean el habla. El intento inservible por recordar. Acciones inhumanas ante un

fenómeno que nos rompe y abrasa: la desaparición forzada. Sobre esta temática, las cinco actrices —Rosa Peña, Yaundé Santana, Fátima íseck, Jéssica Verdugo, Valeria Ivonne— y el único actor, Héctor “Magnum” García, atacan con suma neutralidad, cuidado y ritmo solemne un texto compuesto por frases, insinuaciones y escasas secuencias espaciotemporales.

La escena que más nos impactó concentra elementos capitales de cuerpos narrados por la violencia: el azar y la plegaria. Una mujer relata la vejación constante en sus relaciones de pareja. Dios en el ropero atestigua golpes e insultos con parsimonia. Ella se hace de valor para dejar a su esposo e iniciar de nuevo, pero nos confiesa que “me echó en una bolsa hecha pedacitos”. Entonces, la deidad se materializa en una caricatura omnipotente, postrando a sus fieles y aceptando rogativas. El bienaventurado juego colectivo comienza; a la entrada al teatro se repartieron tarjetas con seis incisos para responder tres preguntas: 1. Dios, ¿qué has estado haciendo los últimos cinco mil años en los que nos has dejado tan solos? Una actriz escribe la respuesta en la pared de fondo. 2. ¿Por qué no intervienes y detienes los asesinatos que se cometen contra inocentes? “—Sus respuestas, por favor”. 3. ¿Por qué desaparecen las mujeres en México? “—E. No desaparecen, las desaparecen”. Confiamos que esta respuesta no varíe de función en función ante el aspecto más devastador que se puede ejercer sobre nuestro cuerpo. La indeterminación e incertidumbre al volvernos incógnita nos resta humanidad, nos vuelve cosa, sombras discontinuas a lo largo de lo que alguna vez se llamó biografía.

El trabajo de dirección para todo aquel que se enfrente a la dramaturgia de Raúl Valles debe sopesar la sintaxis de la palabra con el diseño de la partitura escénica, lo escrito en papel con el traslado al órgano palpitante. La ecuación parece ser fructífera para Teatro Bárbaro. No obstante, nos parece que la entrega del mensaje primordial se obscurece entre tanto artificio. De ahí que la ceremonia de cierre, si bien esperanzadora, catártica y emotiva, resulte tan convencional (“que la paz esté contigo”), e incluso vaya en contra de la propuesta experimental a lo largo del espectáculo. Si el entrenamiento de esgrima, por poner solo un ejemplo, dispara

interpretaciones, el abrazo se significa a sí mismo y no permite oposición. No se nos acuse de indolentes. Como padre y madre, si el gis hubiera llegado a nuestras manos, hubiéramos plasmado en el mural colectivo el terror que nos da que nuestros hijos sientan miedo... que nunca sean solo carne.

El segundo día de la MET, también en Delicias, presenciamos la obra acreedora al máximo galardón: Arrullos para Benjamín, dirigida por Rogelio Quintana, actor delicíense, cofundador de Teatro Bárbaro. Ciertas situaciones, a partir de la pérdida, parecen imposibles de nombrar, aún más de esclarecer para aquellos que apenas comienzan su vida. ¿Cómo explicarle a una niña la ausencia de su padre, cuando no hay razones convincentes? Esta pieza, escrita por Hasam Díaz en 2013 y publicada dos años después en los Cuadernos de Dramaturgia para Joven Público de Paso de Gato, explora una alternativa: la fantasía.

La ambientación lumínica que deambula entre la penumbra y breves destellos potencia un caudal de historias: desde las imaginadas por dos pequeños, paliativos ante el abandono y la tristeza materna, hasta las remembranzas de un adulto (en tiempo futuro) sobre su hermanita. La puesta arranca con Hugo adulto (Armando Seáñez) envuelto en murmullos de la naturaleza y manipulando una mariposa de metal, símbolo de su antigua familia: “Son las que hacen volar los sueños. Él quería que los sueños de mamá volaran muy alto. Pero a veces las mariposas pueden desaparecer” (Díaz: 16). Luego, una cálida luz enmarca el sueño de la tierna Benjamín (Natalia Corral). Si tomamos en cuenta al público infanto-juvenil, el hecho de que la protagonista porte un nombre varonil, con acepción femenina, destantea a quienes dudan de las identidades e ignoran derechos de autor.⁸⁰ La confusión no es menor, ya que se insinúa que el papá abandona el lecho a razón del nacimiento de Benjamín, a quien Hugo recrimina: “No lo puedes conocer porque tú hiciste que se fuera” (Díaz: 32). ¿El padre deseaba otro varón, y por eso ella adoptó un nombre masculino?

Hugo mayor y Hugo niño (Jorge Herrera) arrullan el alma de su hermana, a pesar de los reveses; también él nos relata los juegos, cuentos e ilusiones infantiles, escaparates de esperanza, regalos para los cumpleaños. Frente al miedo que deviene del silencio (ausencia paterna, afonía materna), el espectáculo rompe con lo inaudible y dota de confort al sonido de la lluvia, a las polkas y su coreografía, a la canción Colores y, sobre todo, a la cadencia de la voz, aliento y sostén de ambos protagonistas.

Las acciones se desencadenan a partir de las memorias de Hugo adulto, las cuales cargan de emoción a objetos que, desde la primera escena, representan la doble pérdida del personaje en tiempos dispares: la mariposa y la baraja lo ayudan a mantener el recuerdo de su padre; la muñeca de trapo y una resortera, el de su familia entera. Hugo niño ocultaba su sentir en gritos, insultos y sobreprotección hacia su hermana; el mayor, por su carácter de narrador, reconoce necesario nombrar aquellas cosas que resquebrajan el espíritu, pero que guardan cierta luz, aunque sea onírica: “Llego. A esa hora cuando la noche es muy oscura, pero veo el cielo. Lo contemplo y hay dos lunas, dos lunas brillantes. Entonces ahora todo es más claro. Todo brilla” (Díaz: 3).

El deambular entre la fantasía y la realidad también se cimienta con el dispositivo escénico; el cúmulo de sentimientos, ensoñaciones y recuerdos recorre los espacios diseñados por Héctor “Magnum” García: hojas secas alrededor de un par de tambos, una carretilla y un mostrenco multifuncional al centro. La estética sombría, de estío, remite a un ambiente serrano, norteño, en donde los problemas de seguridad han quebrantado cientos de familias. La mariposa de metal, una vieja baraja y los constantes arrullos concitan el simbolismo idóneo para poner en escena ciertos cataclismos. Retomar estas problemáticas desde la visión pueril resulta imprescindible, ya que desdeñar su forma para sobrellevar la ausencia cancela también su resiliencia. En Arrullos para Benjamín, el amor entre hermanos, envuelto en un velo de fantasía, se convierte en columna para soportar los sinsabores familiares.

Amén de la dramaturgia de Díaz y la dirección de Quintana, sobresale la actuación y trabajo corporal de Natalia y Jorge, quie-

nes encarnan, con naturalidad expresiva y juguetona, los binomios que los erigen: tristeza/alegría, desesperación/ilusión, soledad/her-mandad e inocencia/toma de conciencia hacia la adultez. La convergencia entre la fuerza del texto, la estética de la producción, la dirección escénica y la intensidad histriónica de nuevos talentos fue la responsable de que Arrullos para Benjamín se posicionara como la obra representante de Chihuahua en la MET 28. Ya en 2018, Teatro Bárbaro había sido descalificado por la participación de una menor de edad en La luz de las ausencias, montaje que pudo haber competido por reconocimientos. Esta vez, la gestión y la norma —el trabajo de escritorio— no han impedido el justo galardón para los Bárbaros.

El vistazo sobre las trayectorias de las compañías, tanto las más jóvenes como las ya consolidadas, nos lleva a reconocer un contexto competitivo en el que los múltiples recursos (becas, premios, fideicomisos) otorgados por instituciones federales o estatales, sobre todo en una época en la que los recortes presupuéstales a la cultura no cesan, significan la posibilidad de desarrollo y profesio-nalización para la actividad dramática. Nos parece que la MET 28 mostró un alto nivel de profesionalidad en cuanto a propuestas, estéticas y resoluciones en el escenario.

A pesar de ello, Chihuahua no tuvo representación en la 40 Muestra Nacional de Teatro, celebrada en noviembre de 2019 en Colima. La Dirección Artística del evento no vio en las carpetas de Telón de Arena ( King Tiger, A la orilla del río, Los de afuera y Los muertos), de 1939 Teatro Norte ( y El caimán y los

sapos), ni de Teatro Bárbaro ( Deriv y La luz de las ausencias) las cualidades suficientes para salir del norte. En cambio, la 40 MNT optó por un centralismo desmesurado (11 puestas de 34 procedían de la capital y su zona conurbada) y por temas redundantes, coincidentes con los programas asistencialistas de la Cuarta Transformación.

Celebramos el esfuerzo por descentralizar la MET en un Estado que —contra toda razón matemática— tiene dos núcleos; no obstante, los teatristas deben presentar su trabajo en igualdad de condiciones, en edificios equipados para montar espectáculos profesionales.⁸¹ Nos dio gusto compartir butacas con un auditorio no asiduo al teatro, como en Saucillo, pero esos espectadores más que una producción traída de la capital, necesitan estímulos y programas artísticos para ocupar su inmueble no solo como público sino con la generación de actividades escénicas; en este contexto, el sistema de refrigeración sería un requisito más en un municipio con las condiciones para recibir compañías y exhibir su teatro.

Apoyamos el espíritu de inclusión al programar espectáculos amateurs; sin embargo, la competición con compañías profesionales los deja en clara desventaja. El dictamen del jurado respalda tal afirmación.⁸² Reiteramos que el formato de premiación también debe ser rediseñado a favor del diálogo y la anuencia colectiva. “Los propios creadores, auxiliados por observadores externos —ya no como jurado [sino como asesores]—, pueden llegar a un consenso para designar la propuesta representativa” (Montiel, 2019: 192). Sin duda, los pequeños grupos que escriben, dirigen e incluso protagonizan sus obras deben seguir asistiendo a la MET para vincularse con sus pares, presenciar todos los montajes, asistir a los talleres con los especialistas y mostrar su trabajo en una ca-

tegoria especial para recibir retroalimentación de cara al largo y consistente camino hacia la profesionalización.

Escribimos estas líneas en medio de una contingencia sanitaria que ha trastocado ritmos y rutinas (como los de la investigación documental). Los teatros en todo México han cerrado desde hace semanas, interrumpiendo temporadas y alterando tiempos de producción. Cuando el cuerpo del otro representa un riesgo de contagio, ¿qué lugar ocupa el convivio teatral? ¿Se puede hacer teatro durante la pandemia? En este clima de incertidumbre, en el que parece inminente la cancelación de las muestras estatales y la nacional, el teatro mexicano —y dentro de él el chihuahuense— explora las posibilidades de poner su arte a través de las pantallas de nuestros dispositivos. Ya sea con reestrenos o con producciones inéditas, el arte dramático se adapta a la interlocución urgente entre nuestro contexto y las formas de representarnos. Esperamos con ansias la edición número 29 de la MET Chihuahua, ya sea que se aplace en este mismo 2020 o se posponga para el siguiente año, pero que nunca —ni siquiera vacilando— se detenga.

A la orilla del río, de P. de la Rosa. Dir. P. de la Rosa, Telón de Arena, 21 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro de la Ciudad Manuel Talavera, Delicias.

Arrullos para Benjamín, de H. Díaz. Dir. R. Quintana, Teatro Bárbaro, 19 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro de la Ciudad Manuel Talavera, Delicias.

Auroras boreales o nos vemos en Alaska, de V. Loera. Dir. V. Loera y D. López, Los Habitantes Inútiles, 19 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro Auditorio Presidentes, Saucillo.

Derivas, de R. Valles. Dir. L. Bizarro, Teatro Bárbaro, 18 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro de la Ciudad Manuel Talavera, Delicias.

Filos, de E. Galindo. Dir. colectiva, Movimiento OT Teatro, 21 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro de la Ciudad Manuel Talavera, Delicias.

García Lorca, F. (2008). La casa de Bernarda Alba. Drama de mujeres en los pueblos de España. Ed. B. Rodríguez Gutiérrez. Stockcero.

King Tiger, de P. de la Rosa. Dir. P. de la Rosa, Telón de Arena, 21 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro de la Ciudad, Ca-margo.

Loera, Valeria. (2018). Elefante. En V. Bujeiro (ed.), Teatro de la Gruta XVIII (pp. 185-258). Secretaría de Cultura; Fondo Editorial Tierra Adentro.

Millenials, de E. Galindo. Dir. E. Galindo, 1939 Teatro Norte, 18 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro de la Ciudad, Camargo.

Soy Bernarda Alba, de F. G. Lorca (adaptación). Dir. Rubén Jordán, La Bodega, 20 de agosto 2019, MET Chihuahua, Teatro de la Ciudad Manuel Talavera, Delicias.

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(Des) militarización

Y VIOLENCIA POLÍTICA: DESAPARICIÓN FORZADA EN EL NORTE DE MÉXICO

El texto tiene por objetivo central, presentar una discusión en torno a las implicaciones que la estrategia de militarización de la seguridad pública en los últimos 15 años ha generado en relación al incremento de la violencia en varios sectores de la población y, de manera específica, a la práctica de la desaparición forzada por parte agentes del Estado mexicano en la región fronteriza del estado de Chihuahua. A partir del análisis de diversas fuentes, devela cómo la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, constituyó la muestra de una política basada en la producción de cuerpos eliminables.

Palabras clave: militarización, violencia política, necropoder, desaparición forzada, Ciudad Juárez.

The text presents a discussion about the implications that the strategy the militarization of public security in the last 15 years, has generated about the increase in violence in various sectors of the population, and specifically in practice of the forced disappearance by agents of the Mexican State in the border region of the state of Chihuahua. From the analysis of sources, it reveals how the implementation of the Operativo Conjunto Chihuahua-Juarez, was the example of a policy based on the production of disposable bodies.

Key words: militarization, political violence, necropower, forced disappearance, Ciudad Juarez.

El texto sostiene que la desaparición forzada, ha constituido un mecanismo por parte del Estado mexicano que remite a la lógica de necropolítica (Mbembe, 2011), perspectiva que según el filósofo camerunés da cuenta cómo gobiernos someten la vida a un poder encargado de reproducir la muerte como dispositivo de control. En este sentido, la relación entre militarización y violencia política, adquiere relevancia en un contexto sociohistórico en la frontera norte de México, caracterizado por una expansión del brazo punitivo del estado, la extinción de las políticas de bienestar, y la puesta en marcha de una estrategia selectiva encargada de contener y desaparecer vidas consideradas eliminables (Salazar y Curiel, 2012). Reconociendo un esfuerzo por legislar en la materia, resultado de la presión de diversos organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, en noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En ella, un aspecto relevante es la referencia no solo a agentes del Estado vinculados a la desaparición forzada, sino también a la figura

de “particulares”.⁸³ En las dos últimas décadas, no podemos obviar que un actor central en la generación de violencias en diversas regiones del país, y en particular en la desaparición de personas en la región fronteriza del norte, ha sido el crimen organizado y el narcotráfico (Quintana, 2013). Reconociendo la complejidad que significa la participación de diversos actores en este tipo de práctica,⁸⁴ concentraré el texto en la desaparición forzada realizada por agentes del Estado mexicano, y en particular a la ejercida por integrantes de las fuerzas armadas en el contexto de implementa-ción del Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, refiriendo en particular al Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México.

El artículo comprende cuatro apartados. El primero describe la relación entre las categorías de violencia política y seguridad pública, la implementación de una política contenciosa y de violación sistemática a derechos humanos, a partir de la puesta en marcha de operativos policiaco-militares subordinados a la ope-ratividad logística castrense. Para ello, describe qué significó el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, con una presencia entre el 2008 y el 2011, así como el andamiaje que significó el compromiso de implementación de este tipo de política a partir del acuerdo binacional Iniciativa Mérida.

El segundo apartado retoma la categoría de necropoder (Mbe-bme, 2011), para evidenciar la configuración de una política de militarización de la seguridad pública, dando como resultado la violación sistemática a derechos humanos, y específicamente la práctica de la desaparición forzada por agentes del Estado mexi-

cano vinculados a los operativos conjuntos. Para fortalecer dicho argumento, el tercer apartado muestra el caso ante la Corte In-teramericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desaparición forzada —Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México—, que significó la evidencia pública a partir de una sentencia condenatoria, de cómo las fuerzas armadas han implementado una serie de prácticas violatorias a los derechos humanos, así como la severa crisis de paradigma en torno a la seguridad pública que enfrenta el Estado mexicano. Un aspecto clave resultado de la sentencia emitida por la Corte, fue el establecer cuatro principios básicos de regulación que deben imperar en cualquier intención de favorecer la actuación de las fuerzas armadas en tareas reservadas a la policía civil: extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada, y fiscalizada.

El cuarto apartado busca dar un giro de interpretación a lo que ha significado la simulación de cambio en torno a la perspectiva de seguridad pública por parte del actual gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En febrero de 2019, se emitió el decreto por el que se crea el organismo denominado Guardia Nacional. Una organización “híbrida” que plantea operar a partir de una relación dual civil-militar, en tareas de apoyo a la seguridad pública, y que ha generado un fuerte debate en el marco de los derechos humanos.

PAISAJE DE MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA (VIOLENCIA POLÍTICA) EN EL NORTE DE MÉXICO

Si bien, a lo largo de la historia en México se han mostrado las implicaciones de la participación de elementos de las fuerzas armadas en diversas tareas vinculadas a labores de la policía civil, en las dos últimas décadas ha sido una constante la presencia de operativos policiaco-militares en torno a tareas destinadas a la seguridad pública, en las que la constante es la violación sistemática a derechos humanos reconocidos por el propio Estado mexicano. Por violencia política, haré referencia a todo proceso instrumentalizado y orientado a la formación, distribución y ejerci-

cío del poder por parte del Estado, para establecer un dominio de facto sobre una región y su población (González, 2017). Partiendo de ello, militarización de la seguridad pública implica la subordinación de las tareas prevención, investigación y persecución de diversos delitos, tanto del fuero común como federal, a la actuación y estrategia represiva castrense que, en el contexto reciente de crisis en relación a la inoperancia del Estado para contener los altos índices de violencia en diversas regiones del país, ha constituido una medida en la búsqueda de legitimar la posición del Estado ante la presencia del narcotráfico y el crimen organizado. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las facultades y obligaciones para el Presidente de la República, y en su inciso VI sostiene: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020). Si bien este aspecto permite al titular del Ejecutivo federal disponer de las fuerzas armadas para tareas de intervención en zonas afectadas por un conflicto o perturbación grave a la paz pública, a continuación sostenemos que dicha atribución fue excedida en el contexto de los últimos años en el estado de Chihuahua, dando como resultado una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos.⁸⁵

En esta línea, el artículo 29 de la Constitución, prescribe los escenarios en los que el Presidente de la República, “podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Sin embargo, dicha atribución

se encuentra condicionada a la aprobación del Congreso de la Unión, y hasta el 2014, en que se realizó una reforma al artículo, se consideraba el acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y Procuraduría General de la República (DOF 10-02-2014). También debemos considerar que en el año 2007 se incorporó una serie de párrafos, los cuáles establecen los límites obligados en los alcances de suspensión o restricción. Entre los puntos a destacar se menciona que por ningún motivo se podrán suspender derechos como la no discriminación, el reconocimiento a la persona jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección familiar entre otros; y que toda restricción o suspensión debe estar en proporción al peligro que se enfrenta bajo principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación (artículo 29, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Para el caso específico que analizaremos más adelante, dará cuenta que la puesta en marcha de los operativos militares vinculados a tareas de seguridad pública, a partir de 2007, violaron sistemáticamente los preceptos establecidos en dicho artículo.

El primer aspecto a destacar, refiere a lo que varios autores han planteado como la ambigüedad jurídico-procedimental en torno a la perspectiva de la seguridad pública, dando como resultado la tendencia de ampliar el rango de participación de elementos de las fuerzas armadas. Al respecto, el artículo 21 de la Constitución establece por seguridad pública:

“...una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez

Esta definición, en la perspectiva de Muñoz Castellanos (2017), presenta dos interrogantes centrales. Por un lado, no queda claro en manos de quién se cumple dicho mandato, es decir la autoridad o cuerpo ejecutor de dicha prevención; mientras que por otro lado, coloca dos enfoques enfrentados entre sí, resultando con ello una serie de ambigüedades en la interpretación jurídica: la prevención y la reacción:⁸⁶ “si bien es cierto que su corte es preventivo, también es cierto que al señalar las facultades de investigación y persecución ambas representan el corte reactivo de la seguridad pública” (Muñoz, 2017: 150).

Más allá de una discusión a fondo, con respecto a la falta de claridad conceptual que enfrenta el enfoque de la seguridad pública en su anclaje normativo y procedimental, es importante dar cuenta de las implicaciones que ha generado la participación de elementos de las fuerzas armadas en torno a la dicha ambigüedad, propiciando con esto un paisaje de indefensión y violación sistemática a derechos humanos en el país. Ahora bien, con la intención de caracterizar dicho paisaje, y de manera específica el impacto que generó la práctica de la desaparición forzada por parte de elementos de las fuerzas armadas, a continuación describiré dos antecedentes centrales que permiten dar cuenta de la apuesta por parte del Estado mexicano en torno dicha estrategia: el acuerdo binacional Iniciativa Mérida, y el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez.

No se puede comprender el escenario actual de irrupción de la violencia en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, así como las estrategias de “seguridad pública” llevadas a cabo por el

gobierno mexicano, sin tener presente el acuerdo binacional denominado Iniciativa Mérida. En Marzo de 2007, durante el encuentro que sostuvieron los presidentes Felipe Calderón y George Bush en la ciudad de Mérida, se formalizó el plan de apoyo logístico y financiero de seguridad, considerado como un esquema de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, que permitiría fortalecer y complementar los esfuerzos internos contra la delincuencia organizada transnacional.

“Los gobiernos de México y Estados unidos, comparten una profunda preocupación por la amenaza que representa para nuestras sociedades la operación de organizaciones criminales que actúan en ambos lados de nuestra frontera común. La creciente capacidad operacional y financiera de los grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas, armas y personas, así como de otras actividades criminales trasnacionales, representan una contundente amenaza para las vidas y el bienestar de los ciudadanos de México y Estados unidos. Ambos países establecerán como una prioridad combatir el poder y la impunidad de las organizaciones criminales y del narcotráfico, que amenazan la salud y la seguridad pública de sus ciudadanos, así como la estabilidad y la seguridad de la región.” (SRE, México, 2007)⁸⁷

El acuerdo destacó en su momento tres ejes de acciones: 1) reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México; 2) reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos; y 3) ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia transnacional organizada (SRE, México, 2007). En específico, destacó la prioridad de favorecer la adquisición de equipo militar de vigilancia,^{88 89 90}

así como el adiestramiento y capacitación de mandos militares y policiacos pertenecientes al Estado mexicano:

...para incrementar las capacidades operativas, nuestras estrategias incluyen una renovada transferencia de equipo y recurso técnico, de acuerdo con las normas correspondientes de transparencia y rendición de cuentas de ambos países. Asimismo, la estrategia incluye programas de capacitación e intercambio de expertos, pero no contempla el despliegue de personal militar estadounidense en (SRE, México, 2007).

De manera particular, el acuerdo buscó considerar “un compromiso de protección y/o defensa de derechos humanos y establecer mecanismos para una relación continua con la sociedad civil” (Woodrom Wilson International Center, 2009). Aquí radica una de las preocupaciones fundamentales del gobierno de los Estados Unidos, el problema de la corrupción en los organismos de seguridad pública en México y la violación sistemática de los derechos humanos (Chabat, 2010). El estudio “Abuso y miedo en Ciudad Juárez: un análisis de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en México” de Meyer, Brewer y Cepeda (2010), es claro y contundente al mostrar el fracaso que significó en su momento la implementación de este acuerdo bilateral, en su compromiso de garantizar la defensa de los derechos humanos.

El rol de las fuerzas armadas como principal actor en los operativos antidroga ha llevado a un aumento en los abusos dada la impunidad de la que históricamente han gozado las fuerzas castrenses mexicanas. Pero también hay otros peligros asociados a la participación de los militares en operaciones de seguridad

que entre 2008 y 2010 el Departamento de Defensa de Estados Unidos destinó $80.9 millones a financiar la lucha antidroga en México (Meyer, Brewer y Cepeda, 2010).

8 Si bien en el acuerdo se estableció el “no despliegue de personal militar estadounidense en México”, considerado el “pleno respeto de la soberanía, la jurisdicción territorial y el marco legal de cada país; y están orientados por los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad.” (Iniciativa Mérida, 2007). Varias notas periodísticas han evidenciado la participación de elementos de organismos como la DEA o el FBI, en diversos operativos de búsqueda y detención de personas que se consideraban vinculadas al narcotráfico.

pública relacionados con las diferencias en entrenamiento y mandato entre las fuerzas. Las fuerzas armadas están entrenadas para actuar en situaciones de combate, en las cuales el objetivo es eliminar al enemigo mediante el uso de la fuerza sin consideración alguna por el bienestar del enemigo. Por el contrario, las fuerzas policiales están entrenadas para interactuar con civiles dentro de un marco básico de derechos constitucionales. Debido a las diferencias en cuanto a roles y tácticas, los conflictos y abusos son prácticamente inevitables cuando se asigna a los militares tareas que corresponden a la policía. Aparte genera serias dudas acerca de la práctica actualmente extendida de nombrar a militares en cargos de mando en las fuerzas policiales locales (Meyer, Brewer y Cepeda, 2010: 10).

En el año 2006, al ser electo presidente de la República el Lie. Felipe Calderón Hinojosa, llevó a la práctica la participación directa de comandos militares en torno a tareas de seguridad pública en diversas regiones del país. Los operativos conjuntos, fueron estrategias que se caracterizaron por una falta de coordinación entre diversos gobiernos locales y el gobierno federal, ante el incremento de la violencia expresada en un número creciente de homicidios dolosos, feminicidios,⁹⁰ secuestros, y presencia de grupos vinculados al narcotráfico.

El 21 de marzo de 2008, el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, anunció el inicio de la estrategia de seguridad pública denominada Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, con el que se desplazarían a esta ciudad fronteriza más de dos mil efectivos militares para contribuir al resguardo de la ciudad junto con las policías estatal y municipal. Tan solo cinco días después

9 En particular, el fenómeno del feminicidio ha sido un aspecto central para comprender el contexto de violencias que se ha gestado por años en la frontera. Julia Monárrez acuña la categoría “feminicidio sexual sistémico” para develar, bajo una lógica patriarcal, “la condición de sujeto matable de la mujer” (Monárrez, 2019). A partir de diversas fuentes de consulta, muestra el dato contundente al respecto, ya que contabiliza de 1993 a 2018, 1850 casos de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez.

del anuncio, los militares asumieron el control de las instalaciones y funciones de seguridad pública del estado y el municipio. En junio del mismo año, el gobierno federal anunció el despliegue de otros dos mil elementos castrenses, y para inicios de 2009 existían en la ciudad más de siete mil efectivos del ejército que tenían a su mando el control y tareas de vigilancia de la ciudad (Salazar y Curiel, 2012).

El discurso oficial en relación a incorporar militares en actividades de seguridad pública, constituye uno de los ejes clave del proceso de militarización que se promovió por medio de los operativos conjuntos en diversos lugares del país. En el 2009, el Ejecutivo Federal pronunciaba las siguientes palabras ante elementos del ejército adscritos al Operativo Conjunto Chihuahua: “En Ciudad Juárez derrotaremos al crimen organizado, porque nuestras Fuerzas Armadas no se arredrarán ni desistirán jamás”.^{91 92}El uso retórico que buscó legitimar las acciones directas de confrontación con los cárteles del narcotráfico, alcanzó su expresión más contundente en la expresión “guerra contra el crimen organizado”. Una política belicista por parte del gobierno federal, transitó como diáspora a diversos escenarios de la administración estatal en regiones del país. Para el caso específico de Chihuahua, la constante fue el llamado al gobierno federal para la participación de efectivos militares en tareas de seguridad pública, bajo la justificación de la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en las policías locales.

Si bien el uso legítimo de la fuerza, por organismos de cualquier Estado moderno democrático, parte de una necesidad básica y fundamental: “que no sean los particulares quienes resuelvan sus diferencias por propia mano y bajo sus propias reglas, sino que sea una entidad distinta la que resuelva dichas controversias, aun empleando la fuerza” (Guerrero Agripino y De Santiago Alvarez, 2013:35), el problema es el uso indiscriminado de la fuerza que, en palabras de Ernesto López Portillo: “la salida de las fuerzas

armadas a las calles a realizar las tareas de seguridad pública, invierte el principio del uso racional de la fuerza, dominante en el mundo democrático contemporáneo, al ubicar el instrumento del uso máximo de la fuerza en el papel de recurso regular, multiplicando ad infinitum los riesgos del exceso” (López Portillo, 2016:07).

Ejemplo de ello es que al transcurrir los primeros meses de implementación del operativo, la Comisión Estatal de los derechos humanos del estado de Chihuahua, dio cuenta de un número de 1422 quejas en relación a diversos actos de violación a Derechos Humanos por parte de integrantes de las corporaciones policiacas y del ejército:⁹³ allanamiento de morada, detención ilegal, robo, tortura, amenazas, desaparición forzada, incomunicación, entre otras. Al respecto, la perspectiva crítica de los derechos humanos (Gallardo, 2010) sostiene un cuestionamiento a la fragilidad de los Estados, que han producido una sociedad fracturada, una economía excluyente y la entronización de elites de gobiernos a partir de instrumentos de coerción, como ha sido la participación del ejército en diversas actividades de seguridad pública en franca violación a los derechos humanos.

En el 2009 Human Rigths Watch publicó un documento titulado “Impunidad Uniformada. Usos indebidos de justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”. En él detalla un panorama de prácticas violatorias por parte de militares a la población en general a partir de la “desaparición forzada”. El documento dio cuenta que:

“México ha utilizado a las fuerzas armadas en operativos contra el narcotráfico y la insurgencia durante décadas. No obstante, la visibilidad de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública ha incrementado drásticamente durante el gobierno de Calderón, quien ha planteado el despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave para combatir al narcotráfico y mejorar la seguridad pública.

Miles de integrantes de las fuerzas armadas han sido incorporados a la policía federal y más de 40.000 efectivos entre militares y policías han sido asignados a distintas partes del país. En ciudades muy violentas, como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a militares de alto rango al frente de la policía. Si bien el gobierno de Calderón ha señalado que el uso del Ejército es de carácter temporal, aún no ha presentado siquiera un plan provisional para el repliegue de las tropas...” (Human Rigths Watch, 2009: 02).

En general, podemos concluir que la implementación de operativos policiaco-militares como el Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, fueron resultado de una política a gran escala de impulso a la militarización de la seguridad pública en diversas regiones del país. Ante la presión interna por parte de diversos sectores de la población, que enfrentan el colapso de sus experiencias cotidianas resultado del incremento de violencias, así como externa, como da cuenta el acuerdo Iniciativa Mérida, el Estado mexicano ha promovido una estrategia de subordinación de las corporaciones policiacas municipales a una estructura jerárquica y de mando militar, resultando con ello una crisis sistémica en relación a los derechos humanos.

En los últimos años, uno de los fenómenos de mayor preocupación en México ha sido el de personas extraviadas o desaparecidas.⁹⁴ Un número importante de estos casos, como bien lo dan a conocer diversos abordajes periodísticos,⁹⁵ están vinculados al

mundo del narcotráfico y el crimen organizado, como resultado del reclutamiento forzoso que se genera sobre diversos sectores de la población, principalmente jóvenes (De la O y Flores, 2012). Sin embargo, existe otro escenario en el que diversas evidencias han dado cuenta, que elementos adscritos a los organismos de seguridad pública y de las fuerzas armadas, han contribuido de manera sistémica a este tipo de práctica.

En particular, el estado de Chihuahua ha enfrentado un número importante de casos de desaparición forzada, que no se limitan a aquellos acontecidos durante la puesta en marcha del Operativo Conjunto. Al respecto Víctor Quintana (2013) remite al antecedente de la llamada “guerra sucia” gestada por el Estado mexicano contra diversas organizaciones populares que en la década de los setenta y ochenta fueron claves en la movilización social de la región. Aunado a ello, la creciente presencia y poder del narcotráfico, sumado a una severa crisis de legitimidad en los gobiernos municipales y estatal resultado de la corrupción y la impunidad que se gestaba en un número a la alza de casos de homicidios y feminicidios en la frontera, fueron el caldo de cultivo para que este tipo de práctica se halla generalizado en la región.

Un factor que se presenta en la gran mayoría de desapariciones, y que a su vez se convierte en lo que posibilita la multiplicación de las mismas, es la impunidad. El hecho de que la mayoría de desapariciones forzadas queden sin castigo, viene a ser un incentivo para repetir esa práctica criminal. Si el Ejército no tuvo ningún tipo de sanción por las desapariciones forzadas de tiempos de la “guerra sucia”; si tampoco se le sancionó ni a él ni a las policías estatales por las desapariciones de fines de los ochenta y principios de los noventa, entonces el Estado está enviando un mensaje muy claro entre líneas: la forma menos riesgosa de prescindir de alguien que estorba es la desaparición forzada, pues en una mínima parte de los casos se castiga. Además, los perpetradores de dicha desaparición tienen la seguridad de que, mientras

de estos casos están relacionados con la práctica de desaparición de personas por parte del crimen organizado.

no aparezca la persona, el miedo hará que sus familiares guarden silencio” (Quintana, 2013: 545)

En esta línea, podemos dar cuenta que el fenómeno de la desaparición forzada no es una práctica aislada o esporádica por parte de elementos adscritos a los organismos de seguridad pública del Estado mexicano, sino la expresión contundente de una política intencional, en la que criterios de selectividad sobre aquellos cuerpos eliminables ha sido una constante en diversos operativos. Es decir, la desaparición forzada ha constituido un dispositivo necropolítico⁹⁶ de administración y producción de la muerte por parte del Estado mexicano, valiéndose del creciente uso de la fuerza para someter y aniquilar cuerpos, en su interés de sostener una retórica belicista como parte de su perspectiva en torno a la seguridad pública. Ariadna Estévez sostiene que en México:

Las muestras públicas de violencia extrema, tales como masacres, con el objeto de intimidar, someter cuerpos a tortura, ejecuciones, desaparición forzada, persecución y muerte tienen el objetivo de hacer morir en enclaves territoriales de pobreza, corrupción, impunidad y escasa presencia institucional del Estado, donde el reto es sobrevivir (Estévez, 2018: 04).

Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:

...el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (ONU, 1992).

Como podemos observar, constituye un acto cuya principal intención es “la negativa del derecho de un individuo a existir, a tener una identidad, convertir a una persona en un ser no existente.” (Parayre, 1999; 26). Desde el punto de vista jurídico, la Convención Inter americana sobre Desaparición Forzada de Personas toma en consideración varios aspectos que deben estar presentes en aquellos eventos que busquen tipificarse en este sentido: que se haya privado a una persona de la libertad en cualquier forma; que esa privación de libertad haya sido ejecutada por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia; que la privación de libertad haya sido seguida de la falta de información o negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona; y, que a consecuencia de lo anterior se haya impedido a la persona ejercer los recursos legales y las garantías procesales pertinentes (OEA, 1994).

Para el caso específico en México, se ha generado un debate importante frente a las problemáticas jurídico-procedimentales que ha significado el reconocimiento y la atención al fenómeno de la desaparición forzada por agentes del Estado (Guzmán-Ve-ra, 2018). Si bien no es nuestra intención plantear una discusión desde la mirada normativa, y con el objetivo de centrar nuestro análisis en la práctica generada por agentes del Estado en el contexto de los operativos conjuntos, no podemos perder de vista que especialistas en el tema señalan el problema de la ambigüedad que presenta la desaparición forzada en los marcos legales que regulan la sanción y castigo a los agentes del Estado (Guevara y

Chávez, 2018), así como los mecanismos de reparación del daño que estarían obligados a llevar a cabo ante las víctimas.

Resultado de la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihua-hua-Juárez, entre los años 2009 y 2012 se presentó en el estado fronterizo de Chihuahua el endurecimiento de la estrategia de militarización de la seguridad pública, dando como resultado que en diversas regiones de la entidad la práctica de la desaparición forzada, acompañada de otros mecanismos de represión como la tortura, fuera una constante por parte de agentes del Estado frente a diversos sectores de la población.

El 28 de noviembre de 2018, la Corte IDH con sede en San José de Costa Rica, emitió la sentencia definitiva en torno al caso Alvarado Espinoza y otros vs. México.⁹⁷ En dicho documento se describe con puntualidad el proceso jurídico con duración de nueve años, a partir de la denuncia que integrantes de la familia Alvarado llevaron a cabo en diversas instancias judiciales del Estado mexicano, en relación a la detención arbitraria y desaparición forzada de tres integrantes de su familia por parte de elementos del ejército vinculados al Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez.

La sentencia da cuenta de una serie de violaciones sistemáticas generadas por diversos organismos de seguridad pública, corporaciones de las fuerzas armadas, así como instancias encargadas de los procedimientos judiciales en torno al caso. En general, sostiene que:

La Corte constató que el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana ha sido un patrón constante en México desde el año 2006. En dicho escenario, el empleo de las

fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia se convirtió en una práctica recurrente mediante la implementación de los denominados “Operativos Conjuntos” en cuya intervención concurrían efectivos policiales y militares. Lo anterior, sin haberse acreditado, para efectos del caso concreto, que se hubieran respetado salvaguardias para la participación de las fuerzas armadas, tales como la: excepcionalidad, temporalidad y estricta necesidad del operativo conjunto, así como una adecuada regulación y protocolos de actuación para tales tareas ni su fiscalización, e inclusive ventilándose los hechos denunciados en el fuero militar por un periodo de tiempo considerable. En vista del análisis expuesto, la Corte concluye que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos, respectivamente, de conformidad con la Convención Americana y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Fragmento sentencia Corte IDH, 2018: 78).

El 9 de noviembre de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la CIDH el caso “Ai-varado Espinoza y otros vs. México”, en torno a la desaparición forzada y otras violaciones por parte de agentes de las Fuerzas Armadas, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, en el Ejido Benito Juárez, estado de Chihuahua, México, el día 29 de diciembre de 2009. El documento de la sentencia, respaldado por una serie de declaraciones generadas por integrantes de la familia Alvarado y miembros de la comunidad del Ejido, describe con claridad cómo fue la participación de una unidad militar en la detención de las tres personas.

El 29 de diciembre de 2009, entre las 8:00 y 9:00 de la noche, José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado Espinoza se encontraban a bordo de una camioneta azul marino, doble cabina, estacionada en las afueras de la casa de la madre de Obdulia Espinoza Beltrán, esposa de José Ángel, en el Ejido Benito Juárez. En ese momento, arribaron al lugar dos camionetas particulares, una de ellas marca Chevrolet, doble cabina, color gris, diésel, y la otra marca Hummer, color blanco, de las cuales descendieron entre ocho y diez personas portando armas largas, cascos y gorras, sin pasamontañas, así como uniformes de tipo militar, algunos de color arena camuña-do, “caqui como café” “de tipo desierto” y botas del mismo color, y otros de color verde y quienes los portaban tenían un acento de voz distinto al de los habitantes de la zona. Dichos sujetos se dirigieron en su mayoría hacia el lado del conductor, en donde se encontraba Nitza Paola, mientras otro de ellos se dirigió hacia José Ángel, quien había descendido de la camioneta y se encontraba de pie junto a la cabina. Los elementos procedieron a revisar el vehículo y luego de un intercambio de palabras tomaron a Nitza Paola de los cabellos para obligarla a bajar del mismo y cuando José Ángel intentó defenderla, el sujeto que se encontraba a su lado lo golpeó en la cara con el arma que portaba, tras lo cual subieron a ambos familiares a la parte posterior de la camioneta doble cabina en que los captores arribaron al lugar de los hechos, retirándose con rumbo desconocido (Fragmento sentencia Corte IDH, 2018: 29).

El fragmento describe la forma arbitraria en la que José Ángel Alvarado y Nitza Paola Alvarado fueron detenidos, sin orden judicial y con desproporcionado uso de la fuerza. En relación a Rocío Irene Alvarado Reyes, el documento da cuenta de:

El 29 de diciembre de 2009, alrededor de una hora después de la detención de Nitza Paola y José Ángel Alvarado, siendo aproximadamente las 9:00 o 10:00 de la noche, Rocío Irene Alvarado Reyes se encontraba descansando en compañía de sus dos hermanos, de su hija de 2 años de edad, y de su madre Patricia Reyes Rueda en su domicilio en el Ejido Benito Juárez. En ese momento, la señora

Reyes Rueda escuchó que unas personas arribaron a su domicilio, por lo que procedió a asomarse por la puerta de la cocina en compañía de su hija Rocío Irene y observó que se trataba de individuos que vestían uniformes con características militares quienes golpearon la puerta de la entrada de la vivienda, y gritaron que ésta les fuera abierta o de lo contrario “la iban a tirar’. Ingresaron entre 8 y 9 personas encapuchadas portando vestimenta militar, cascos y armas largas con lámpara, mismos que tras detener a su familiar se retiraron en una camioneta Pick up, diesel, de cabina y media, gris o negra y sin focos. La señora Reyes Rueda preguntó a los elementos el motivo por el cuál su hija Rocío Irene estaba siendo arrestada, a lo que contestaron ordenándole que guardara silencio. Antes de su partida, Rocío Irene manifestó a sus familiares “que no se preocuparan”, “que todo iba a estar bien”, y “que enseguida volvería”, tras lo cual salió del domicilio a manos de sus captores. A la fecha, el paradero de Rocío Irene Alvarado ha sido desconocido (Fragmento sentencia Corte IDH, 2018: 31).

A las pocas horas de la detención, varios miembros de la familia comenzaron a realizar la búsqueda de los tres integrantes. Se trasladaron a la Comandancia de Seguridad y Vialidad Pública del Ejido Benito Juárez, así como a las instalaciones del 35 Batallón de Infantería del ejército, ubicado en el poblado de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y a la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General del Estado, ubicada en esta localidad. Tras entrevistarse con funcionarios adscritos a estas dependencias, tuvieron como respuesta el desconocimiento o la negación de la detención de los tres familiares. En este sentido, valdría la pena enfatizar que una de las características de la desaparición forzada, es la negación de la condición de víctima por parte de funcionarios del Estado:

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información

al respecto, con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos. Sobre este elemento de la desaparición forzada en el caso concreto, la Corte nota que tras la detención de las 3 víctimas los familiares iniciaron diversas denuncias y acciones de búsqueda en donde, no obstante la información proporcionada a estos por diversos agentes estatales, los funcionarios negaron que los detenidos se encontraran bajo custodia estatal o en dependencias oficiales y les informaron que no tenían información sobre su paradero (Fragmento sentencia Corte IDH, 2018: 77).

Otro punto relevante, fue la evidencia contundente del fenómeno de desplazamiento forzado que varios integrantes de la familia Alvarado enfrentaron, resultado de amenazas constantes por parte de integrantes de corporaciones de policía y elementos del ejército.

...la Corte acreditó que los distintos grupos familiares se han visto en la necesidad de realizar diversos desplazamiento en el territorio nacional y otros fuera de este. En vista de lo anterior, este Tribunal estima que para el momento del desplazamiento de los grupos familiares, era evidente que las autoridades tenían conocimiento de que habían ocurrido actos de amenazas y que el contexto y demás elementos del caso permitían establecer la posibilidad concreta de su realización (Fragmento sentencia Corte IDH, 2018: 95).

En general, la resolución por parte de la Corte IDH da cuenta de una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que constituyen evidencia de la estrategia fallida que significó la participación de fuerzas armadas en materia de seguridad pública durante el tiempo que se desarrolló el Operativo Conjunto. Da cuenta de violaciones generadas por agentes del Estado mexicano a derechos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, circulación y residencia, considerados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como el de desaparición forzada

contemplada en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.⁹⁸

El caso Alvarado Espinoza, como bien han señalado diversos organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos,⁹⁹ constituye la primera puesta en escena internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,¹⁰⁰ de la puesta en marcha de la estrategia de militarización de la seguridad pública, y en particular un antecedente en torno a la invalidación de la “Ley de Seguridad Interior” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,¹⁰¹aprobada por el poder legislativo y ejecutivo en diciembre de 2017. Un marco normativo fuertemente cuestionado, ya que evidenció cómo “sectores de la población y organismos internacionales encontraron en ella razones suficientes para argumentar que pondría en peligro justamente el orden público, cuya base es la principal garantía individual del gobernado: la paz pública” (Reyna, 2019: 47). En un informe publicado en el 2017, Justicia olvidada: la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México,¹⁰² el organismo The Washington Office on Latin

America (WOLA), dio cuenta de las serias amenazas que significó la participación del ejército en tareas de seguridad pública, y las razones por las que no es aceptable un marco jurídico que busque legalizar su presencia al respecto.

La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México (WOLA, 2017: 8).

Ante dicho panorama, la resolución emitida por la Corte IDH en torno al caso Alvarado, constituye una llamada de alerta a las intenciones del Estado mexicano de buscar implementar mecanismos jurídicos en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

...la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respecti-

va capacitación en la materia; y, d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces (Fragmento sentencia Corte 1DH, 2018: 70).

Como bien muestra el fragmento de la resolución, la Corte IDH es clara en señalar cuatro principios centrales en los límites y control de actuación de las fuerzas armadas en tareas reservadas a la policía civil -extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada, y fiscalizada-. En este sentido, lo que se ha presentado en los últimos años en el país, y considerando en específico la puesta en marcha de los operativos conjuntos en diversas regiones, estos principios no han sido considerados por parte del Estado mexicano, dando como resultado el incremento de la violencia política y una continua violación sistemática a derechos humanos a diversos sectores de la población:

La Corte constata que la implementación del Operativo Conjunto materia de este caso, no contaba con una regulación o aplicación que previera la excepcionalidad y temporalidad de la actuación militar, así como demás salvaguardias frente a este tipo de intervenciones, menos aún con una fiscalización independiente de sus operaciones, como quedó demostrado, entre otras probanzas, con las quejas interpuestas ante el propio “Programa de Atención y Quejas” del “Operativo” y la remisión del caso a la jurisdicción militar (Fragmento sentencia Corte IDH, 2018: 71).

Si bien la puesta en marcha de los operativos conjuntos se desarrolló en gran medida durante los periodos de las administraciones federales de los presidentes Lie. Felipe Calderón Hinojosa y Lie. Enrique Peña Nieto, esto no ha significado un cambio en la actual administración encabezada por el Lie. Andrés Manuel López Obrador. Considerado como un gobierno de “izquierda”, constituyó una expectativa generalizada en el cambio de la estrategia de seguridad pública interna y la atención a víctimas de la violencia vinculada al narcotráfico, crimen organizado y aquella gestada por parte de organismos del Estado. A continuación,

y teniendo presente el argumento central del texto en torno a cómo sigue reproduciéndose una lógica de necropoder por parte del Estado mexicano, se planteará un breve análisis en relación al surgimiento de un nuevo mecanismo de control denominado “Guardia Nacional”.

LA SIMULACIÓN EN EL CAMBIO DE ESTRATEGIA. EL SURGIMIENTO DE LA GUARDIA NACIONAL

La palabra simulación, del latín simulatio, hace referencia a una alteración o modificación aparente de una causa. En esta línea, si bien el discurso oficial por parte de la administración federal actual ha planteado discursivamente un giro en la estrategia, considero que hechos recientes dan muestra del endurecimiento de la estrategia de control sobre ciertos sectores de la población. Efectivamente, el gobierno federal ha reconocido las implicaciones de una estrategia fallida, resultando como vimos al inicio del texto, en un desbordante incremento de casos de desaparición forzada. Si bien el representante del Ejecutivo ha planteado una perspectiva que desde la campaña presidencial expresó en la frase: “abrazos no balazos”,¹⁰³ y buscó dar un giro radical al enfoque de las administraciones anteriores, en los hechos se ha colocado un fuerte debate a la puesta en marcha de la agrupación Guardia Nacional,¹⁰⁴ al considerar varios organismos que es una estrategia basada en la perspectiva contenciosa que encubre la continuidad del enfoque de militarización de la seguridad pública. Al respecto, “Propuesta de Guardia Nacional concretizaría la militarización de la seguridad pública en México”, Maureen Meyer de WOLA sostiene que:

Aunque el Plan Nacional reconoce la falta de capacidad y nalización que impacta las fuerzas policiales de México, en vez de centrarse en la reforma policial y poner fin a la dependencia que tiene México en las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, el gobierno de López Obrador transferiría las funciones policiales a una fuerza dirigida por militares. La Guardia Nacional propuesta asumirá las funciones tradicionales de una fuerza policial civil: prevenir y combatir el delito, detener a los sospechosos y coadyuvar en las investigaciones penales (Meyer, 2019)

Al revisar la visión que el gobierno federal establece en torno a este cuerpo policiaco-militar, encontramos que sostiene que su objetivo principal es: “realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios” (Gobierno Federal, 2019). En la página oficial de dicha agrupación, se menciona que se caracteriza por dos lógicas de operación, “de campo” referida a aquella que involucra de manera directa en tareas de respaldo en combate o despliegue del uso de la fuerza, y “de proximidad” relacionada más a la atención directa a la población en escenarios de riesgo.

En junio de 2019, ante el incremento de grupos migrantes que arribaron a Ciudad Juárez, varios de ellos con la intención de solicitar ante las autoridades migratorias de los Estados Unidos proceso de asilo, el gobierno federal, a solicitud de los gobiernos estatal y municipal, y frente a la presión de la administración encabezada por Donald Trump, implemento un programa de respuesta contenciosa en la línea fronteriza con la participación activa de elementos del ejército. Como da cuenta el reportaje de Martín Orquiz “Relega Guardia Nacional plan anticrimen en Ciudad Juárez” publicado el 8 de septiembre por la plataforma periodística La Verdad Juárez, elementos del ejército participaron en la detención, bajo el uso desproporcionado de la fuerza, de grupos de migrantes para entregarlos a las autoridades migratorias y con ello iniciar el proceso de deportación. Si bien, en el último año no existe información puntual en relación a prácticas de desapa-

rición forzada por parte de elementos del ejército, en particular a la población migrante, valdría la pena remitir a la discusión que Ariadna Estévez nombra como “dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada”, perfilando una lógica que da muestra de cómo en “la frontera el necropoder ejecuta políticas y leyes que deliberadamente intentan conducir hacia la muerte a solicitantes de asilo y deportados, y despoblar espacios geográficamente estratégicos, produciendo más migrantes” (Estévez, 2018: 02).

Este fenómeno se vincula a la problemática de la falta de “coordinación” por parte de los organismos de los gobiernos municipal, estatal y federal. Como fue el caso de la implementación de los operativos conjuntos, el análisis del que da cuenta la resolución de la Corte IDH respaldada por diversas fuentes de consulta y peritajes por parte de especialistas en el tema, evidencia la subordinación de la política de seguridad pública al control y mando de la estructura y visión militar (Padilla, 2019).

Con la intención de cerrar en torno a los puntos aquí planteados, considero tres rutas de reflexión ante la crisis que ha implicado la puesta en marcha de la militarización de las tareas de seguridad pública por parte de Estado mexicano, y con ello la práctica sistematizada de violación a derechos humanos, con la finalidad de discutir, más allá del debate jurídico-procedimental, cómo se ha instaurado una lógica de estado de excepción como dinámica cotidiana en varias regiones de la entidad, enfrentando con ello a una sociedad sometida a las sensaciones de miedo, incertidumbre y autoestrategias de encierro.

Si bien en el caso de la desaparición forzada no se cuenta con registro reciente que vincule a elementos de la Guardia Nacional en operativos efectuados en el estado de Chihuahua, no podemos perder de vista que en los últimos meses se observa un incremento de homicidios dolosos, así como otras expresiones de violencia vinculadas a la presencia de narcomenudeo y el crimen

organizado. Sumado a ello, el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha hecho pública su intención de fortalecer las tareas de seguridad pública con la participación de las fuerzas armadas. Es un aspecto relevante que exige una mirada en retrospectiva y crítica ante la evidencia de lo que significó la participación de cuerpos castrenses en las administraciones anteriores, en acciones violatorias a derechos humanos.

Esto es relevante, ya que la perspectiva que aquí se ha planteado en relación a la apuesta del Estado mexicano en torno a fomentar la militarización de la seguridad pública, y considerando el caso específico de la resolución emitida por la Corte IDH en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, da cuenta de la puesta en escena de un poder soberano que se establece a partir de criterios de selectividad en torno a la vida y la muerte. Como nos los señala Mbembe, “la expresión última de soberanía, reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir” (Mbembe, 2011). Si bien remitimos al caso específico de la familia Alvarado en el contexto de implementación del Operativo Conjunto, históricamente el uso de la violencia no legítima por parte de agentes del Estado mexicano, en particular asociada a la desaparición forzada y otras prácticas de tortura, en complicidad con otros actores como el crimen organizado, es la muestra contundente de una política basada en criterios selectivos en torno a la muerte.

Un segundo aspecto está relacionado a lo que Giorgio Agam-ben (2010), en su texto Estado de Excepción. Homo sacer II sostiene en relación a que esta figura que refiere a la suspensión del orden jurídico como medida provisional y de carácter extraordinaria, en las últimas décadas ha sido una constante, es decir, se ha constituido en un paradigma normal de los gobiernos. En el caso específico de nuestro texto, la caracterización alrededor de los operativos conjuntos-coordinados, así como la organización actual de la Guardia Nacional, dan cuenta de cómo el estado de excepción en la actualidad se ha vuelto norma. Como mencionamos al inicio, si bien el artículo 29 de la Constitución en México otorga facultades al poder ejecutivo para suspender garantías y

derechos, bajo criterios de proporcionalidad en el uso de la fuerza, el paisaje reciente de violencia en el norte del país da muestra de cómo ha sido rebasada esta facultad y ha resultado en acciones de violación a derechos, incluso aquellos que claramente son contemplados y defendidos por el artículo en cuestión.

En este sentido, el caso aquí expuesto da cuenta de la práctica de violación a derechos, como ha sido el caso de la desaparición forzada. Observamos que un organismo como la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos ha mostrado una preocupación específica por este tipo de prácticas por parte de agentes del Estado mexicano. Si bien en los últimos dos años el gobierno federal ha promovido una política de reconciliación a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez¹⁰⁵ con familiares de víctimas relacionadas a este delito, no podemos dejar pasar que uno de los aspectos cruciales es el reconocimiento y la generación de políticas públicas de atención a las víctimas por parte de las administraciones estatales y municipales. Si bien el texto centró su atención en operativos coordinados por agentes adscritos a las administraciones federales, en el caso específico de Chihuahua es importante abordar la problemática de la desaparición forzada generada por organismos de seguridad a cargo de los gobiernos estatal y municipal. Solo a partir de ello se observará una intención clara del Estado mexicano de generar a mediano plazo un giro radical en la disminución de la violencia política, la eliminación de la impunidad frente a casos de desaparición generados por particulares, así como un horizonte de certidumbre en la reparación del daño y reconocimiento de las víctimas.

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Derechos humanos,

DESAPARICIÓN FORZADA Y FEMINICIDIO EN EL ESTADO

de Chihuahua

La violencia ejercida contra las mujeres constituye una ofensa a la dignidad de las personas y una violación a los derechos humanos; se ha convertido en un problema social, económico, jurídico, sanitario y político de alcance mundial y una manifestación retrógrada al reproducir relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, cuyas máximas expresiones son la desaparición forzada y el feminicidio. Si bien en México y en el estado de Chihuahua se identifican avances significativos en materia de derechos humanos, dicho tipo de violencia se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas, contabilizándose en centenas los casos registrados anualmente.

Palabras clave: Derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres, estado de Chihuahua.

Violence against women constitutes an offense to the dignity of people and a violation of human rights has become a global social, economic, legal, health and political problem and a retrograde manifestation by reproducing unequal power relations between men and women, whose maximum expressions are enforced disappearance and femicide. While significant progress in human rights is identified in Mexico and the state of Chihuahua, significant human rights progress is identified, this type of violence has increased considerably in recent decades, hundreds of cases recorded annually.

La violencia ejercida contra las mujeres —y niñas— es una expresión de la desigualdad de género, que se ha convertido en un problema social, económico, jurídico, sanitario y político de alcance mundial (ONU Mujeres, 2020), cuyas expresiones más radicales y dramáticas son la desaparición forzada y el feminicidio, y que tan solo de estos últimos se contabilizan anualmente más de 66 000 a nivel mundial. En 2016 en América Latina se registró un promedio de 12 feminicidios al día, destacando que seis de ellos sucedieron en México (Naciones Unidas, CEPAL, 2016), cifra que se aproxima a la expuesta en el documento Violencia Feminicida en México, que señala que son más de 7 las victimadas cada 24 horas (ONU Mujeres, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, 2017).

México atraviesa por una grave crisis de violaciones de derechos humanos. Tan solo en el periodo 2006-2015 el gobierno mexicano recibió 548 recomendaciones en dicha materia por parte de organismos internacionales, debido a los altos índices de violencia que se traducen en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales,

abuso a migrantes, desapariciones forzadas y feminicidios, principalmente (Carbajal et al., 2019), cifra elevada para un país que oficialmente no se encuentra en un conflicto armado (Román, 2015).

Durante 2019 en México perdieron la vida de forma violenta más de 40 000 personas —convirtiéndose en el año más violento—, de las cuales más de 900 se tipificaron como feminicidios, generalizándose el problema en 385 municipios (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019). No obstante, es necesario puntualizar que otros registros refieren que para ese mismo año a nivel nacional se contabilizaron alrededor de 4000 defunciones de mujeres por causas violentas —feminicidios—, de las cuales más de 300 se presentaron en el estado de Chihuahua (Inegi, 2019).

En cuanto a la violencia ejercida contra las mujeres en la modalidad de desaparición forzada, no es posible siquiera cuanti-ficar puntualmente los casos, ya que si bien existe una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, desde 2018 dejó de alimentarse el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, derivando en la ausencia de datos oficiales relativos. Sin embargo, informes periodísticos estiman que en México son más de 61 000 personas desaparecidas de 2006 a la fecha (Villegas, 2020), evidenciando con ello la grave crisis de violencia que prevalece en el país.

Principalmente en las ciudades fronterizas de México se identifica una importante presencia de grupos del crimen organizado y la violencia se ha incrementado exponencialmente durante los últimos 25 años, provocando un importante y generalizado deterioro de los niveles de seguridad y bienestar de la población (Díaz & Reséndiz, 2017). Cifras oficiales destacan los altos índices de violencia que privan en el estado de Chihuahua y que simplemente de muertes violentas concentra el 20% de los 8000 casos ocurridos a nivel nacional (Inegi, 2019), donde las principales víctimas son hombres pobres y jóvenes, que con frecuencia son pandilleros o reclutados como narcomenudistas o sicarios (Caballero, 2011; Cruz, 2014).

Si bien la violencia la padecen tanto hombres como mujeres, dados los esquemas culturales y sociales es necesario puntualizar en la ejercida contra las mujeres (Masters, 2009), de ahí que se observe cómo destaca en el estado de Chihuahua este tipo de violencia, ocupando la sexta posición a nivel nacional, solamente por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Aguascalientes (Inegi, 2016). Algunos medios refieren que la cifra de feminicidios ocurridos solamente en Ciudad Juárez, entre 1993 a 2010, superó el medio millar (BBC News Mundo, 2016); sin embargo, en las bases de datos generadas por centros de investigación, como la de El Colegio de la Frontera Norte, se observa que en dicho estado la violencia contra las mujeres —del tipo de desaparición forzada y feminicidio— se recrudece a partir de las dos últimas décadas del siglo pasado, contabilizándose por cientos los casos registrados, de los cuales la mayoría sigue sin esclarecerse, sin identificarse a los culpables y consecuentemente sin castigarlos (Monárrez, 2004; Rodríguez, 2005), incrementándose al grado de ser considerado un exterminio (Monárrez, 2010).

La violencia ejercida contra las mujeres constituye una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación retrógrada, al reproducir relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres (Alberdi & Matas, 2002). Los derechos comúnmente son limitados, cuestionados o negados, tanto en contextos locales como globales (Faci & Victory, 2017), por lo que se consideran una violación a los derechos humanos de estas, que se traducen total o parcialmente en su dominación, subordinación y discriminación, impidiendo su pleno desarrollo (Naciones Unidas, 1993).

Abordar los derechos humanos de las mujeres —especialmente el derecho a vivir una vida libre de violencia— exige generar estudios científicos interdisciplinarios que aporten información, con materiales de consulta, análisis puntuales válidos, que permitan comprender la realidad y contrastarla para fomentar una transición hacia la reducción o incluso erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres (Espinoza, 2019; Gallegos & Rosales, 2012; Lara, 2013), a partir del desarrollo de estrategias efectivas de prevención, tratamiento y sanción (Cepal, 2010). También hay

que profundizar en las manifestaciones de la violencia —del tipo desaparición forzada de mujeres— con los objetivos de prevenir el feminicidio (Bejarano, 2014) y generar un conjunto de representaciones que faciliten a la población identificar y reconocer incluso las formas más sutiles de violencia, para con ello inhibir la reproducción de esas conductas (Segato, 2003).

La literatura académica disponible refleja la existencia de diversos estudios realizados que abordan el fenómeno de la violencia ejercida contra las mujeres, del tipo desaparición forzada y feminicidio en el contexto del estado de Chihuahua, (Amnistía Internacional, 2003; Aragón, 2017; Dena, 2018; Lagarde, 2005; Meyen et al., 2010; Monárrez, 2009; Ravelo, 2008), pero no se identificaron trabajos previos con las características y atributos que muestra el presente documento, el cual parte de un sustento epistemológico crítico, bajo un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio, no experimental y descriptivo, aplicando una técnica analítica con base en artículos científicos, libros, revistas, normatividad, sitios web, páginas oficiales de organismos nacionales e internacionales, etcétera. Está orientado a identificar los esquemas y mecanismos oficiales existentes, desde los cuales se aborda la observancia de la violencia contra las mujeres, del tipo desaparición forzada y feminicidios en el estado de Chihuahua, abonando con ello al avance del conocimiento relativo, que coadyuve al desarrollo de estrategias efectivas de prevención, reducción, sanción y erradicación de dichas violaciones a los derechos humanos.

Abordar la violencia ejercida contra las mujeres, exige comprender previamente la dificultad existente para establecer un concepto de violencia unívoco y satisfactorio que abarque sus distintas manifestaciones, como resultado de procesos complejos (Blair, 2009), incluso se afirmó que no existe una sola teoría capaz de explicar todas las formas de violencia (Semelin, 1983); sin embargo, destacan distintas aportaciones donde cobra relevancia la definición

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte (Organización Mundial de la Salud, 2020: 1).

Todo acto de violencia se encuentra estrechamente vinculado a una serie de necesidades sociales y/o personales derivadas de limitaciones, y está asociado con un conjunto de carencias personales y sociales originadas por una estructuración deficiente en las distintas oportunidades de contexto. Incide negativamente en la adaptación de los individuos en su entorno social, por lo que resulta útil aproximarse al análisis de la violencia desde la vinculación de tres tipos puntuales de esta: directa, estructural y cultural (Espinoza, 2019), cobrando relevancia identificar cada una de ellas.

Si bien en la violencia directa se identifica con claridad tanto a la víctima como al agresor, en la violencia estructural esto difiere totalmente, ya que esta es invisible y es causada por los procesos de estructuración social, a partir de conflictos existentes entre dos o más grupos de la sociedad en torno a los esquemas de acceso, distribución o posibilidad de uso de recursos y que sistemáticamente se ha mantenido resuelto a favor de un grupo o clase específica, obteniendo mayores beneficios y afectando con ello al resto; por otra parte, la violencia cultural es representativa de la sociedad cuyos simbolismos trascienden a través del tiempo, estos se encuentran presentes en el lenguaje, el arte, la ciencia empírica, la religión, la ciencia formal, entre otros entornos, y es utilizada para legitimar o justificar la violencia, de ahí que se afirme que tanto la violencia directa como la estructural surgen de la violencia cultural, haciendo que estas se perciban como válidas, no equivocadas o cargadas de razón, incluso legitimándolas desde su interiorización y normalización (Galtung, 2016).

La estructura social conformada por individuos, familias, escuelas, sociedad, espacios laborales, leyes, religiones, etc., asigna roles, características y espacios específicos para hombres y para mujeres, estableciendo sanciones discriminatorias y violentas para quienes no las cumplen, concediendo un papel de superioridad a los hombres, eje central de la violencia ejercida contra las mujeres con la finalidad de mantenerlas en una posición de subordinación y dominación (Espinoza, 2019; Loeza, 2017), de ahí que esta violencia estructural se manifieste al amparo de la violencia cultural que comúnmente presenta la realidad con relativismo o caracteres difusos para evitar que se perciba como acto violento o que se justifiquen, legitimen y normalicen, como puede ser el asesinato por la patria, como algo correcto, en tanto que el asesinato en beneficio propio se considera incorrecto (Galtung, 2016).

A lo largo de la historia tanto a hombres como a mujeres se les ha asignado que desempeñen roles específicos que fungirán como normas de funcionamiento social y estructura de identidad para los sujetos; dichas ideas actualmente se reconocen como estereotipos, los cuales indican cómo deben comportarse las personas de acuerdo a su sexo, raza, grupo social o religión, estableciéndose diferencias socioculturales, avalando y sustentando la violencia contra las mujeres, lo cual constituye una ofensa contra la dignidad humana y una manifestación retrógrada al reproducir relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres (Alberdi & Matas, 2002).

Considerando la relevancia del tema, es necesario precisar que en la literatura académica se aprecia el uso del término violencia de género y violencia contra las mujeres y niñas de forma indistinta, sin embargo, el primero alude a la agresión que se ejerce contra una persona debido a su género dadas las expectativas de cumplimiento de los roles que le son asignados por la sociedad a partir de la cultura en la que están insertos, haciendo por tanto hincapié en la dimensión de género, que puede expresarse de diversas maneras, ámbitos y relaciones como la violencia en el hogar, la violación, el hostigamiento sexual o la muerte, que no es privativo de mujeres y niñas, ya que hombres y niños también

pueden ser víctimas de la violencia de género, especialmente de violencia sexual. En cuanto al término de violencia contra las mujeres —y niñas—, puede incluir varias manifestaciones de violencia derivadas de otras formas de discriminación distintas a la desigualdad de género, como su origen étnico (ONU Mujeres, 2020).

Si bien para algunas mujeres la violencia directa ejercida contra ellas puede ser un acontecimiento eventual, para muchas otras es una situación tan frecuente que incluso es parte de su forma de vida. Esta violencia se manifiesta de distintas formas, tales como humillaciones, desprecio, acoso, descalificación, maltrato, desaparición forzada y la muerte, por señalar algunas; sin embargo, la forma de violencia más perjudicial para las mujeres es la violencia estructural, práctica aprendida en la interacción social que se encuentra normalizada (Magallón, 2005). Como parte del proceso histórico y de una construcción social, a las mujeres se les ha asignado la función principal en la procreación, cuidado de los hijos y del hogar, relegadas al ámbito doméstico, desde la subordinación y no como creadoras. Posteriormente, con el surgimiento de las clases sociales, se les considera objetos de placer para los hombres. Estos roles prevalecen hasta la actualidad (Herrera, 2000) y constituyen violencia ejercida contra las mujeres, ya que al ser estructural, trasciende niveles socioeconómicos y educativos (Red TDT, 2017). Esta violencia es el mecanismo empleado para puntualizar que el poder es un ejercicio masculino sobre el comportamiento, la subjetividad, el cuerpo y los derechos de las mujeres (Zúñiga et al, 2012).

Los costos sociales y económicos de la violencia contra las mujeres son muy graves (Monárrez, 2000), implican un comportamiento aprendido en ámbitos de desigualdad, donde no se reconocen los derechos ni la dignidad de las mujeres y que puede manifestarse en ámbitos laborales, políticos y sociales (Red TDT, 2017); es ejercida por los hombres como mecanismo de control eficiente contra las mujeres para evitar que transgredan el orden social, manteniendo su subordinación ante el poder masculino, cuyas máximas expresiones son la desaparición forzada y el ase-

sinato de mujeres —feminicidio— (Amorós, 1989; Bejarano, 2014; Monárrez, 2000).

Perspectivas complementarias (Esteves, 2017) indican que la desaparición forzada y la masacre —de mujeres y niñas— constituyen técnicas principales del necropoder, aplicadas ante el ambiente de impunidad que impera. La primera de ellas se emplea para féminas que van de 0 a 30 años, con la finalidad de usar sus cuerpos para someterlos a esclavitud sexual principalmente; en tanto que el feminicidio se usa cuando se rebelan contra la dominación masculina y se ejerce en mujeres de más de 30 años, cuando sus cuerpos ya no tienen utilidad comercial.

Es importante señalar que de acuerdo con la Convención Internacional Para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (2006), se considera desaparición forzada:

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, 2006).

Por otra parte, una elaborada construcción teórica plantea asignar la categoría del feminicidio al asesinato misógino de mujeres perpetrado por hombres, por el hecho de ser mujeres (Radford & Rusell, 1992), incluyendo todas las formas de asesinato sexista (Rusell, 2005), lo que implica la destrucción literal de la vida de mujeres y niñas como el máximo acto de sexismo masculino a consecuencia de la posición de discriminación estructural que la sociedad patriarcal atribuye a los roles femeninos, a partir la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos de las mujeres (Lagarde, 2005). Desde una perspectiva de género se considera que toda violencia que cause la muerte de la mujer es un feminicidio (Monárrez, 2004), donde independientemente del tipo

de feminicidio (racista, en masa, íntimo, sexual, etc.), se materializa el uso de un derecho patriarcal que ha prevalecido a través del tiempo y que somete el cuerpo de las mujeres (Dworkin,1997). Por tanto, la violencia ejercida contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos (Galtung, 2016), donde la desaparición forzada y el feminicidio son considerados crímenes de lesa humanidad (Carbajal et al, 2019).

Los derechos humanos son determinantes para el desarrollo de la sociedad (Castilla, 2015), esenciales para mantener el orden y la paz mundial (Douzinas, 2006; Falk, 2002) y deben contribuir a la felicidad y bienestar de la sociedad (Calvo, 2016). Dada su relevancia es importante conocer su fundamentación teórica, donde destacan dos corrientes de pensamiento: el Iusnaturalismo y el Iuspositivismo (Carbonell, 2013); la primera afirma la existencia de un orden suprapositivo, inviolable y universal, que contiene los valores de todo ordenamiento (Aguilera, 2007). En esa misma línea surgen algunos trabajos (López, 2009; Maldonado, 2010) que refieren la existencia de diversos tipos de iusnaturalismo: ontoló-gico, radical, medieval o dogmático y afirman que los derechos humanos son otorgados por Dios a los hombres, bajo valores y principios inmutables, incuestionables, universales y eternos. Posteriormente, desde un proceso de racionalización y secularización aparecen el iusnaturalismo racionalista, moderno crítico, mecani-cista, deontológico o moderado, afirmando que los derecho humanos son inherentes al hombre por su naturaleza, por el hecho de existir y de ser personas (Amnistía Internacional, 2018).

Por su parte, el Positivismo o Iuspositivismo sostiene que los derechos —humanos— solamente existirán en la medida en que se encuentren contenidos en un ordenamiento jurídico, donde las normas vigentes constituyen la única fuente del derecho (Amnistía Internacional, 2018; Carbonell, 2013; Maldonado, 2010). Tales postulados constituyen el fundamento de ideologías como el utilitarismo y el positivismo jurídico, y aunque ambas se orientan a

procurar el mayor bien para el mayor número de personas (Álva-rez, 2015; López, 2009), este último plantea especialmente que los derechos humanos forman parte de los esquemas normativos de los Estados, por lo que se integran al ámbito internacional (Calvo, 2016; Ferrajoli, 2006; Polo, 2000), sustentándose desde ahí el presente documento.

Independientemente de las distintas perspectivas desde las cuales se han abordado los derechos humanos, estos se sustentan en los principios de igualdad y libertad de las personas y se traducen en obligaciones positivas, que consisten en realizar acciones para su desarrollo, protección y promoción, o deberes negativos, que consisten en omitir, no hacer, y/o abstenerse de tomar acciones que afecten o lesionen tales derechos (Garzón, 1986; Nelson, 1981) relativos a todos aquellos bienes que constituyen la dignidad humana, conocidos como bienes primarios (Laporta, 1987), y que bajo el marco de conceptos jurídicos se denominarán derechos subjetivos (Ferrajoli, 2006), y que constituyen el lenguaje hegemó-nico de la dignidad humana (De Sousa, 2014) y de su afirmación frente al Estado, orientado a que cada individuo tenga acceso a los recursos necesarios para la realización de sus planes de vida (Carpizo, 2011; Nikken, 1994; Williams, 2002).

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, cobra relevancia la conceptualización de los mismos, robusteciéndose en las últimas décadas. Se identifican en la literatura distintas aproximaciones donde, dada su complejidad, se configuran a partir de la corriente teórica o naturaleza a la que se circunscriba, de tal forma que si bien no existe uniformidad de criterios que permitan definir el concepto de Derechos Humanos (Polo, 2000), de las distintas aportaciones plasmadas en los apartados superiores es posible considerar que los derechos humanos constituyen aquellas condiciones inherentes al ser humano necesarias para garantizar el respeto a su dignidad, que permitan su desarrollo y trascendencia, ya sea de forma individual, social y/o colectiva, en todo tiempo, lugar y circunstancia.

Así, desde los principios de igualdad y libertad de las personas, los derechos humanos se traducen en obligaciones o deberes (Garzón, 1986; Nelson, 1981), que pueden ser positivas a partir de las cuales se exige la realización de acciones orientadas a proteger y promover dichos derechos, o bien en obligaciones negativas, consistentes en abstenerse u omitir acciones que violenten la dignidad humana (Garzón, 1986). Sin embargo, la noción de derechos humanos alude al deber internacional de respetar la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas, sin discriminación y en condiciones de igualdad universal —quienes nacen libres siendo simplemente seres humanos—, pero múltiples factores, tanto físicos como sociales generan diferencias entre ellas, de ahí que el derecho constituye la herramienta legal desde la cual se aspira a igualarlos (Pinto, 2017). El Derecho Internacional de los Derechos Humanos plantea la obligatoriedad que los Estados asumen de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, 2019).

Es importante mencionar que los propósitos de la comunidad internacional, planteados a través de la Organización de las Naciones Unidas, giran en torno a preservar la paz y la seguridad mundial, desplegando una serie de medidas colectivas orientadas a prevenir y eliminar amenazas a la paz, fomentando relaciones de respeto y de amistad entre las naciones, la solución pacífica de los conflictos sociales, económicos, culturales o humanitarios, basados en el respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, sirviendo de eje armonizador de los esfuerzos internacionales (Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, 2019).

Las Naciones Unidas afirman que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos, se traduce total o parcialmente en dominación, subordinación y discriminación respecto de los hombres, impidiendo su pleno desarrollo (Nacio-

nes Unidas, 1993). Además, los derechos humanos de las mujeres comúnmente son limitados, cuestionados y/o negados, tanto en contextos locales como globales (Faci & Victory, 2017). Se destaca que grupos como indígenas, migrantes, niñas, fetos hembras, adolescentes y ancianas, por señalar algunos, son particularmente más vulnerables a la violencia (Andrés, 2004).

En la Conferencia Internacional Sobre Desarrollo Social de la Mujer, celebrada en Copenhague en 1995, se enfatizó en la necesidad de avanzar en esquemas de igualdad y empoderamiento de las mujeres y la eliminación de todas las formas de violencia contra ellas, cuyas máximas manifestaciones son la desaparición forzada y el feminicidio. También se exhortó a los gobiernos a tomar medidas puntuales de prevención y eliminación de todas las formas de explotación, maltrato, acoso y violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, incluyendo esquemas de rehabilitación para las víctimas (Naciones Unidas, 1995).

En las últimas décadas la violencia contra las mujeres cobra especial relevancia y destaca su pertinencia en la agenda política de la comunidad internacional, generando convenciones, declaraciones y protocolos regionales de atención, que se han ido adaptando a cada contexto en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos (Segato, 2004). En 1993 la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (Naciones Unidas, 1993), en la cual se reconoce la urgente necesidad de aplicar a la mujer en condiciones de igualdad el goce y la protección de todos y cada uno de los derechos y principios contemplados en: a) la Declaración Universal de los Derechos Humanos, b) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, c) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, d) la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y e) la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, se afirma que toda violencia ejercida contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y le impone una situación de subordinación respecto del hombre, por lo que la Conferencia Mundial de

Derechos Humanos (1993) afirma que las violencias por razón de sexo son el resultado de prejuicios culturales que son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona, por lo cual deben ser eliminadas (Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado, 1993). Destaca que los artículos 1 y 2 de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, de 1993, establecen que:

...por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraría de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada... Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada y aquella perpetrada o tolerada por el estado donde esta ocurra (Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, 1993: 2).

En 1994 la comunidad internacional realizó distintos esfuerzos orientados a abonar a la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, de ahí que el Comité de Derechos Humanos instruyó a los gobiernos a abstenerse de cometer actos violentos contra las mujeres —y niñas—, además de prevenirlos, investigarlos y castigarlos. Por otra parte, en ese mismo año se celebra en El Cairo la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo, donde se reafirma la necesidad de avanzar en esquemas de igual-

dad y empoderamiento y la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer.

En América se celebra la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará” (1994), en la cual se reconoce que todas las formas de violencia, ya sean física, psicológica, sexual y económica contra las mujeres constituyen una ofensa a la dignidad humana y evidencian disimiles condiciones en las relaciones de poder entre hombres y mujeres a lo largo de la historia y que han conducido a su dominación y discriminación al forzarlas a una situación de subordinación respecto del hombre, lo que implica una violación a los derechos humanos, por lo cual se enfatiza el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación, ejerciendo libre y plenamente todos sus derechos (Organización de Estados Americanos, 1994). Un año más tarde, en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, se condenan categóricamente la violencia y la violación en el hogar contra mujeres, niños y niñas, generando un programa de acción orientado a su prevención (Naciones Unidas, 1995). Luego, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, se establece que la eliminación de la violencia contra las mujeres es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz y se exhorta a los Estados a reconocer la vulnerabilidad de las mujeres —y niñas— frente a la violencia (ONU Mujeres, 2016; Organización de Estados Americanos, 2017).

Los primeros instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los principios de igualdad y no discriminación entre los seres humanos —entre hombres y mujeres— son: a) la Carta de las Naciones Unidas firmada en 1945 y b) la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948 bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, 2019). Así, a partir de la segunda mitad del siglo XX se identifican distintos esfuerzos internacionales por generar mecanismos de observancia de los derechos humanos, destacando la creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Además, en 1967 se emite

la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (ONU Mujeres, 2019).

Entre las acciones realizadas desde la Organización de las Naciones Unidas, orientadas a erradicar la discriminación hacia las mujeres en el mundo, destacan: la designación de 1975 como el Año Internacional de la Mujer; la declaración del periodo comprendido entre 1975 y 1985 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (ONU Mujeres, 2019); la creación en 1976 de UNIFEM, Fondo de las Naciones Unidas para la mujer, orientado a proveer asistencia técnica y financiera a iniciativas que fomenten el empoderamiento y cuyos objetivos buscan erradicar la violencia y todas las formas de discriminación que padecen las mujeres en todo el planeta (ONU Mujeres, 2011). También destacan cuatro conferencias mundiales sobre los derechos de las mujeres, celebradas en México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). En la primera de ellas (1975) destaca la participación de 133 delegaciones de distintos Estados, de las cuales 113 eran representadas por mujeres, tomando así un papel protagónico en la definición de aquellas pautas de acción que debían observar los gobiernos de la comunidad internacional para garantizar a las mujeres igualdad de acceso a la educación, la alimentación, la salud, la planificación familiar, la vivienda, el trabajo y su participación política (ONU Mujeres, 2016).

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Para 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), instrumento internacional que puntualiza la discriminación contra las mujeres y plantea las directrices para su erradicación. Los 165 Estados que la han ratificado se obligan a adoptarlas, a sentar las bases legales necesarias para que exista igualdad formal entre hombres y mujeres. Llevan a cabo una serie de medidas internas para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres, orientadas a lograr la

igualdad sustantiva (igualdad de trato, oportunidades y ejercicio pleno de los derechos humanos para hombres y mujeres), además de comprometerse a presentar un informe tetra anual en el que evalúen la situación relativa (Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, 2019; ONU Mujeres México, 1979).

La segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Copenhague (1980), giró en torno a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y se reflexionó sobre los resultados de la primera Conferencia Mundial. Se planteó pasar del simple reconocimiento jurídico a la consecución efectiva del derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Se determinó buscar las causas de la falta de observancia, refiriéndose a la poca participación de los hombres, insuficiente voluntad política de los gobiernos, limitada participación de mujeres en puestos de toma de decisiones, reducidos servicios sociales de apoyo a las mujeres, poco reconocimiento de las mujeres en la sociedad, escaso acceso a servicios de financiamiento y poca sensibilización entre las propias mujeres. Se propuso abordar tal problemática a partir de tres temas fundamentales: a) la igualdad en el acceso a la educación, b) la igualdad de oportunidades en el empleo, y c) la atención a la salud de las mujeres (Coordinadora de la Mujer, 1980).

La tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Nairobi (1985), contó con la participación de 157 Estados y se abordó la temática desde una nueva perspectiva al reconocer la necesidad de la sociedad de contar con la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y no solo como receptoras de derechos, por lo que se llama a los gobiernos a implementar medidas de carácter jurídico que permitan alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y en la participación social y política, incluyendo en espacios de toma de decisiones (United Nations Women, 2019).

Desde los esfuerzos internacionales previamente referidos es posible abordar el presente tema, considerando que la igualdad jurídica es tan solo una parte de la igualdad real o de facto, a la que las Naciones Unidas llaman igualdad sustantiva, y que fomenta una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la

sociedad. Pero será hasta la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, 1995, cuando se integra el concepto de género y su transversalidad, mismo que desde una perspectiva social, cultural e histórica, contempla las relaciones entre hombres y mujeres, tomando en cuenta los roles atribuidos socialmente a cada uno de ellos. En la Declaración aprobada por unanimidad por los 189 Estados participantes destacan, entre otros temas, el reconocimiento de la propia diversidad existente entre las mujeres, a partir de las diferentes circunstancias que experimentan y en las que se desarrollan; la ardua labor de aquellas mujeres que trabajaron por visibilizar la importancia y problemática propia, afirmando que los derechos de las mujeres —y de las niñas— son derechos humanos; la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad como una condición fundamental para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz y la construcción de un mundo mejor; el énfasis en la importancia de prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (ONU Mujeres, 2016).

Buscando lograr la igualdad —sustantiva— y la eliminación de la discriminación por motivos de género, fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo, y lograr una mayor contribución de las mujeres a la paz mundial, se establecieron doce áreas críticas a resolver: la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer, la salud de la mujer, la violencia ejercida contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder, la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de comunicación y difusión, la mujer y el medio ambiente (United Nations Women, 2019).

Cabe mencionar que la Asamblea General decidió efectuar evaluaciones sobre la observancia de los acuerdos de Beijing cada cinco años. El evento de evaluación denominado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI” se llevó a cabo en Nueva York, y se emitieron una declaración política y nuevas medidas e iniciativas para la aplicación del Plan de Acción de Beijing (Naciones Unidas, 2000). La evaluación

correspondiente al año 2005 se realizó en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la relativa al año 2010 y la evaluación de 2015 fue denominada Beijing +20 (Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado, 2019).

En respuesta a los tratados internacionales ratificados de los cuales México forma parte, se generaron esquemas de protección en materia de derechos humanos, sin embargo, es hasta 2011 cuando el gobierno mexicano los eleva a nivel constitucional y establece la obligatoriedad de reconocer, respetar, promover y generar mecanismos tanto de protección como de defensa de tales derechos (Cámara de Diputados, 2019). Se incluye a los contenidos en convenios y tratados internacionales de los cuales México forma parte, con excepción de aquellos para los cuales se haya emitido reserva (Carbonell, 2012; CNDH, 2018; Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Konrad Adenauer, 2013). También se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución oficial encargada de estudiar, promover, divulgar y defender la observancia de tales derechos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018) y se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, orientada a establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres (Cámara de Diputados, 2019).

Así, ante la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos humanos, y para cumplir con los requerimientos planteados desde el ámbito federal, se ha estructurado un marco normativo orientado a enfrentar dichas condiciones y que, de acuerdo con la Cámara de Diputados (2011) y al Instituto Nacional de las Mujeres (2007; 2019), destacan:

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2008).

En 2012 se emite el decreto a través del cual se reforman y adicionan las disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018).

Es importante destacar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019) además de presentar las cifras de incidencia delictiva, tanto del fuero común como del federal, ha desarrollado un reporte estadístico de información sobre violencia contra las mujeres, que se complementa con información sobre las llamadas de emergencia realizadas al número único 911; además se instruye a las legislaturas estatales para que desde su competencia realicen las reformas necesarias (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2019; Instituto Nacional de las Mujeres, 2019), por lo cual todas las entidades federativas cuentan con sus propias normas y en algunos casos con comisiones legislativas locales orientadas a la atención de la violencia contra la mujer.

MECANISMOS DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dada la obligación constitucional y convencional del gobierno mexicano de garantizar a las mujeres la igualdad sustantiva y el pleno goce de todos sus derechos en todo el territorio nacional, se apoya para ello en las entidades federativas y se generan distintos mecanismos para su observancia (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018; Comisión Nacional de los Derechos

Humanos México, 2018). Así, en el estado de Chihuahua se reconocen tales compromisos y se adoptan de manera conjunta, ya que debido a los antecedentes existentes respecto a la violencia ejercida contra las mujeres, se considera un tema prioritario. Se reconoce que las mujeres siguen siendo objeto de actos de violencia y discriminación, sujetas a distintas violaciones a sus derechos humanos y dignidad, lo que se traduce en obstáculos para que alcancen un nivel de bienestar, pleno desarrollo y autonomía (Consejería y Consultoría Psicojurídica, S. C., 2010).

Desde esa realidad se generan distintos mecanismos y políticas públicas bajo los principio de igualdad y no discriminación, orientados a garantizar el goce de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las mujeres. Se operaciona-lizan como reformas legales en la entidad, tales como: la Reforma al Código Civil para el Estado de Chihuahua, al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, la migración hacia un Sistema de Justicia Penal Acusatorio bajo un esquema de Juicios Orales y la Reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, que establece penas más severas para los delitos relativos a la violencia contra las mujeres, principalmente los feminicidios.

Además, de acuerdo con el Congreso del Estado de Chihuahua (2018), en la entidad se promulgaron distintos instrumentos normativos, tales como:

También se instauran el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Unidad de Igualdad de Género

en el Congreso del Estado (Congreso del Estado de Chihuahua, 2019). Destacan la creación del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, organismo enfocado en generar esquemas de prevención de la violencia contra las mujeres, sensibilización, capacitación, etcétera; y principalmente la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, orientada a investigar de manera especializada los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.

Sin embargo, las cifras logran evidenciar que no obstante los distintos esfuerzos realizados, las niñas y mujeres siguen siendo objeto de actos de violencia y discriminación, lo que viola los principios de igualdad sustantiva y del respeto de su dignidad humana. Constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad, condición que facilita que el fenómeno de la violencia se presente con mayor magnitud. Esto lleva a las mujeres a experimentar desigualdad, discriminación e intolerancia, dificultando su participación en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, cultural y económica, y entorpece con ello su desarrollo para que alcancen su plena autonomía al comprometer el ejercicio y goce de sus derechos y el acceso a los sistemas de justicia (Lara, 2013; Martínez & Elizondo, 2018).

Desde las aportaciones de Galtung (2016) es posible concluir que la violencia ejercida contra las mujeres —en el Estado de Chihuahua— obedece a la combinación de tres tipos específicos: la violencia directa y la estructural, al amparo de la violencia cultural que la ha justificado, legitimado y normalizado. No obstante, la mayoría de los esfuerzos oficiales identificados giran en torno a esquemas normativos, al considerar que la violencia contra las mujeres puede solucionarse incrementando las penas o tipificando nuevos delitos y asignando la correspondiente sanción, buscando que los individuos sean intimidados por agravar las penas y dejen de cometer delitos.

Es importante señalar que lo anterior constituye una problemática multifactorial que no puede solucionarse únicamente a través del sistema penal, sino que requiere transitar de políticas crimina-lizadoras a políticas criminológicas (Espinoza, 2019), que deriven en modificaciones profundas en el aspecto cultural y trasciendan a la estructura social, consideradas origen de la violencia contra las mujeres, por lo que es fundamental enfatizar en el fortalecimiento y desarrollo de nuevas estrategias efectivas y eficientes de prevención.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos, es un atentando contra la dignidad de las personas, reproduce los esquemas de relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres, lo que retrasa el desarrollo de estas últimas. La violencia se considera como uno de los principales problemas sociales a nivel mundial y es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional, misma que ha desplegado una serie de instrumentos de protección hacia las mujeres, orientados a erradicarla, destacando las distintas convenciones y tratados internacionales que inciden directamente en la normatividad de aquellos Estados que los ratifican.

Partiendo del compromiso legítimo del gobierno mexicano con la sociedad y de los compromisos internacionales adquiridos, el marco jurídico en México presenta avances muy importantes en materia de derechos humanos, cuyos cambios se basan en los principios de igualdad, libertad y no discriminación, considerando que los seres humanos nacen libres e iguales en valor y dignidad. Así, en dicho país todas las personas pueden invocar todos los derechos y libertades plasmados en el marco jurídico mexicano, especialmente la igualdad real entre hombres y mujeres, referida como igualdad sustantiva.

Consecuentemente, dichos avances cobran un lugar preponderante en la propia normatividad del estado de Chihuahua y los esquemas de impartición de justicia, al ser la primera entidad federativa a nivel nacional en transitar de un sistema de justicia penal tradicional a uno acusatorio, bajo una reforma penal que in-

tegra una mayor protección para las mujeres chihuahuenses, estableciendo penas más severas especialmente para los feminicidas.

El presente trabajo identifica los distintos instrumentos internacionales, federales y estatales relativos a la observancia de los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a vivir una vida libre de violencia. Aunque es posible observar la existencia de avances significativos en materia de derechos humanos, es necesario señalar que también hay asignaturas pendientes que exigen una reflexión permanente, reconociendo que la violencia contra las mujeres es una realidad en el estado de Chihuahua, ya que las cifras relativas reflejan que las manifestaciones de este tipo de violencia se han incrementado considerablemente en dicha entidad federativa.

Ciertamente, la materialización de los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a vivir una vida libre de violencia, en el mundo y en el estado de Chihuahua, exige un compromiso de trabajo integral, sustentado en un marco normativo adecuado. Hay que considerar que la violencia se recrudece cuando las mujeres viven en situación de pobreza, ya que tienen un limitado acceso a la alimentación, salud, educación y oportunidades laborales y de participación social en condiciones de igualdad con los hombres. Esto las posiciona como grupo en situación de vulnerabilidad que históricamente se ha normalizado, dificultando su reconocimiento, denuncia y atención.

El presente trabajo aborda la problemática relativa a la violencia ejercida contra las mujeres del tipo desaparición forzada y feminicidio desde la fundamentación y función de los derechos humanos, por lo que se recomienda para futuras investigaciones profundizar desde una perspectiva de género, ya que las condiciones que favorecen la violencia contra cualquier grupo —incluyendo la ejercida contra las mujeres—, son causadas por ideas y prejuicios sociales, cobrando relevancia la corresponsabilidad social (Lamas, 1996; Pizarra, 2017).

Además es determinante ir a la raíz del fenómeno e identificar aquellas condiciones que hacen a las mujeres proclives de experimentar un estado de vulnerabilidad frente a la violencia

contra ellas, del tipo desaparición forzada y feminicidio, abonando al conocimiento relativo a las causas, orientado a la erradicación del “exterminio de mujeres” (Monárrez, 2004). Se requiere exigir justicia para quienes han sido asesinadas y quienes permanecen desaparecidas, en la conciencia de que dicha violencia parte de anclajes sociales, estructurales y culturales que deben trastocarse. Su erradicación requiere no solo acciones correctivas, sino preventivas eficaces, atención pertinente y de calidad y sanciones expeditas. La prevención nunca será eficaz si no se sustenta en los principios de la educación que busquen acompañar y ayudar a la mujer a desarrollar aquellos aspectos que la hacen que se “empodere”, tenga conocimiento sobre sí misma, autoestima y autonomía suficiente para tomar las riendas de su vida y cambiar la sumisión, la tutela, la obediencia, el silencio, el sufrimiento, el dolor, el desprecio y la violencia, por la independencia, la toma de decisiones, la negociación, el respeto, la alegría, el placer, la solidaridad y las relaciones de paz.

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adjudicación directa, no se acreditan los principios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad, considerando este último procedimiento como no reglado, lo anterior, bajo un análisis teórico derivado de Robert Alexy, al definir los principios como mandatos de optimización. Dicha problemática ocasiona compras faltas de calidad, probidad, subjetividad de precios, discrecionalidad, no administración de riesgos y posible corrupción en el sistema de contratación gubernamental. Ante tal situación, se emite una serie de recomendaciones tomando como base los comentarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mismos que contribuyen a nuestra normatividad estatal, para dar cabal cumplimiento a la obligación constitucional antes referida.

Palabras clave: Derecho constitucional, Contratación pública, Mandatos de optimización, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Derived from the evaluation of the principles of article 134 of the Constitution of the United Mexican States governing public procurement in the areas of acquisition of goods, leases and contracting of services, through the procedures of direct award and invitation to at least three suppliers provided for in the Law on Acquisitions, Leases and Procurement of Services of the State of Chihuahua and its Regulations 2019, it is obtained that the state legislation referred to above, it does not comply with the principles of impartiality, efficiency and effectiveness as regards the invitation procedure to at least three suppliers, and as regards direct award, the principles of economy, efficiency, effectiveness and impartiality are not demonstrated, considering the latter procedure, as not regulated, the above, under a theoretical analysis derived from Robert Alexy, when defining the principles as optimization mandates. This problem leads to purchases lacking quality, probity, price subjectivity, discretion, not risk management, and possible corruption in the government procurement system, a series of re-

commendations are issued, on the basis of the comments issued by the Organization for Economic Cooperation and Development, which serve as a contribution to our State regulations, in order to comply fully with the above-mentioned constitutional obligation.

Keywords: Constitutional law, Public procurement, Optimization mandates, Chihuahua State Procurement, Leasing and Contracting Act.

El artículo 134 de la constitución federal otorga al estado de Chihuahua —legislador secundario— facultad para emitir sus propios procedimientos excepcionales a la licitación pública, estos son, la adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores, esto siempre que la normatividad en la materia acredite los principios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez.

Por ello, aun y cuando se llevó a cabo la emisión del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua¹⁰⁷ en el año 2019, así como las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua,¹⁰⁸ para tratar de cumplir con dicho mandato, se siguen presentando inconsistencias y ambigüedades en dicha normatividad. Estas han ocasionado un alto porcentaje de observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, en los procedimientos excepcionales, produciendo una problemática en este sentido, la cual consiste en el no cumplimiento por parte de la ley hacia los principios de contratación pública que expresa el mandato constitucional, cuando de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores se refiere, pues dicha falta ocasiona, a su vez, compras faltas de calidad, probidad, subjetividad de precios, discrecionalidad, no administración de riesgos y posible corrupción en el sistema de

contratación gubernamental, pues es de saber, que no es representativo del actuar del servidor público, sino de la normatividad que regula la acción.

Ante esta problemática, se ha decidido llevar a cabo una evaluación de los principios constitucionales en dichos procedimientos alternos, esto con la finalidad de evidenciar cuáles de los principios a que refiere el mandato constitucional no se están acatando por parte de la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios en el estado de Chihuahua; para tal efecto, parte fundamental de la metodología empleada recae en la teoría de Robert Alexy (1994), al observar las líneas que configuran a la “eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez” en un sentido amplio, es decir, estudiar tales principios como mandatos de optimización que permitan visualizarlos en su mayor exponente.

Asimismo, una vez llevado a cabo dicho análisis, se mostrarán las excepciones a la licitación pública, explicando los supuestos en los cuales es permisible acudir a ellas, toda vez que no son la regla principal para adquirir bienes, arrendar o contratar servicios. Además de evidenciar la importancia de fundamentar y motivar el uso de las excepciones con base en principios y no criterios, indicando la relevancia que los primeros merecen.

En seguimiento a la metodología planteada, una vez obtenidos dichos aspectos, se procederá a efectuar una evaluación cualitativa de los principios constitucionales —ya estudiados como mandatos de optimización— con los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores contenidos en la ley antes mencionada. Para lograr ese objetivo, a través de la evaluación se sistematizará la información analizada mediante el uso de tablas que ilustren la relación de los principios constitucionales en los procedimientos de vía excepcional, mostrando los resultados objeto del presente estudio mediante el uso de la regla denominada “cumple o no cumple”, en el sentido de que no existen cumplimientos parciales. Tomando como referencia en todo momento el apoyo de órganos técnicos, fuentes científicas y teóricos en la materia.

En este orden, y evidenciando como resultado de dicha evaluación que la LAACSCH y su respectivo reglamento no cumplen con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia e imparcialidad, tratándose de invitación a cuando menos tres proveedores, así como no se acreditan los principios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad, en cuanto a la adjudicación directa se refiere, se mostrarán las implicaciones a las cuales se expone el Estado al no cumplir con dichos principios contenidos en el mandato constitucional.

Finalmente, en las conclusiones se dedica un apartado para la emisión de recomendaciones ante la falta de dichos principios contractuales por parte de la normatividad ya citada, mismas que se basan en los comentarios que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —instancia de la cual México forma parte y que dentro de sus funciones tiene a bien emitir recomendaciones en materia de contratación pública— ha expuesto a otras legislaciones estatales en el país, esto con el ánimo de advertir una contribución importante a la LAACSCH y su respectivo Reglamento, otorgando una posible solución al problema de investigación expuesto, pues el análisis del no acre-ditamiento de dichos principios no descansa en una percepción individualista, sino en el apoyo de fuentes técnicas y científicas, así como en el contenido que actualmente la norma expresa y que en la practicidad ha sido confirmado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹⁰⁹ otorga al estado de Chihuahua la facultad para establecer procedimientos de contratación alternos a la licitación pública,¹¹⁰ esto es, adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores, esta atribución se encuentra en el artículo 134 (2019) y menciona:

[...] las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, finan-ciamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado (p. 144).

El precepto legal es trascendente, ya que cuando no se lleve a cabo la regla general de licitación pública para contratar, es permisible la emisión de requisitos para regular la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios mediante la vía excepcional o alterna, siempre que la legislación estatal observe y acredite los principios constitucionales relativos a la economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁸ confirma la facultad contemplada en el artículo 134 constitucional, haciendo énfasis en la obtención del cumplimiento de los principios que integran la contratación pública, por parte del legislador secundario, es decir, por la LAACSCH y su respectivo reglamento, que manifiesta:

[...] el legislador secundario deberá regular procedimientos, bases, reglas, requisitos y demás elementos para lograr la realización de los principios que informan el régimen contractual del Estado [...] pues si bien solo se dispone que lo podrá hacer explícitamente cuando regule procedimientos alternativos a las licitaciones debe entenderse

que esta facultad reglamentaría abarca todo el referido ámbito material. (SCJN, Primera Sala, 2015). (Énfasis añadido).

Por lo expuesto, es preciso referir que al legislar en el estado de Chihuahua en materia de adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de servicios, mediante excepciones a la licitación pública, deben acreditarse totalmente, es decir, sin cumplimientos parciales, los principios constitucionales de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, mismos que se analizarán en el siguiente subtema, pues de la facultad —ya mencionada— surge la necesidad de evaluar dichos principios en su sentido más amplio, en los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores, para que efectivamente aseguren las mejores condiciones para el Estado.

2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO MANDATOS DE OPTIMIZACIÓN

Los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez consagrados en el artículo 134, tienen que acreditarse como mandatos de optimización en los procedimientos excepcionales de contratación pública que regula la LAACSCH y su reglamento, ya que hacer uso de la vía excepcional, no es la regla principal para adquirir bienes, arrendar o contratar servicios. Al respecto, Alexy establece en cuanto a su teoría de principios que,

Esta consiste en que los principios son mandatos de optimización. Esto significa que son normas que ordenan que algo sea realizado en una medida lo mayor posible dentro del marco de las posibilidades fácticas o jurídicas. [...] será utilizada en un sentido amplio (Alexy, 1994: 185).

Es así que el eje rector para el cumplimiento de los principios constitucionales en los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores, consiste en que es-

tos demuestren en la mayor medida posible la economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, pues de ello se desprende la necesidad de evitar cumplimientos parciales.

La ejecución de esta teoría debe manifestar un aseguramiento mediante un candado que no pueda vulnerarse por parte de los procedimientos excepcionales contenidos en la LAACSCH y su reglamento, en el sentido de que se apliquen los principios constitucionales de la forma más amplia.

Por ello, surge la necesidad de analizar los conceptos de cada uno de los principios constitucionales y posteriormente emplear un examen con los procedimientos excepcionales (tema que se dará a conocer más adelante), para determinar “[...] si la actuación del legislador es acorde con dichos principios [...]” (SCJN, Primera Sala, 2012).

Respecto a una posible definición, la SCJN construye el término como aquel “que consiste en alcanzar los fines propuestos con el uso más racional de los medios existentes, esto es, que exista una relación medio-fin al menor costo posible” (SCJN, Primera Sala, 2012).

Cabe puntualizar que el menor uso de recursos al que hace referencia la SCJN, indica obtener un fin planteado ejerciendo adecuadamente el presupuesto designado para cada entidad, cumpliendo, sin lugar a duda, con estándares o lineamientos de calidad.

En este sentido, la eficiencia también debe permitir lograr de manera satisfactoria procedimientos administrativos, estos con el menor costo financiero y el menor tiempo invertido del recurso humano. Al respecto, la Directora de Procesos y Enlaces de la Unidad Política de Contrataciones Públicas, la C. Ana Hernández, menciona que la eficiencia consiste en “procesos claros y expeditos, con responsables plenamente identificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio-calidad” (Secretaría de la Función Pública, 2015: 5).

Las características anteriores, que componen el principio de eficiencia, no pueden ejercerse sin la necesidad de una adecuada

planeación, pues una correcta organización permite llegar a la meta que fue establecida en el inicio y que, tanto en este como en el desarrollo y obtención del fin, se refleje el menor uso de recursos.¹¹¹

Es así que, en materia de adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios, las piezas de la eficiencia radican en una planeación de procedimientos administrativos, claridad en las normas que los regulan y permitir en todo tiempo la realización del fin sin demoras.

La eficacia en los actos administrativos se hace visible en el cumplimiento del fin propuesto, sin la necesidad de la variante del menor uso de recursos, sin embargo, dicha característica no deja de constituir un adecuado cumplimiento de un determinado objetivo. En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas (UNODC, 2013) define a este principio “como la capacidad de lograr determinados efectos [...]” (p. 52).

Este principio debe evidenciarse en la capacidad de las normas jurídicas que regulan los procedimientos administrativos, para que estos cumplan de forma satisfactoria sus objetivos.

Se menciona que “la eficacia no es más que una consecuencia del acto administrativo válido que lo hace apto y capaz de producir los efectos para los cuales se les dio vía jurídica” (Santofimio, 1994: 235).

Es decir, los procedimientos administrativos deben tener por sí mismos la capacidad y disposición necesaria para asegurar la calidad y el adecuado cumplimiento del fin, pues la normatividad que los regula debe ser el motor que los conduzca a la ejecución válida de sus efectos.

Por ello, las líneas que integran este principio se refieren a la aptitud y capacidad de la legislación estatal en materia de adqui-

siciones, que regula los procedimientos excepcionales, para cumplir efectivamente el propósito de adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios para los cuales fueron creados.

El principio de economía en la contratación pública se debe observar en dos aspectos. El primero radica en lo que establece la SCJN, al referir que dicho principio “se relaciona con la administración recta y prudente de los bienes, a efecto de lograr las mejores condiciones de contratación para el Estado” (SCJN, Primera Sala, 2012).

En este sentido, la LAACSCH y su reglamento deben prever en los procedimientos excepcionales, el uso adecuado y racional de los recursos, enunciando la administración prudente y recta en el ejercicio del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios del ente público. Este principio va de la mano con la planeación, al permitir calendarizar y organizar la disposición de recursos con base en las necesidades de las áreas requirentes. En segundo aspecto radica en “buscar el mejor uso de los recursos públicos, considerando las condiciones del mercado” (Secretaría de la Función Pública en el Estado de Chihuahua, 2019), por ello la legislación estatal referida debe permitir una valoración de mercado por parte del ente público, esto con la finalidad de analizar el precio que resulte conveniente para el gasto de recursos financieros.

Por tal motivo, la economía como principio debe aportar una referencia en materia de adquisiciones, para llevar una adecuada y prudente administración de cada uno de los presupuestos, buscando en el mercado el proveedor que ofrezca el precio más conveniente para el mejor empleo del gasto público.

El principio de imparcialidad debe evitar actos privilegiados en los procedimientos administrativos por parte de las normas que los regulan. Este principio “en la contratación pública, va de la mano con el de igualdad [...] al establecer un umbral homogéneo en la

formulación de condiciones de participación” (UNODC, 2013: 57). Esto indica que en los procedimientos excepcionales se deben plantear las mismas condiciones de participación.

Los supuestos que integran este principio consisten en la no permisión de cuestiones ventajosas por parte de los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores hacia todo lo que encierre el favoritismo, así como evitar la discrecionalidad. Además, que la LAACSCH y su reglamento otorguen a los futuros proveedores o licitantes igualdad de condiciones, es decir, no limitando su participación.

La SCJN señala, que la “honradez implica la rectitud de ánimo, integridad en el obrar; es la forma de comportarse de quien cumple con escrúpulo sus deberes profesionales” (SCJN, Primera Sala, 2012).

Por ello, la honradez es la manera adecuada para la conducción pública de cualquier sujeto al ejercer sus deberes y obligaciones; sin embargo, va más allá de que una persona camine por el mundo evitando realizar actos deshonestos, pues este principio debe extenderse al ámbito normativo, esto es, que en toda clase de procedimientos que consagran los ordenamientos existan normas íntegras, que conduzcan, en su mayor sentido, al ejercicio de la probidad.

Aunado a lo anterior, el principio de la honradez deberá fungir como el vehículo que lleve a la transparencia, ya que la SFP indica que la honradez consiste en la “comprobación contable de los gastos efectuados” (Secretaría de la Función Pública en el Estado de Chihuahua, 2019). Por lo cual, no pueden comprobarse las erogaciones que resulten del uso de procedimientos excepcionales sin la herramienta de la transparencia, que informe al público el gasto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contrataciones de servicios, dado que la rectitud y la integridad se reflejan con el acto público de la información que soporta la acción.

En este orden de ideas, la LAACSCH y su reglamento deben facilitar a través de las normas que regulan los procedimientos

excepcionales, los instrumentos y mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento adecuado de la información pública, ya que de conformidad con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), indica que, “[...] todo ciudadano y no solo los participantes en las licitaciones, tienen el derecho de conocer de principio a fin cómo se realiza cualquier procedimiento de contratación” (2017). Aunado a esto, debe descubrirse el uso que motiva el manejo de la adjudicación directa o invitación a cuando menos tres proveedores.

Por lo anterior, la línea que conforma la honradez consiste en la permisión por parte de las leyes anteriormente mencionadas para utilizar herramientas que demuestren el ejercicio de la transparencia en la comprobación y demostración del uso de los procedimientos excepcionales, así como del gasto que se genere en cada uno de ellos.

Como se ha expresado, la normatividad que contiene la excepcio-nalidad a la licitación pública en el estado de Chihuahua, previa facultad concedida por la CPEUM, es la LAACSCH y su respectivo reglamento.

Por tal motivo, el artículo 40 de la LAACSCH (2019) establece que “los entes públicos, solo en casos excepcionales y bajo las condiciones establecidas por esta ley, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante los siguientes procedimientos: I. licitación en su modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores. II. adjudicación directa” (p. 16).

A continuación se procede a describir las formas excepcionales, así como los supuestos en los cuales resultan aplicables. Esto con la finalidad de expresar elementos que servirán de base para el análisis de los principios constitucionales en la invitación a cuando menos tres proveedores y la adjudicación directa.

La invitación a cuando menos tres proveedores es una forma de adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios, en la cual cada ente público invita a por lo menos tres agentes, mismos que presentan sus proposiciones técnicas y económicas, evaluando y seleccionando, por parte del ente, aquella propuesta que resulte solvente.

Al igual que la forma anterior, la adjudicación directa se utiliza como un medio de adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios, sin embargo, en esta no existe la concurrencia de participantes, ya que el ente público elige de manera directa al agente, para satisfacer la necesidad del área requirente.

El empleo de cualquier modalidad, antes expuesta, debe realizarse previa fundamentación de alguna causal o monto establecido en ley, razón por la cual se enuncian los siguientes supuestos de aplicación.

Para poder adquirir a través de algún medio excepcional es indispensable observar los montos que enuncia la LAACSCH (2019); en virtud de ello, el artículo 74 expone:

[...] I. En adjudicaciones directas, el monto no podrá exceder la cantidad de treinta y seis veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por cuenta sin incluir el Im

puesto al Valor Agregado. II. En invitaciones a cuando menos tres proveedores, el monto no podrá exceder la cantidad de cincuenta y cuatro veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente por cuenta presupuestal sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (p. 30).

La regla cuantitativa que se señala constituye una restricción al uso de las herramientas excepcionales, al establecer cantidades que deben ser respetadas para poder ejecutar dichos procedimientos.

A pesar de que en las posibles adquisiciones los montos no se encuentren dentro de los márgenes cuantitativos ya mencionados, la ley consagra una serie de casos que el ente público podrá hacer uso para adquirir vía excepcional, esto lo afirma el artículo 73 de la LAACSCH (2019):

Los entes públicos podrán contratar a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado exista una sola persona oferente. H. Peligre o se altere la vida de las personas, el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o que por estas mismas causas no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. [...] IV. Su contratación mediante el procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. [...] XIII. Los servicios contratados directamente con la persona que posee la titularidad o el licénciamiento exclusivo de patentes vigentes, derechos de autoría, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte (pp. 29-30).

La cita anterior resulta importante, ya que se quebrantará la regla general cuando existan circunstancias especiales y extraordinarias que imposibiliten llevar a cabo una licitación pública. Por ello el uso de la vía alterna deberá fundamentarse en alguna de las causales para que sea permisible.

Por lo anterior, se prevé la regla del monto o supuesto, pues basta con que se configure alguna causal del artículo 73 o el valor del bien y/o servicio se sitúe dentro del rango monetario descrito en el artículo 74 para que pueda fundamentarse el uso de la adjudicación directa o invitación a por lo menos tres proveedores.

Como ya se ha mencionado, para llevar a cabo algún procedimiento excepcional debe existir una necesidad de adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios, la cual encuadre en la regla del monto o supuesto,¹⁰ debiendo fundamentar y motivar la selección de la vía con base en los principios constitucionales que rigen la contratación pública. Esto con la finalidad de asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado. Al respecto, la UNODC (2013) menciona:

Para que estos casos se den, tiene que cumplirse con las condiciones que marquen las leyes respectivas. No puede dejarse al arbitrio de la autoridad decidir cuándo procederá o no la licitación. Estas excepciones deben salvaguardar en todo momento, los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones de compra para el Estado, (p. 61). (Énfasis añadido)

La cita anterior tiene relevancia en el tema que se ocupa, ya que las leyes deben proveer que el uso de la vía excepcional se justifique estrictamente en principios constitucionales,¹¹ toda vez que estos elementos son esenciales para la unificación de procedimientos de contratación pública, evitando de esta manera la gran variedad de interpretaciones que surgen a lo largo de las necesidades imperativas de adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios o arrendamientos.

Por la importancia que los principios constitucionales tienen en el derecho administrativo, es importante tomar en cuenta que la LAACSCH (2019) no utiliza la definición adecuada para referirse a la eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, pues

la justificación se señala con base en criterios. Esto de conformidad con el artículo 72, el cual expresa:

[...] la selección del procedimiento de excepción que realicen los entes públicos deberá fundamentarse motivarse. Según las circunstancias que concurran en cada caso, los entes públicos deberán justificar las excepciones en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, [...] honradez [...] que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios en los que se funda, así como la justiñcación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la excepción, deberán constar por escrito y ser firmados por la persona titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios. [...] (p. 28) (Énfasis añadido).

El citado artículo indica que las excepciones deben fundamentarse y motivarse en “criterios”, no mencionando la palabra “principios”. Esta particularidad resulta interesante toda vez que el presente estudio refiere a la evaluación de los principios constitucionales como mandatos de optimización en los procedimientos excepcionales, por lo cual es preciso referir que no solo la SCJN alude al llamamiento de “principios”, sino también algunos teóricos lo manifiestan, pues estos muestran la trascendencia que merecen en la contratación pública, tal como lo señala el autor Moreno Molina:

En la aplicación e interpretación del Derecho de los contratos públicos, tanto a nivel nacional como internacional, los principios [...] desarrollan en la actualidad un papel muy relevante. Estos principios, basados en reglas de naturaleza constitucional [...] son en nuestros días el fundamento de toda la normativa pública sobre contratación y se caracterizan por su transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales, preparatorias y ejecutorias. (Molina, 2015: 56) (Énfasis añadido).

Por lo antes expuesto, no es concebible que la LAACSCH haga uso del concepto de criterio, puesto que en la hermenéutica jurídica el empleo del vocablo criterio “designa expresamente la metodología para juzgar o discernir lo verdadero de lo falso” (Dueñas, 2009: 57); esta definición expresa un juicio de valor, que extendido al ámbito contractual público, implica “simples consideraciones” al tratar de justificar el uso de la vía excepcional, basándose en la opinión de lo que se infiere correcto o no en cuanto a la eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, ocasionando de esta forma el uso discrecional.

Finalmente, se busca que los principios tomen el lugar que merecen en dicha normatividad, no siendo sustituidos por apreciaciones ocasionales, sino que, encontrándose en distintos supuestos los contenidos que definen dichos principios, se lleven siempre al máximo exponencial, o a su mayor ampliación, en el momento de fundamentar y motivar la aplicación de los procedimientos contractuales excepcionales, buscando la seguridad en las mejores condiciones para el Estado, evitando de esta forma prácticas abusivas en los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores.

Este epígrafe tiene como finalidad mostrar si los procedimientos excepcionales para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios que regula la LAACSCH y su reglamento, acreditan o no, en la mayor medida posible, los principios constitucionales.

En este supuesto sobresale el análisis de dos situaciones: en primer término, las disposiciones comunes que se establecen por la LAACSCH y su Reglamento, antes del empleo de los procedimientos excepcionales, esto con el fin de estructura y organización de ideas en el presente estudio. En segundo término, se mostrarán cada uno de los procedimientos excepcionales con un

análisis evaluativo de los principios constitucionales, empleando una tabla evaluativa que indique los resultados.

5.1. Disposiciones previas al procedimiento excepcional Previo a la ejecución de procedimientos excepcionales, la LA-ACSCH (2019) prevé una planeación de adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios. El artículo 22 de este ordenamiento expresa:

Los entes públicos formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, así como sus respectivos presupuestos, considerando: I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones. II. Las políticas, prioridades y recursos de la planeación del desarrollo estatal o municipal. III. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. IV. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios. U (p. 8).

El ejercicio de la planeación mencionado enmarca el origen de emplear los procedimientos excepcionales, ya que no solamente se planifican las acciones, sino los aspectos financieros; al respecto, en cuanto a finanzas en la ejecución de excepciones, el artículo 75 refiere que “la suma de las operaciones por cuenta presupuestal [...] no podrán exceder del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios [...]” (p. 31).

Antes de iniciar con la ejecución de los procedimientos de adjudicación directa e invitación a por lo menos tres proveedores, se tiene que realizar un estudio de mercado. El artículo 42 de la LAACSCH (2019) dispone que “previo a la adjudicación en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, los entes públicos deberán realizar al menos una investigación de mercado [...]” (p. 16). También, el artículo 31 del RLAACSCH (2019) indica que la investigación se acreditará con al menos tres cotizaciones. Asimismo, el artículo 32 de dicho ordenamiento establece lo siguiente:

La investigación de mercado tendrá como propósito que los entes públicos: I. Determinen la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por las mismas. II. Verifiquen la existencia o inexistencia de proveedores con posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación. III. Conozcan el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación (p. 19).

La normatividad contempla que los entes públicos tienen la obligación de llevar a cabo la observación de existencia de bienes, servicios, proveedores y la obtención de precios, estos últimos con la finalidad de determinar la disposición de recursos financieros por parte del ente público.

En este sentido, el artículo 14 de la LAACSCH (2019) consagra que “los entes públicos se abstendrán de formalizar o modificar pedidos y contratos en las materias que regula esta ley, si no hubiera partida expresa y suficiencia presupuestal [...]” (p. 7).

Por lo anterior, obtenida la investigación de mercado, asegurada la suficiencia presupuestal, el ente público, a través de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, normado en los artículos 26 al 29 de la LAACSCH, podrá evaluar la procedencia de la invitación a cuando menos tres proveedores o adjudicación directa, previo escrito que elabore el área requirente, en el cual funde y motive el ejercicio de tal excepción, de conformidad con el artículo 72 de la LAACSCH (2019).

5.2. Principios constitucionales en el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores Esta herramienta permite que una vez aprobado el procedimiento por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,¹² se procede a su ejecución, de conformidad con lo normado en el artículo 77 de la LAACSCH (2019), el cual consiste en lo siguiente:

I. Se difundirá la invitación en el Sistema Electrónico de Compras y en el portal oficial de internet del ente público. II. El acto de presen-

tación y apertura de propuestas podrá hacerse sin la presencia de las y los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a una o un representante de la Función Pública o el Órgano Interno de Control que corresponda. III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente. En caso de que no se presenten el mínimo de propuestas señalado en el párrafo anterior, se deberá declarar desierta la invitación. IV. Los plazos para la presentación de las propuestas se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días hábiles a partir de que se entregó la última invitación. V. A las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables a la licitación pública. [...]. (p. 31).

El procedimiento antes expuesto inicia con la entrega de la última invitación, publicada en el Sistema Electrónico de Compras y en el sitio web oficial del ente público, de acuerdo con el artículo 47 de la LAACSCH (2019).

Además, se debe llevar a cabo un acto de presentación y apertura de propuestas, donde los licitantes que previamente atendieron la invitación podrán presentar las propuestas elaboradas. Esta etapa es importante, ya que de no presentarse mínimamente tres propuestas por parte de las personas físicas o morales invitadas, el procedimiento en estudio se declararía desierto y se tendría que emplear la licitación pública.

Cabe mencionar que el primer párrafo del artículo 47 de la LAACSCH (2019) refiere que el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, “[...] concluye con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento” (p. 17).

Asimismo, el artículo 76 del RLAACSCH (2019) establece, en su primer párrafo, que “en todo lo no previsto para los procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores, le serán aplicables, en lo procedente, las disposiciones que prevé este Reglamento para la licitación pública” (p. 50).

Por lo expuesto, a continuación se procede a emitir un análisis en relación con los principios constitucionales del artículo 134:

I^a En la eficiencia, partiendo de una planeación de procedimientos excepcionales que contempla la calendarización de acciones y recursos, este método si cumple con ello, pues se confirma con lo dispuesto en las disposiciones previas al procedimiento excepcional, indicadas en el subtema que antecede.

En seguimiento a la eficiencia y evaluando desde un procedimiento claro y expedito, se obtiene que, en cuanto a claridad, el RLAACSCH prevé que lo no regulado para la invitación a tres proveedores sigue las normas de la licitación pública, esto marca la pauta para que el procedimiento sea comprensible, toda vez que no exista escasez en las normas que así lo regulan.

En cuanto a un procedimiento expedito, este método es idóneo, ya que se ven expuestas cualidades que así lo caracterizan, siempre que se presenten la totalidad de proposiciones, es decir, tres ofertas técnicas y económicas. En este sentido, la LAACSCH en su artículo 77 observa ciertos pasos que permiten el ahorro de tiempo, tales como:

El no publicar en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua una convocatoria (caso de licitación pública). Por el contrario, únicamente se difunde la invitación a través de medios electrónicos, debiendo realizarse el mismo día en que se entrega la última invitación.

2^a Por lo que toca a la eficacia, la LAACSCH y su reglamento sí indican pasos a seguir para lograr la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios, en la definición de estar en capacidad de lograr el fin, siempre que se presente la totalidad de proposiciones requeridas, estando el ente público en aptitud de evaluar y elegir la que sea solvente.

Como se ha mencionado, este procedimiento implica la presentación de cuando menos tres propuestas, tal y como lo esta-

blece el artículo 77 de la LAACSCH, por lo cual, el no presentarse la totalidad exigida de proposiciones ocasiona que dicho procedimiento se declare desierto, y en este caso se debe sujetar estrictamente al inicio de licitación pública. Esta regulación de propuestas evidencia que tanto el principio de eficiencia como el de eficacia no se cumplen, toda vez que, del primero, no vuelve expedita la contratación, y del segundo, no es apto y capaz para contratar, debido a que regresa a la regla general, no logrando el fin que fue planeado.

3^a El principio de economía se observa enteramente en este procedimiento. En primer lugar, la administración prudente recta de los recursos públicos se clarífica desde la planeación de las adquisiciones y la obtención de una suficiencia presupuesta!, de conformidad con lo señalado en las disposiciones previas al procedimiento excepcional, al determinar que no se formalizarán contratos sin partida presupuesta.¡,así como, la suma del uso de la

vía excepcional no excederá del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En segundo lugar, la LAACSCH y su reglamento, al contemplar la realización de un estudio de mercado, permite la búsqueda del proveedor que ofrezca el precio conveniente para el mejor empleo del recurso público.

4^a En cuanto al principio de imparcialidad, es relevante mencionar que el artículo 40 de la LAACSCH denomina este procedimiento como “licitación en su modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores”, esto podría dar pauta a considerarlo como un concurso público, cuando realmente no existe una convocatoria para tal efecto, por lo cual no se permite la libre concurrencia de participantes. Pues aun y cuando la LAACSCH indica que sean “cuando menos tres proveedores”, el hecho de no existir una participación pública muestra indudablemente un designio anticipado (hacia los proveedores posiblemente más convenientes, esto a juicio del área requirente o del comité correspondiente),

Esto resulta peor si se motiva la selección de esta vía para adquirir bienes, arrendamientos o contratar servicios mediante el rango de montos que permite la LAACSCH y no por causal que motive la urgencia, en este supuesto, se da paso al uso de la dis-crecionalidad. Por lo cual, si no se realiza un estudio exhaustivo de posibles proveedores que ofrezcan el bien y/o servicio requerido, se estaría limitando la participación.

5^a Por lo que se refiere al principio de honradez, el artículo 39 de la LAACSCH (2019) consagra el uso de instrumentos y mecanismos para el conocimiento al público del procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, al indicar que se utilizará el Sistema Electrónico de Compras.

Además, es de interés marcar que el párrafo primero del artículo 78 del RLAACSCH (2019) establece la obligación de enviar a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua un informe que consista en la comprobación de egresos y la demostración del uso de la vía excepcional, ejerciendo para ello el Sistema Electrónico de Compras.

A continuación, se presenta una tabla evaluativa de lo anteriormente analizado:

Principio constitucional [1]	Características principales	Evaluación del procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores que contempla la LAACSCH y su reglamento 2019	Producto final
Eficiencia	Planeación, calenda-rización para cumplir la meta	Si cumple	Sí cumple
	Procedimiento claro (no escasez de normas)	Sí cumple	Sí cumple
	Procedimiento expedito (ahorro de tiempo, rapidez)	Sí cumple, siempre que se presenten las tres proposiciones.	No cumple
Eficacia	Apto y capaz	Sí cumple, siempre que se presenten las tres proposiciones.	No cumple
Economia	Administración recta y prudente de recursos públicos (suficiencia presupuestal, planificación de egresos)	Sí cumple	Sí cumple
Economia	Obtención del precio conveniente	Sí cumple	Sí cumple
Imparciali dad	-No limitación de participantes (no favoritismo) -No discrecionalidad	No cumple	No cumple
Honradez	Instrumentos y mecanismos para transparentar información	Sí cumple	Sí cumple
Honradez	Demostrar uso de excepción y comprobación de gastos	Sí cumple	Sí cumple

1] Evaluado como mandato de optimización, regla: cumple o no cumple, no hay cumplimientos parciales.

5.3. Principios constitucionales en el procedimiento de adjudicación directa

Al igual que en la invitación a cuando menos tres proveedores, este procedimiento da lugar cuando ya se ha aprobado su realización por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.¹³ Es interesante hacer mención que la LAACSCH y su reglamento no prevén expresamente las etapas que deben integrar este procedimiento excepcional, pues son los sujetos, que consagra el artículo primero de la ley, quienes deben emitir sus propios manuales de procedimientos. Precisamente, hay quien expresa que este procedimiento carece de ley que lo regule. Al respecto, los siguientes autores citan que “existe insuficiencia normativa sobre este tipo de contratación, el cual se rige por la discrecionalidad de la autoridad y la normatividad maleable que se ajusta a los criterios de cada dependencia para determinar sus Políticas, Bases y Lineamientos” (Moreno & Cancino, 2018: 60).

Asimismo, la CUAED de la UNAM señala que “las etapas de la adjudicación directa no están descritas en la LAASSP,¹⁴ razón por la cual se considera un procedimiento de contratación no reglado” (2017). Por las citas anteriores, así como del análisis y práctica en esta materia, se puede observar que en la LAACSCH y su reglamento no hay un apartado dedicado específicamente a regular de la forma más concentrada el procedimiento de adjudicación directa.

Cabe mencionar lo que expone la UNODC (2013) respecto al procedimiento en comento:

En este caso no existe convocatoria pública, invitación de participación a determinados proveedores o pujas. El Estado contrata directamente con una persona elegida, posiblemente de entre una lista de proveedores, lo que lo hace sumamente discrecional. Él determina las condiciones y quien pueda cumplirlas, eligiendo con base en experiencia, calidad y precio. En ningún caso se garantiza el mejor precio, pero sí ofrece un proceso ágil; por esta razón pre-

senta inconvenientes agudos que están sujetos a la subjetividad del comprador (p. 63).

En este procedimiento, la LAACSCH permite sin más regulación que la aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios —previo escrito, estudio de mercado y suficiencia presupuestal que someta el área requirente para el dictamen de procedencia— la libre elección del proveedor, al establecer en el artículo 72 que, “[...] tratándose de adjudicaciones directas, deberá indicarse el nombre y datos generales de la persona a quien se propone realizarla [...]” (p. 28). En este sentido, no hay más filtros para la adquisición de bienes, arrendamientos o contratación de servicios.

A continuación se procede a emitir un análisis en relación con los principios constitucionales del artículo 134, siendo:

I^a En cuanto a la eficiencia, sí existe una planeación para usar este procedimiento, pues se consagra en LAACSCH la permisión de una calendarización de acciones y recursos para estas operaciones. Esto de conformidad con lo analizado en el subtema de disposiciones previas al procedimiento excepcional.

Asimismo, la adjudicación directa es un procedimiento que permite adquirir de una forma expedita. Sin embargo, la claridad es un aspecto del que se carece en la LAACSCH, ya que únicamente se establece la forma de proceder a la adjudicación, mediante la regla del monto o causal, pero no con pasos declarados que ilustren las etapas.

2^a Lo mismo sucede con la eficacia, ya que no es la LAACSCH, por si misma, capaz de pronunciar de manera sistemática los pasos a seguir, pues se tiene que recurrir a manuales internos con base en la ley que desarrolle el ente público, situación que produce discrecionalidad, pues precisamente el contenido de dichos lineamientos o políticas hace que las situaciones contractuales se ajusten al criterio que se desea expresar.

3^a En cuanto al principio de economía, se cumple con la parte de una administración prudente y recta de los recursos públicos, al acceder a la emisión de una suficiencia presupuestal y al no exceder del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Sin embargo, en la obtención del precio que resulte conveniente, a pesar del empleo de una investigación de mercado, se presenta la subjetividad en mostrar el precio adecuado para el área requirente y no para el Estado, toda vez que no hay una participación de ofertantes, no se garantiza el mejor precio.

4^a Respecto a la imparcialidad, este principio es totalmente vulnerado. Aunque la LAACSCH prevé que se lleven a cabo tres cotizaciones, se muestra la discrecionalidad por parte del comprador, teniendo como posibles resultados el favoritismo, ya que no hay más filtros para regular la elección, no se aseguran las mismas condiciones de participación y se limita el involucramiento de otros proveedores.

De manera complementaria a este procedimiento, el RLA-ACSCH (2019) contempla la posibilidad de realizar adjudicaciones sin la emisión formal de un contrato que indique las obligaciones de las partes contratantes, tal como lo consagra el artículo 81:

Las dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal deberán formalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios en contrataciones iguales o superiores a ciento treinta veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización a través de contratos [...]

No se formalizarán contratos que contengan menos requisitos que los previstos en el párrafo anterior, así como en la Ley y este Reglamento. [...] (p. 53) (Énfasis añadido).

Por la posibilidad de no realizar un contrato, queda evidenciada la agilidad o rapidez para adquirir un bien y/o servicio, siempre que el costo sea menor a ciento treinta veces el valor mensual de

la UMA,¹⁵ sin embargo, aun y cuando esta forma sea expedita, muestra sin lugar a dudas, la carencia de imparcialidad, pues el mismo RLAACSCH (2019) en su artículo 86, indica:

Por lo que toca a la contratación de servicios y adquisición de bienes cuyo importe no implique la formalización de un contrato en términos del artículo 81 del presente Reglamento, en caso de solicitarlo el área requirente, podrá realizarse contrato en cuyo caso se deberán fijar garantías [...] (p. 55) (Énfasis añadido).

En este orden de ideas, no puede dejarse al arbitrio del área requirente decidir con tan solo la regla del monto cuándo se realizará contrato o no, pues esto da pauta a prácticas desleales y favoritismos. Estas faltas se hacen mayormente visibles cuando la ley de la materia no señala en qué casos —situaciones de hecho y monetarias en su conjunto— no procede la emisión de un contrato formal, pues ante este escenario la LAACSCH no menciona más filtros o regulaciones que den seguridad jurídica al Estado.

5^a En el principio de honradez, al igual que en la invitación a cuando menos tres proveedores, la LAACSCH (2019) sí prevé que las adquisiciones sean publicadas en el Sistema Electrónico de Compras. Al respecto, el artículo 39 del referido ordenamiento establece que se publicarán en el sistema antes descrito los datos históricos de la adjudicación directa. Asimismo, el artículo 78 del RLAACSCH (2019) menciona la obligación de enviar a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua un informe que consista en la comprobación de egresos y la demostración del uso de la vía excepcional.

Finalmente, se presenta una tabla evaluativa de lo anteriormente analizado:

Evaluación de los principios constitucionales en la contratación...

Principio constitucional [1]	Características principales	Evaluación del procedimiento de adjudicación directa que contempla la LAACSCH y su reglamento 2019	Producto final
Eficiencia	Planeación, calen-darización para cumplir la meta	Si cumple	No cumple
	Procedimiento claro (no escasez de normas)	No cumple
	Procedimiento expedito (ahorro de tiempo, rapidez)	Sí cumple
Eficacia	Apto y capaz	No cumple	No cumple
Economia	Administración recta y prudente de recursos públicos (suficiencia presupuestal, planificación de egresos)	Sí cumple	No cumple
Economia	Obtención del precio conveniente	No cumple	No cumple
Imparcialidad	-No limitación de participantes (no favoritismo) -No discreciona-lidad	No cumple	No cumple
Honradez	Instrumentos y mecanismos para transparentar información	Sí cumple	Sí cumple
Honradez	Demostrar uso de excepción y comprobación de gastos	Sí cumple	Sí cumple

[1J Evaluado como mandato de optimización, regla: cumple o no cumple, no hay cumplimientos parciales.

6. IMPLICACIONES ANTE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Una vez llevado a cabo el análisis de los principios constitucionales en la normatividad estatal que regula los procedimientos excepcionales de contratación, y toda vez que se ha explicado la importancia de este tipo de principios, es dable advertir que el no cumplimiento de dichos elementos tiene como consecuencia compras basadas en la escasez de certeza jurídica, distorsión de calidad, subjetividad de precios, discrecionalidad y posible corrupción en el sistema de contratación gubernamental.

El Estado asume un papel relevante, pues el abastecimiento de bienes y/o servicios para llevar a cabo sus actividades diarias se rige por la actividad contractual, de ello la necesidad de que la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, cumpla en la mayor medida posible con los principios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, pues las lagunas en dichos ordenamientos produce la falta de probidad, sobre todo al tratarse de usos alternos a licitación pública.

Resulta interesante mencionar que a falta de elementos en la LAACSCH y su reglamento que permitan mejorar los procedimientos de contratación pública, y con ello otorgar un amplio cumplimiento a lo normado en el artículo 134 constitucional, se tiene como consecuencia la revisión y observación en la ejecución de los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores por parte de la SFP, o bien, del Órgano Interno de Control correspondiente a cada entidad. Al respecto, la autoridad informa que “se dio seguimiento puntual a 324 procedimientos de licitación pública, invitación a tres proveedores o contratistas y adjudicaciones directas, de los cuales 129 fueron motivo de observación o recomendación” (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2016).

De la estadística otorgada por parte de la SFP, resulta que de un 100% de procedimientos sujetos a revisión, el 39.81 %¹¹² fue

observado. Estos datos reflejan un alto contenido de procedimientos sancionados, que si bien la autoridad está facultada para ello, el producto de este porcentaje radica en el no cumplimiento de principios constitucionales en la legislación, en cuanto a materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se refiere, pues no es representativo del actuar del servidor público, sino de la normatividad que regula la acción.

Como bien se conoce, México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se encarga de emitir recomendaciones en materia de contratación pública, mismas que en nuestro país, y en específico, el estado de Chihuahua, a través de sus normas, debe tomarlas en consideración; uno de los señalamientos que dicha organización ha comentado, a través del Secretario General Ángel Gurría, es el siguiente:

Estas contrataciones realizadas entre entidades públicas han sido en ocasiones objeto de abuso, por lo que un mayor nivel de transparencia ayudaría a asegurar que se dé prioridad a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez (Gurría, 2019). (Énfasis añadido).

Es oportuno referir que ante los datos de observación en los procedimientos, y ante la necesidad de evitar acciones de abuso en las contrataciones de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores, debe ser implementado en la normatividad estatal un sistema que administre la gestión de riesgos y la participación de dichos procedimientos de manera estratégica, que contengan normas de conducta estrictas y no burocráticas, pues la falta de principios queda evidenciada no solo por el resultado de la evaluación analítica antes referida, sino por el contenido que la propia norma expresa, y que en la practicidad actual ha sido confirmada.

El mandato constitucional federal contenido en el artículo 134, otorga la facultad al estado de Chihuahua para crear procedimientos excepcionales a la licitación pública en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, siempre que se cumplan y acrediten los principios de “eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez”, pues no cumplirlos totalmente ocasiona que no se aseguren las mejores condiciones para el Estado, produciendo, entre otras cosas, compras basadas en la escasez de certeza jurídica, distorsión de calidad, subjetividad de precios, discrecionalidad y posible corrupción en el sistema de contratación gubernamental.

Para tal efecto, la LAACSCH llevó a cabo una serie de reformas, exponiendo este motivo en la creación del RLAACSCH en el año 2019, para dar cumplimiento a dichos principios en los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores.

Sin embargo, como bien es sabido, los principios deben observarse en un sentido amplio, tal y como lo establece Robert Alexy, es decir, como mandatos de optimización, que no se dé lugar a cumplimientos parciales.

Una vez llevado a cabo el análisis exhaustivo primeramente de cada uno de los principios, considerando las citas expuestas, se pudo obtener una visión alta de las líneas que integran cada uno de los conceptos.

De modo que, considerando los principios como mandatos de optimización, los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores conforme a la LAACSCH, las exposiciones de órganos técnicos, así como autores en la materia, se realizó un esquema evaluativo que observa siempre el sentido amplio de la eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez en los procedimientos alternos a la licitación pública, en el supuesto de que no existen incumplimientos parciales, al utilizar la regla denominada “cumple o no cumple”.

Dicho análisis evaluativo tuvo como resultado que la LAACSCH y su respectivo reglamento, en cuanto a procedimientos excepcionales se refiere, no cumplen con la totalidad de los principios a que hace referencia el artículo 134 de la constitución federal. Por ello, se encuentran vulnerables al no existir el aseguramiento de las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad para nuestro estado, así como expuestos a un sistema de riesgos que dan pauta a la discrecionalidad y posible corrupción. Lo anterior, no por el actuar del servidor público, sino por el contenido de la propia norma.

Entonces, es posible presentar a manera de resumen los principios constitucionales que la LAACSCH no cumple, esto con la finalidad de poder emitir posteriormente una serie de recomendaciones, tomando como base lo señalado por la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) —en materia de contratación pública— que muestren una posible solución al problema de investigación planteado, mismo que radica en el no cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez en los procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres proveedores por parte de la LAACSCH, ello a pesar de la reforma llevada a cabo en el año 2019:

No se cumple con el principio de imparcialidad: se da lugar a la limitación de la participación de los proveedores, pues aun cuando la LAACSCH denomina este procedimiento como “licitación en su modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores”, no existe una convocatoria pública que permita la libre concurrencia de participantes, sino que se muestra un designio anticipado del área requirente y/o del comité respectivo, en mostrar los mejores proveedores que a su consideración cumplan estrictamente con lo solicitado.

No se cumple con el principio de eficiencia: aunque este procedimiento sí cumple con algunas líneas de la eficiencia, el producto

final de este es el no cumplimiento del principio en su totalidad, pues el sentido de este último es observarse sin aislamientos y en un aspecto amplio. Aunque aparentemente pueda visualizarse como un procedimiento expedito, el hecho de no presentarse tres proposiciones técnicas y económicas por parte de los proveedores previamente invitados, ocasiona que la contratación se declare desierta, remitiéndose a las reglas de contratación mediante licitación pública, implicando mayor tiempo para contratar.

No se cumple con el principio de eficacia: en el sentido del principio que antecede, el no presentarse como mínimo tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente, ocasiona un procedimiento desierto y por ende no apto y capaz de cumplir el objetivo para el cual fue destinado.

No se cumple con el principio de economía: en este caso, aunque sí se obtiene una suficiencia presupuestal y una planificación de egresos, al no efectuarse una participación de ofertantes, no se cumple con un abanico de posibilidades que permita la obtención del precio más conveniente.

No se cumple con el principio de eficiencia: si bien es cierto que este procedimiento es expedito, y existe en la normatividad una planeación y calendarización, no se contempla claridad en las normas, sino escasez de las mismas, produciendo de esta forma la imposibilidad para acreditar este principio; esto desde el aspecto riguroso de la regla evaluativa que no da lugar a cumplimientos parciales.

No se cumple con el principio de eficacia: no solo la normatividad manifiesta una escasez de normas que hace que el procedimiento no sea apto y capaz, sino que se tiene que recurrir a manuales internos que elabore el ente público, considerándose como un procedimiento no reglado.

No se cumple con el principio de imparcialidad: dado que no se aseguran las mismas condiciones de participación, se limita el involucramiento de posibles proveedores, pues el área requirente solicita tres cotizaciones que a su consideración sean las más convenientes. Esto aunado al hecho en el que el RLAACSCH es-

tablece la posibilidad de llevar a cabo un contrato o no, tratándose de adjudicaciones menores a ciento treinta veces el valor mensual de la UMA, que si bien este podría ser otro tipo de adjudicación, no puede dejarse al arbitrio del área requirente decidir cuándo formalizar un contrato y cuándo no, pues debe ser la propia normatividad la que señale, además del monto, las causales de hecho que den seguridad jurídica al Estado.

Por lo que hace a la eficacia la OCDE señala que, “un sistema de contratación pública eficaz [...] ofrece una buena relación calidad-precio de manera justa, abierta, competitiva y transparente, y se mide y evalúa periódicamente para su mejora” (OCDE, 2015: 17).

Asimismo, en cuanto a la eficiencia, se señala la necesidad de “crear, y utilizar, instrumentos que mejoren los procedimientos de contratación pública, reduzcan las duplicidades [...]” (OCDE: 10).

Por lo que toca a la invitación a cuando menos tres proveedores, la normatividad estatal debería atender a no regresarse al procedimiento de licitación pública, cuando no se presenten como mínimo tres propuestas para ser evaluadas, sino poder continuar con el procedimiento bajo esta modalidad, pues de ello surge la necesidad de evaluar esta mejora.

Referente a la adjudicación directa, el hecho de visualizar que no se tienen normas que describan expresamente los pasos a seguir en este tipo de procedimientos, se sugiere que se incorpore un apartado en la ley que indique aquellos elementos secuencia-les y trascendentes que el ente público consigna en sus propios manuales.

Asimismo, enfocarse en aquellas situaciones que den seguridad jurídica al Estado en sus compras, tal es el caso de la necesidad estricta de anexar al dictamen de excepción el padrón de proveedores. En cuanto al procedimiento eficiente, no será necesario, en el supuesto de declararse desierta por segunda ocasión una licitación pública (artículo 73 fracción VI, de LAACSCH), para acudir a la adjudicación directa, someter de nueva cuenta el objeto

de contratación al Comité de Adquisiciones, como actualmente lo señala el artículo 29 fracción IV de LAACSCH, pues es de saberse que este objeto ya se había sometido bajo dicha licitación, que baste entonces —si permanecen los mismos requisitos— en los antecedentes del contrato respectivo y/o en el expediente mismo, esto en el sentido de evitar duplicidades.

En cuanto a la adjudicación directa, no se obtendría el precio conveniente si las cotizaciones son solicitadas por el área requirente, pues aun cuando no hay una participación de ofertantes, se debe hacer lo posible por garantizar el recurso que el Estado eroga. Para tal caso, la OCDE en su estudio de contratación pública con el Gobierno del Estado de México, indica que:

La investigación de mercado es independiente de las áreas rentes, es decir, quien lleva a cabo esta investigación es una unidad especializada de la DGRM.¹¹³ Ello permite una mejor comprensión de los esquemas de precios en los mercados local y extranjero. [...] (OCDE, 2015: 148).

Se sugiere establecer en la normatividad estatal que las investigaciones de mercado queden a cargo de un área especializada, pues basta con que el área requirente dé a conocer la solicitud técnica para que la unidad especializada realice todo tipo de búsqueda, incluyendo el padrón de proveedores.

Este principio es vulnerado tanto por la adjudicación directa como por la invitación a cuando menos tres proveedores; de este último la normatividad debería renombrarlo, toda vez que no hay un concurso de participantes como para que la LAACSCH en su artículo 40, fracción primera, lo titule “licitación en su modalidad de invitación a cuando menos tres proveedores”.

En cuanto a la adjudicación directa, se sugiere tomar la recomendación de que el área requirente no sea quien efectúe la investigación de mercado, sino una unidad o área especializada para ello. Además de que la normatividad estatal consagre los supuestos de hecho para no formalizar contrato, fundamentándolo con el monto ya estipulado.

En ambos casos se sugiere lo que la OCDE en uno de sus estudios respecto a contrataciones públicas en Nuevo León, llevó a cabo:

Los Comités de Adquisiciones en Nuevo León tienen un número impar de participantes, con lo que se reducen las probabilidades de estancamiento en el proceso de toma de decisiones. Adicionalmente, es de destacar que no se permite a las áreas requirentes votar en los Comités, y solamente pueden dar voz a sus opiniones. Esto hace a los Comités más independientes de las áreas requirentes al considerar el tipo ideal (pro-competencia) del diseño de contratación. (OCDE, 2015: 129) (Énfasis añadido).

Por lo anterior, una de las soluciones al problema del no cumplimiento al principio de la imparcialidad recae en adoptar en nuestro sistema contractual, el que las áreas requirentes no tengan voto respecto de sus asuntos, logrando con ello una independencia respecto de los proveedores, en la aprobación.

Por otra parte, es preciso comentar, por lo expuesto en el desarrollo del presente escrito, la necesidad de que la LAACSCH agregue en su artículo tercero la conceptualización de cada uno de los principios, contemplándolos como mandatos de optimización, es decir, en un sentido amplio; además de efectuar un cambio en el artículo 72 de la misma ley, empleando el vocablo “principios” y no “criterios”, pues sus implicaciones ya se han explicado.

Finalmente, es pertinente referir que, si bien existe un pacto federal, este no contiene el respeto o acatamiento por parte de las entidades federativas para la elaboración de la normatividad que permita articular mecanismos de contratación pública excepcional, que logren la efectividad de los principios constitucionales.

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In this paper, actions are proposed so that the woman participates in the conformation of the family name, in the acts of birth registration and the recognition of children, anticipating the agreement of the parents about the priority of the surnames that will correspond to the child. Prejudices against women and the unmarried mother’s child are addressed as interference for women to access the right to a name. The responsibility derived from the access to the name is essential to promote the practices of gender parity.

El nombre son las palabras que se usan para individualizar e identificar a una persona, cuya representación es el apelativo conformado por el nombre(s) propio(s) y apellido(s). El autor argentino Juan M. Semon dice que, la denominación de una persona le da su lugar fijo y su importancia en el mundo de los demás sujetos y objetos. Una persona sin nombre es como una obra literaria o científica sin título ni referencias de su autor. Es un ser viviente, sin derechos y sin responsabilidad individual por sus actos (Semon, 1946).

Este texto nos da la pauta para decir, el nombre de las personas al ser lenguaje tiene un marco filosófico, el cual comprende la idea existencialista de nombrar a quien se desea contar y distinguir; por el contrario, se niega un nombre a las personas que se pretenden cosificar y silenciar, a ellos se les generaliza mediante categorías, números y claves. En la antigüedad no se usaba un nombre individual para las mujeres, tampoco para las y los niños, ni para las y los esclavos. En aquel tiempo se identificaban a las personas con el nombre del pater familia¹¹⁴ al que pertenecían

2 Luces Gil, Francisco, El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico español, pp. 22 y 23. "... en el nombre Publio Cornelio Scipión Africano, Publio

(Luces Gil, 1978: 22-23), aunando cierta denominación particular a fin de distinguir las posesiones. En la edad media, se utilizaba el título del Señor de la tierra para la formación de los nombres propios y apellidos. En tiempos modernos, se cometieron irreparables violaciones a los derechos humanos, empezando por borrar el nombre de las víctimas, en este sentido se cita el testimonio de un prisionero del campo de concentración en Polonia en 1942: los que ingresábamos éramos registrados y recibíamos un número de identificación que nos tatuaban en el antebrazo izquierdo, como animales. El mío fue el 73 670, lo que quiere decir que llegué entre los primeros 100 000. La cifra quedaba en lugar del nombre y del apellido, porque no teníamos derecho a mencionarlos (Conapred, 2007). En la actualidad, las personas víctimas de trata o en condición de calle y los inmigrantes pierden el nombre (si lo tuvieron) y, con ello, el medio de ser individualizados e identificados.

Por lo que respecta a la situación de la mujer, a ella la ley no le permite participar en la conformación del nombre familiar, ya que las hijas e hijos deben registrarse con el apellido paterno del padre, en primer lugar, seguido del apellido paterno de la madre, en segundo lugar. El nombre como institución establece relaciones de poder entre los miembros de la familia y la sociedad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la sentencia del amparo en revisión 208/2016 del 19 de octubre de 2016, destacó: históricamente el mantenimiento o prevalencia de determinados apellidos ha pretendido perpetuar las relaciones de poder.¹¹⁵ La facultad para asignar nombres y priorizar apellidos, otorga a su titular una posición jerárquica superior en la familia y en la sociedad.

En cuanto al nombre de la mujer casada, por una parte, la legislación mexicana no lo regula, pero por otra, la Suprema Corte

de Justicia reconoció que existe una práctica social en México, (SCJN, 2012), consistente en que la mujer al contraer matrimonio, agregue los apellidos de su esposo a los propios. En el mismo sentido, la tesis jurisprudencial, Mujer casada, nombre de la... (SCJN, 1985) refiere que no puede desconocerse como uso social que las mujeres, al contraer matrimonio, agreguen a su nombre la preposición “de”, seguida del primer apellido de su esposo. Sin embargo, el genitivo “de” textualmente expresa que la mujer pertenece al esposo.

La falta de participación de la mujer en el nombre familiar, así como la inclusión de los apellidos del esposo a los propios o anexar el genitivo “de”, es una característica de invisibilidad social de la mujer mexicana y chihuahuense.

En el desarrollo del presente trabajo se abordarán las siguientes preguntas: ¿En el estado de Chihuahua se promueve, respeta, protege y garantiza el derecho humano al nombre para la mujer? ¿La participación de la mujer en la integración del nombre familiar pueden mitigar el patriarcado avasallante y normalizado en el estado de Chihuahua?

Para formular estas preguntas se advirtieron dos hechos, el primero es jurídico y el segundo es relativo a la convivencia actual de la sociedad chihuahuense urbana.¹¹⁶ Estos son:

i) El derecho al nombre es un derecho humano. Aunque la Constitución Política del Estado de Chihuahua no menciona expresamente el derecho al nombre, se concluye que en México, así como en los países latinoamericanos obligados convencionalmente, el nombre tiene el rango de derecho humano, ello de conformidad con el artículo 29, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 18 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

ii) En la convivencia familiar, social y laboral de la sociedad chihuahuense se encuentran rasgos de la cultura del patriarca-

do, el cual fue normalizado y en consecuencia es inadvertido; de aquí la aceptación por parte inclusive de la misma mujer, el varón y gobierno, que sea la primera la encargada de las tareas inherentes al hogar y al cuidado de la familia, en especial de los más vulnerables: las niñas, niños y adultos mayores; ello, por el hecho de nacer mujer. La vinculación que se hace de la mujer con las tareas domésticas y de cuidado, es enmarcada en la historia nacional, por ejemplo, el Código Civil Federal de 1928 (Reformado en 1964) decía que: Artículo 163. La mujer debe vivir al lado de su marido. 168. Estará a cargo de la mujer la dirección y cuidado de los trabajos del hogar. 169. La mujer podrá desempeñar un empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique a la misión que le impone el artículo anterior. 170. El marido podrá oponerse a que la mujer se dedique a las actividades a que se refiere el artículo anterior, siempre que subvenga a todas las necesidades del hogar y funde la oposición en causas graves y fundadas.

Paradójicamente, también por el hecho de nacer mujer la ley niega a ella la capacidad para representar a su familia. Así, el artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua, no prevé la posibilidad de que un descendiente sea nombrado y registrado con el apellido materno, en primer lugar, seguido del apellido paterno. Esta injusticia se remonta a la antigüedad: para los griegos (igual que para los chihuahuenses) la mujer no podía tener el rango de Señora, en otras palabras, el título de representante de una casa o familia. Desde siglos a. C., este poder y título de “Señor” o representante de familia (condición que en la modernidad otorga el nombre) se reservó al varón, quien es el único auto-reconocido históricamente con capacidad de mandar y decidir sobre el patrimonio, la casa y las personas que viven en dicha casa. El filósofo Aristóteles dijo:

(...) la necesidad ha hecho aparearse a quienes no pueden existir el uno sin el otro, como son el varón y la mujer en orden a la generación (y esto no por elección deliberada, ya que en el hombre, no

menos que en los demás animales las plantas, hay un deseo natural de dejar tras de sí otro ser a su semejanza). Es también de necesidad, por razones de seguridad, la unión entre los que por naturaleza deben respectivamente mandar y obedecer. (Quien por su inteligencia es capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor, ...) (Aristóteles, 2004).

Continúa el filosofo reflexionando sobre la fórmula para acceder al título de Señor: Hesíodo estuvo en lo justo al escribir: “Lo primero de todo es la casa y la mujer y el buey labrador” (Aristóteles, 2004). En esta frase la casa representa el patrimonio, la mujer significa la procreación y el buey labrador sustituye al esclavo. Este pensamiento propio de la antigüedad, es decir, siglos antes de Cristo, de alguna manera permanece en la modernidad, muestra de ello es el artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua, relativo a la formación del nombre familiar y su registro.

La forma utilitaria de mirar a la mujer como si fuera un ser procreador pero incapaz, ha provocado el encono feminista. El enojo y la frustración de la mujer trascienden las fronteras de nuestra querida Chihuahua y también las de nuestra nación. Por eso, el pasado 8 de marzo del año 2020 se reunieron millones de mujeres en plazas, calles y construcciones emblemáticas de las ciudades de todo el mundo, para reclamar paridad entre ellas, sus hijas, madres y abuelas, con el varón. Sin embargo, percibimos que la respuesta a dicho reclamo fue la falta de empatia y el ensordecimiento colectivo.

Suele reprobarse el movimiento feminista arguyendo diversos tipos de falacias. Para empezar, se plantea la falacia del falso dilema: ¿La mujer dónde prefiere trabajar, fuera o en casa cuidando a la familia? Los detractores responden con otra falacia, la de la generalización apresurada: todas las mujeres quieren estar en casa. Una falacia recurrente es la circular, así, se asume que la cotidianidad conviene a todas y todos y, por ende, fluye sin disturbios. Cuando se habla en contra del feminismo, la falacia más usada es la Ad hóminem (ataque a la persona), la cual consiste, como su nombre lo indica, en descalificar a la persona emisora

de un mensaje sin analizar el contenido del mismo. De aquí derivan los siguientes cuestionamientos prejuiciosos: ¿qué quieren las feminazis? ¿por qué el domingo 8 de marzo de 2020 salieron a pintar la ciudad y la glorieta de Pancho Villa en su caballo?, ¿por qué destruyen la ciudad y las obras de arte?, ¿están locas?, ¿están en sus días o son menopáusicas?, ¿cuánto les pagan? o ¿quién las manipula?

Es difícil, pero, trataré de sacudir todo prejuicio y hablar desde la experiencia, al fin, el feminismo es eso, un conjunto de experiencias concatenadas y contadas desde la vida vivida por una mujer.

El nombre es un atributo de la personalidad y un derecho (personal y colectivo), asimismo, es una institución, es decir, un conjunto de restricciones que dan forma a las interacciones humanas (Brinks, Levitsky, & Murillo, 2019); en consecuencia, el nombre es irreductible al registro de nacimiento.

Es importante destacar que el nombre es una institución que establece relaciones de poder entre los miembros de la familia y de ellos con la sociedad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia en la sentencia del amparo en revisión 208/2016, del 19 de octubre de 2016, destacó: históricamente el mantenimiento o prevalencia de determinados apellidos ha pretendido perpetuar las relaciones de poder.¹¹⁷ En este contexto, el análisis de la figura del nombre como institución, nos permitirá realizar una propuesta con mirada feminista que favorezca las relaciones familiares y sociales equitativas.

Por otra parte, aunque las constituciones federal y la estatal no establecen claramente las distinciones entre la identidad y el nombre, por cuestión de técnica, resulta pertinente señalarlas. El derecho a la identidad y el derecho al nombre se distinguen por sus contenidos y formas, elementos y naturaleza jurídica.

Si bien ambas figuras se relacionan con la función de individualidad personal, no obstante, sus aproximaciones se distinguen en que la identidad comprende el contenido de la individualidad, es decir, la ideología política, educación, el género psicológico, las creencias religiosas y genética (Fernández, 1992). En cambio, el nombre se vinculan con la forma de la individualidad expresada mediante el apelativo.

El nombre comprende dos elementos: el nombre propio y el nombre familiar o apellidos, por ello, la individualidad que proporciona es de carácter formal, puesto que la persona nombrada no necesariamente tiene que estar identificada con el nombre al que responde; por ejemplo, una persona cuyo nombre propio no corresponde a su género psicológico; otro caso, la persona nombrada podría no ser quien pensó que era, es decir, hija o hijo de su padre o madre registrados, pensemos los casos de secuestro de recién nacidos en la última dictadura de Argentina. O bien, cualquier mexicana o mexicano podría no ser hija o hijo de su padre registrado y, por tanto, portar un primer apellido que genéticamente no lo individualiza. No hay que perder de vista que a diferencia de la maternidad la cual deriva de un hecho: el parto, la paternidad deriva de una presunción legal: el matrimonio y en su defecto de la declaración del varón ante el fedatario público.

Para efectos de este trabajo, la principal diferencia entre la identidad y el nombre radica en la naturaleza jurídica de estas figuras. La identidad es un derecho y surgió en Italia en 1985 (Corte de Casación Italiana, 1985), cuando el máximo tribunal italiano conoció de un caso relativo a la desnaturalización de la personalidad, en correlación con el derecho a la imagen, se pretendió responder la pregunta ¿quién soy? (Gómez, 2007). En Argentina también se oyó fuerte ¿quién soy? Así, el derecho a la identidad se erigió con el rostro de miles de niñas y niños que fueron secuestrados por el Estado durante la dictadura.

En la Constitución federal y en la del estado de Chihuahua, el derecho a la identidad se elevó al rango constitucional, 2012 -

2014,¹¹⁸ y se usa para imputar la paternidad de hijos e hijas de madres solteras, es decir, para obligar a los varones que no reconocen su paternidad a la realización de la prueba en genética molecular y al cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

En cambio, el nombre tiene una naturaleza jurídica compleja (De Francesco, 2013), así lo describe la doctrina jurídica argentina; es decir, esta figura además de un derecho es un atributo de la personalidad y una institución, entendiendo por institución según los autores Brinks, Levitsky y la autora Murillo, las restricciones que dan forma a las interacciones humanas (Brinks, Levitsky & Murillo, 2019).

Hechas estas acotaciones, introducimos en esta sección que el Código Civil de Alemania, de 1900, fue el primer ordenamiento jurídico que reguló el nombre de las personas como un derecho (Pliner, 1989). Salvo disposiciones aisladas^{119 120 121 122 123} tendientes a evitar el cambio arbitrario de nombres, a fin de salvaguardar los privilegios de la nobleza (Pliner, 1989; Pliner, 1989), la institución del nombre permaneció durante siglos en el ámbito de las costumbres y tradiciones.

Hoy, en México y Latinoamérica, ninguna autoridad cuestiona que el nombre es un derecho humano reconocido por la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los derechos del niño, cuyo alcance comprende, para efectos de este trabajo, el subregistro, el registro de nacimiento, la modificación del nombre (con y sin cambio de filiación) y lo que se distingue como la trascendencia del nombre.

Para efectos de este trabajo se tendrá presente que el nombre además de un derecho es una institución, pues establece y regula relaciones de poder entre los miembros de la familia y la sociedad.

La normatividad que regula la institución del nombre de las personas físicas en Chihuahua corresponde al ámbito internacional, nacional y local, misma que se cita en orden jerárquico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 4^o, octavo párrafo, y 29),¹²⁰ la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (artículo 18),¹²¹ la Convención sobre los derechos del niño de 1989 (artículos 7 y 8),¹²² la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 19),¹¹ la

Constitución Política del Estado de Chihuahua (artículo 4^o, cuarto párrafo)¹²⁴ y el Código Civil del Estado de Chihuahua (artículo 60).¹²⁵

Es importante destacar que en el artículo 4, párrafo cuarto, la Constitución Política del Estado de Chihuahua no estipula expresamente el derecho al nombre, en este se regula el derecho a la identidad y en cierta manera el derecho al nombre, ya que se prevé la garantía del registro de nacimiento universal. Consideramos que el alcance del derecho al nombre comprende i) el subregistro ii) el registro de nacimiento (esta dimensión es la que trata la constitución estatal iii) la modificación del nombre propio y/o apellidos (en caso de reconocimiento de hijas e hijos el cambio de apellidos implica el cambio de filiación) y lo que llamamos en este trabajo iv) la trascendencia del nombre.¹²⁶

Aunque en México el nombre es un derecho humano¹²⁷ de gran alcance, más aún, a pesar de la importancia que significa que la nación cuente con un sistema onomástico uniforme, veraz, actualizado y ordenado, el cual sirva como instrumento para identificar a todas y a todos, es decir, niñas, niños, ciudadanas y ciudadanos, indígenas e inmigrantes, a fin de crear políticas públicas certeras

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4^o, octavo párrafo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Artículo 29, segundo párrafo. (...) no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez;

9 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 18. Derecho al Nombre. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. (...)

10 Convención sobre los derechos del niño, artículo 7, numeral 1. Artículo 7, 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Artículo 8, 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

11 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Capítulo Tercero. Del Derecho a la Identidad, artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a: I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, (...)

en materia de paridad de género, seguridad pública, educación, trabajo, migración, etcétera.; indebidamente (según nuestro parecer fundado en la experiencia de las naciones vanguardistas en la materia), la regulación del nombre (la conformación del nombre, el registro de nacimiento, reconocimiento de hijas e hijos, modificación del nombre por identidad de género, error administrativo y otros), se dejó bajo la competencia de las treinta y dos entidades federativas en México; de manera queel sistema onomástico mexicano es una mescolanza de criterios que arroja datos dudosos, en especial, respecto a los grupos vulnerables (niñas, niños, indígenas, personas en situación de calle, inmigrantes y otros).

El Código Civil del Estado de Chihuahua, en el artículo 60, regula el tema relativo a la conformación del nombre. En este sentido establece,

El nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos. Para la asignación del nombre propio, se observará lo siguiente: I. No podrá integrarse por más de dos sustantivos; II. No se constituirá con palabras denigrantes de la personalidad; III. No se emplearán apodos; y IV. No podrá constituirse con números.

La regulación del Código Civil del Estado, así como el funcionamiento del registro civil, si bien no es un modelo de progreso, comparada con legislaciones como la de la Ciudad de México y Yucatán, hay que decirlo, sí es un ejemplo de sistematización y eficiencia.

Mediante diversas reglas establecidas en la legislación de Chihuahua se garantiza el derecho de gratuidad constitucional para obtener la primer acta de nacimiento, además, la legislación y los funcionarios que operan el registro civil, de alguna manera focalizan las finalidades principales del nombre, es decir, la individualidad y la identificación de la persona. Estas reglas facilitan que los chihuahuenses podamos registrar a nuestras hijas e hijos saliendo del hospital público o privado en el que nos asistan y de forma gratuita, así como la localización y obtención de actas de manera automatizada y expedita.

Volviendo a las reglas para la asignación del nombre propio, la numeral I tiende a evitar la multiplicidad de nombres y pretende hacer eficiente la identificación legal y social de la persona registrada. Las numerales II, III y IV protegen la dignidad humana, evitando que la persona sea nombrada con una o más palabras que le avergüencen, humillen o no se le individualice, por ejemplo, en los campos de concentración se les llamaba a las personas usando números.

La multiplicidad de nombres dificulta la presentación social y legal de la persona. Algunos padres y madres tuvieron la costumbre de asignar a sus hijos múltiples nombres; cito a personajes destacados: el político, empresario y gobernador del estado de Chihuahua Luis Terrazas, nombrado José Luis Gonzaga Jesús Daniel Terrazas Fuentes (1829-1923); el pintor Pablo Picasso, su nombre completo fue Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso (1881-1973); el escritor argentino Jorge Luis Borges, nombrado Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo (1899-1986); el mexicano compositor y cantante Agustín Lara: Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino (1900-1970). La costumbre de asignar varios nombres tiene un origen mágico-religioso. Desde la antigüedad se ha creído que cuanto mayor sea el número de nombres de las personas, tanto mayor será la protección que le dispensen los dioses a las hijas e hijos.

La pregunta es, ¿en términos de la normatividad vigente podría nombrar a mi hija Gabriela Teresa de mi Corazón Amada Bella Elsa Leona Camila Soledad Euríale, en el Registro Civil del Estado de Chihuahua? No, no podría. El Código Civil del Estado de Chihuahua establece que el nombre propio no podrá integrarse por más de dos sustantivos.

Considero que esta disposición local no contraviene ningún artículo de la constitución federal ni de la estatal. Tampoco es inconvencional, pues no contradice la Convención americana sobre derechos humanos, menos la Convención sobre los derechos del niño. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció

que el nombre se rige por el principio de autonomía de la voluntad (SCJN, 2012), esta tesis es aislada y no tiene carácter vinculatorio.

Además, el principio de autonomía de la voluntad del nombre entra en tensión con el orden público y puede menoscabar las finalidades del derecho al nombre: la individualidad y la identificación de la persona, vulnerando así bienes de interés superior, como los derechos de las niña y niños. La facultad-obligación que ejercen madre y padre al asignar nombre a sus descendientes, por excelencia, es un derecho de la niña y el niño, por ende, el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Sin embargo, hay entidades federativas que permiten la multiplicidad de nombres sin límite alguno, en caso de que la dificultad que llegare a tener mi hija para presentarse social y legalmente sea secundaria, podría acudir al registro civil de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Veracruz y otras que permiten registrar a las niñas y niños con más de dos sustantivos.

En cuanto a los apellidos, el artículo 60 del Código Civil del Estado dispone: El nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos (...) corresponderán por su orden, el primero del padre y al primero de la madre.

Cabe destacar, esta disposición aplica en dos actos, el registro de nacimiento y la modificación del nombre con cambio de filiación, es decir, reconocimiento previsto en el artículo 74 del Código Civil del Estado.

En el artículo 60 del mismo código se asume un orden de los apellidos, primero el paterno del padre y segundo el paterno de la madre, ahí no se prevé el acuerdo de madre y padre para decidir al respecto. En el marco de la igualdad de género establecido por la legislación nacional e internacional, esta disposición ha quedado rezagada. Al respecto, el autor Víctor Simental Franco señala: la inequidad de género es un tema inacabado para el Estado Mexicano, aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina la igualdad entre hombre y mujer (artículo 4o), la realidad es que esta disposición en la legislación secundaria es violentada de manera constante (Simental, 2016).

Con la colonización, México replicó el sistema onomástico español, así, nuestra legislación establece que el nombre de las

personas se integra por el nombre propio y dos apellidos paternos, primero el del padre y segundo el de la madre. Otra práctica copiada, esta muy afortunada, fue la no regulación del cambio de nombre de la mujer casada,¹²⁸ evitando serios problemas de certeza jurídica y violaciones a la identidad de la mujer.

En la modernidad, existe la tendencia europea consistente en ponderar por igual la titularidad de la mujer y el varón, se prevé el acuerdo para la conformación del nombre familiar y el registro de los apellidos de las hijas e hijos, ya sea, por la elección del orden de los apellidos (sistema onomástico español) o por la elección o integración del apellido único (sistema onomástico francés); sin embargo, esta buena práctica de paridad de género no ha per-meado en el Código Civil de Chihuahua.

El máximo tribunal mexicano, a diferencia de la legislación chihuahuense, prefirió seguir la tendencia europea de paridad de género y se pronunció por el acuerdo entre madre y padre para elegir el orden de los apellidos de la familia. Dicha postura fue legalizada en cuatro entidades federativas, Yucatán (2013), Estado de México (2015), Morelos (2017) y la Ciudad de México (2017), las cuales regularon que, a falta de acuerdo entre la madre y el padre, se registraría en primer lugar el apellido del padre, y en la Ciudad de México, el juez u oficial del registro civil dispondrá el orden de los apellidos.

En el estado de Jalisco, en el año 2020, se presentó una iniciativa para que la madre y el padre puedan decidir el orden de los apellidos y si no hubiera acuerdo, el oficial del registro civil resolverá haciendo un sorteo ( Expa Política, 2020). De esta iniciativa es rescatable el cuestionamiento siguiente: cuando se registra el nacimiento de un recién nacido y no haya acuerdo de los progenitores respecto al orden de los apellidos ¿cuáles son los

parámetros o cómo el juez u oficial del registro civil determinará cuál apellido va primero? Arbitrariamente, o bien, por sorteo, lo propuso una legisladora jalisciense. Al respecto, los suecos¹²⁹ anteponen su pragmatismo y resuelven lo siguiente: Los niños suecos llevan los apellidos según el orden que los padres elijan, pero si la pareja no llega a un acuerdo, el niño queda registrado con el apellido de su madre ( Europa Press, 2017).

El camino en Chihuahua, para lograr la participación de la mujer en la formación del nombre familiar, será largo y aún no comienza; sin embargo, apostamos a que un día la transformación sucederá. Para entonces, hay que enumerar los argumentos que son de índole: i) legal, ii) biológicos y iii) sociales, con base en los cuales madre y padre deberán acordar el orden de los apellidos de sus hijas e hijos y en caso de que no haya acuerdo, será a la madre a quien corresponda la elección. A continuación, se explican los argumentos relacionados para esta propuesta:

La ley se basa en el hecho natural del parto y en una presunción jurídica -el matrimonio-, o en su defecto, la manifestación del varón ante la autoridad competente, para establecer los vínculos filiales.¹³⁰ La maternidad puesto que deriva del parto, a diferencia de la paternidad que se presume, es un hecho no una ficción jurídica. Al respecto, el artículo 62 del Código Civil de Estado señala en el segundo párrafo que:

Para que se haga constar en el acta de nacimiento, el nombre del padre de un hijo nacido fuera del matrimonio, es necesario que aquél lo pida por sí o por apoderado especial (...) La madre no tiene derecho a dejar de reconocer a su hijo. Tiene obligación de que su nombre figure en el acta de nacimiento de su hijo. (...)

Este artículo recoge implícitamente la condición natural del parto como base para establecer las relaciones filiales, pero, además nos muestra un tratamiento desigual entre la mujer y el varón con relación a los hijos e hijas. Mientras que la mujer no tiene derecho a dejar de reconocer a la niña o niño que parió, el padre que no está casado con la madre, tiene que comparecer ante el oficial del registro civil a pedir que la o el niño se registre como suyo. Esta disposición es una de las causas por las que el reconocimiento de hijos e hijas de madre soltera, se entiende por la sociedad y autoridades como una concesión graciosa por parte del varón, quien acude por su propio derecho, en vez de obligación, al Registro a manifestar su paternidad.

El prejuicio en contra de la madre soltera no es exclusivo de Chihuahua o de México; se citará un caso chileno para ejemplificar que el acto de reconocimiento de hijos de madre soltera, se mal entiende como un favor que se le hace al niño, la niña y la madre soltera. El 29 de septiembre de 2016, se denunció que, en la Ciudad de Pozo Almonte, en la Provincia del Tamarugal, Chile, un extranjero desconocido reconoció a una niña como su hija, situación que descubrió la madre de la menor luego de solicitar un certificado de nacimiento que daba cuenta del hecho. Al respecto, la directora regional del Registro Civil manifestó: “La irregularidad no es tan fácil de resolver, puesto que el acto de reconocimiento de un hijo es irrevocable” (Almonte, 2016).

En el Registro Civil del Estado de Chihuahua, los únicos requisitos sustanciales para modificar el nombre, la filiación y la patria potestad de la hija o el hijo menor de una madre soltera son: 1) que el acta de nacimiento del menor no tenga padre registrado y 2) las voluntades de la madre y de quien se presente ante el Registro Civil como el padre. Lo anterior es contrario a los derechos de las niñas y niños y, por analogía, a la jurisprudencia que establece el derecho de los menores a participar en los procedimientos jurisdiccionales que afectan su esfera jurídica (SCJN, 2017).

Hay que destacar, los derechos de las niñas, niños y adolescentes comprenden un interés jurídico o bien superior, es decir, muy por encima de los derechos y obligaciones derivadas de las

figuras de maternidad, paternidad, patria potestad, maternidad subrogada y donador genético, están los derechos de la niñez. El derecho humano de alimentos de las niñas y niños debe garantizarse siempre, por ello, son sujetos deudores de este derecho: en primer lugar, madre y padre, segundo lugar, el gobierno, la familia, las y los ciudadanos, en otras palabras, todas y todos somos sujetos deudores del derecho a alimentos de la infancia mexicana.

Entonces, por qué el artículo 62 del Código Civil del Estado no prevé, en pro del interés superior del menor, se registre la paternidad del recién nacido o nacida, previa declaración de la madre soltera ante el oficial del registro civil, confirmada con la prueba genética respectiva. La ley no prevé este supuesto, porque la mujer y el varón no son iguales ante ella. Si el varón incumple la obligación de comparecer ante el Registro Civil a declarar su paternidad, la madre soltera tendrá que registrar al menor como hija o hijo sin padre y posteriormente iniciar un costoso, largo y tortuoso juicio jurisdiccional para corretear al varón e imputarle una paternidad que no deseaba. Más aún, cuando el juicio de paternidad se gane, el nombre y la filiación de la hija o hijo se modificará, situando el apellido paterno del padre en primer lugar, seguido del apellido paterno de la madre, en segundo lugar; en efecto, la ley protege el derecho del varón para establecer su estirpe. Por lo tanto, en este trabajo se propone la modificación de los artículos 60 y 74 del Código Civil del Estado, en los términos que se señalan más adelante.

El aparato reproductivo femenino y la condición de mamíferos, obliga a la especie humana a formar relaciones de vida y procreación desiguales entre mujer y varón con relación a los crios. La perpetuación de la humanidad como especie de mamíferos requiere, primero, que la mujer cargue en su vientre al crío, después, que lo amamante, independientemente que, en una visión futurista, ambas funciones puedan llegar a sustituirse artificialmente.

Lo cierto es que la maternidad deriva de un hecho natural y biológico: el parto, a diferencia de la paternidad, la cual se determina mediante una construcción jurídica: el matrimonio y en su defecto la manifestación del varón ante el fedatario público.

La propuesta feminista consistente en que la mujer participe en la integración del nombre familiar, acordando con el varón el orden de los apellidos de la hija o hijo de ambos y en caso de que no haya acuerdo sea la mujer quien decida, da certeza jurídica a la persona, la familia y la sociedad e identidad sólida a la niña o niño registrado.

La idea de ponderar el linaje del varón sobre los hechos, las ciencias naturales y los derechos de la mujer, es una arrogancia y una construcción muy endeble del patriarcado hegemónico, la cual va a caer, es decir, se derrumbará con la realidad a cuestas, pues la mujer es la que engendra, pare y da certeza a las relaciones familiares.

Dada mi formación de abogada positivista-analítica, creo que este tipo de argumentos salen del espacio donde me siento cómoda, sin embargo, deben abordarse para fortalecer la propuesta feminista que sostengo. Al fin, lo mencionamos, el feminismo es eso, las experiencias vividas y contadas por una mujer.

En principio, hay que distinguir el plano del deber del plano del ser. En el ámbito del deber, irrefutablemente, todas y todos somos deudores solidarios de los derechos de la niñez mexicana, en primer lugar, madre y padre por igual, en segundo lugar, gobierno, ciudadanas y ciudadanos y la comunidad en general. Asimismo, los derechos de los niños representan un bien superior y prioritario sobre cualquier otro tipo de derecho u obligación, llámese maternidad, paternidad, patria potestad, maternidad subrogada y donador genético. El interés superior del niño se fundamenta en el artículo 4^o, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los derechos del niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el artículo 4^o de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

En el mismo sentido, la tesis aislada Guarda y custodia. El artículo 282, apartado b, fracción ii, tercer párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que la concede ex ante a la madre, es violatorio del principio de igualdad y no discriminación, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2020) señala que:

(...) las normas generales que establecen distinciones basadas en las categorías sospechosas enunciadas expresamente en el artículo lo. de la Constitución Federal -entre las que se encuentra el género-, no admiten este tipo de interpretación, antes bien, las mismas deben ser sometidas a un escrutinio estricto. Ello, debido a que la disposición en cita genera una distinción normativa en función del género y no cumple con los estándares del test de igualdad a la luz de un escrutinio estricto; en tanto no es una medida idónea para satisfacer de una mejor forma el interés superior del menor, pues establece una presunción ex ante en favor de la madre sin evaluar cuál sería la situación más benéfica para el infante, por lo que, lejos de po-tencializar este principio, lo contraviene al impedir que el juzgador cumpla con su obligación de evaluar tanto las condiciones fácticas que generan la controversia, ya sean las características y posibilidades de los progenitores, como la opinión del menor y su relación con estos. Así, el establecimiento de una regla absoluta sin la admisión de excepciones encaminadas a buscar un mayor beneficio para el infante, ignora la pluralidad de la realidad social. Ello, aunado a que la preferencia materna y el presumir que los hijos deben quedar al cuidado y responsabilidad de las madres por presunción legal, no solo reafirma estereotipos de género tradicionales, sino profundiza el mandato y la correspondiente culpa o doble carga de responsabilidad que se genera fundado en el binomio de mujer-madre.

Esta tesis corrobora que las facultades derivadas de la maternidad, no pueden ponderarse por encima o igual a los derechos de la niña o niño; en palabras de la civilista argentina Grosman, nos parece conveniente introducir estas reformas: Reemplazar en el articulado legal la denominación “patria potestad” por “responsa-

bilidad parental”, y la voz “tenencia” por “régimen de convivencia con el hijo” (Grosman, 1998), ello para una mejor protección del interés del menor. El término patria potestad da la pauta para ejercer la maternidad y la paternidad en forma de poder respecto a la niña o niño y no de responsabilidad, situación descrita en la tesis en cuestión.

Asimismo, el precedente en cuestión combate la presunción de que las hijas e hijos deben quedar al cuidado y responsabilidad de las madres, situación que reafirma estereotipos de género tradicionales y profundiza el binomio de mujer-madre. En efecto, en este trabajo se ha mencionado que todas y todos somos deudores solidarios del cumplimiento de los derechos de la niñez, en primer lugar, madre y padre en igualdad, segundo lugar, gobierno y comunidad. Lamentablemente, la realidad de la infancia chihua-huense y mexicana dista del plano del deber ser; los derechos de las niñas, niños y adolescentes se vulneran a diario, en escuelas, iglesia, en la familia y en la calle.

Por otra parte están, en el plano del ser sumidos en la cotidianidad, lejos de las leyes, los derechos fundamentales y los juicios contenciosos entre madre y padre que pelean a muerte por un poder sobre la niña o el niño; lo cierto es que en el plano del ser, en el fáctico, la mujer sea hija, hermana, madre, tía o abuela, constituye la piedra angular sobre la cual se construye la identidad de la niñez mexicana. Lo veo en cada junta escolar, preescolar y primaria, por cada dieciocho mujeres, aproximadamente, asiste un varón; y en los grupos informativos de las redes sociales, donde escriben incansablemente, la mayoría somos mujeres, algunas madres, otras abuelas, tías, hermanas, novias del papá, aún así, siempre somos “los padres de familia”. A las mujeres nos dicen “papis” y rinde cuentas “la sociedad de padres de familia”, es decir, en títulos nominativos e institucionales no existe el binomio de mujer-madre, referido en la tesis aislada citada con antelación. En las escuelas públicas y privadas del estado de Chihuahua donde estudian nuestras hijas e hijos, se genera el extraño binomio de mujer-padre, somos algo así como “Las padres de la familia de nuestro marido” o las invisibles.

Ahora bien, salgamos del ámbito formal para hablar de la no escrita sabiduría del pueblo chihuahuense. Habrás escuchado alguna vez un dicho de las abuelitas que dice: “Los hijos de mis hijas mis nietos serán, los hijos de mis hijos... en duda estarán”. Este obedece a dos causas, la primera es de índole natural, la cual trasciende al ámbito jurídico y da certeza jurídica a las relaciones familiares (ver los artículos 55 y 62 del Código Civil del Estado que regulan el parto como origen de la maternidad). Reiteramos, con excepción de la maternidad subrogada, es un hecho, la madre de una niña o niño será quien lo parió. En cambio, el padre de una niña o niño se determinará con base en una presunción legal, el matrimonio, y, en su defecto, la declaración del varón ante el fedatario público; por eso, la ley, el gobierno y la familia no tienen más opción que presumir la supuesta paternidad, ya que nadie, ni siquiera la madre y el padre conocen exactamente el momento de la concepción (por eso, algunas abuelitas dudan de ser la verdadera abuela de las hijas e hijos de su hijo). La segunda causa es de índole social, aunque exista una relación consanguínea entre el crío y el padre y a su vez con la familia de este; en la realidad, la mujer con sus decisiones, hábitos, roles y trabajo, es quien condiciona la formación y educación de los niños y niñas chihuahuenses.

En conclusión, estos fueron los argumentos legales, biológicos y sociales que consideramos para proponer la siguiente redacción al artículo 60 del Código Civil del :

(...) La prelación de los apellidos, será la que los progenitores convengan y en caso de no existir acuerdo, corresponderá a la madre esa decisión. El orden de apellidos registrado para el primer hijo o hija se empleará para los demás hijos e hijas del mismo vínculo.

En cuanto a la modificación del nombre con cambio de filiación, se propone la siguiente redacción al artículo 74 del Código Civil del Estado:

Si el reconocimiento se hiciere después de haber sido registrado el nacimiento, el nombre propio y el apellido primero de la persona

registrada se mantendrán sin modificación, el apellido segundo se cambiará por el del progenitor que reconozca al hijo o hija. (...)

Se presume que el nombre de las personas surgió al mismo tiempo que el lenguaje y con las primeras formas de civilización (Pliner, 1989). Durante milenios el nombre existió ligado al ámbito consuetudinario. El código alemán de 1900 fue el primer instrumento jurídico que consideró el nombre como un derecho (Pliner, 1989). La integración del nombre compuesto por el nombre propio y apellidos o nombre familiar es relativamente moderna. Con excepción de los romanos, los pobladores de la antigüedad, hebreos, griegos, árabes, chinos, japoneses, hindúes y germanos, solo tenían el nombre principal y no existían los apellidos (Pliner, 1989), estos surgieron con la evolución y complejidad de las sociedades modernas y con la necesidad del patriarcado de establecer un linaje.

La invención del apellido como elemento del nombre que trasciende de generación en generación, se atribuye a la finalidad de identificación de la persona. Hablo de la identificación en términos de igualdad y pertenencia, es decir, individuos separados se unen por medio de los lazos de sangre y solidaridad, para integrar linajes, familias, comunidades y naciones, por medio de los apellidos.

Siendo el nombre una institución que emergió y se desarrolló durante siglos en el ámbito consuetudinario, puede entenderse que la praxis vaya un paso adelante de la norma jurídica. En diciembre de 2017, se publicó la sentencia de la Suprema Corte de Justica por la cual se determinó que privilegiar el apellido paterno del hombre sobre el de la mujer refuerza prácticas discriminatorias en contra de la mujer. El caso derivó de la petición formulada por ciertos progenitores, dirigida al Registro Civil de la Ciudad de México, para que al registrar a sus hijas se invirtiera el orden de los apellidos que entonces se establecía en el reformado artículo

58 del Código Civil para el Distrito Federal. En amparo en revisión 208/2016, el máximo tribunal mexicano dispuso:

El sistema de nombres es una institución mediante la cual se denomina y da identidad a los miembros de un grupo familiar. Este, a su vez, cumple dos propósitos. Primero, sirve para dar seguridad jurídica a las relaciones familiares, fin que por sí solo podría considerarse constitucionalmente válido. No obstante, el sistema de nombres actualmente vigente también reitera una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria, en la que se concebía a la mujer como un integrante de la familia del varón, pues era este quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia. En razón de lo anterior, la imposibilidad de anteponer el apellido materno atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación de estas debido a que implica reiterar la concepción de la mujer como miembro secundario de una familia encabezada por el hombre.¹⁹

En Chihuahua y en la práctica, a qué pareja podría interesarle solicitar el registro de nacimiento de su hija o hijo, con la prelación de los apellidos de manera distinta a como se dispone legalmente; si bien, esta práctica no debe ser solo para quienes deseen preservar una estirpe, es difícil para la madre y el padre concebir una forma de interacción familiar diferente a la establecida en el Código Civil del Estado, la cual prevalece de manera tradicional, es decir, la familia actúa, se presenta y conoce con el nombre familiar del señor de la casa. Cabe destacar, que ante una negativa por parte del Registro Civil para modificar el orden de los apellidos de la hija o hijo registrado, será necesario promover un juicio de amparo, el cual es costoso, tardado y no hay garantía de la obtención de la prestación.

Los primeros pasos para asegurar la participación de la mujer en la formación del nombre familiar pueden ser desalentadores, de aquí la importancia de trabajos y divulgaciones como esta. Las prácticas de discriminación hacia la mujer pueden empezar a ser ^{131 132}

advertidas y cuestionadas para transformarlas en normatividad, actos y hechos que mejoren la convivencia y garanticen los derechos de todas y todos.

Será importante que las y los operadores del registro civil estén actualizados y sensibles respecto a la noción de paridad de género, para que cuando reciban la solicitud de cambio del orden de los apellidos, con fundamento en el derecho humano a la igualdad de género establecida en el artículo 4o constitucional y convenios internacionales de la materia, la acepten sin necesidad de acudir a tribunales, puesto que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en términos del artículo lo constitucional. El movimiento transformador feminista parece surgir de la calle, pasará por el registro civil y llegará al derecho.

Todas y todos habremos de erradicar el prejuicio de que los que se apellidan como la mamá son hijas o hijos de madres solteras. Esta discriminación ha vulnerado no solo los derechos de la mujer, sino también los derechos e inclusive la integridad de las niñas y niños. Sumergidos en el prejuicio, se aprecia como una concesión graciosa o un favor el reconocimiento que el hombre hace para el hijo o hija de la mujer soltera.

El nombre, además de un atributo de la personalidad y una institución, es un derecho humano, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera en el articulo lo, párrafo tercero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Las autoras argentinas Graciela Medina y Gabriela Yuba distinguen estas cuatro obligaciones de los Estados respecto a los derechos humanos: la obligación de promover el derecho en cues-

tión, se refiere al deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien; la obligación de respetar implica la obligación del Estado de no obstaculizar o impedir el acceso, el goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho; la obligación de proteger, relacionada con el deber de impedir que terceros interfieran el acceso a esos derechos; la obligación de asegurar o garantizar, en términos de la constitución federal mexicana, implica asegurar que el titular del derecho acceda al bien (Medina & Yuba, 2013).

La obligación de promover el derecho al nombre en Chihuahua, se atribuye al Congreso del Estado, consiste en impulsar la reforma de los artículos 60 y 74 del Código Civil del Estado de Chihuahua, en los términos planteados en este trabajo, a fin de que existan las condiciones legales para que la mujer intervenga en la conformación del nombre familiar, en los actos del registro de nacimiento y especialmente en el de reconocimiento de hijas o hijos.

La obligación de respetar el derecho al nombre en Chihuahua se atribuye a las autoridades del Registro Civil, con el objeto de que acepten las peticiones de los progenitores para registrar a sus hijas e hijos, con la prelación de apellidos que ellos convengan, sin la necesidad de acudir a tribunales federal por la violación del derecho a la igualdad de género (artículo 4^o constitucional) y el derecho al nombre (artículo 18 de la Convención Americana sobre derechos humanos).

La obligación de proteger el derecho al nombre es atribuible a todas y a todos, especialmente para las madres de las niñas y niños registrados o reconocidos, así como para las autoridades del registro civil que llevan a cabo el registro de actas; esta obligación implica erradicar los prejuicios propios y de terceros que impiden a la mujer acceder a la titularidad de las responsabilidades y los derechos que el nombre representa.

En cuanto a la garantía del derecho al nombre, todas las autoridades de Chihuahua del orden estatal y municipal, correspondientes a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, están obligadas a que la universalidad del derecho al nombre incluya a

la mujer, niñas, niños y a la familia chihuahuense, conjugando el cumplimiento de las obligaciones mencionadas.

Para enmarcar la propuesta feminista del derecho al nombre en Chihuahua, viene a cuenta un texto de la investigadora Susana Thalia Pedroza de la Llave, en colaboración con el investigador Rodrigo Gutiérrez, dicen así: “es muy distinto proteger a un individuo, que proteger los derechos de ese individuo”. En el primer caso, el sujeto no es considerado como sujeto de derechos, sino al que hay que proteger, y no se debe olvidar que ha sido en nombre del cuidado y la protección que a lo largo de la historia se han cometido enormes atropellos (Pedroza & Gutiérrez, 2001).

De aquí se advierte la importancia de proteger los derechos de la mujer, no propiamente a la mujer, como si ella fuera un ser procreador y frágil, por ende incapaz de representar a su familia y sobrevivir sin el amparo y protección del varón proveedor, pues, según el filósofo Aristóteles (2004), el hombre es quien cuenta con capacidad para proveer, mandar y decidir sobre la casa y los que viven en ella. Asumir que una persona carece de capacidad para tomar decisiones y asumir las consecuencias, es fuente de discriminación de cualquier tipo.

Las relaciones familiares respetuosas se presentan en un ambiente de paridad de género y requieren mirar a la mujer precisamente como se mira al varón, como un sujeto titular de derechos y obligaciones, con capacidad para contraer y afrontar las responsabilidades propias y familiares, así como personales y patrimoniales.

Es injusto que la ley y la sociedad nieguen a la mujer participar en la conformación del nombre familiar, relegándola a un lugar secundario en el orden de los apellidos. Paradójicamente, es la mujer quien, por una parte, desempeña un rol prioritario en la familia, asumiendo (de facto y no legalmente) la gran responsabilidad del cuidado de los integrantes más vulnerables de la familia, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos

mayores; por la otra, la maternidad se establece de un hecho cuasi irrefutable: el parto. Este acontecimiento natural da seguridad y certeza jurídica a las relaciones familiares; a diferencia de la paternidad cuyo origen es una presunción legal o una manifestación que a veces se niega y es necesario un juicio jurisdiccional para imputarla.

La metáfora del autor argentino Juan M. Semon que dice: “(...) Una persona sin nombre es como una obra literaria o científica sin título ni referencias de su autor. Es un ser viviente, sin derechos y sin responsabilidad individual por sus actos” (Semon, 1946), nos hace pensar que una manera de gozar de las libertades e igualdades que implica la paridad de género, es mediante la asunción de las responsabilidades legales y sociales que derivan del nombre.

Así, la propuesta de este trabajo se resume a lo siguiente: por lo que hace al registro de nacimiento, se planteó regular en el Código Civil del Estado de Chihuahua, el acuerdo de la pareja respecto a la prelación de los apellidos de las hijas e hijos, a falta de este, la decisión será tomada por la madre. En cuanto a la modificación de nombre con cambio de filiación o acto de reconocimiento, se propuso la no alteración del nombre propio, ni la del primer apellido, incluyendo, en todo caso, como segundo apellido el del progenitor que reconoce a la niña o niño previamente registrado.

Esta es una propuesta sencilla, pero de gran impacto. La forma de interacción que la institución del nombre establece entre el varón, la mujer y los hijos e hijas, la sociedad y el gobierno, puede repensarse para dejar de reproducir prototipos inadvertidos que datan desde la antigüedad, cuando el centro de la civilización era el hombre, llamado entonces Pater Familias y después Señor feudal. En la actualidad esta practica discriminatoria permanece, negando a la mujer el derecho de participar en la formación del nombre familiar, como sabemos, cuando se registra al niño o niña se le asigna un nombre propio seguido de dos apellidos, el paterno del padre y el paterno de la madre; o bien, la mujer casada, como práctica social, une a sus apellidos los del marido o utiliza el genitivo “de”, simbolizando pertenencia al cónyuge.

El nombre y su uso es una herramienta esencial para materializar derechos y responsabilidades atribuibles a un titular, por eso la importancia de promover la intervención de la mujer en la conformación del nombre familiar, ya que esta es una manera de visibilizarla y crear nuevas y equitativas formas de interacción en la familia y en la sociedad, la principal, entre la madre y los hijos e hijas.

La portación del primer apellido igual al de la madre, nunca más debe representar el hijo o hija de la madre soltera, sino el hijo o hija de la madre con capacidad legal y social para representar a su familia, siendo titular de derechos y responsabilidades ante cualquier instancia. ¡Vaya!, la noción que se propone es muy diferente al prototipo de la madre cuidadora, quien ama, alimenta y limpia a la familia que pertenece a un supuesto Señor de la Casa.

Por último, a propósito de la responsabilidad y paridad de género, resulta oportuno citar el pensamiento del defensor de derechos humanos Nelson Mandela, en torno a un sueño de libertad:

He tratado de no flaquear, pero me he tropezado en el camino. He descubierto un secreto: después de escalar una alta montaña descubres que aún te faltan muchas otras por subir.

He decidido descansar aquí un momento, pero sé que solo puedo descansar un rato porque ser libre significa tener responsabilidad y no pienso detenerme: mi camino aún no acaba.

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sonales, conocimiento y percepción del tema, eventos de acoso, y atención y seguimiento a denuncias.

Palabras clave: certificación de género, segregación laboral, acoso y hostigamiento sexual, grupos vulnerables, Ciudad Juárez.

A key issue that began the Mexican government’s National Women Institute in the 2000s was to certify companies according to the Gender Equity Model (GEM), in the fase of a commitment to comply with international agreements, to fostering work environments free of gender-based violence and promoting equity and equal opportunities. The objective in this paper is to expose some experiences of employees of a maquiladora company certified in such a model, framing two axes: labor segregation for reason of gender and sexual harassment/harassment. The field research required interviewing six workers in may and june 2017. The analysis focuses in six different categories: discrimination, positions and salaries, personal relationships, knowledge and perception of the subject, harassments events, and, attention and follow-up to complaints.

Key words: gender certification, labor segregation, sexual harassment, vulnerable groups, Juarez City

Un Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (el número 5) busca “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” para evitar ambientes de violencia y discriminación en el mundo (un.org/sustainabledevelopment, 2020). Una propuesta planteada desde el Programa de Desarrollo

de las Naciones Unidas (PNUD) para incentivar condiciones igualitarias entre hombres y mujeres es solicitar a los gobiernos de los países implementar el denominado “Sello de igualdad de género” como parte del Programa de certificación para que instituciones públicas y privadas participantes contribuyan a reducir desigualdades en el trabajo, promover buenas prácticas e impulsar la cooperación sur-sur.

El Sello de igualdad de género tiene su origen en América Latina. El PNUD estima que desde 2009 se han certificado más de 400 instituciones en 10 países (un.org). En el caso de México, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del gobierno federal y el Banco Mundial operaron un proyecto denominado “Generosidad” en 2002 con una duración de tres años desde el cual se impulsó el Modelo de Equidad de Género MEG: 2003. Su fin era certificar a instituciones públicas y del sector privado entre cuyos compromisos incluían promover la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en sus espacios de trabajo.

La aplicación del MEG —a cargo del Inmujeres— se definió como una política pública en 2006 y se entendió como un sistema de gestión con perspectiva de género. Se basaba en una estrategia que proporcionaba herramientas a las diferentes organizaciones para que asumieran el compromiso de revisar sus políticas y prácticas internas, y con ello reorganizar sus mecanismos a favor de la igualdad (Inmujeres, 2015).

El modelo (MEG) fue implementado por más de una década. Sus etapas eran 5: diagnóstico inicial, capacitación, asesoría, preauditoría y auditoría final. Cada una establecía sus requisitos, y las empresas que obtuvieran el distintivo MEG adquirían compromisos y beneficios supeditados al marco normativo de ese modelo. Los requisitos para adoptar el MEG consistían en 3: i) que la alta dirección de la organización solicitara adoptar el modelo dirigiendo un documento a la presidenta del Inmujeres; ii) que se enviara la cédula de registro; y iii) que le diera total cumplimiento al procedimiento establecido por el Inmujeres en cada etapa del proceso (Inmujeres, 2015).

La cédula de registro o formatos en consideración requerían revisar las cláusulas relacionadas con diversos ejes que incluían analizar procedimientos, acciones asociadas con el reclutamiento y selección del personal, la capacitación, desarrollo profesional y compensaciones con igualdad de oportunidades; si la empresa promovía el balance entre la vida familiar y laboral; si se fomentaba un ambiente laboral y calidad de vida en la organización; si se generaban ambientes de salud en la organización; se buscaba la sensibilización y comunicación con enfoque de género; se prevenía y atendía el hostigamiento sexual; corregían los problemas de segregación ocupacional; entre otras, por lo que, una vez evaluada cada empresa, se le emitía un dictamen y recomendaciones procedentes.

La operación de ese modelo en México funcionó de 2003 a 2015 consiguiéndose la certificación de 220 organizaciones cuya vigencia del sello vencería el 31 de diciembre de 2015. Una vez que se concluía la vigencia por cada empresa, un siguiente paso consistía en someterse a una auditoría de seguimiento, por lo cual se podía volver a certificar al ampliarse la vigencia, en tanto atendiera las recomendaciones emitidas por la parte evaluadora. La integración y revisión de informes de corte cuantitativo permitían dar seguimiento al sistema de gestión de equidad de género, para con ello conseguir el reporte del nivel de aprobación del organismo certificador y se resolviera si procedía o no la (re)certificación conforme a la escala de evaluación.

La escala de evaluación consideraba tres grados: A, B y C. En el caso A, la decisión era aprobatoria. La puntuación considerada era 71 a 100 puntos. La evaluación B implicaba la aprobación condicionada con puntaje conseguido entre los 61 y 70 puntos (de 100). La evaluación C era que la aprobación no procedía; la puntuación era 0 a 60 puntos (de un total de 100).

La indagación de las 220 organizaciones aprobadas por el MEG reportó que seis de ellas se ubicaban en el estado de Chihuahua: Agnico Eagle México, Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, eCMMS, Rendilitros Gasolinera, Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua y la Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez (Inmujeres, 2015). Pero, al realizar un primer acercamiento en campo en 2016, atendido con la técnica bola de nieve, confirmó que dicho listado no estaba actualizado debido a que omitía el nombre de distintas empresas en Ciudad Juárez que contaban con esa distinción. Tal hallazgo tuvo que verificarse más adelante.

a) El nivel de aprobación del MEG de una organización dependía de una evaluación cuantitativa al final del proceso en una escala de 0 a 100; b) que había empresas certificadas en Juárez, Chihuahua, que no tendrían un seguimiento por la suspensión temporal del MEG; c) que la revisión de los informes de la efectividad del MEG presentados por diversas instituciones certificadas a nivel nacional sugerían que los ejes de Segregación Laboral por Razones de Género (SLRG) y Acoso Sexual (AS) figuraban —por lo general— en los últimos puestos de las tablas de resultados, sugiriendo que se buscaba minimizar la importancia de su contenido; y d) que los estudios con enfoque cualitativo sobre procesos de certificación de género en México fueran limitados llevó a cuestionarse lo siguiente: ¿Cuál era la factibilidad de indagar aspectos “observables” de lo que ocurría en torno a la segregación laboral por razones de género y dinámicas del acoso sexual en el siglo XXI al interior de una empresa certificada por el modelo de equidad de género ubicada en Juárez, Chihuahua?

El interés de explorar y profundizar en esos fenómenos, contemplando la oportunidad de conocer de propia voz la perspectiva de distintas personas en su ambiente laboral y considerando las exigencias del MEG, condujo a proponer los siguientes objetivos:

Explorar las experiencias de trabajadoras y trabajadores que laboraban en una empresa certificada en el Modelo de Equidad de Género ubicada en Juárez, Chihuahua, considerando dos ejes: el acoso/hostigamiento sexual (AS) y la segregación laboral por razones de género (SLRG).

Indagar las experiencias de AS de trabajadores(as) con base en tres categorías del MEG: conocimiento y percepción del tema, eventos de acoso, y atención y seguimiento a denuncias.

Indagar las experiencias de SLRG de trabajadores(as) considerando tres categorías del MEG: discriminación, puestos y salarios, y relaciones entre compañeros(as).

¿Qué experiencias de acoso/hostigamiento sexual y segregación laboral por razones de género han enfrentado trabajadores y trabajadoras de una empresa certificada en el MEG ubicada en Juárez, Chihuahua?

¿Qué conocen y perciben del tema del acoso sexual, qué eventos de acoso sexual y qué atención o seguimiento a denuncias han experimentado trabajadores(as) de la empresa certificada en el MEG ubicada en Juárez Chihuahua seleccionada?

¿Qué vivencias de discriminación, puestos y salarios, relaciones entre compañeros(as) han experimentado trabajadores(as) de la empresa seleccionada y certificada en el MEG, ubicada en Juárez, Chihuahua?

Por lo anterior, en concordancia con Rothery, Tutty y Grindell (1996) citado en Hernández, Fernández y Baptista (2010), se dispuso que esta investigación cualitativa requería ser conducida en los ambientes naturales de los participantes de forma que las variables no dieran cabida a ser controladas ni manipuladas disponiéndose como prioridad que los participantes determinarían los significados de los datos recogidos, por lo que estos últimos no se concentrarían en proporcionar valores numéricos.

Así sucede que ante la conveniencia, relevancia e implicaciones prácticas que advierte un estudio de esta naturaleza en términos académicos y metodológicos, se consideró viable disponer de las experiencias y puntos de vista del conjunto de individuos colaboradores dado que admitían generar teorías fundamentadas que condujeran, posiblemente, a establecer mecanismos y sugerir procedimientos o áreas de oportunidad para las organizaciones interesadas en adquirir la marca o sello “Igualdad Laboral y No Discriminación”.

Tal marca es promovida desde la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI en igualdad laboral y no discriminación (NMX), cuya ejecución quedó a cargo de un consejo interinstitucional conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Inmujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) (STPS, 2017); la cual, en 2020, es una propuesta que ha sustituido, en México, a la certificación del Modelo de Equidad de Género. O bien, complementa la propuesta del denominado “Sello de la igualdad de género” promovida desde el PNUD, según se expuso líneas arriba.

Para el cumplimiento de objetivos e indagar la búsqueda de respuestas a las interrogantes, este documento expone: la proble-matización y supuestos; el marco teórico y el diseño metodológico; presentación de resultados y comentarios finales a manera de conclusiones.

La problematización partió de reconocer que la cuantificación de un proceso de certificación puede ser trivial. Ello se corrobora cuando se encontró que la búsqueda de trabajos, informes e investigaciones que sirvieran como brújula orientadora para profundizar sobre el MEG en México eran limitados, que los reportes de empresas de seguimiento eran de corte cuantitativo y que los informes de las organizaciones estaban saturados de tablas y gráficas numéricas, subvalorando la riqueza de disponer de información de índole cualitativa.

La motivación de centrar la investigación en explorar las experiencias de participantes en torno al MEG sin medir, llevó a la revisión de literatura, encontrando los trabajos de Quintana (2011) y Macías y González (2013). Sus aportaciones fueron de gran valor al constituir una excepción en la manera de abordar el tema de la certificación. Partieron de conocer las experiencias de quienes colaboraron como parte del objeto de estudio, permitiendo tomarlas como un punto de partida para favorecer la recolección de datos, acordes con los objetivos de nuestro estudio.

Con este aval, se decidió que las entrevistas semiestructura-das serían el camino adecuado para conocer sobre segregación laboral por razones de género y acoso sexual según las voces de las personas empleadas en la empresa seleccionada. En el caso de la conveniencia y accesibilidad a la empresa elegida, vale aclarar que, en efecto, tendría que verificarse si se apegaba a la política de equidad de género y a la igualdad de oportunidades del MEG, que señalan:

La empresa es responsable de “promover la igualdad de trato y de oportunidades en la búsqueda de eliminar las desigualdades por razón de género dentro de la organización, así como garantizar el acceso a obtener puestos y beneficios en igualdad de condiciones para hombres y mujeres” (MEG, 2015, pág. 43, apartado 4.1.2).

En la organización, hombres y mujeres sean tratados de forma equitativa, tengan las mismas oportunidades de acceso a ofertas de puestos y bonificaciones además de erradicar los estereotipos sexistas, culturales o intolerantes con las diferencias basadas en el género y/o sexo (MEG, 2015, pág. 62, apartado 4.3.4.2).

Ante este interés, la revisión de bases de datos del Inmujeres sugirió que Juárez, México, contaba con nueve empresas certificadas en el MEG en 2017 (Inmujeres, MEG, 2015: 71). De esa lista, se eligió una empresa maquiladora. La factibilidad de recolectar los datos en la empresa seleccionada requirió de lograr el acceso al ambiente como una condición necesaria para seguir con la investigación de modo que se corroborara si contaba con el sello de la certificación de género del Inmujeres.

Así ocurrió que se contactó a un gatekeeper (controlador del ingreso al ambiente o abre-puertas), a quien fue expuesto el proyecto, se desarrollaron relaciones, se conversó sobre cómo serían las rutinas de los participantes y se negoció cómo tendrían lugar

Las primeras inmersiones en el ambiente permitieron realizar procesos de observación holística y se establecieron vínculos con posibles participantes para familiarizarlos con el planteamiento del problema. Como resultado de esta etapa, se consiguió formular un total de 6 supuestos, que señalaban:

• El hecho de que una empresa esté certificada en el MEG en México no garantiza que el acoso sexual o la segregación laboral no ocurra;

• Las mujeres son más acosadas sexualmente, más segregadas y mayormente discriminadas que los hombres;

• Los hombres no son acosados de la misma forma que las mujeres, o no sufren de acoso sexual con la misma frecuencia que ellas;

• Las mujeres tienen menor acceso a puestos de trabajo de mayor nivel y a menores salarios;

• Hombres y mujeres sufren acoso y les resulta difícil denunciar esos eventos; y,

• La voz de los varones tiene mayor peso y credibilidad en su ambiente laboral.

Otros resultados adicionales condujeron a determinar qué datos clave debían considerarse en la guía de las entrevistas, cuáles personas formarían parte de la muestra, cuándo y dónde sería conveniente citar a cada persona participante, preparar la elaboración de documentos o permisos, disponer de recursos y cuáles cronogramas procedían elaborar para comenzar con la recolección de datos. De igual manera, permitió identificar que entre los métodos disponibles para entender cómo perciben los participantes de la investigación sus experiencias, la fenomenología o la teoría fundamentada constituían una opción ideal, descartándose el estudio de caso, el interaccionismo simbólico, la hermenéutica, la etnografía, la historia de vida, la biografía y la historia temática en esta investigación. Mas, previo a presentar los datos recolectados

y hallazgos obtenidos, se muestran a continuación algunas generalidades del marco teórico y del diseño metodológico.

La revisión de investigaciones que permitieran definir el marco teórico y el marco metodológico para abordar el estudio de la segregación laboral por razones de género y el acoso/hostigamiento sexual en conjunción con la operación del Modelo de Equidad de Género sugirieron tomar el siguiente bosquejo, teórico y de autores, como guía:

La corriente teórica de posicionamiento se aborda desde el feminismo marxista (Giménez y Vogel, 2005).

El campo de estudio se aborda desde la Teoría de campos sociales de Bourdieu (1999).

El enfoque de la investigación es cualitativo tomando a Creswell (1998), Denzin y Lincoln (1994) como referencias.

La unidad de estudio fueron los colaboradores y colaboradoras de la investigación considerando la entrevista semi-estructu-rada para el acopio de información según la óptica de Grinnel y Unrau (2007).

El diseño de la investigación es fenomenológico conforme a Husserl (1945) y a Hernández, R. (2007). El procedimiento de análisis consideró la teoría fundamentada ( theory)

ya que los hallazgos y la teoría emergieron con fundamento en los datos colectados (Denzen y Lincoln, 2000).

La muestra se determinó después de la inmersión inicial y no es probabilística (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

El muestreo fue cualitativo y las unidades de análisis se encontraron en el ambiente (Mertens, 2005). El número se determinó por la naturaleza del fenómeno y sus entendimientos. El tipo de muestreo fue por conveniencia con seis participantes de ambos sexos según la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista (2010), Mertens (2005), Patton (2002) y Rizzo (2004).

Los conceptos clave fueron segregación laboral y acoso sexual. Los principales exponentes tomados para el abordaje de estos debates fueron: Bourdieu (1998); Colín (2010); Kanter (1997); Anker (1997); Riquer (2010); Ferrer y Bosch (2006); Mackinnon (1987), Vandjik (1998); López y otros (2019) y un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México (2017).

La aclaración de los ocho puntos previos propone, en resumen, lo siguiente. El feminismo marxista tiene sus bases en los planteamientos de Karl Marx y Federico Engels, por lo que se centra en ensalzar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. La teoría marxista feminista argumenta que la opresión de la mujer se desenvuelve dentro del contexto capitalista, siendo el causante de la desigualdad económica, disparidad política y dependencia de la mujer al varón como proveedor y generador de ingresos, Giménez y Vogel (2005).

Añaden que la teoría del feminismo marxista expresa que la desigualdad en las relaciones sociales responde a una cuestión de clases (dominantes y subordinados), dentro de un contexto capitalista que se desarrolla en un sistema patriarcal. Es decir, las adecuaciones de los sistemas que rigen el mundo (económico, político, cultural, religioso, social) están configurados y establecidos bajo un pensamiento dominante y prevaleciente donde las mujeres son subordinadas a los hombres y, por ende, no corresponde con su naturalizada posición de inferioridad insertarse en espacios propios de hombres, por lo que al hacerlo se desplazan en estos bajo la consigna de conformarse con lo que se les otorga.

El balance de estas aportaciones conduce a cuestionar —por nuestra parte— si el sistema patriarcal es una propuesta obsoleta, si en efecto las mujeres son agentes subordinados e inferiores versus los hombres o si, en efecto, son desplazadas de ciertos ambientes por su condición de género.

Un texto más reciente, signado por Espasandín (2018), sugiere que las articulaciones entre marxismo y feminismo requieren contemplar las intersecciones de clase, raza, género y sexualidad desde las siguientes relaciones y dimensiones: clase y género,

En suma, sus aportaciones sugieren cuestionar los siguientes aspectos: a) la lucha de clases no es capaz de explicar la opresión de la mujer desde la perspectiva estrictamente económica por lo que hay que contemplar el componente sexual; b) el análisis de la cultura “masculina” se opone a la cultura “femenina” por lo que la mujer debe ser liberada de su carga reproductiva (control de la fertilidad, reproducción artificial, partos, amamantamiento, cuidado de infantes) implicando la eliminación de los privilegios masculinos; c) se requiere entrecruzar jerarquías entre diversos hombres y mujeres de distinto color, jerarquía y clase para promover pactos y derechos, donde la variable “amor” es un instrumento cultural del poder masculino para mantener a las mujeres en una condición de ignorancia donde amor y trabajo son prácticas humanas que se reservan para relaciones amorosas heterosexuales no igualitarias.

En esta revisión postula, además, que el poder de los hombres requiere ser explicado y no la opresión o subordinación de las mujeres; que las condiciones de la reproducción y sus efectos en la producción demandan observar cómo el tiempo ha permitido combinar trabajo remunerado y no remunerado para las mujeres facilitando el acceso a puestos de jerarquía o si los efectos han fortalecido la presencia de mujeres y hombres en el trabajo o en el hogar.

En cuanto a Bourdieu (1999), la teoría de campos sociales contempla que tales campos son espacios de juego históricamente constituidos con instituciones específicas y leyes de funcionamiento propias. Un campo es una configuración de clases o relaciones sociales que son necesarias para su existencia y donde dichas relaciones tienen una razón de ser y un estatus social que hace interactuar a los individuos de tal o cual manera.

El ámbito laboral como objeto de estudio en esta investigación se sitúa en el campo de la cultura, pues es donde las relaciones e interacciones entre individuos son indispensables para el funcionamiento del sistema donde se desenvuelven.

Denzin y Lincoln (1994) refieren que la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa, y señalan que en esta se indagan situaciones naturales intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan. Creswell (1998), en cambio, hace énfasis en que la investigación cualitativa puede transformar al mundo en problemas sociales y humanos, en darles voz a los y las participantes en su complejidad para describir y para interpretar. Los autores coinciden en que la investigación cualitativa permite participar en el problema, vivirlo de cerca, observar dónde se da su naturaleza y tener una interacción cara a cara porque quien investiga se considera como una herramienta para la recolección de datos.

Por la naturaleza de este estudio, se utilizó un diseño feno-menológico; cabe entenderlo como “El estudio de los fenómenos [...], el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo y se propone interpretarlo según sus experiencias (Husserl, 1945: 21). Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista (2010) explican que primero se debe identificar el fenómeno y luego recopilar los datos de las personas que lo han experimentado, para finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de las experiencias para todos los participantes, lo que vivenciaron y de qué forma lo hicieron.

En suma, el estudio fenomenológico es la explicación de las vivencias de cada participante basadas en experiencias concretas a fin de obtener una comprensión teórica que permita entender y lidiar con el fenómeno de estudio.

En cuanto a la muestra, es de carácter cualitativo; no se fijó a priori ni se buscó generalizar resultados a una población más amplia. Se identificó el ambiente propicio, los grupos potenciales de participación y finalmente los individuos. La muestra fue guiada según los propósitos de la investigación y bajo el interés de disponer de información para comprender el problema de estudio, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) y Mertens (2005). En palabras de Patton (2002), una ventaja del muestreo cualitativo reside en lograr que los casos elegidos proporcionen la mayor

riqueza de información posible para estudiar sustancialmente la pregunta de investigación y responderla. Esta fuerza se confirmaría al revisar, sistematizar y analizar los datos recogidos.

Los casos seleccionados (léase personas) se sujetaron a cumplir con criterios de rigor, estratégicos y éticos dado que se formalizó el consentimiento informado de los datos recogidos, los participantes se sujetaron a responder las preguntas de la entrevista y su reclutamiento fue abierto hasta lograr la saturación de las categorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La muestra fue por conveniencia, al igual que Rizzo (2004), ya que fueron los casos disponibles a los cuales se tuvo acceso.

Las entrevistas semiestructuradas utilizadas en esta investigación fueron el instrumento para el acopio de información. Según Grinnel y Unrau (2007) este tipo de entrevista se basa en una guía de asuntos o preguntas con la libertad de introducir algunas adicionales para precisar conceptos o ampliar la información. Esta técnica permitió que las y los trabajadores relataran sus experiencias y percepciones del Modelo de Equidad de Género en relación con las categorías de segregación laboral por razones de género y el acoso sexual.

El formato de entrevistas semiestructuradas facilitó la creación del guión de preguntas divididas en dos secciones: la primera con preguntas enfocadas a la segregación laboral por razones de género y la segunda con preguntas sobre el acoso sexual (Figura 1). Entre los tipos de preguntas, según Mertens (2005) se incluyeron: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos y de antecedentes.

Una vez obtenidos los datos, se transcribieron, codificaron, describieron e identificaron similitudes y diferencias en los testimonios. Ello permitió relacionar fragmentos con los conceptos clave del estudio.

De los conceptos clave se procedió a sintetizar lo siguiente: el concepto de segregación laboral hace referencia a la división sexual del trabajo que según Bourdieu (1998) son estructuras que permanecen en el imaginario colectivo a partir de aplicar tres principios: 1) Las funciones consideradas adecuadas para las mu-

Figura 1. Formato de entrevista semiestructurada.

Antes de comenzar quiero agradecer su disposición para compartir información de su vida profesional y comentarle que toda la información que se trate en estos encuentros está protegida por el código de ética de la UACJ. Además, su uso será estrictamente con fines académicos y bajo un esquema de confidencialidad. Como le comenté en nuestro primer acercamiento, le reitero que puede realizar cualquier pregunta en el momento que estime pertinente, y cuenta con la facultad de ejercer su derecho a detener la entrevista cuando lo desee.
Primera sección	Segunda sección
Tema: Segregación por razones de género	Tema: Acoso y hostigamiento sexual
• Al solicitar trabajar en la empresa ¿Consideró que tendría algún tipo de problemática por (no) ser mujer? • ¿Hubo alguna ocasión en la que (no) ser mujer influyera en conseguir un puesto de trabajo? • Al entrar a laborar en esta empresa que cuenta con la certificación de género, ¿Se le informó sobre este tema y cómo tendría que laborar bajo este enfoque? • En la certificación se plantea que debe existir un trato equitativo para mujeres y hombres que laboran en esta empresa ¿Ha sentido que el trato que recibe por parte sus compañeros varones (as/mujeres) es diferente? • ¿Cómo es el trato entre mujeres (hombres) en esta empresa? • Hablemos del salario. ¿Le parece que es el monto adecuado para usted? • ¿Ha sentido alguna vez que su salario 0 prestaciones están condicionados por ser mujer (hombre) en comparación con el de sus compañeros en puestos semejantes? • La certificación establece que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ¿Considera que esto se cumple en esta empresa? • En su experiencia, ¿Le ofrecen oportunidades 0 prestaciones antes que a sus compañeros varones? • ¿Siente que es tomada(o) en cuenta y que su opinión se considera igual de importante que la de sus compañeros varones (compañeras mujeres)?	• ¿Cómo se le informó sobre el tema del acoso y hostigamiento sexual en este (su) trabajo? • ¿Recibió pláticas o talleres sobre el tema? • ¿Cómo se da seguimiento a una situación de acoso u hostigamiento sexual desde la certificación? • Como mujer (hombre), ¿Siente que está en mayor riesgo de sufrir acoso u hostigamiento? • ¿Considera que las políticas de prevención de la certificación son suficientes para prevenir y evitar el acoso y el hostigamiento en esta empresa? • ¿Se siente protegido(a) y seguro(a) dentro de su espacio laboral toda vez que la empresa está certificada? • ¿Usted ha pasado por alguna situación de acoso u hostigamiento sexual en este trabajo? Si es así ¿Puede contarme qué ocurrió 0 cómo ocurrió? Si no es así, ¿Conoció 0 conoce algún caso ocurrido de acoso y hostigamiento sexual en esta empresa? • ¿Qué hizo usted para hacer frente a esa situación? • ¿Cómo se resolvió esa situación? • ¿Considera que fue la forma adecuada para resolver esa situación? • ¿Sabe 0 conoce si la persona acosadora fue sancionada o si está bajo vigilancia? ¿Sabe qué ocurrió con tal persona? • ¿Cómo siente que se percibe a la persona acosada? ¿Cómo la ven el resto de sus compañeros(as) si se dan cuenta de una situación así? • Según lo que usted sabe ¿Cómo es el trato 0 la intervención por parte de quienes deben dar atención a este tipo de situaciones en la empresa?

Fuente: Elaboración propia.

jeres (actividades domésticas, enseñanza, cuidado, servicio); 2) Se sostiene que una mujer no puede tener autoridad sobre un hombre, por lo que en determinadas circunstancias se ve postergada por un hombre en posición de autoridad y relegada a posiciones/ puestos de servicio o asistencia; 3) El hombre siempre ha tenido y sigue teniendo el monopolio del conocimiento y manipulación de la tecnología por lo que se asocia que ciertos trabajos son considerados “para hombres” y por ende una mujer no es “capaz” de realizarlos.

López y otros (2019) plantean que la literatura sobre segregación distingue dos tipos: a) la segregación horizontal u ocupacio-nal donde la tendencia es que hombres y mujeres desempeñen profesiones distintas, y b) la segregación vertical o jerárquica, que alude al reparto desigual de puestos directivos (desempeñados en su mayoría por varones) limitando el desarrollo profesional de las mujeres y que alcancen puestos mejor remunerados. Advierten que la composición heterogénea de los puestos de trabajo por razón de género pueden vincularse con la brecha salarial entre hombres y mujeres o con la presencia de obstáculos que pueden perjudicar a las mujeres y no necesariamente con situaciones discriminatorias.

Colin (2010) escribió también que la segregación se manifiesta de forma horizontal y vertical. Explica que la primera forma corresponde a aquella en la que se observa una concentración de mujeres que se emplean en una serie de sectores, categorías y profesiones determinadas que son consideradas “femeninas” y los hombres, por su parte, se encuentran en aquellas consideradas “masculinas”. La segregación vertical se define como la dificultad que encuentran las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad o de mayor escala jerárquica en las organizaciones, donde existe una barrera invisible que dificulta el acceso de las mujeres a posiciones de poder y de toma de decisiones en el marco laboral.

Kanter (1997) considera que las dificultades laborales de género son producidas por la posición de dominio-sumisión que se desarrolla en las organizaciones, pues la idea de que las mujeres son subordinadas a los hombres predomina en este y otros espacios;

por lo que las mujeres son consideradas “adecuadas” para ocupar aquellos puestos que estén por debajo de la jerarquía masculina.

Anker (1997) puntualizó que la segregación basada en el sexo está muy extendida ya que se gesta y se reproduce por todo el mundo, así sea incluso en aquellos lugares con alto desarrollo económico, sistemas políticos, entornos religiosos, sociales y culturales; la segregación laboral es un evento que persiste en todos los mercados de trabajo a nivel global.

La segregación de las ocupaciones entre los sexos “perjudica a las mujeres directamente, porque tiene efectos muy negativos sobre como las ven los hombres y como se ven a sí mismas” (Anker, 1997: 343).

De lo anterior se infiere que la persistencia de los estereotipos socio-sexuales genera consecuencias nocivas no solo en la reproducción de los estereotipos basados en lo que socialmente se considera aceptable para femenino y masculino, sino que también son dañinos en el ámbito de la formación y desarrollo profesional pues se perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres de una generación a otra. En suma, los ambientes laborales pueden resultar contraproducentes en tanto eviten políticas y estrategias a favor de la igualdad y la equidad.

De la noción de acoso sexual se observó que es un término que emergió del feminismo de los años setenta del siglo XX como fruto de la reflexión de algunas feministas norteamericanas y británicas, quienes hablaron desde sus experiencias tanto en el mundo laboral como en el escolar. Las feministas estadounidenses acuñaron el término “sexual harassment”, y denunciaron la existencia de chantajes sexuales en la esfera laboral que en ese entonces eran considerados parte de la conducta “normal” masculina.

Al respecto, Ferrer y Bosch (2006) señalaron que las feministas lograron el establecimiento de la primera legislación contra el acoso sexual en el trabajo, consiguiendo influir en otros países hasta extenderse por varias partes del mundo. El acoso sexual se define como una conducta intrusiva o indeseada de los hombres en la vida de las mujeres. En concreto, se dijo que, “más que como un fenómeno ligado a la dominación sexual, [el acoso sexual] son un

conjunto de prácticas y actitudes que infantilizaban a las mujeres en el trabajo, obstaculizaban su integración o negaban su valor como profesionales” (Riquer, 2010: 63).

La base de esta concepción es que el acoso sexual pone de manifiesto una relación de poder y se encuentra íntimamente ligado con la situación de desventaja y de inferioridad de las mujeres en la esfera laboral. Esta expresión sugiere que un objetivo práctico del acoso es intimidar y subordinar a toda mujer que ha decidido dejar el espacio al que se le confinó (casa/lo privado) buscando insertarse en el mercado laboral (lo público).

Otra definición del acoso sexual señala que es toda imposición indeseada de requerimientos sexuales en el contexto de una relación de poder desigual, que tiene lugar principalmente porque las mujeres ocupan posiciones y funciones laborales inferiores. Esto es:

“El acoso sexual [...] es un fenómeno que afecta a un grupo definido por el sexo de las personas que lo componen: las mujeres, para tratarlas de una manera especial que tiene repercusiones deplorables y ataca su condición de trabajadoras. El acoso sexual impone restricciones a las mujeres que no se aplican a los hombres. Las priva de posibilidades que pueden beneficiar a los empleados masculinos sin condicionantes sexuales.’’ (Mackinnon, 1987: 23).

Esta revisión permitió observar que los discursos feministas ponen de manifiesto que el acoso sexual es un mecanismo de control para mantener una relación de dominación-subordinación que convierte a la mujer en un objeto del que se puede disponer a conveniencia. Dicho mecanismo se asienta sobre creencias populares de la organización social que se legitiman a través de la institucionalización y socialización de normas y sistemas, creencias o “ideologías” en las que, según Vandjik (1998), se reproducen y validan en las sociedades que las practican y que se actualizan día a día volviéndose un ejercicio cotidiano tolerado y normalizado, dando como resultado que en el caso de muchas mujeres que sufren acoso no puedan identificarlo como una agresión.

Por su parte, la CNDH (2018) de México, plantea que el acoso sexual es “cualquier comportamiento (físico o verbal) de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo” cuyas manifestaciones obedecen a dos situaciones: 1) el chantaje sexual o quid pro quo (algo a cambio de algo) que puede ser explícito o implícito; y 2) el ambiente laboral hostil. Aclara que en una situación de acoso sexual participan dos: la víctima (mujer u hombre) y el acosador (la persona que violenta o acosa en el ámbito laboral).

Puntualiza, también la CNDH (2018), que “el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”. Por ello, en México se dispone del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual donde ambos actos se consideran una forma de violencia donde opera un ejercicio abusivo de poder que coloca a la víctima en un estado de riesgo o indefensión que se concreta en uno o varios eventos, aun cuando no haya subordinación de la víctima.

Y se aclara que, en cuanto a las acciones de acoso sexual u hostigamiento, pueden ser de tipo físico, verbal o no verbal; por lo que los daños en las víctimas pueden ser de carácter físico y psíquico o social; que al final suponen costos que afectan los derechos humanos, a los empleadores y a la sociedad.

En esta lógica, procede confirmar si son únicamente las mujeres quienes son acosadas o si ocurre que los hombres también son víctimas de acoso en su ambiente laboral. Para confirmar qué ocurre en términos de segregación laboral y acoso en la esfera laboral, se presentan a continuación los resultados obtenidos en el trabajo de campo.

A manera de recordatorio, el interés de esta investigación se centró en recuperar las experiencias de las y los trabajadores que laboraban en una empresa certificada con el Modelo de Equidad de Género (MEG), sobre segregación laboral por razones de género (SLRG) y acoso/hostigamiento sexual (AS) en el periodo del levantamiento de información. La información disponible y validada permitió realizar un análisis de los datos recolectados desde la propuesta de la teoría fundamentada incluyendo elementos del diseño fenomenológico.

Las seis personas de la muestra con nombres ficticios, entrevistadas, fueron: Antonio, Cristina, Héctor, Enriqueta, César y Mila. Su selección consideró tres criterios. Primero, trabajaban en la empresa maquiladora seleccionada; la empresa contaba con la certificación en el Modelo de Equidad de Género. Se anticipó que cada participante estuviera familiarizado(a) con el MEG. En segundo lugar, se consideró y confirmó su puesto de trabajo y nivel jerárquico (similares). Por último, se tuvo noción que las personas experimentaron ya sea alguna situación de segregación o de acoso en la empresa. Se efectuaron al menos dos sesiones de entrevista con cada persona. Los encuentros fueron durante mayo y junio de 2017. Los datos generales de cada participante sugirieron lo siguiente (Figura 2).

En pocas palabras, se puede ver que las personas entrevistadas en campo fueron tres mujeres, tres hombres, cuyo rango de edad comprendía de los 26 a los 45 años cumplidos. La antigüedad laboral del grupo difiere al comprender de 2 a 15 años productivos. Dos personas eran casadas, dos solteras y dos estaban comprometidas. Dos tenían hijos y cuatro declararon no ser madre o padre de familia. Todas tenían el grado de ingeniero(a). A continuación, se exponen algunos hallazgos, primero de la SLRG y posteriormente del AS, considerando algunos testimonios (o parte de ellos) de las y los participantes, destacando ciertos planteamientos teóricos y dando cabida a algunas preguntas surgidas a través del análisis de las experiencias.

El estudio de la SLRG se desagrega en tres categorías: discriminación, puestos y salarios, y relaciones personales. En el primer caso, referido a los obstáculos que se les presentaron durante su proceso de contratación, o si consideraron que se les discriminaba de alguna forma por su sexo para ser contratados (as), se obtuvieron respuestas como las siguientes.

Antonio: hombre, 28 años, 6 años de antigüedad laboral, ingeniero de calibración, casado, padre de dos hijas pequeñas.

Cristina: mujer, 28 años, 3 años de antigüedad laboral, ingeniera de calibración, titular de un proyecto propio, soltera con pareja, sin hijos(as).

Héctor: hombre, 34 años, 11 años de antigüedad laboral, ingeniero de calibración con especialidad en mantenimiento de máquinas, comprometido para casarse, sin hijos.

Enriqueta: mujer, 45 años, 15 años de antigüedad laboral, ingeniera, supervisora del departamento de calibración, casada, madre de dos hijos.

César: hombre, 30 años, 5 años de antigüedad laboral, ingeniero de calibración, soltero, sin hijos.

Mila: mujer, 26 años, 2 años de antigüedad laboral, ingeniera de calibración, comprometida para casarse, sin hijos.

Antonio: En realidad, no, sí te hacen una serie de preguntas que tienen que ver con el trato, con las relaciones humanas. Pero la verdad es que fue algo sencillo, fue rápido el proceso de contratación. (Entrevista personal, 9 de mayo de 2017).

Héctor: No, ninguno. Pues fue un proceso sencillo realmente en el puesto que yo solicitaba pues no era, no era muy competido (Entrevista personal, 11 de mayo del 2017).

Enriqueta: Sí. Fíjate que había mucha competencia, principalmente por hombres y cuando yo metí mi aplicación para ingeniera pues me lo negaron porque no tenía el título aún. Yo me embaracé, y pues tuve que posponer la carrera, y cuando retomé todo, pues, presenté mi constancia de que había terminado la ingeniería, pero siempre me sacaban el título por delante. Yo no sé si a todos les pasó igual, pero no creo (ríe). A mí me dieron un puesto administrativo, fui por algún tiempo asistente de gerencia con la promesa de que, cuando tuviera el título pues, me iban a subir a ingeniería; pero esto si se tardó más de lo que hubiera querido porque, pues mi sueldo no era la gran cosa, así que, [...] me tuve que esperar (Entrevista personal, 14 de mayo 2017).

Mita: A mí al principio como que sentí que no me tomaron muy en serio por mi edad y porque pues me veo aún más joven de lo que soy (ríe). [...] cuando postulé, pues tenía recién 24, y aunque trabajé en otra fábrica antes, pues no tenía, así como que toda la experiencia del mundo tampoco. Siento que... (hace una pausa), siento que, a lo mejor por eso de la experiencia, pero quién sabe. Es que me dijeron que me hablaban por teléfono o me mandaban un mail si se hacía la contratación, pero se me hizo medio raro porque había otros muchachos ahí y salieron contratados. A mí me hablaron dos semanas después [...] Me dieron el puesto, pero estaba en lo que le dicen el periodo de prueba [...] (ríe) (Entrevista personal, 3 de junio del 2017).

En cuanto a las dinámicas laborales que deben seguirse según la certificación del MEG, en relación con la manera en que empleados y empleadas deben inter actuar entre sí, se informó:

Antonio: Yo me he esforzado por llevar a cabo al pie de la letra esto. No le doy preferencia a ninguna de las personas que tengo a mi cargo ni hablo mejor de unos que de otros; procuro ser lo más imparcial

posible. Desgraciadamente, pues hay como cosas que se van perdiendo, costumbres o ciertos reglamentos que empiezan a hacerse a lado poco a poco [...] otros compañeros con el mismo cargo o incluso en cargos más elevados, empiezan a tener ciertas preferencias de un género sobre otro (Entrevista personal, 9 de mayo de 2017).

César: Fíjate que no me acuerdo con exactitud cada cosa que nos dijeron de esto porque ya pasó alguito de tiempo (ríe), [...] bueno tenemos todos que tener presente, es que la manera de llevarnos entre nosotros no debe dar pie a que alguien, sea mujer o sea hombre, sienta que está siendo discriminado por ello, ¿me explico? O sea, siempre han sido muy puntuales y no solo por la certificación sino por otros reglamentos de la empresa, a que prácticamente ni se nos ocurra hacer o decir algo que sea discriminatorio y pues este, principalmente con las mujeres porque aparte es visto como un delito, sobre todo si están embarazadas [...] o [...] como cuando alguien se sabe que es homosexual pues, tampoco debe tratársele mal o cuando hay alguien con alguna discapacidad. [...] tenemos que ser muy respetuosos (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Cristina: Pues cuando yo entré a la empresa, ésta ya estaba certificada. De hecho, esto te lo informan en un taller o plática que forma parte de la capacitación que se te da para entrar a la empresa y ahí en esa charla, yo recuerdo que se nos dijo que teníamos que trabajar en el respeto entre compañeros, pues entre hombres y mujeres y todo esto nos dijeron que porque la empresa trabaja bajo el enfoque de la igualdad y de la equidad y de la paridad; [...] ahora que recuerdo, de vez en cuando dan estos papelitos, estos como volantes donde dice así cosas como cero tolerancia a la discriminación, o que discriminar a las mujeres por esto o por aquello es un delito (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Enriqueta: Pues fue algo así como un taller, una capacitación donde se nos dijo que la dinámica de trabajo a partir de esto de estar certificados, pues iba a ser muy diferente. Teníamos que cuidar mucho esto de la discriminación, tenía que haber igualdad entre hombres

y mujeres. A grandes rasgos pues, se nos dijo sobre la importancia de esto, sobre todo como que se le comenzó a dar más atención al trato que recibían, bueno recibíamos las mujeres porque pues por ejemplo a veces sí había tratos muy discriminatorios [...] (Entrevista personal, 14 de mayo de 2017).

Entre las indagatorias de esta categoría se tornó pertinente conocer las percepciones sobre si el salario o pago le resultaba adecuado a cada persona entrevistada. Enunciaron testimonios como los siguientes.

Antonio: Yo creo que mi salario es justo, creo que me pagan bien por lo que hago (Entrevista personal, 9 de mayo de 2017).

Héctor: Mi salario... (hace una pausa). No es adecuado, pero es... yo siento que es más una cuestión política que... bueno el salario no es adecuado en ningún lado (Entrevista personal, 11 de mayo de 2017).

César: (Ríe) ¿Por qué hablamos de cosas tristes? Es que esto del salario no creo que se pueda definir como justo, más bien hay que ‘aguantarse’ con lo que marca la ley y pues la ley está muy mal (ríe). Pero ya hablando en serio, pues me pagan relativamente bien por lo que hago, o sea, en comparación con los operadores o de otros trabajos que sé que son muy mal pagados, pues yo estoy “bien” (hace ademán de comillas) (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Cristina: Yo considero que mi salario está bien y a la vez no. Sí, porque pues creo por mis labores y lo que me desempeño, considero que me pagan bien, pero tú sabes, uno siempre quiere más como en todos lados [...] tienes que ir escalando si quieres ganar más, tienes que ir subiendo peldaños, así que pues por ahora yo considero que estoy bien (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Enriqueta: ¿Qué si me parece adecuado mi salario? No. ¿Por qué? Por ser mujer. Mire, desde mi punto de vista, yo soy ama de casa, tengo hijos, tengo una casa que atender fuera del trabajo y cuando se me pide quedarme extra no puedo, se me requiere para andar en alguna actividad extra de la empresa, yo no puedo. ¿Entonces eso qué pasa? Repercute, baja mi salario, [...] En cambio [...] la mayoría de los que son hombres pues sí tienen más tiempo de ir a todo y de quedarse más tiempo extra, por eso ganan más que yo (Entrevista personal, 14 de mayo de 2017).

Mila: Uy, ya empezamos mal (risas). Mira, yo empecé ganando bien poquito porque, como te comenté al principio, me pusieron a prueba para ver si daba el ancho, y la verdad era una miseria lo que me pagaban [...] No creo que mi salario esté del todo mal ahora, pero tampoco es lo que una desearía (Entrevista personal, 3 de junio de 2017).

Un segundo aspecto de la categoría “puestos y salarios” llevó a cada participante a relatar cuál era su percepción y experiencia respecto a las diferencias salariales que existían entre mujeres y hombres a pesar de laborar en los mismos puestos de trabajo. Expusieron lo siguiente.

Héctor: Desconozco si se lleva a cabo en esta empresa esto del 50/50 de tener hombres y mujeres en todos los puestos [...] en la capacitación que nos dieron mencionaron esos temas, mencionaron que por lo regular el salario de una mujer era mínimo o era, no sé, menor que el hombre entonces, por eso empezaron a meter este tipo de capacitaciones de género y a implementar la equidad y esas cuestiones”(Entrevista personal, 11 de mayo de 2017).

Enriqueta: Sí licenciada, reitero nuevamente [...] mi salario sí se ve o es menor que quienes sí pueden aprovechar estas oportunidades, como en el caso de los ingenieros. Aunque estemos en la misma área ellos pueden y ganan más por esto que le comento (Entrevista personal, 14 de mayo de 2017).

En cuanto a la tercera categoría de la segregación laboral por razones de género, se abordaron aspectos sobre la importancia dada a las opiniones y toma de decisiones con ambos sexos y la atención brindada a las diferencias basadas en el sexo. Ello implicó conversar del trato entre unos y otras. Se plantean algunas respuestas.

Héctor: Pienso que la posición jerárquica que ocupan en el personal administrativo, los ingenieros y quienes tengan puestos por decirles de alguna manera superiores, regularmente sí es más tomada la opinión de los varones puesto que hay más varones en el área administrativa que mujeres por cuestión de mayoría, simple nada más. Si hay mujeres en puestos de mando, de autoridad, pero siempre hay un equipo o alguien arriba de ellas y por lo general son hombres ¿no? [...] a veces te puedes dar cuenta que una mujer toma una decisión, pero ciertamente no fue ella sola quien la tomó o estaba manipulada por alguien más, esto ocurre con mucha frecuencia (Entrevista personal, 11 de mayo de 2017).

César: A mi muchas veces me han dado el avión por ser como soy (ríe). Sí está todo esto de que el trabajo en equipo, de que nadie es superior a nadie y bla, bla, bla, pero la verdad es que esto que preguntas como que, si nuestras opiniones cuentan, mira finalmente quienes llevan el barco son los que deciden [...] aunque haya buenas ideas y vengan de hombres o mujeres, al final, a veces nada más disfrazan que te hacen caso, pero terminan haciendo lo que les parece mejor [...] hay que hacer lo que dicen los superiores [...] pero sí lo he pasado mal algunas veces [...] porque, aunque sea hombre, sí me ha tocado que me tratan diferente por ser gay (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Cristina: Yo siento que sí he tenido buenas experiencias laborando con mis compañeros hombres. La mayoría de ellos son muy capaces e incluso he tenido que reconocer que muchos de ellos tienen

mejores ideas y mejores habilidades y capacidades que yo, pero te confieso que esto me ha ayudado a mejorar mi trabajo para crecer incluso como persona. Nunca he sentido que se me ignore por completo [...] aunque sí se me ha cuestionado en algunas cosas, que se haya invalidado por completo mi palabra, jamás (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Mila: Yo creo que en esto de las opiniones y las decisiones a veces le dan más importancia a lo que dicen quienes tienen como más experiencia. A mí sí, directamente me han dicho que no a algunas de mis sugerencias o me las cambian de mi idea original con lo que dice algún otro compañero que según tiene más experiencia [...] pero pues también a veces sí aceptan mis ideas, pero pues hay que seguir un proceso como de revisión para ver si es adecuada la propuesta o lo que sea (Entrevista personal, 3 de junio de 2017).

En conclusión, la figura 3, resume en qué concordaron y discordaron las personas entrevistadas en materia de discriminación, puestos y salarios, así como en el aspecto de relaciones entre el personal.

Algunas lecturas que pueden exponerse al respecto son: al parecer, la empresa presta atención para evitar la concentración de mujeres u hombres en determinadas ocupaciones, por lo que se presume un reparto “equivalente”. Sin embargo, las personas entrevistadas ponen de manifiesto que sí han percibido obstáculos en materia de promoción que pueden reconocerse como acciones discriminatorias, impidiéndoles el desarrollo profesional evidenciando el no acceso a igualdad de oportunidades. De esta manera, la presencia de segregación ocupacional puede advertirse en la presencia de brechas salariales donde las mujeres, dados sus compromisos familiares y personales, se ven obligadas a rechazar ofertas que incrementarían sus remuneraciones salariales.

En el caso de las diferencias o semejanzas en el grupo entrevistado, se aprecia que tanto hombres como mujeres han invertido en su formación, en su experiencia laboral obteniendo como un resultado oportunidades laborales. No obstante, tanto unos como

otras sí han enfrentado trayectorias diferentes en esa dinámica. Las mujeres reconocen que las tareas domésticas y el cuidado de sus dependientes son “variables” (vinculadas con el amor, según el feminismo marxista) que deben valorar en su ejercicio laboral asumiendo los costos derivados. En el caso de los varones, pareciera que disponen de mayor flexibilidad y menores riesgos para optar por mejores remuneraciones en tanto resuelven de manera relativamente más sencilla y rápida la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Sin embargo, ello no significa que están exentos de hacer frente a prejuicios, cargas sociales y culturales que les conduzcan a tomar decisiones “voluntarias”. Por ello, cabe aceptar que existen factores distintos a los económicos que determinan las posiciones de desventaja de hombres y mujeres en el ámbito laboral.

En consecuencia, queda pendiente proponer una agenda de género que cuestione seriamente lo “socialmente aceptable” en términos de segregación laboral por razones de género de forma que impere el respeto a la dignidad, se cumplan los derechos civiles y humanos al que cada hombre y mujer debe acceder, especialmente en su ámbito laboral. Al parecer, la discriminación tiene diversas expresiones, de más sutiles a más evidentes, lo que requiere atención. En el caso de los puestos y salarios, su definición depende de diversos factores. Y por lo que se refiere a las relaciones personales, la certificación de género sí ha contribuido a que el personal atienda las reglas dictadas por la empresa, aunque las medidas han sido no suficientes.

Figura 3. Segregación Laboral por Razones de Género (SLRG): Concordancias y discordancias en testimonios según categoría.

Categoría	Concordancias
Discriminación	La discriminación obedece a un problema de género en donde las mujeres son más discriminadas que los hombres debido a las ideas y estereotipos sociales en las que ellos son mejores para desempeñar ciertos puestos de trabajo que ellas.
Puestos y salarios	Todos y todas tienen acceso a puestos y salarios de igual forma debido a que la certificación asi lo estipula. Las mujeres disponen de menos tiempo que los hombres para trabajar horas extras que les generen mayores ingresos. Los hombres tienen más tiempo para atender actividades extras que les reportan beneficios salariales debido a que se asume que no son ellos quienes deben atender el hogar o a los hijos.
Relaciones entre personal	Están basadas en el respeto mutuo. Son mayormente buenas debido a los valores que se promueven en la certificación. El trato que reciben hombres y mujeres es diferente basados en la manera de hablarse, los acercamientos físicos e incluso la orientación sexual.
Categoría	Discordancias / sugerencias del tema
Discriminación	Que el proceso de contratación haya sido igual para hombres y mujeres lo que no es algo fácil y rápido. Para ellas, se observa que hicieron frente a algunas problemáticas para ser finalmente contratadas. Que la discriminación sea un tema al que se le dé relativa baja importancia sugiere que requiere más atención.
Puestos y salarios	Que las diferencias entre los sexos sean tomadas en cuenta para brindar a las mujeres la oportunidad de aumentar sus salarios y sus beneficios laborales, sugieren dar atención a esta situación. Discrepan en que los puestos sean solo ofertados para hombres, aseguran que son abiertos a todos y todas.
Relaciones entre personal	Solo las opiniones de que las mujeres son las únicas no tomadas en cuenta es falso, también hay hombres que son ignorados en algunas ocasiones en su ambiente laboral.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos recogidos sobre la categoría “Acoso/Hostiga-miento sexual” y sus respectivas subcategorías (conocimiento y percepción del tema, eventos de acoso y atención y seguimiento a denuncias), su sistematización y análisis condujeron a obtener lo siguiente.

Antonio: Dentro de la capacitación [...] se le da especial importancia al tema del acoso y hostigamiento sexual y en este se tratan diferentes temas como lo son el evitar el flirteo con los compañeros, el habla soez, el lanzar piropos, pues, obviamente, lo que abarca los contactos físicos pues no apropiados y todo este tipo de conductas pues irreverentes e indebidas. [...] Últimamente pues esto se ha visto como algo más de procedimiento que de otra cosa, algo más rutinario; en realidad [...] se da por sentado que los trabajadores comprendieron y ya (Entrevista personal 9 de mayo de 2017).

Héctor: Recuerdo que ya te había comentado que es un tema que se había mencionado en la certificación en la capacitación que nos habían dado. Yo como ingeniero manejo un equipo de trabajo y nos hacían mucha referencia a cómo escuchar a este tipo de problemáticas porque es algo que todavía se da y, definitivamente, nos hacían énfasis sobre todo en varios aspectos, por ejemplo, el evitar, pues como ya te comenté, el lenguaje ofensivo, el lenguaje sexual entre los compañeros y compañeras, evitar las relaciones amorosas, evitar cualquier maltrato incluso entre hombres y mujeres [...] hasta donde yo tengo entendido, recursos humanos es el encargado de estas capacitaciones; no sé si realmente [...] que alguien le exija a la empresa que esté certificada en este tipo de cuestiones [...] (Entrevista personal, 18 de mayo de 2017).

César: Cuando yo entré a trabajar nos hablaron de esto en las pláticas, estas que te dan como capacitación. Fue así como por puntos que nos decían de no acosar a nadie, pero con más énfasis en el acoso hacia las mujeres. También tenía que ver no solo con acosar en forma de hablarles con lenguaje sexoso o vulgar, era sobre evitar tocar a cualquier persona o evitar tener estos acercamientos que pudieran terminar como situaciones de acoso sexual. [...] deberían ser más continuos con pláticas de esto [...] (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Cristina: Pues en la capacitación que te comenté al principio, ahí se le dio especial atención respecto a ese tema. Se nos dijo que nuestras formas de tratar a los demás debían de ser con mucho respeto principalmente, por ejemplo, al hablarnos entre compañeros no debía ser con palabras que fueran melosas, tampoco con mucha confianza o ser muy confianzudos entre nosotros y esas cosas; también se habló de no tocarnos innecesariamente, no ser vulgares, de no tener proposiciones que fueran indecorosas, pero, independientemente de la certificación, dentro de la política de la empresa ya existía que estaba prohibido tener relaciones amorosas dentro de la empresa incluso cuando se tiene familiares dentro de la empresa ya sea un hermano o hermana primo o prima etc. etc. [...] se nos dijo que el acoso sexual era un delito. [...]. (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017)

Mila: Cuando yo entré a trabajar fue cuando nos explicaron todo esto del acoso sexual y de qué hacer en caso de sufrirlo. La plática nos la dio una trabajadora social y pues básicamente nos dijo que estaba altamente sancionado por la empresa y por las autoridades el que alguien fuera denunciando por incurrir en esta situación; básicamente todos tenemos que evitar conductas inapropiadas como lenguaje obsceno o que sea con el fin de incomodar a algún compañero o compañera. También hay que evitar pues insistir a una persona, sea hombre o mujer, con insinuaciones de índole sexual y ese tipo de cosas. Recientemente sí se nos dan pláticas, pero no tan extensas como en esa ocasión [...] (Entrevista personal, 3 de junio de 2017).

En cuanto a la percepción de cuál sexo era más propenso o estaba en mayor riesgo de sufrir acoso sexual, se muestran algunos fragmentos.

Antonio: Te diría que por cuestión de números podría ser, pues el lado de las mujeres el que pudiera verse más expuesto que del lado masculino, y te lo comento porque es de mi conocimiento que son ellas quienes emiten más quejas o denuncias por algún tipo de acoso (Entrevista personal, 9 de mayo de 2017).

Héctor: Dentro de la empresa sí creo que una mujer tiene más riesgo de sufrir acoso (Entrevista personal, 18 de mayo de 2017).

Cristina: Pues podría parecer que sí, pero la verdad ahorita ya todos estamos expuestos. Los tiempos han cambiado mucho obviamente, pues empresas como estas quieren mantener su prestigio y evitar este tipo de escándalos por acoso y le dan más atención al género femenino que es el que siempre ha estado más expuesto [...] todos podemos ser víctimas de acoso ahorita; incluso yo he visto y me he enterado de casos donde las compañeras son las que acosan a los compañeros hombres (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Enriqueta: Nosotras estamos a expensas de todo, más en esta ciudad [...] Esto del acoso sexual es un problema grave, todos los días hay algo que nos afecta como mujeres, si yo que ya soy una señora tengo que aguantar a veces comentarios sobre la ropa o sobre cómo se me ve tal o cual cosa por parte de compañeros que son de este tipo, llevados, que no les importa no hacer estas cosas que finalmente son acoso, imagínese las muchachas más jóvenes lo que tienen que aguantar a diario [...] (Entrevista personal, 14 de mayo de 2017).

Mila: La verdad yo he visto situaciones de acoso tanto en mujeres como en hombres. Sí estamos más en riesgo nosotras, quién sabe por qué siempre nos va peor que a ellos y tenemos que lidiar con este tipo de cosas, pero pues, también hay compañeros que tienen que batallar con eso, sobre todo los guapos (ríe) o los que tienen

puestos importantes porque pues es algo que pasa [..JO sea, ellos como que son más violentos con esto del acoso sexual, son más rudos y más desvergonzados que las mujeres que pudieran hacerlo; ellas o las que me ha tocado ver, incluso pudiera decirte ah no es acoso solo le está coqueteando”, porque es menos agresiva su actitud que la de los hombres (Entrevista personal, 3 de junio de 2017).

Las siguientes respuestas refieren a la percepción de las y los entrevistados sobre las políticas de la certificación sobre la prevención del acoso sexual, si son suficientes para atender a esta problemática y si como trabajadoras y trabajadores se sienten protegidos de sufrir acoso sexual por contar con las mismas. Con sentido en lo anterior, las respuestas fueron las siguientes:

Héctor: No, yo pienso que, si la capacitación fue pobre, las políticas de prevención son todavía aún más pobres [...] Y pues de sentirme protegido y seguro (ríe), pues no realmente. Pues no, o sea, realmente esta capacitación o estas políticas no las toma uno en cuenta, es como si realmente no estuvieran ahí, realmente esto lo medito y lo pienso porque me estás entrevistando acerca de esto, pero realmente es un espectro que no se ve (Entrevista personal, 11 de mayo de 2017).

César: Mira sí hay políticas, sí está la certificación, sí se nos recuerda de vez en cuando sobre este tema, pero yo creo que hace falta insistir más en esto porque como te dije desde la primera vez que platicamos, esto ocurre a diario, tal vez no de maneras tan graves, pero sí es el pan de cada día lidiar con comentarios, acercamientos o chistes que no tienen nada de gracioso; principalmente las mujeres, pero pues también los hombres, las personas que tienen alguna diferencia, ya sea física o que vienen de otras partes del país y pues los que tenemos una orientación sexual diferente (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Cristina: Pues no, la certificación es una plática nada más, es el título, el papel donde se considera que hay control sobre este asunto,

pero pues no se puede controlar completamente en ningún lado. Cuando un hombre quiere algo con una mujer lo busca, es por naturaleza o por instinto, se puede llamar como gustes y viceversa cuando una mujer quiere algo con un hombre ella lo busca y utiliza sus encantos, sus mañas como luego dicen para conseguirlo, entonces considero que no (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Enriqueta: Mire licenciada, la certificación es muy buena. Lo poco o lo mucho que yo sepa porque, pues realmente no soy experta en la materia, pero yo sí veo que hay información suficiente para prevenir estas conductas, pero también no se le da la importancia debida y suficiente porque mire, los manuales ahí están al alcance de todos, ahí está el reglamento, está la certificación, pero pues lamentablemente no se lleva a la práctica con la regularidad que se debería. Y pues, tanto protegida y segura definitivamente no, porque la certificación pudiera verse como un cuadrito en la pared ¿me explico? ¿Suena fuerte, verdad? Pero así es, honestamente hablando. Sí, sí hay sanciones y advertencias cuando ocurren estos casos, pero la verdad no evita que esto ocurra, licenciada, sigue ocurriendo día tras día. Se nos sigue acosando, se nos sigue tratando como inferiores, cosa que la certificación no evita del todo y eso pasa todos los días [...] (Entrevista personal, 14 de mayo de 2017).

Mila: Tanto como sentirme protegida al cien por ciento realmente no. O sea sí están todas estas cosas que dicen que no debe existir el acoso sexual en la empresa, pero pues sí pasa, a mí me pasó y la verdad fue muy duro tener que enfrentar esta situación y estar con el temor de que algo peor me pasara o incluso perder mi trabajo. No quiero verme como que estoy atacando a la empresa o que crea que la certificación y los demás reglamentos que existen para prevenir estas situaciones no sirven para nada en absoluto; más bien, hace más falta que se exponga y se le haga ver a todos los que trabajamos como un tema demasiado importante y que las consecuencias son graves y que nadie está exento de pagar por sus acciones (Entrevista personal, 3 de junio de 2017).

El siguiente apartado da cuenta de los eventos de acoso que las y los entrevistados consintieron compartir.

Antonio: Pues sí, desgraciadamente sí me ha ocurrido. Fíjate que hasta pudiera pues hasta escucharse tonto para la mayoría de las personas de que un hombre sea acosado por una mujer, porque siendo honestos pues, no se escucha casi la verdad esta situación contraria a lo que sucede [...] yo la consideraba como una compañera amable [...] Esto me empezó a ocasionar problemas con mi esposa en mi vida privada y, claro, a quién no le hubiera ocasionado problemas que una persona del trabajo [...] te marque a tu casa y te mande mensajes [...] se lo expliqué a mi esposa y luego hablé con mi compañera [...] el problema persistió, eso fue lo que estuvo pasando (Entrevista personal, 9 de mayo de 2017).

Héctor: Sí, en una ocasión sí pasé un episodio de acoso. Realmente fue algo curioso, yo no lo veía como acoso, pero después me di cuenta que sí era algo que podría causarme problemas, porque la gente empezó a hablar mucho de esta situación... que una de mis trabajadoras me acosaba y pensaban que teníamos una relación por la manera de comportase conmigo, de ella. [...] al principio no me di cuenta [...] todo el mundo empezó a hacer especulaciones y después me di cuenta, porque soy un poco ingenuo, que las cosas iban hacia otro rumbo (Entrevista personal, 11 de mayo de 2017).

César: En mi caso pasó que, pues cierto día mi pareja me dejó en la entrada del edificio de la maquila y alguien vio que nos despedimos de beso. Ahí empezó mi problema, porque hasta ese día, pues yo había mantenido mi vida privada así, privada, y no había comentado con nadie mi orientación sexual ¿y por qué hacerlo no? Total que esta persona que vio lo que pasó, pues esparció esta información entre los compañeros y ahí empezó mi problema [...] los compañeros que antes se llevaban hasta de “compa y “wey” conmigo, pues ahora como que tomaban su distancia [...], Otras incluso también en son

de broma me decían que “qué lástima Inge usted tan guapo” o “yo se lo quito Inge es que no ha estado con una mujer de verdad”, ese tipo de comentarios que si bien no eran groseros, pues me incomodaban. A lo mejor no es como algo precisamente de ser acosado sexualmen-te, pero para mí era acoso y homoíobia [...] (Entrevista personal, 18 de mayo de 2017).

Cristina: Pues mira, yo tenía un compañero, este era mi supervisor de área. Siempre fue un señor muy amable, caballeroso atento y en general con todos, no solo conmigo. Al principio yo no noté que me diera algún trato especial [...] Ya con el tiempo el supervisor pues, su trato era evidente verdad, y yo no lo veía. Las que se dieron cuenta fueron mis compañeras [...] pasó de ser la persona más amable del mundo a la más insistente que podría existir. A mí su actitud me empezó a molestar mucho y su insistencia [...] Perdóname, es que me acuerdo y me da mucha impotencia y rabia y coraje todavía, fue una situación muy difícil (Entrevista personal, 18 de mayo de 2017).

Enriqueta: Yo presencié y me vi involucrada en una situación delicada y difícil, y fue precisamente por acoso sexual. Mira te cuento que había una chica bastante joven que entró como operadora [...] en esa ocasión pues me voy dando cuenta de que este señor que era nuestro supervisor le manda llamar y le dice que está enterado de que sus papeles, su acta de nacimiento está alterada [...] esta muchachita me lo platicó llorando licenciada, que el supervisor le dijo que ella [...] podía ir a la cárcel [...] Este hombre escuchó la historia de esta joven y para no denunciarla, pues fíjate, ella tenía que acceder a sus propuestas sexuales y esta niña pues se negó verdad, lo normal. [...] ella me dijo que no quería perder su trabajo y menos ir a la cárcel, pero tampoco quería acceder a las propuestas de este viejo, y pues yo tenía, yo sentía que yo tenía el compromiso moral con esta muchachita y pues acudí a recursos humanos (Entrevista personal, 14 de mayo de 2017).

Finalmente, se cuestionó a las y los entrevistados sobre las medidas que tomaron para resolver su problemática de acoso, así como la atención que recibieron a sus denuncias.

Antonio: Bueno, pues yo acudí a recursos humanos, como era de esperarse pues... no se pudo resolver de la manera pacífica y sin consecuencias. Tuve que levantar un acta administrativa para que se le diera seguimiento a este caso y pues estar más tranquilo, estar sin esa presión de hostigamiento que ella estaba ejerciendo sobre mí. Te puedo decir que sí se resolvió mi caso [...] Afortunadamente mi compañera comprendió la situación con una llamada de atención y no pasó a mayores [...] En recursos humanos [...] te hacen una serie de preguntas para determinar si lo que está sucediendo es acoso o no, luego de eso, si no se tiene suficiente información para considerarlo acoso, pues se pide algún tipo de prueba o algunos testimonios que puedan avalar que tú estás diciendo la verdad [...] Ya que se considere así, se habla con la persona para preguntarle si es cierto que está pasando todo esto y cómo has de entender lo que sigue... si se niega o no se niega, se siguen ciertos pasos (Entrevista personal, 9 de mayo de 2017)

César: Cuando yo me harté de esta situación fui con el chisme (ríe). No ya hablando en serio, discúlpame es que estoy algo nervioso, pero ya hablando en serio, pues me quejé en recursos humanos e incluso me pasaron a hablar con la trabajadora social porque la verdad yo estaba muy mal [...] Así que presento esta queja y me piden señalar específicamente quiénes sentía yo que me molestaban más, así que di nombres y les mandaron llamar. Yo no sé qué les dirían, pero se calmaron (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Cristina: Pues efectivamente fui, me presenté en el departamento de recursos humanos y de ahí me mandaron al departamento de trabajo social, ahí es donde se encargan de darle seguimiento a estas denuncias. Pues expuse toda la situación, toda tal cual pasó, entonces

se levantó un acta administrativa por acoso sexual y también por hostigamiento, y ya ellos quedaron en hablar con esta persona y pues resolver este problema [...] la verdad siento que sí le dieron la atención correcta a mi caso, porque se le dio atención inmediata al problema y afortunadamente yo ya no tuve que pasar más por esta situación, así que yo quedé muy conforme (Entrevista personal, 15 de mayo de 2017).

Enriqueta: Definitivamente sí creo que se atendió de forma adecuada. Este personaje ya tenía antecedentes verdad, de situaciones parecidas, entonces pues esto tuvo más peso en la acusación que se le formuló a él. Se le hizo también un acta administrativa, quiere decir que pues se hizo un reporte detallado de la situación y pues a él se le sancionó en su salario porque ya tenía advertencias por conducta inadecuada, pero pues finalmente le dijeron que estaba en riesgo de ser despedido si continuaba con estas acciones (Entrevista personal, 14 de mayo de 2017)

Mila: Yo tenía mucho miedo de decir la verdad, lo que estaba ocurriendo por temor de que él se enojara más y empeoraran más las cosas, pero la verdad yo no podía continuar con esta situación de tener miedo de hasta ir al baño o al estacionamiento yo sola, así que puse mi denuncia en recursos y de ahí le dieron seguimiento a mi caso. [...] A él se le sancionó en su expediente y con multa salarial y con un acta administrativa por acoso y conducta violenta con la advertencia de despido en caso de que yo volviera a quejarme de él. Afortunadamente eso bastó para que ya ni siquiera se topara conmigo (Entrevista personal, 5 de junio de 2017).

En síntesis, la agrupación de respuestas sobre acoso, sugiere el siguiente contenido (Figura 4). En cuanto al conocimiento del tema, en efecto, el grupo de personas entrevistadas reconoce la preocupación por la parte empleadora de abordar el acoso y el hostigamiento entre su plantilla. En general, se aprecia que esas prácticas constituyen una expresión de la violencia de género que

cuando se experimentan generan daños en lo individual, en lo familiar, así como en el ambiente laboral.

El grupo de personas que han experimentado situaciones de acoso sexual u otras conductas violentas han reconocido vivir situaciones de conflicto donde su integridad física, psíquica, moral, social, su dignidad y sus derechos humanos se han perturbado.

En este sentido, la parte agresora sí ha ejercido “su abuso de poder” bajo cierto patrón de conducta (verbal, física, con connotación lasciva) que ha intimidado a la víctima, propiciando cues-tionamientos en torno a decidir si procedía tolerar más eventos, magnificando soportar un ambiente laboral hostil o si lo más conveniente era presentar la denuncia correspondiente atendiendo las normas o protocolos establecidos desde y dentro de la empresa.

Ante estas circunstancias, tal como sugiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018) en México, las prácticas de hostigamiento o acoso sexual que tienen lugar en las empresas (o fuera de ellas) violentan una amplia lista de derechos humanos de las víctimas (derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la integridad psicológica, derecho a la libertad sexual, derecho a el libre desarrollo de la personalidad, derecho al trabajo, derecho a un ambiente laboral sano, entre otros) por lo que constituyen temas que procede no minimizar.

Entre los costos que pueden identificarse como producto de las experiencias de acoso sexual vividas y compartidas por las personas entrevistadas se visualiza que de alguna manera padecieron: sufrimiento psicológico, cambios de comportamiento, deterioro en sus relaciones sociales, enfermedades mentales, riesgo de pérdida de trabajo, disminución en la productividad, desmotivación, por mencionar algunos.

Por lo anterior, y para concluir este apartado, resta agregar que la segregación laboral por razones de género y el acoso sexual son temas que generan escozor e incomodidad en el ambiente laboral. Un aprendizaje obtenido es que las y los entrevistados pasaron por un proceso de reflexión que les permitió reconocer cómo hacer frente al ambiente laboral hostil y que, a pesar de haber sufrido momentos difíciles, las acciones de enunciar hechos y sentimientos sirvieron como una alerta para tener con otros compañeros y compañeras conversaciones sobre la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad dentro y fuera del área de trabajo. Al mismo tiempo, tuvieron que superar barreras, temores y creencias para garantizar la vigencia de sus derechos. Para finalizar, se listan enseguida algunos comentarios finales a manera de conclusiones.

La certificación en el Modelo de Equidad de Género contempla diversos temas y categorías de análisis. En este caso, el análisis se enfocó en la segregación laboral por razones de género y el acoso/hostigamiento sexual. Una justificación que le dio cabida a abordar este problema en Ciudad Juárez fue que desde los años sesenta y hasta la década de los 2000, los estudios relacionados con la industria maquiladora, la segregación ocupacional o laboral ocupó un lugar prioritario en materia de investigación. Posteriormente, las condiciones económicas obligaron a que los temas principales se centraran en rotación de personal, el desempleo, las condiciones de precariedad de los empleos o en la inestabilidad laboral de la población ocupada.

En la actualidad, según las orientaciones emitidas por una parte dictaminadora de este estudio, atinadamente advirtió que el contexto del T-MEC y las obligaciones dispuestas por los convenios y directrices de la Organización Internacional del Trabajo hacia los estados sugieren poner en el centro de la discusión el sector maquilador y las diversas aristas que de ahí se derivan.

Figura 4. Acoso/Hostigamiento sexual.

Categoría	Concordancias
Conocimiento y percepción del tema	El tema del acoso sexual se aborda con mayor énfasis al momento de ingresar a trabajar a la empresa. La continuidad que se da para tratar este tema se va aminorando conforme pasa el tiempo. Las mujeres están en mayor riesgo de sufrir acoso que los hombres. Mujeres y hombres pueden ser acosados. La manera en que acosan hombres y mujeres es diferente.
Eventos de acoso	Todos y todas atravesaron alguna situación de acoso o se vieron involucrados en alguna situación relacionada. Para todos y todas fue una situación altamente incómoda, indeseable e inaceptable.
Atención y seguimiento a denuncias	Sus denuncias fueron atendidas y solucionadas satisfactoriamente. Las sanciones impuestas a sus acosadores(as) son consideradas como aceptables. La respuesta del departamento encargado de dar seguimiento y atención a sus quejas es descrita como buena y adecuada. Aunque es cuestionado el proceso de incredulidad por la parte acosada.
Categoría	Discordancias / Sugerencias del tema
Conocimiento y percepción del tema	Las mujeres son las únicas acosadas, es falso. Sugieren que debe hablarse más ampliamente sobre el acoso sexual hacia los hombres y cómo se percibe a estos.
Eventos de acoso	La manera en que realizan sus denuncias: los hombres no denunciaron hasta que se convirtió en un problema que ponía en riesgo a su familia o su trabajo. Las mujeres denunciaron inmediatamente.
Atención y seguimiento a denuncias	El tipo de acoso que ejercen las mujeres no es considerado propiamente como acoso sexual. Se requiere dar importancia a otras formas de acoso, no solo de naturaleza sexual. El acoso laboral o verbal, psicológico requiere atención.

Fuente: Elaboración propia.

La acción de recuperar las experiencias de acoso/hostigamiento sexual (AS) y la segregación laboral por razones de género

(SLRG) de las y los trabajadores que laboraban en una empresa maquiladora certificada en el Modelo de Equidad de Género (MEG) en 2017 llevó a contemplar que la observación, seguimiento y análisis de las experiencias manifestadas por las personas entrevistadas resultan de gran valor. Los estudios de carácter cuantitativo se advierten limitados en su interpretación por lo que se optó por asumir un estudio de tipo cualitativo. La implementación del MEG en la empresa maquiladora estudiada en Juárez confirma que una certificación demanda acciones y estrategias.

En términos teóricos, la articulación de ideas propuestas por la corriente del feminismo marxista admite afirmar que la estructura económica que da soporte a la producción no es el elemento exclusivo para la comprensión de experiencias sobre AS y SLRG. El hecho de que las mujeres, o bien los varones, decidan “emanciparse” a través de emplearse en un trabajo remunerado, o decidan controlar la fertilidad, combinar actividades domésticas con las laborales, considerar que el amor es uno de sus pilares emocionales y humanos, cuestionen su posición jerárquica en el plano laboral, atiendan responsabilidades individuales, familiares o laborales, resuelvan sus necesidades humanas en condiciones más equitativas, implica la presencia de dilemas, disyuntivas que requieren estudiar las dimensiones de la vida social en función de abordarlas desde una perspectiva más humana, transversal y esclarecedora.

Queda claro que los cambios en las condiciones de producción y reproducción de las familias han demandado la reducción de tiempo disponible para atender actividades no remuneradas por parte de los jefes y jefas de familia, pero ello no ha garantizado el acceso a puestos jerárquicos mejor remunerados; por lo que queda pendiente seguir estudiando a qué se debe la inequidad que persiste en el trabajo o en los hogares compuestos por hombres y mujeres.

Del mismo modo, en cuanto al entorno laboral, se pone de manifiesto que el lugar de trabajo sí constituye una plataforma donde las relaciones interpersonales pueden propiciar situaciones de acoso sexual, hostigamiento sexual y segregación laboral que atentan contra la dignidad de las personas y sus derechos humanos.

En el caso de los supuestos, se confirmó que el hecho de que una empresa esté certificada en el MEG en México no es garantía para que el acoso sexual o la segregación laboral sean prácticas eliminadas o erradicadas. En efecto, las mujeres entrevistadas sugirieron que ellas son más acosadas sexualmente, más segregadas y mayormente discriminadas en comparación con sus compañeros hombres.

Se reconoce que los hombres son acosados, pero en menor magnitud y en forma distinta a las mujeres. Los varones entrevistados indicaron no sufrir de acoso sexual con la misma frecuencia que sus compañeras mujeres. Sin embargo, independientemente de que unas y otros sean acosados(as) u hostigados sexualmente —o que sean testigos de algún acto similar—, sucede que a tanto a unos como a otras les resulta difícil hacer frente a este tipo de eventos.

Las y los entrevistados concordaron en que son las mujeres quienes están en mayor riesgo de sufrir acoso sexual y que cuando ocurre hacia los varones no se percibe como tal hasta que les supone un problema que pueda generarles consecuencias negativas en lo personal, lo familiar y en lo laboral.

Las acciones de las mujeres acosadoras pueden no ser entendidas como acoso sexual, sino que sus prácticas se denominan coquetería o “actuaciones propias” de su condición de género. En cambio, si un hombre acosa se considera directamente un delito. Las empresas certificadas bajo el Modelo de Equidad de Género prioritariamente deben procurar entre sus trabajadoras y trabajadores que se prevenga y evite cualquier tipo de conducta que sea catalogada como acoso u hostigamiento sexual y ello requiere monitorear atentamente lo que ocurre dentro de la organización como fuera de ella.

Al parecer, las mujeres de la empresa tienen menor acceso a puestos de trabajo de mayor nivel y a menores salarios mientras que la voz de los varones tiene mayor peso y credibilidad al interior de la empresa; aunque, ocurre que las decisiones en ocasiones son unilaterales y tomadas por el personal que ocupa los altos mandos. En general, se aprecia que cuatro factores determinan

que las mujeres sufran mayor segregación laboral por razones de género versus los varones: sexo, tiempo disponible, edad y puesto.

Sin duda, el Modelo de Equidad de Género permite monitorear las circunstancias que dan soporte a estrategias a favor de la equidad y la igualdad de oportunidades en las empresas y su planta laboral. El desacierto en ese modelo es que es un mecanismo que admite que las empresas u organizaciones soliciten de manera “voluntaria” su proceso de evaluación, al igual que ocurre con la ahora denominada Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI en igualdad laboral y no discriminación (NMX), cuya ejecución está a cargo de un consejo interinstitucional conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Inmujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En lo sucesivo, procede considerar por los organismos certificadores que la evaluación sea obligatoria y que el monitoreo de datos cuantitativos se complemente con informes de índole cualitativa para documentar de qué manera es más sencillo y viable que las organizaciones propicien climas laborales libres de violencia de género, de forma que puedan promoverse mejores relaciones de trabajo y ambientes a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades.

En cuanto a las limitaciones de este trabajo cabe enunciar las siguientes: la disponibilidad de recursos financieros, recursos humanos y el tiempo constituyeron restricciones que influyeron en el trabajo de campo. El Modelo de Equidad de Género se considera una estrategia adecuada e importante para definir acciones a favor de las relaciones en el sistema sexo-género como en el entorno laboral, mas debido a que es un programa público delineado desde la esfera gubernamental implicó que su vigencia fuera limitada; de modo que el estudio de los impactos o alcances fueron interrumpidos.

En definitiva, los resultados y hallazgos sugeridos por esta investigación permiten trazar diversas líneas de trabajo vinculadas con modalidades asociadas con la certificación en las empresas con componentes de género, definir estrategias para evitar la discriminación de género, ahondar en los mecanismos vinculados

con la segregación laboral por razones de género, estipular acciones o manuales de buenas prácticas para denunciar acoso y hostigamiento sexual, sugerir estudios que profundicen el abordaje de la NMX, financiar proyectos que monitoreen los ODS del PNUD-Naciones Unidas, y en concreto el objetivo número 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas para evitar ambientes de violencia y discriminación en el mundo).

Asimismo, se requiere estudiar los marcos normativos internacionales o legislaciones regionales, códigos de trabajo e inclusive códigos penales vinculados con la violencia de género, la discriminación, la segregación, el acoso o el hostigamiento sexual, de forma que se emitan recomendaciones y resoluciones a favor de ambientes y condiciones laborales sanas.

Por último, una propuesta que considerar para atender desde la academia el abordaje de estos temas sugiere destinar especialistas para integrar contenidos educativos en la modalidad de seminarios, diplomados, cursos, cursos en línea de educación abierta y masivos (MOOC o CEMA), podcasts, entre otros, con miras a sugerir soluciones, protocolos y buenas prácticas que erradiquen la segregación laboral, eviten la promoción de ambientes laborales nocivos y, con ello, se promueva la equidad de género.

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El marihuano y su

ESTIGMA EN ClUDAD

Juárez. Una lectura

FOTOGRÁFICA

El objetivo del siguiente texto es analizar el estigma del marihuano que se ha constituido en Ciudad Juárez. El análisis se realiza mediante la intervención urbana a través de un proceso creativo de fotografía. El enfoque teórico es sociológico y antropológico. La técnica documental es a través de colocación de fotografías de personas fumando marihuana en distintos muros de la ciudad para que el transeúnte las observe y las intervenga, el registro es con video-fotografía.

Palabras clave: intervención urbana, documental, fotografía, marihuano, Ciudad Juárez.

The objective of the following text is to analyze the stigma that marijuana has created in Ciudad Juárez. The analysis is carried out through urban intervention through a creative photography process. The theoretical approach is sociological and anthropological. The documentary technique is through the placement of photographs of people smoking marijuana on different walls of the city for the passer-by to observe and intervene, the registration is with video and photography.

Key words: urban intervention, documentary, photography, marijuana, Ciudad Juárez.

Como fotógrafos hay que estar conscientes de que lo que capturamos con nuestra cámara depende de nuestra sensibilidad con nuestro mundo;

...la fotografía y sociología son piezas fundamentales de la constitución misma de la sociedad industrial, no por su capacidad de incidencia en la producción o su influencia en la economía, sino porgue introducen formas de conocer y explorar el mundo e ideas para comprenderlo (Suárez, 2008: 13-14).

No solo se captura por medio del lente, además es fundamental cómo percibimos como fotógrafos. Sin duda, también es importante conocer lo que está detrás de la fotografía-objeto para entender de mejor manera cómo es la aproximación de la persona que se encuentra detrás de la cámara, porque “podemos utilizar la fotografía para reproducir con precisión la naturaleza, pero no por ello debemos creer que esta es la finalidad última de la fotografía” (Graff en Fontcuberta, 2016: 161). La fotografía no muestra en sí la realidad, sino algo que pasó frente de la cámara, alguien observó la escena y la registró en su tiro fotográfico. Sin embargo, del acto

fotográfico surge la siguiente pregunta: ¿qué es lo que observó y qué quiere decir su fotografía más allá de lo común?

Es frecuente la práctica mimética en la fotografía e incluso “se sigue discutiendo si la fotografía es o no es arte, y no se discute si el fotógrafo es artista o artesano” (Catalá, citado por Fontcuberta, 2016: 180). Por ejemplo, es común observar que fotógrafos quieren imitar a la pintura, quizá en parte porque “los manuales de fotografía son muy nocivos al implantar límites basados en la estética o reglas artísticas” (Graff citado por Fontcuberta, 2016: 161). Los manuales enseñan que el acto fotográfico se remite a reglas de encuadre y luces, pero dicen poco o nada sobre cómo vivir la escena, cómo ver la vida, no dan cuenta de la sensibilidad de cada fotógrafo y cómo interfiere en el proceso creativo. Cada fotógrafo le da sentido al caos de la vida y en cada uno de sus clicks se explora lo cotidiano.

La vida ordinaria está permeada por lo que se percibe en la literatura, arte, cine, revistas, televisión, comerciales y periódicos; a través de ellos se constituyen códigos visuales que se registran en la memoria y que en determinado momento se representan consciente o inconscientemente en el acto fotográfico. El registro en la memoria contribuye a integrar un bagaje visual que está en relación con experiencias culturales personales, para luego representarlos en fotografías, así de esta manera el fotógrafo desempeña el rol de filtro cultural (Kossoy, 2014: 147).

Lo que también se discute en el texto es la postura que adopta el fotógrafo como filtro cultural y cómo a través de la fotografía documental trascendental se acerca al “otro”, particularmente al marihuano no visibilizado o percibido como “otros” con hábitos sociales perniciosos y de “malas costumbres”, lo que para Goff-man (2006) constituye “una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esta persona” (p. 15).

Joan Fontcuberta (2016) define la fotografía documental transcendental como el fruto de un contacto entre la realidad externa y el espíritu interno (p. 45). La sensibilidad es vital para la fotografía, sin ella el trabajo fotográfico es hueco y frío. La fotografía documental permite ver la estética cotidiana, apreciar lo prosaico, lo feo, lo banal, lo raro, lo incomprendido, como algo bello y digno de reconocerse y mirar. Mandoki (2008) comenta sobre la sensibilidad y cómo se manifiesta según condiciones bioculturales, perceptuales y valorativas, condiciones que tradicionalmente nos han llevado a capturar lo que se considera estéticamente bello³ y digno de observarse. Sin embargo, la fotografía documental trascendental abre su lente a lo que la misma autora denomina estética prosaica, y a partir de la estesis⁴ el creador la liga a su forma de observar el mundo. Experiencia personal que lleva al fotógrafo a la otredad e identificarse con los personajes que capta mediante el acto fotográfico.

La fotografía es “herramienta de exploración de la sociedad” (Becker, 1974 citado por Suárez: 13) que permite observar otras realidades y cruzar fronteras sociales, culturales o políticas a partir de la historia que se busca narrar a través de la lente. En este sentido “la fotografía se convierte en un material privilegiado para observar cómo los valores de clase pueden trasmitirse aún sin ninguna educación” (Bourdieu, 1979 citado por Suárez: 35).

Antonio Prieto (2019) dice que “la poética de la frontera se vale de un lenguaje poético tanto en sus manifestaciones literarias

3 Centrar nuestra mirada en lo que es considerado bello nos pone frente a un problema, en palabras de la misma Katia Mandoki, desarrollamos el Síndrome Pánglos: solo tratar con lo bueno y hermoso de las cosas, es decir se ocupa solo del arte y lo bello, teniendo como referente lo “bello occidental europeo” como “lo bello universal” (Mandoki, 2008). Este síndrome muestra un problema etnocentrista al negar lo “otro” por considerarlo no bello y relacionarlo al pobre, mientras al blanco se le piensa como bello, leal, exitoso, etc.

4 Mandoki la define como “sensibilidad o condición de abertura, permeabilidad, o porosidad del sujeto al contexto en que está inmerso, en tanto expuesto a la vida” (2008: 67).

como visuales”. Ser fronterizo (en el sentido de vivir en Ciudad Juárez) permite de alguna manera constituir una poética visual en lo prosaico, en las periferias y sus contextos sociales y que otros fotógrafos no se atreven a mirar porque de alguna manera transgreden.¹³⁶

Sontag (2018) explica cómo la imagen fotográfica procura pruebas de algo que se conoce de oídas, pero dudamos, y parece demostrado cuando nos enseñan una fotografía. Pero hay que recordar que la foto no necesariamente muestra lo que es real, sino lo que ha sucedido frente de ella, pero ¿qué es lo que sucedió en ese encuadre?, dependerá por un lado del azar dentro de lo cotidiano y por otro del bagaje cultural del sujeto que opera la cámara: su experiencia y posición ante la vida impregnan la fotografía. Estas posturas develarán la episteme del discurso visual que al último se revelará en la fotografía-objeto.¹³⁷

El fotógrafo posee artilugios retóricos para diseñar datos y dibujar contextos, así se tiene a la composición, los encuadres y la luz. Junto a estas herramientas se transmite un mensaje en la fotografía. Estas herramientas estéticas, utilizadas en el encuadre fotográfico, dependerán del bagaje de cada fotógrafo para que puedan ser empleadas como parte de la composición y no dejarlas al simple azar para confirmar la hipótesis de que los fotógrafos somos un filtro cultural (Kossoy, 2014: 147).

La fotografía, para ser observada sociológicamente, debe atravesar por un procedimiento particular que la ubique como objeto analizable. En este sentido, se considera en primer término que una fotografía es un producto cultural, por tanto, responde a un agente social que la emitió y cuya visión del mundo quedó plasmada en ella más allá de la voluntad del propio autor y “detrás de la cámara se encuentra siempre el ojo culturalmente interesado del fotógrafo quien selecciona y enfoca desde un ángulo determinado una realidad previa: lo fotografiable, lo que se desea fotografiar, lo que se puede fotografiar” (Giménez citado por Suárez, 2008: 24).

Kossoy (2014) señala que las fotografías que “el fotógrafo” considera como “personales” son las que suelen mostrar de mejor manera su postura ante la vida y el mundo. Esto nos hace plantear ¿por qué ese valor personal ante dicha escena por parte del fotógrafo? y ¿qué nos puede reflejar de esta cotidianidad que se observa?, ¿qué nos pueden decir sobre el autor que las toma? Sin duda la respuesta abundaría respecto del conocimiento y el proceso creativo del fotógrafo.

De esta manera se acerca a la cotidianidad desde la estética prosaica, esa que permite reconocer estos lugares ignorados o poco vistos. Apreciar lo prosaico es necesario para el fotógrafo documental, lleva a conocer otros personajes y realidades del entorno social, por tanto, “la fotografía constituye la metafísica de esa cultura visual actual. Este papel convierte los resultados de la cámara en productos que nos ayudan a entender metafísicamente esa cultura y movernos en ella” (Josep Ma. Casdemont por Fontcu-berta, 2016: 13). La estética prosaica permite ampliar conocimiento de alguna manera al preguntarnos “¿Qué tal si...?”, es decir, el ¿What if? que expresa Katya Mandoki (2008) para preguntar qué

se podría aprender del personaje de la calle. Y para trascurrir en estos mundos es fundamental el caminar en la urbe como parte del proceso creativo.

El caminar origina el proceso creativo que lleva a experimentar lo cotidiano de maneras diferentes, para detonar pensamientos y sentimientos que el fotógrafo traduce en textos y fotografías.

Después de haber cursado el taller “El arte y espacio público” en la Universidad de Chile (2017) aprendí a ver la calle como escenario de lo fascinante, en donde tomamos consciencia del mundo personal y del colectivo, lo que me ayuda a entender el espacio público de mejor manera para empezar a experimentar con esta intervención urbana.

Los situacionistas (que interpretan los hechos existentes) pretendieron perderse como forma de dejarse sorprender e influir por los distintos acontecimientos surgidos durante sus derivas. Forma de analizar el urbanismo y el espacio público de una manera transgresora, explorar la ciudad desde sus lados ocultos. El “flaneur” de Baudelaire introduce una postura que explora al sujeto que camina la ciudad y traza el itinerario —un discurso— en el discurrir del paseo que “ordena, para el sujeto, el caos de la ciudad, estableciendo articulaciones, junturas, puentes, entre espacios y acontecimientos desarticulados” (Cuvardic, 2009: 22). Vagar en la calle de una manera creativa permite experimentar la vida misma.

El estilo de caminar y vagar a la deriva nos lleva de cierta manera al periodismo “gonzo”, propuesto en el New Journalism, que asume influencias narrativas del movimiento Beat de los años cincuenta. Angulo (2011) expresa que “dentro del gonzo se utiliza una escritura desinhibida autobiográfica, poco estructurada y de aparente descontrol narrativo”.

J.M. Servín (2014) sostiene que el periodismo gonzo trasplanta los principios del surrealismo al reportaje, es decir, escritura automática sin correcciones racionales que se expresan en emociones y estados de ánimo y nunca sigue un razonamiento lógico. Este estilo de periodismo evoca una descripción maniática y subjetiva de un evento que convierte al reportero, casi siempre, en un desquiciado protagonista de los hechos narrados. Es preponde-

rante el ambiente por encima del hecho mismo o del dato duro. El periodismo gonzo es una forma de hacer investigación basada en la práctica (IBP).⁷ Carrillo (2015) explica sobre la investigación basada en la práctica que “uno de los métodos más importantes dentro de este tipo de investigación es la contextualización del tema de estudio desde la perspectiva del sujeto. Es decir, se analiza el proceso de producción de un artefacto mediático como el cine, video, fotografía, multimedia, música, teatro, escultura o instalación, desde una postura subjetiva”.

La estética prosaica sensibiliza y educa al ojo fotográfico para ver a los personajes bellos en lo cotidiano, para encontrar sus historias. Se experimenta la escena para sensibilizar al periodista y al fotógrafo. Este estilo de periodismo permite vivir la vida y entenderla a la par de los etnógrafos con su trabajo de campo. Es hacer investigación participativa porque se forma parte de la historia. La intuición y el sentido del humor ayudan a sensibilizar y observar la vida de manera diferente a lo cotidiano, es un aprendizaje, “el humor es una herramienta para la narrativa documental” (Jorge Ayala. Comunicación personal, 2019).

Seleccionar el tema, como fotógrafos, se traduce en la posible elección de fragmentos imaginarios que pueden ser capturados de la realidad. El diseño, el tema y la fotografía se funden e integran la foto narrativa como tratamiento estético individual, “basta con ser lúcido respecto a lo que ocurre y ser honesto respecto a lo que uno siente. En definitiva, basta con situarse en relación con lo que se percibe” (Cartier, 2017: 20). La honestidad conduce a analizar cómo nos identificamos con el sujeto y/o tema para estar en contacto con la escena y encontrar ese momento, aquel fragmento que se congela en la fotografía y en la memoria.

7 IBP: La investigación basada en la práctica existe como género metodológico desde los inicios de la década de los noventa y ha sido un fenómeno creciente desde entonces, siendo cada vez más común en las instituciones de enseñanza superior; este modelo ha crecido principalmente en las artes y las humanidades (Carrillo Quiroga, 2015).

Ser fotógrafo permite abordar temas tabúes para mostrar pequeños guiños de estas realidades sociales, hay que observar las calles como si fueran escenas de teatro con personajes. Esta manera de fotografiar visualiza el acto creativo de lo cotidiano en la calle o en el campo de trabajo. Las fotografías se capturan siempre con respeto hacia la persona fotografiada y “allí tienes que sonreír, pero nunca reírte, pues lo interpretaran como burla, debemos de ser invisibles” (Cartier, 2015: 30-31).

Se realizaron once intervenciones urbanas de 2017 a 2019.¹³⁸ Las intervenciones urbanas fueron a partir del foto-reportaje. Hipotéticamente se planteó que el marihuano es portador de un estigma en Ciudad Juárez. La intervención se ejecuta a partir de la fotografía documental para un manejo creativo de lo cotidiano y respeto hacia la persona capturada por el lente de la cámara y de igual manera con el tema.

Trabajar en algún reportaje es reflexionar sobre el tema, hacer esto es importante para conseguir una buena edición del trabajo, así lo señalan Fox & Caruana (2014). Reflexionar es dirigir la mirada retrospectiva sobre el hecho hasta el momento analizado, reconsiderar y cuestionar los pasos dados y el porqué. El proceso creativo del fotógrafo consiste en que cada fotorreportaje revela una postura única de aquella realidad, pues “cada fotógrafo tendrá un método o sistema distinto de recopilar la investigación. No existe una forma correcta o incorrecta de hacerlo, sino que cada uno debe hallar el enfoque que mejor funcione” (Fox & Caruana, 2014: 109).

Hay que romper la rigidez con la que se suele querer retratar la vida. Hay que disfrutar y divertirse, pues se considera que el documental es “el tratamiento creativo de la realidad” (Grierson citado por Platinga, 2014: 32). La fotografía y el acto fotográfico deberían caracterizarse por una esencia de rebeldía. Un acto rebelde

debe ser parte del fotógrafo, una insubordinación visual por mirar. Se tiene que hacer más fotografía desde una postura social que lleve a la reflexión bajo el ojo del fotógrafo como filtro cultural, que con su cámara como arma dispara dentro de su cotidianidad. Hay que ser observador, cauteloso, pensativo y reflexivo para acertar el momento indicado de presionar el obturador.

“El reportaje es único” (Mario Luna, conversación personal, CUEC, 2019) porque quizá a través de él se descubre algo que hace cambiar de opinión o de enfoque. El reportaje es una experiencia de vida que por el ojo fotográfico y la sensibilidad se puede representar de varias maneras: escrito, visual o audiovisual. Así, las imágenes empiezan a recrearse dentro de la mente, como una manera de archivo visual que se queda impregnado de las fotografías y de los momentos que, cargados con emoción, se distinguen de otros. Esta carga emotiva es vital para el fotorreportaje.

Los diarios de campo, los informantes, las entrevistas informales, los relatos de vida, la fotografía, la escritura y la grabadora de audio, son herramientas que permitieron recopilar las experiencias del movimiento cannábico y dieron pauta para una intervención urbana. Todas estas herramientas del periodismo sirvieron para escudriñar la cotidianidad de la cultura cannábica mexicana.

En este trabajo, el fotorreportaje parte de un análisis a la imagen negativa¹³⁹ que se le ha asignado al consumidor recreativo de cannabis en México. Este personaje popular de “El Marihuano” ha sido representado de distintas formas a través del tiempo, pero todas comparten algo en común, el imaginario social¹⁴⁰ creado alrededor del fumador de cannabis. Suárez (2008) comenta que la fotografía ha sido utilizada como un objeto “provocador” en discusiones y de análisis. Tal es el caso de ser utilizada como herramienta para la documentación etnográfica para registrar la realidad en la investigación de campo.

El hilo conductor de este trabajo fue la imagen del personaje “Juan el Moto” en el libro Yerba, goma y polvo, de Pérez Montfort (1999), en la que se observa a un consumidor de marihuana.

La postura sociológica que llega a tener la fotografía presentada por Suárez (2008) hay que destacarla para analizar al marihuano como personaje de interés en esta investigación la cual utiliza el periodismo gonzo y experimenta con la intervención del espacio público por parte del fotógrafo. La postura teórica para identificar a nuestros sujetos es a partir del estigma social de Erving Goffman (2006) que identifica las deformaciones físicas, los defectos de carácter del individuo y los estigmas tribales de la raza, la nación, y la religión. El consumidor de cannabis en México encaja en las características del estigma social presentadas por Goffman y en esta investigación se le observa con lo indígena, mestizos de los bajos mundos de la calle que son calificados como: “los vagos”, “los léperos”, “los grifos”, “los marihuanos”, personajes anónimos populares.

El personaje de “Juan el Moto” lo reconocemos por una fotografía de Víctor Casasola en el citado libro de Pérez Monfort. La imagen presenta a un personaje anónimo que se encuentra en cuclillas, en ropa interior de la época, piel morena, pelo negro, con un paliacate en el hombro derecho, descalzo y sosteniendo la mirada a la cámara mientras le da una bocanada a un cigarrillo de marihuana, “un gallo”.

El periodista oannábioo mexio ano Juan Pablo Garoía Vallejo poEtula la teoría d© Ioe consumidores recreativos d©l o anna bis y los id©ntifioa como originarios d©l Barrio d© La M©ro©d ©n la Ciudad d© México, a estos p©EonaE e© 1©e mira y e© lee E©fíala d© man©m despectiva como ’léperos". Gracias a xAna Mana Pri©to e© ©nti©nd© qu© ’El lép©io ee el hornbr© pobi© d© las oiudad©B, rainofi y obrajes del México central ©n los siglos XVIII y XIX; p©ro también hasta tí©mpos d© la ind©p©nd©noia, ee mi©mbro d© las castas, y, por tanto, distinto del indio, como tal" (Hernández, 200b: 102). También sel© o ono o© como ©1 "grifo", qu© el diccionario déla Real Aoaderaia Española lo describe así: "p©reona con ©1 pelo enmarañado, crespo, embriagado por la bebida o la marihuana". Las pulquerías son los lugaree ©n los qu© encaja el "grifo", asimismo también ©1 revolucionario mexicano. Deepués de todo, em la gente del o ampo la qu© se enlistó ©nlos ejércitos d© Zapato y Villa.

xAl revolucionario se 1© asocia como una figum romántica y nacionalista, pero al "grifo" se 1© eetigmatiza por su consumo de cannabis ©n seotoree indígenas y pobres, xAsí se moldea

...la identidad que se construye a. partir de ¡9 confrotta.ción efe/ ideal del yo individual y del ideal social. Por esa. ca.usa.. el proceso efe construcción de identidad tiene sentido y un origen qu.e está intimar mente relacionado con los valores, principios y cu'Cura. del antojante yes. indudablemente una construcción socia] (Falcon, 2Q0S: 2).

El síndrome Pánglos ee una influencia para deepreetigiar a estos personajes p opul oree por considerados "feos", "malos", por ©1 europeo de la conquista española. Al consumidor de cannabis se 1© agregan otros atributos desacreditadores qu© moldean una persona floja, pobre, y en ocasiones "pecador", se 1© dice qu© ee vicioso, criminal, loco, en consecuencia, un riesgo para la sociedad. Los conservadores 1© dicen hippie, 1© llaman "chairo". Esta construcción social asociada al consumidor de cannabis parte del calificativo vago". Con Porfirio Díaz se origina ©1 Tribunal de Vagos, qu© persigue a desempleados y falsos mendigos, a hombres fuertes y sanos que no ejercían oficio, y a aquellos que vivían de ingresos familiares pero que se dedicaban a la "mala ’/ida" del juego y la ebriedad, por tanto, eran tipos ideales pam ser arrestados.

García Vallejo (5017), en el V Congreso de Sustancias Psicoac-tívas por parte de la UMxAM, afirmó que "... la figum del soldado marihuano domina toda la primera parte del siglo XX en México, cualquiera te va a decir, nuestra mamá, nuestm obuelita, el sacerdote, el periodista dicen, ‘marihuana es el soldado’". Hacia 19b0 los jó/enes van a diversificarla figum del marihuano pues seles identifica como rebeldes sin causa, incomprendidos, transgresores de las leyes, poetas, hippiteoas (término utilizado por Garoía Valle-jo dumnte su discurso en el Congreso de la ULLAM). keé xAgustín y Parménides García Saldaña representan al marihuano como anclaje para atraerla atención del lector. Esto literatura de los años setenta significa la independencia del marihuano "a pesar de que estabula prohibición en la literatura no existe tal prohibición, por-

que todo mundo está fumando, todo mundo está gozando, todo mundo está pasándola bien, pues pam eso la mayoría de la gente fuma marihuana, para pacámela bien, para quitarse el estrés" (J. P. García Valido, UNAM, comunicación personal, dioierabie 2017).

El consumo délas drogas no es privativo délos barrios bajos, pobres y olvidados, también lo es de la clase mediera y de alto ingreso [econórnicámente hablando), las drogas no discriminan clases sociales.

El fotógrafo como filtro cultural permite visualizar este mundo tabú de consumo de sustancia ilegales. La fotografía de "Juan el Moto" (fotografía 1) es la guía pam retratar al "Poblano" (fotografía 2), en ambas vemos la postura de agarrar con los dedos el cigarrillo de marihuana, "el pono", manera peculiar de sostener el carrujo de mota con el dedo índice y el pulgar, posición icónica que sirve pam identificare! consumidor de cannabis.

En la fotografía se reflexiona el miedo o desacreditnción que conforma el imaginario social que estigmatiza a este personaje

conocido como "el marihuana". El retrato de El Poblano¹¹ es la fotografía empleada en la intervención urbana; aquí se comparte el espacio con él, una persona en situación de calle que bien podría decirse que representa al "lépero".

El Poblano habita de repente en un edificio en obm negm ubicado por Plaza de las x^iméricas en Ciudad Juárez. íoudea este no

lugar pam resguardarse del clima mientras algunos otros llegan a compartir estas tapias con él. Utilizan el espacio para pintar graffiti, beber cerveza (caguamas) y darse irnos toques.

Es ese personaje que origina miedo, asusta por su aspecto. Es alguien olvidado que vive en la cale paseando, sobreviviendo, un fantasma, un nómada de esta ciudad. Representa al vago", por eso tiene fuerza su retmto "dándose las tres", po roque carga y refleja todo el estigma social y en un instante lo comparte con "Vroma",¹* el joven con el cual comparte el pono (fotografías 3 y 4). Dos generaciones muy distintas compartiendo un "gallo" y el estigma social. ^{141 142}

Un relato de esa tarde por paite de Vio roa:¹¹

Me dren en le. calle Vroma, con V', tengo 24 años, cerne!, y?, meío cumplo los 26... sipo vivo, es lo bueno. Bueno aquí es un hotel abandonado que creo que me habían dicho que del Xíreñes*. un pinche na.rco bien pesado y creo que no la. armó yqu.eda.ron aquilas tapias y desabrimos qu.e aquí podamos pintar y pistear. pasarla chide, sin que nos moleste la. policía.

Fa.ra mi es un pinche estilo de vida., pero igual conoces bandera, chide, en todos lados, pero lo del estigma, que te digo es porque me puedo sibira. la. ruta, recdn fumado un Joint* todo apestoso y luego todas las señoras voltean a. ver como si dijera... no sé... la. mirada esa fea... la. de la. ebvolita, esa que dice "mmm... otra, vez están quemando*. Para mi eso es un estigma. Te marca... igual ninguna, pinche vecina, me habla, igual no hay problema., pero pues... respeto. Yo respeto. Igual yo, digo si voy ca.mina.ndo por el parque y veo niños, pues lo apago el gallo, intento de respetar todo eso.

Mi es relacionarlo al narco... bueno, simón, los narcos pueden comprar sus armas por esto, eso una. vez me lo dijo un policía, "'qué no ves que por esto compran sus armas para, ma.ta.r a. nosotros y a. la. gente...*, un rollo bien cuero, pero igual y si, pero es la. realidad. Es Juárez, para, mi Juárez fue fundado por lo legal. Pa.ra. mi ahorita, la. policía está... como que están muy fuertes en sus prejuicios. Te ven alero, te ven como un delincuente nomás por fumar, ove y... es como qu.e está. mal. No me hace sentir mal, pero igual son los pinches estigmas qu.e siempre van a. estar.

Finche chota, me para, y le pregunto por qué. Y me dice qu.e me veo sospechoso. ¡No ma.me^{. Y el ove y que va en la. troca, con las rolas bien chacas dándose un córner, y yo ahí nomás parad1 por los pin-che danés, pero pues igual uno vue como quiere y a. la. verga, ove y, la. neta. (Viorae, conversación perennal, 2017).

Partimos de una postura epistémioa que considera que la foto gm fía ee para todos y también tiene que estar en la o alie y contraponer estas visiones idealistas de la publicidad. La fotografía

puede filtrar la censum en Iob medios y en los espacios públicos. Es un medio para poder representarse, pam reconocer al otro, daie voz y reapropiaise del espacio publico. De la fotografía documental Cartier Bresson (5017) afirma que ’La anarquía es una ética’ (p. 15). Es un acto rebelde de observar donde los demás no se atreven a ver.

Las intervenciones

Once intervenciones fotográficas en el espacio publico para documentar el estigma social. En este trabajo solo se documentan dos: "El poblano" y ’Los ojos del marihuano''.

"El Poblano"

En esta intervención se instaló la imagen en diferentes espacios de Ciudad Juárez pora que la fotografía sea deteriorada, por el tiempo, el clima y el transeúnte. El objetivo es diseñar un diálogo visual para observar el estigma. Para el fotógrafo la imagen deteriorada es lo que importa, ya que es donde culmina la obra en su retórica visual.

La intervención urbana es ver cómo, en el transcurrir del tiempo, se deteriomnlas piezas fotográficas. Es de interés el deterioro y la escena efímera en la calle para completar el diálogo visual de laobm. Se buscólo efímero por ser contestatario eircontmla perpetuidad de la fotografía. Se piensa enla memoria y en cómo esta también puede ser efímera, porque se desmorona con el tiempo hasta el olvido.

x^mte el rechazo de algunas personas, en el proyecto se pensó en poner fotografías en gran formato enla ciudad para que fueran desgarradas por el efecto del tiempo o por el transeúnte que quisiera romperla foto del "otro", es un juego visual para dade sentido a la intervención. La estética del rip? el desgarrar, trae consigo significados estéticos.

La intervención consistió en pegar tres posters de El Poblano en diferentes espacios, como parte de la experimentación. Estas fotografías se utilizaron para intentar orear una reacción. Se representa a este personaje del imaginario social, que da un cierto miedo a la sociedad por ser "el marihuano" estereotipado.

Las primeras imágenes utilizadas fueron ordenadas por secciones y como resultado se obtuvieron cuatro filas de nueve hieras, para un total de 36 posters tamaño tabloide, pam crear la imagen tipo rompecabezas. Se utilizó adhe rente (engrudo) para pegada. Después se mejoró la técnica al poder imprimirla imagen en plotter, en tamaño de 1.7b metros de alto por 2.4b metros de ancho.

La primera fotografía enla intervención se colocó en la cale x'Mtamirano, zona centro de Ciudad Juárez (Fotografía b. Intervención 1). Fue adherida en un muro de mía fiinemria abandonada.

La teroem intervención (fotografía 95 6e instaló en la Avenida Paseo Triunfo de la República esquina oon Avenida de las x^íanéri-oas. En las foto guiñas 9 y 10 se aprecia oórno el póster se desmoronó y pasó desapercibido pam la gente.

El póster durante un mes se mantuvo en su lugar sin ser arranoado hasta que un día amaneoió tundo en pedazos en la o alie, esto evidencia posiblemente que alguien se sintió ofendido o amenazado armncándola del espacio público de un día pam otro pam evitar que sea visto, reoonocido, representado.

En la imagen anterior vemos el rostro de El Poblano, pero solo se muestra una parte, no obstante, se aprecia la aoción de fumar el pono.

La segunda exposición (que en realidad fue la novena de la serie) es la que se ha denominado "Los ojos paoheoos", que surgió durante la investigación. Los participantes no querían que se les fotografiara fumando un porro porque tenían miedo de revelar su identidad. Por ello el aoto fotográfico en su enfoque fue en el en-ouadre de los ojos, que origina los oliohés: "pam conocer alguien lo haces a través de la mirada", "los ojos o orno puertas al alma" y todos esos significados de la mirada y que la gente romantiza. xAguí son ojos marihuanos anónimos, personas que se esconden'/ evidencian la discriminación social de la oual son víctimas.

Se instalan los ojos de personas en diferentes punto6 de la ciudad, jugando oon el propósito de genemr prooesos de significación pam que el receptor se pregunte: ¿qué hay detrás de ellos?

... Si ¿we /o deas un amigo, pues hasta, me da. risa, y le digo 'biso*/, así como muy cínico. Pe 10 si me lo dre alguien qy.e no conozco o que tengo poco de conocer, ¿ne siet&o mal. siento que ya. tienen una. idea, negativa, de mí. Como que piensa.n que no hago mucho de mi vida, como si dejara de hacer cosas por estar ma.rihua.no.

En la fotografía inmediata superior se observan unos ojos pachecos. Se colocaron en muros del Under por el Pronaf. Los ojos representan al marihuano anónimo en los "no lugares". La imagen comparte un texto que evita la polisemia, i^bajo de los ojos hay un reloj ligado a la palabra "and" y un homo, esto de manera visual hace referencia al juego de la "jerga paoheca", esta acompaña la fiase "Wake and Bake" que se traduce como "despertary prenderse".

El Under no es solo un sitio de reunión de consumidores de marihuana, también alberga una galería en las sombras, en el olvido colectivo, un abandono a la memoria. Hay negación de la sociedad para esos lugares, parala gente que pinta graffiti, la gente vaga y objeto de descrédito. Al igual que el trabajo fotográfico

de cualquier autor, refleja su esencia como persona, la cual queda impregnada en su estilo peculiar de hacer la fotografía.

¿Cómo puede la fotografía documental incidir en la percepción del estigma del marihuano, mediante una intervención urbana?

La fotografía como documento visual es herramienta metodológica para comprender temas de interés de la sociología y la antropología. Este tipo de trabajo que consiste en la intervención urbana propicia la creatividad. La idea de trabajar la fotografía de una manera diferente integra un conjunto de recopilaciones de relatos personales, que permiten observar al “otro” y su memoria para intentar rescatarla.

Producir obra fotográfica puede ser un proceso complicado. En la fotografía hay que recordar que: “La creatividad es un proceso desordenado, las etapas no se suelen seguir de manera lineal o en una secuencia lógica, sino de la forma que responde mejor a nuestro estilo de trabajo” (Simmons, 2015: 16).

En estas intervenciones se experimentó la práctica fotográfica en el espacio público. Se experimentó a partir de ver la fotografía como parte del sujeto. Como fotógrafo documental, la estética prosaica ayuda a capturar la fotografía en contextos cotidianos múltiples y hace ver otros mundos que los demás no se atreven a mirar por considerarlos no dignos, por creerlos temas “feos”, “de mal gusto”, mundos prosaicos, obscenos; sin embargo, estas cotidianidades permiten ver a las personas en su esencia íntima, honesta, sin poses.

Aquí destaca la otredad. La fotografía trata de capturar la imagen de la persona desacreditada que desemboca en el estigma; en este sentido, “la poética de la otredad y bajo la premisa posmoderna se avive el construir la “historia” a través de “los otros”, las minorías, las subculturas, o las etnias, los usualmente acallados, los vencidos, los colonizados, los marginados” (Mínguez, 2018, comunicación personal).

La otredad es resultado de un malentendido del concepto de identidad. El otro al referirse al consumidor de cannabis devela quién es en realidad “el marihuano” en México, observardo desde adentro. Falcón (2008) muestra que “el ajeno” es un fenómeno que se da desde el inicio de las primeras tribus para poder sobrevivir, identificando a posibles enemigos.

Actualmente se le quiere responsabilizar al consumidor de drogas de la violencia que experimenta el país por la guerra en contra las drogas. Esta guerra identifica y separa por clases sociales pues se pretende señalar que son los pobres los: violentos, cholos, sicarios y criminales.

La fotografía interactúa con el estigma y con “la poética de la otredad y bajo la premisa posmoderna se avive el construir la “historia” a través de “los otros”, las minorías, las subculturas, o las etnias, los usualmente acallados, los vencidos, los colonizados, los marginados” (Flores, 1999; citado por Mínguez, 2018, taller de creación MEPCAD).

Finalmente se concluye que el fotoreportaje se rescatan relatos y se da voz y se observa su mundo, son también textos visuales que reafirman que este grupo social existe y tiene que ser visibili-zado. Después de todo la legislación sobre el cannabis en México viene este 30 de abril del 2020.

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Autores de Chihuahua Hoy 2020

Licenciado, maestro y candidato a doctor en historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Iberoamericana CDMX. Tiene por interés la historia regional del norte de México y Chihuahua de los siglos XIX y XX; ha realizado algunas estancias de investigación en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente coordina el proyecto cartográfico de la apachería de los siglos XVIII y XIX en colaboración con la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua.

Docente Investigador del programa de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Egresada del Doctorado en Educación centrado en investigación en la línea de Historia e Historiografía de la Educación en junio del 2019. Ponente en congreso de talla internacional y nacional por la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y por el Congreso Nacional de Investigación Educativa. Autora de artículos científicos y capítulos de libros. Miembro de la Red de Investigadores Educativos del Estado de Chihuahua y vicepresidenta de la Barra de Colegio de Enfermería Región Noroeste del Estado de Chihuahua. Enfermera certificada por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería.

Maestra en Estudios Interdisciplinarios de Género con especializaron en estudios de violencia, instituciones y políticas de igualdad. Licenciada en Educación. Profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez adscrita al Departamento de Humanidades. Docente de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en el Departamento de Psicología. Consejera en la Red de Coaliciones Comunitarias de Ciudad Juárez en el Área de Género y prevención de la Violencia hacia las Mujeres.

Doctor en Humanidades por el Colegio de Michoacán A.C. Profesor-investigador en el Instituto de Arquitectura Diseño y Arte de la UACJ. SNI 1, Líder de cuerpo académico Estudios y Enseñanza del Diseño. Autor de los siguientes libros: Ciudad Juárez la fea; Diversiones decentes en una época indecente; Enfermedad y muerte en Ciudad Juárez, 1918; Cuerpos estigmatizados. Cuerpos Precarizados; Métodos de elaboración de proyectos de investigación; Apuntes de semiótica para el diseño; Católico apostólico. La Patria de Silvestre Terrazas. Publicación de artículos en Finlandia, Argentina, Venezuela y México.

Es ingeniera en Gestión Empresarial y maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente de la División Multidisciplinaria de UACJ en Cuauhtémoc desde 2014 en área de lenguas y educación. Trabaja temas de estilos de enseñanza y enseñanza de la lengua en el nivel superior.

Doctora en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, (2013); Maestra en Arquitectura por la UNAM (2004), Arquitecta por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UACJ (1998). Profesora investigadora de Tiempo Completo del programa de Arquitectura de la UACJ, y Perfil Deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Secretaría de Educación Públi-

ca-México). Docente fundadora de la Maestría en Arquitectura de la UACJ, programa inserto en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, desde el 2016 a la fecha. Docente en la Maestría de Diseño Holístico (2004-2007). Líneas de investigación: Arquitectura de los edificios educativos y Arquitectura sostenible.

Antropólogo e historiador. Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde 1988. Autor de Misiones jesuítas en la Tarahumara, siglo XVIII (1992) y Teoría del juarense (Córdoba, 2007). Coautor de Civilizar o Exterminar. Tarahumaras y apaches en Chihuahua, siglo XIX (2000). Autor de más de veinte capítulos de libro, así como de decenas de artículos en publicaciones académicas y de difusión general. Además de la docencia, tiene un proyecto sobre las percepciones de los artistas juarenses acerca de la ciudad donde viven y trabajan.

(Ciudad Juárez, Chihuahua 1995) es egresado de la Licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Participó en el proyecto “Plan de Renovación y Recuperación Urbana de los Siete Barrios Históricos de Ciudad Juárez” del Instituto Municipal de Investigación y Planeación con el documento: Crónica de los Siete Barrios Históricos de Ciudad Juárez. También ha publicado en la revista universitaria Cuadernos Fronterizos y participado en diferentes congresos estudiantiles. Actualmente desarrolla una investigación sobre el pintor bávaro Johann Moritz Rugendas y su obra sobre el México decimonónico.

Maestrante del programa en Derecho Fiscal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mediante el Programa de Generación de Excelencia por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua. Diplomado en Contratos Civiles por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos 2020. Licenciatura en Comercio Exterior del programa de Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez, título obtenido mediante mención honorífica, con promedio general de 9.99. Constancias de la Casa de la Cultura Jurídica en asistencia a conferencias magistrales, régimen de incorporación fiscal y derecho aduanal. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2706-5210. Correo electrónico: paloma.licon@hotmail.com

Doctor por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, líneas de investigación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Profesor-investigador adscrito al programa de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Doctora en Estudios de Integración y Desarrollo Económico. Profesora titular de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez adscrita al Departamento de Ciencias Sociales. Integrante del cuerpo académico de Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo. Co-responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y fundadora de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. Participante del Seminario Binacional Diversidad sin Violencia.

Profesora Investigadora Cátedra Conacyt adscrita a El Colegio de la Frontera Norte en el proyecto: Los derechos humanos en la frontera norte: Los contextos de alta violencia; forma parte del Departamento de Estudios de Administración Pública. Es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Maestra en Administración con Especialidad en Finanzas y Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus líneas de investigación actuales son: derechos humanos, grupos en situación de vulnerabilidad, derechos de las mujeres.

Licenciado en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Me-tropolitana-Iztapalapa y doctor en Estudios Hispánicos por parte de la Universidad de Western Ontario (Western University), en Canadá, en donde consiguió el grado con una investigación sobre los lazos tendidos por la Compañía de Jesús en épocas virreinales, la cual se publicó como monografía: Red de comunicación jesuíta desde las misiones sudamericanas: el caso de Moxos (UACJ: 2018). Profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, adscrito al Departamento de Humanidades. Dirige el Centro de Investigación y Documentación Dramática Norteatro, un colectivo de crítica teatral y de formación de públicos. Está al frente del proyecto de investigación e intervención ciudadana Cartografía Literaria de Ciudad Juárez; su libro homónimo, publicado en coautoría (Eón: 2019), fue acreedor al XVI Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda.

Nació en Chihuahua, Chihuahua, México. Abogada. Cursa el doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campo de investigación de los derechos humanos y bajo la dirección del doctor José Luis Soberanes Fernández y la doctora Susana Thalia Pedroza de la Llave (enero 2019-diciembre 2022). Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene experiencia en la administración pública federal y estatal en áreas de control interno, transparencia, protección de datos y rendición de cuentas.

Doctor en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, ETSAB-UPC (2006); maestro en Arquitectura por la UNAM (1997); arquitecto por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UACJ

(1994). Desde 1997 es Profesor de Tiempo Completo del Departamento de Arquitectura de la UACJ, y Perfil Deseable del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Secretaría de Educación Públi-ca-México) desde el 2000. Jefe del Departamento de Arquitectura (2006-2012) y actualmente coordina la Maestría de Arquitectura de la UACJ. Líneas de investigación: intervención arquitectónica en contextos urbanos e historiografía de la arquitectura.

(Ciudad Juárez, 1992) Crítica teatral y promotora cultural, es egresada de la Licenciatura en Literatura Hispanomexicana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Maestría en Estudios Literarios por la misma institución, con la tesis “Estudio y edición crítica de Voces en el umbral de Víctor Hugo Rascón Banda”. Actualmente labora como docente en la UACJ. Cofundadora de los proyectos Cartografía literaria de Ciudad Juárez y el Centro de investigación y documentación dramática Norteatro. Autora de varios artículos de investigación publicados en distintas revistas y coautora del libro ganador del Premio Anual de Crítica Literaria y Ensayo Político Guillermo Rousset Banda Guillermo, 2019, Cartografía literaria de Ciudad Juárez; así como del ensayo ganador del Premio a la Investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas Contemporáneas 2020, titulado “Juárez liminal: cuerpos, espacio público y teatralidades feministas al borde” y del libro Frontera creadora. Ciudad Juárez como dramaturgia, acreedor a la mención honorífica del Premio Chihuahua 2020.

Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctor en Estudios Científico-Sociales (área comunicación y cultura) por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México. Entre sus libros recientes se encuentra Jóvenes, violencia y contexto transfronterizo. La construcción sociocultural de la relación vida-muerte en colectivos juveniles, Ciudad Juárez, México, publicado por Editorial Colofón. Integrante

del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación: culturas juveniles, violencias y contexto fronterizo.

Doctor en Educación, maestro en Desarrollo Educativo y profesor normalista. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt y maestro fundador de la UACJ en Cuauhtémoc. Ha sido maestro rural y docente invitado de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, de la Escuela Normal Superior “José E. Medrano”, de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras. Es autor de 4 libros en solitario y 7 en coautoría, y de artículos publicados en Estados Unidos, Colombia, España, Alemania, Grecia y México. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Investigadores Educativos Chihuahua.

Doctora en Historia por el Colegio de Michoacán (2011). Ha publicado diversos artículos y libros en los que se analizan la configuración de las ciudades, la planificación urbana, demografía histórica, los procesos electorales y condiciones de trabajo en la industria maquiladora. Trabaja en el proyecto de organización del Archivo Histórico de la Catedral de Ciudad Juárez y en análisis demográfico de los habitantes de Paso del Norte en los siglos XVII, XVIII y XIX.

Maestro en Estudios en Procesos Creativos en Arte y Diseño. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Diplomado de Fo-tonarrativa de World Press Photo. Participación en el V Congreso Universitario sobre sustancias psicoactivas “Transmutaciones de la conciencia: drogas, discursos, saberes y aplicaciones en la transformación de lo real, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (2018). Exhibiciones: participación en “Pasos Urbanos”, Museo de Historia de El Paso, Texas, (2019-2020). También en “Exilios del imaginario”, INBA, Ciudad Juárez, (2018). En la exhibición “Fragilidad” de la Facultad de Artes de Universidad

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Patricia Ravelo Blancas / Sergio Sánchez Díaz Identidad y cultura en torno de las condiciones de vida y de trabajo del sector obrero

Chihuahua Hoy 2006

CHIHUAHUA HOY 2009

La REPRESENTACIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA PROSTITUCIÓN EN EL DISCURSO DE LA PRENSA

Valle de juárez: testimonios de su historia.....................................249

MeXICANIDAD y CAMBIO RELIGIOSO ENTRE CHOLOS Y MALANDROS EN EL CONTEXTO URBANO-FRONTERIZO

La NOCIÓN DE DESIERTO EN EL CONTEXTO DE LA GRAN CHICHIMECA. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

Gustavo Herón Pérez Daniel Chihuahua y su literatura, texto e interpretación. Reflexiones para la constitución

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE NECESIDADES DEL EJIDO DE NUEVO LAJITAS DEL ÁREA PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA CAÑÓN SANTA ELENA, MUNICIPIO

DE MANUEL BENAVIDES, CHIHUAHUA.......................................................425

Instituciones de asistencia a migrantes colonizadas por el discurso securitario: la casa del migrante

El financiamiento en la preparatoria federal por cooperación ems-2/47: un caso del hacer más con

EL DESARROLLO ECONÓMICO: EL CASO DE LA POLÍTICA DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL EMPLEO EN EL ESTADO DE

Chihuahua (1990-2008.......................................................................219

EL ESTADO DE CHIHUAHUA....................................................................235

Chihuahua Hoy 2013

Presentación..........................................................................................9

La cofradía de la limpia concepción EN SAN JOSEPH del parral, 1600-1800: reconstruyendo la memoria histórica de la comunidad mexicoafricana en el norte de la nueva

Apuntes sobre la oralidad en el juicio acusatorio-adversarial, un acercamiento a través del derecho comparado

Chihuahua Hoy 2014

Estampas históricas de Chihuahua. Episodios de guerra, pillaje y paces parciales entre apaches y mexicanos:

El DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. UNA INTERVENCIÓN SOCIAL EN CIUDAD

KOLDOVKE IBARRA Y GUSTAVO HERÓN PÉREZ “FANTASMAS EN EL FACE”: ANÁLISIS DEL DISCURSO SOCIAL

Chihuahua Hoy 2016

Chihuahua Hoy 2017

Juan Carlos Sánchez Montiel

Prácticas políticas, ciudadanía y elecciones en

San Luis Potosí y Chihuahua del periodo

GADITANO AL PRIMER FEDERALISMO............................................................13

Mario Alejandro Domínguez Cruz

Sistema electoral porfirista: el caso de Chihuahua en 1892 ..........33

Rutilio García Pereyra y María del Carmen Zetina Rodríguez Breve descripción de escenarios social y urbano de Ciudad Juárez y su influencia en la mortalidad infantil

por enteritis en el mes de mayo de 1918...........................................57

Jesús Adolfo Trujillo Holguin y Guillermo Hernández Orozco

La pobreza campesina frente a la opulencia minera: relato

histórico de Ranchería Juárez, Chihuahua........................................81

Enrique García Searcy

El veto mexicano hacia Texas, el incidente de El Paso y su influencia

EN EL PROCESO NEGOCIADOR DEL PROGRAMA BRACERO (1947-1949) ..............107

Abel Rodríguez López

Comunidad y organización social rarámuri en el alto

río Conchos.............................................................................................147

Llana Rocío Marceleño Álvarez y Silvia Verónica Ariza Ampudia

El tejido textil tarahumara. Hilos, cobija y faja..............................179

Leonardo Andrés Moreno Toledano y Érika Anastacia Rogel Villalba

La construcción de la ciudad a través de imaginarios colectivos:

LA NARRATIVA DE LA CASA DE ADOBE Y LA Ex-AüUANA ..........................207

Elvira Maycotte Pansza

Movilidad social y vivienda: ¿quiénes viven mejor en la

VIVIENDA SOCIAL CONSTRUIDA EN ClUDAD JUÁREZ DURANTE

LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI? .......................................................225

Germán Víctor Manuel Argueta López y Carmen Patricia Jiménez Terrazas

Gestión del conocimiento. Innovar y patentar en empresas METALMECÁNICAS EN ClUDAD JUÁREZ, MÉXICO .........................................257

El comandante de Janos protesta ante una fuerza armada de Sonora que entró a Chihuahua persiguiendo a los

ELITES POLÍTICAS EN EL ÁMBITO LOCAL: UN ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS REGIDURÍAS DE CIUDAD JUÁREZ,

El Manifiesto a la Nación y Programa del Partido Reconstructor Nacional (Plan de Río Florido)...........................................................351

AHSECULT, Área de Colecciones Especiales, Archivo del Carrizal, Rollo no. 11, 5 de marzo de 1870.

Las JFMM tuvieron acceso a recursos de manera diferenciada, por lo que fueron clasificadas en los tipos A, B y C, conforme a la disposición de ingresos propios y de participación y cooperación. La JFMM de Ciudad Juárez estaba en una posición de ventaja y fue ubicada en el tipo “A”, lo que significó que contó con recursos propios y subsidios tradicionales suficientes para hacer erogaciones fuertes e integrar personal técnico, administrativo o contable. Pero las de tipo “C”, por ejemplo, no tenían fondos suficientes ni para cubrir gastos administrativos ni técnicos. Véase tesis de licenciatura de Gustavo H. Renero. 1972. Función económica y social de las juntas federales de mejoras materiales, (Tesis de licenciatura inédita). México. UNAM, pp. 74-79.

El 26 de febrero de 1924, el presidente de la primera JFMM en Ciudad Juárez fue el doctor Ignacio Barrios; el secretario general Jesús R. Silva, industrial y dueño de extensos terrenos en el poniente; el tesorero Enrique Seeman y Baudelio Pérez Mu-charraz. AGN, JFMM, caja 18.

De manera general, se puede señalar que una parte de su labor se centró en la introducción de la red primaria de agua y drenaje (1935), en la edificación de escuelas y coadyuvó en la construcción de un puente que ligó a Ciudad Juárez con el Corte de Córdova (1949). Además, entre 1947 y 1953, la JFMM construyó la escuela primaria federal Cuauhtémoc y los edificios que albergan la escuela preparatoria y la secundaria diurna en la zona del Parque Borunda.

Incluso, en ocasiones, propició confusión en la adjudicación institucional de las múltiples obras públicas.

En el periodo de 1954 a 1959, en el que Santos Cantú Salinas fue el presidente de la JFMM, además de la cobertura a los servicios de agua, drenaje y pavimento, se registraron algunas modificaciones en el tipo de obra que construyó la junta. Se invirtieron recursos para la construcción de vivienda popular, de algunas instituciones de salud como el dispensario médico en la colonia Hidalgo, un centro de salud en el malecón del río Bravo, y de mercados públicos en el barrio de la Chaveña y colonia Hidalgo. Informe de la JFMM de Ciudad Juárez, AGN; JFMM, caja 7.

La SBN entregó a la JMAS la red de alcantarillado en la parte nororiente de la ciudad

y comprende 96 kilómetros 711 metros de drenaje, incluyendo el gran emisario que

corre paralelo al río Bravo frente a la Isla de Córdova. El Fronterizo, 23 de febrero de

En 1953, el presidente de la JFMM, Carlos Real Encinas, ya con la idea de planificar y reestructurar el espacio urbano, previo estudio del arquitecto Rafael Minjares, localizó dos áreas posibles para la industria, en una zona totalmente distinta a la estipulada en 1943: la primera se ubicaba, en la zona poniente donde bajan las corrientes pluviales que formaban el Arroyo Colorado; y la segunda situada al oriente, en las inmediaciones del río Bravo, cercanas al Corte de Córdova. María Guadalupe Breña. “Monografía de la Isla de Córdova. Colonia mexicana al norte del río Bravo en el estado de Chihuahua” en Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos, s. n.

Por ejemplo, en 1951 la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces propuso al ayuntamiento el recubrimiento del canal de irrigación Acequia Del Pueblo, desde

las compuertas hasta llegar al pueblo de San José, pero la petición fue rechazada e incluso aún funciona a cielo abierto. AMCJ; Actas de Cabildo, 31 de julio de 1951, f. 309. No ocurrió lo mismo con la Acequia Romero la cual fue desecada, por iniciativa de la DOP y con autorización de la SRH, para facilitar la comunicación en la colonia Hidalgo. El Fronterizo, 8 de enero y 29 de noviembre de 1955.

Mario Pañi, “Puerta de México en Matamoros”, Arquitectura de México, s. n., 1963, 45-68. En el gobierno de López Mateos se redactó un instrumento técnico para, desde la JFMM, impulsar la urbanización de las ciudades. Véase Normas, métodos y realizaciones en la urbanificación de las ciudades fronterizas y portuarias, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, Presidente de la República, 1958-64. México. Dirección General de Juntas Federales de Mejoras Materiales. 1964.

Previo al Plan Nacional de Desarrollo de 1979, desde la presidencia de la república se habían iniciado otros esfuerzos para la regulación del crecimiento. En 1975, la secretaría de la presidencia del gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con asesoría de funcionarios de la ONU, redactaron el “Proyecto Desarrollo Regional y Urbano de México”. México. Secretaría de la Presidencia, Dirección General de Desarrollo Regional y Urbano. 1976.

“Zonificación urbana. Control de la edificación para definir y limitar las densidades humanas previstas en el plano regulador”. Ponencia presentada en la primera reunión para el estudio de las ciudades fronterizas y portuarias en Arquitectura de México, número 71, septiembre de 1960, pp. 122-136.

El primer plano de regulador de Mazatlán se hizo en 1950 con recursos de la JFMM. Véase Adrián García. 1992. La fundación de Mazatlán. México. Siglo XX, p. 145.

Participaron en la elaboración de planos reguladores los arquitectos Enrique Cervantes, Domingo García Ramos, Enrique Yánez, Carlos Leduc. 2004. Enrique Guerrero, Ignacio López Bancalari, René Martínez Ostos y Enrique Mariscal. Luis Ortiz Macedo, La Historia del arquitecto mexicano, siglos XVI-XX, México, Grupo editorial proyección de México, pp. 160-165.

fuese transmitido a través de los distintos presidentes de las JFMM y arquitectos,

ingenieros, técnicos o funcionarios que trabajaron en otros proyectos y que vinieron

21 Comirir-n líiyti dd IWsnnnlla libam Tmnt-aám, Pina* P*gv&d}t do t9G2, S*painl-Bumí. Merino. 1M2.

Los dos multifamiliares Ciudad Jardín Presidente Miguel Alemán son de cuatro pisos con una capacidad para 16 “casas habitación particulares” o departamentos, cada uno. Cuando se proyectaron, se pensó en resolver los grandes problemas de vivienda que se tenían en la ciudad, sin embargo, debido a la tradición juarense de comprar tierra con vivienda construida, tuvo una ocupación muy lenta. Guadalupe Santiago Quijada, Políticas federales e intervención empresarial, Colmich, UACJ, México, 2013.

En la década de los 80, en la confluencia de las carreteras Panamericana y Juárez-Porvenir se empezó a crear un congestionamiento vial, principalmente en el horario de salida de los trabajadores de la industria maquiladora. Por ello se pensó en la construcción de un puente. Sin embargo, el puente se construyó en el sentido inverso y el problema vehicular no se solucionó del todo, de ahí que se le empezó a llamar “puente al revés”.

Para simplificar el trabajo de recolección de información, el CMP contrató los servicios de una empresa que tomara una fotografía aérea de la ciudad.

Las “pipas” son camiones cisterna con los que se vende agua en las colonias apartadas de la ciudad que no disponen del servicio de agua entubada; los piperos son los repartidores de agua.

Datos de acceso a servicios públicos calculados a partir de una densidad de 5 habi

tantes por familia. Hay que aclarar que los datos son ilustrativos en tanto muestran

datos para entender las condiciones de acceso a los servicios, sin embargo, el Plano

Regulador consigna 66 900 familias (probablemente viviendas) y el conteo de vivienda del censo contabiliza 75 880 viviendas. Plano Regulador. Informe de actividades: 1970-1971. 1971. Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez.

Reglamento de Planeación y Planificación del Municipio de Juárez, en AMCJ, Actas de Cabildo, 22 de septiembre de 1971.

Docente investigador de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Egresado de la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Los autores de este trabajo redactaron una “Crónica de los Siete Barrios Históricos de Ciudad Juárez”, documento que forma parte del proyecto del IMIP. De esa labor se desprende esta propuesta que se expuso como ponencia en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, efectuado en Ciudad Juárez en septiembre de 2019.

Para tener una visión completa de la organización de la Villa de Paso del Norte a partir de la distribución del agua del río Bravo, es necesario complementar información de diversas fuentes y trabajos de investigación ya realizados. Se recomiendan: Juárez, 2017, vol. 10 y 11; Martínez, 1982; Esparza, 1986; Esparza, 1991; González de la Vara, 2009; Flores, 1998 y Orozco, 2012.

Una revisión cuidadosa del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua entre 1880 y 1890 da cuenta pormenorizada de los problemas tan graves que provocó la intermitencia de la demanda laboral en la construcción del ferrocarril.

El archivo del Registro Público de la Propiedad, así como el Archivo General de Notarías del Estado de Chihuahua son los repositorios documentales indicados para demostrar puntualmente esta afirmación.

González de la Vara (2017) ha trabajado este asunto, corrigiendo algunas imprecisiones de Martínez (1982). Si el lector busca adentrarse en las medidas fiscales que influyeron negativamente a la vida fronteriza de ese tiempo, es conveniente consultar las Memorias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impresas bajo la gestión de José Yves Limantour al frente de la dependencia federal, así como las determinaciones aprobadas por el Congreso del Estado de Chihuahua, cuyas decisiones se convierten en obligatorias al publicarse en el Periódico Oficial de Chihuahua.

Es necesario aclarar también que la idea de “ciudad moderna” fue un concepto de moda de largo aliento desatado a partir de los textos de Charles Baudelaire; posteriormente, el filósofo Walter Benjamin ahondó en los conceptos baudelairianos para concluir que la ciudad moderna ha de caracterizarse como el final de la identidad y que es sustituida por lo fragmentario e inacabado (Benjamin, 1972: 85-120).

Meneses Morales, E. (1988). Tendencias educativas oficiales en México 1934-1964, pág. 272.

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, Memoria de la Primera Planeación, Proyección y Construcciones Escolares de la República Mexicana, 1944, 1945, 1946, pág. 11.

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (1946), Memoria de la Primera Planeación, Proyección y Construcciones Escolares de la República Mexicana, 1944, 1945, 1946, pág. 20.

Nuestro colectivo, Norteatro, se dedica a la crítica teatral (a través de nuestra plataforma www.norteatro.com), así como a la consolidación y formación de públicos, gracias a la intervención que realizamos en los eventos más relevantes en Ciudad Juárez: Festival Internacional del Drama Español Siglo de Oro, Festival de Teatro

de la Ciudad (ambos organizados por el Municipio) y Festival Internacional Teatro sin Fronteras (gestionado por la compañía Telón de Arena). Gracias al vínculo con la Secretaría de Cultura de Chihuahua, hemos participado como críticos en la MET durante tres años consecutivos. Además de los que aquí suscriben, Grecia Márquez, becaria de la Maestría en Estudios Literarios en la UACJ y coordinadora de la Escuela de Espectadores en la localidad, también forma parte de Norteatro.

Aunque hemos acompañado la programación de la MET desde 2017 a través de desmontajes (entrevista con las compañías inmediatamente después de la función) y críticas teatrales de cada puesta, fue hasta el año pasado que realizamos un balance general de la MET 27. Véase C. U. Montiel Contreras, “La Muestra Estatal de Teatro de Chihuahua 2018: desmontajes y reseñas”, Investigación Teatral 15.10 (2019): 178-193.

Juárez. Nos importa asentar las condiciones del sentido fallecimiento, ocurrido el 8 de septiembre de 2018, ya que en las distintas exequias (incluida la develación de una

placa con la que se le agregó el nombre del maestro al Centro Cultural de la Ciudad, por todos conocido como el Teatro del INBA) se eximió cuidadosamente la responsabilidad del Municipio de atender la seguridad de los peatones —más aún la de los de la tercera edad—. El tránsito en esa vía favorece a los automovilistas para que se desplacen aprisa entre bares y restaurantes. Más adelante, hacia el final del ensayo, añadiremos una nota final sobre la calidez de Ochoa Guillemard.

Maribel Carrasco, Aristeo Mora y Alberto Villarreal solo postularon a la obra representante para la Regional: El caimán y los sapos de 1939 Teatro Norte, escrita por “Pilo” Galindo. En cuanto a mejor director, escenografía, actores y dramaturgia, sentenciaron “que no hubo condiciones suficientes para deliberar sobre quiénes merecían reconocimiento individual. El escrutinio se hizo polvo y desierto” (Montiel, 2019: 181).

Debido a su cualidad de foránea, no incluimos en nuestro estudio la función inaugural de Colochos Teatro, de la Ciudad de México, dirigida por Juan Carrillo, que meses después se presentó en la Nacional.

Desde el año 2000, en Ciudad Juárez, se reinauguró la antigua Presidencia Municipal, ubicada en el centro histórico, como Centro Municipal de las Artes (CMA). Esta institución acredita frente a la SEP a sus estudiantes a nivel técnico (como requisito se debe contar con secundaria) en disciplinas de artes plásticas, música, danza y teatro; dentro de esta última se imparten actuación, producción, dirección y docencia.

Héctor Padilla concluyó hace 15 años que la coordinación de las instancias de gobierno (reguladoras de espacios y recursos), los gremios creadores y la fundación de una licenciatura en la UACJ cambiaría el panorama en la frontera, tanto en la afluencia de público, el robustecimiento de una cartelera acorde a la densidad de población, como en la fuga de recursos. “Hay indicios de un consenso dentro de la comunidad teatral favorable a la creación de programas que permitan la profesionalización del teatro, pues consideran que puede ser el factor clave que imprima un salto cualitativo a su labor; esto convertiría a la intensidad de las expresiones teatrales de la ciudad en una oferta teatral acorde a un espacio urbano de magnitud metropolitana y con la presencia de procesos que orientan en el sentido de la llamada globalización” (2005: 26).

La investigación, publicada como libro en la serie de Dramaturgia de la Colección Solar del ICHICULT, comprende a la narraturgia como un género híbrido (incompleto, sin una definición clara y existente desde hace siglos) que deambula entre la narración y la dramaturgia. Velo asegura que este tipo de “teatro narrativo hecho para leerse y no para representarse” rompe con la estructura misma del teatro, ya que su fin último consiste en la “representación en vivo donde el espectador pueda estar atento a lo que ocurre con la palabra” (2015: 143 y 145). Es decir, lo central del arte dramático recae en la acción y no en la palabra.

Tomóchic, dirigida por Octavio Trías, con dramaturgia y actuación de Joaquín Cosío y Zúñiga, del Taller de Teatro Experimental de la UACJ triunfó en la XIII MNT (1992), en Monterrey (Partida Tayzan, 2008: 45).

Véase el trabajo de Margarita Salazar para comprender los detonantes de la escritura

Resaltamos los lazos familiares para rastrear el devenir de una agrupación que, más allá de lo sanguíneo, hereda preocupaciones temáticas y resoluciones escénicas. En octubre del año pasado, se estrenó, primero como lectura en atril, y posteriormente como montaje Los invisibles, escrita por Pilo y protagonizada por el pequeño Octavio Trías Galindo, hijo de Laura y de Abraxas. Si existe un cromosoma teatral, este niño porta varios.

Así lo ha hecho en Bubble gum, En un tren militar (ambas escritas por Pilo) y en tres cuadros de la obra colectiva Mexicanas de Telón de Arena, dirigida por Alan Posada.

Ese mismo año, obtuvieron el segundo lugar en el Festival de Teatro de la Ciudad; en septiembre, se fueron de gira por varios municipios en las caravanas del FICH. También la montaron en Nuevo León y en el Primer Festival de Teatro Itinerante en Mérida. El texto, original del fundador de 1939, aparece en el primer volumen de su Antología teatral (Galindo, 2016: 172-207). Filos ya había sido montada en Juárez por otras compañías locales, en la capital —donde forma parte del repertorio de Teatro Bárbaro—, en Querétaro y Bogotá.

No nos detenemos en la historia del grupo fronterizo, ya que varios textos dan cuenta de ella. Los antecedentes de su fundación se encuentran en Telón de voces (Padilla, 2005). De igual forma, su cometido social y escénico, así como los reconocimientos hasta 2010, se detallan en el artículo “La reconstrucción del tejido social desde la cultura. El caso de Telón de Arena en Ciudad Juárez” (2011). Por su parte, Perla de la Rosa ahonda en la quintaesencia de su compañía en “Justica negada: el teatro como acción solidaria” (2016). Además, la revista Paso de Gato le dedicó un dossier en 2018, al perfil de la cofundadora, directora, dramaturga y afamada actriz. Los artículos de Brisa Frías, Patricia Ariza, Luisa Huertas y Joaquín Cosío detallan la experiencia teatral (de cuatro décadas) de Perla de la Rosa y, por tanto, de Telón de Arena.

Otro intento desde el drama por rescatar a la emblemática figura al frente de la lucha por los derechos civiles y humanos de los hispanos en EE. UU. es la pieza Tigre de tierra amarilla (2015) de la escritora Selfa Chew.

“Benjamín, na. Por alusión a Benjamín, hijo último y predilecto de Jacob. 1. Masculino y femenino. Hijo menor de una familia” DRAE.

Durante la función de clausura, a cargo de Telón de Arena la noche del 22 de agosto de 2019, la tormenta del exterior irrumpió en el escenario. El chorro de agua era sonoro. En la ceremonia de premiación, las autoridades se comprometieron a remodelar y reequipar el Teatro de la Ciudad Manuel Talavera, en Delicias, así como otros inmuebles del Estado. La directora Perla de la Rosa, más preocupada por la promesa que por el aplauso, comprometió a Raúl Manríquez Moreno, director de Capital Cultural, y al diputado Jesús Alberto Valenciano García, quienes reiteraron la inversión, mencionando incluso montos y plazos.

Los resultados fueron los siguientes. Obra representante, Mejor actor y Mejor escenografía: Arrullos para Benjamín (Teatro Bárbaro, Armando Seañez, Héctor “Magnum” García); Obra Suplente y Mejor Dirección: A la orilla del río (Telón de Arena, Perla de la Rosa); Mejor Dramaturgia Original y Mejor Actriz: Millenials (1939 Teatro Norte, Estefanía Estrada); Mejor Iluminación: Soy Bernarda Alba (La Bodega); y Mejor Vestuario: King Tiger (Telón de Arena).

En su artículo 27, dicha ley sostiene “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero” (Nueva Ley DOF 17-11-2017; 08)

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., ha sido una figura destacada en el análisis del fenómeno. Al respecto sostiene que, si bien la desaparición por parte de un particular debe ser juzgada a partir de criterios jurídicos específicos, “esto no significa que aunque no intervengan directamente servidores públicos en la detención o privación de la libertad de la víctima, no se puede concluir que no se trata de una desaparición forzada pues el hecho pudo haber sido tolerado o consentido por una autoridad.” (Centro PRODH, 2018).

El artículo 29 de la Constitución, prescribe los escenarios en los que el Presidente de la República, “podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Sin embargo, esta atribución se encuentra condicionada a la aprobación del Congreso de la Unión, y hasta el 2014 en que se realizó una reforma al artículo, se consideraba el acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y Procuraduría General de la República. Consultar para mayor referencia Diario Oficial de la Federación 10-02-2014.

El autor ejemplifica esta problemática de vacío legal en torno a la relación prevención-reacción, respecto al surgimiento en agosto de 2014 de la Gendarmería como unidad operativa de la Policía Federal, a cargo de implementar operativos en aquellas zonas en las que exista presencia de la delincuencia organizada o altos índices delictivos.

Dicho enfoque se fundamenta en la perspectiva que el Gobierno Federal de México planteó en el 2007, como parte de su política exterior a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Consultar en https://embamex.sre.gob.mx/suecia/index.php/en/ comunicados/6-comunicados-2007/306--sp-998823279

Para el 2010, Estados Unidos había destinado $1.5 mil millones en asistencia para

México bajo la Iniciativa Mérida con el fin de combatir el tráfico de drogas y la vio

lencia asociada al mismo, incluyendo asistencia para la reforma judicial, el desarrollo institucional, la lucha anticorrupción y el fomento del Estado de Derecho. Se estima

Referencia “Suman 1450 quejas contra el ejército” publicada en el periódico El Universal, el 10 de septiembre de 2009. Consultar en https://archivo.eluniversal.com.mx/ estados/73044.html

El 31 de agosto de 2019, El Heraldo de Chihuahua publicó una nota titulada “Hay 306 fosas clandestinas en Chihuahua”. En ella da cuenta, a partir de datos generados por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, que la entidad ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en torno al fenómeno, y que varios

La categoría de necropolítica del filósofo camerunés Archille Mebmebe (2011), ha permitido dar cuenta de las prácticas por las que se mantiene el control sobre quienes deben vivir, y quienes deben morir. Plantea una discusión central en cómo el estado de excepción, y la relación de enemistad o de caracterización del enemigo, se establecen para posibilitar el desarrollo de la necropolítica. Si bien, ubica su discusión en los procesos de colonización que significaron la imposición violenta de la civilización occidental en gran parte de África, para nuestros intereses adquieren relevancia ya que permite anclar la relación entre militarización y violencia política como mecanismo para establecer el ejercicio del poder en torno a los cuerpos más precarizados y vulnerables.

En dicho proceso de resolución y sentencia, de acuerdo a las facultades establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, participaron como jueces respectivos del caso: Eduardo Vio Grossi, Humberto Antonio Sierra Porto, Elizabeth Odio Benito, Eugenio Raúl Zaffaroni, y Patricio Pazmiño Freire. Para mayor referencia consultar: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf

También conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y suscrita el 22 de noviembre de 1969, y ratificada por México el 2 de marzo de 1981.

El 15 de noviembre de 2018, con 9 votos a favor y uno en contra, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, aprobada un año antes por el gobierno federal, por considerar que viola diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comunicado No. 149/2018, disponible en: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/co-municados/noticia.asp?id=5794.

El informe da cuenta de una serie de delitos y violaciones cometidas por elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Destacan eventos vinculados a tortura, abuso de autoridad, desaparición forzada, homicidio, y lesiones, entre otros. (Documento disponible en https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/ll/ WOLA_MILITARY-CRIMES_RPT_SPANISH.pdf)

El 27 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley de la Guardia Nacional, que en lo específico define los criterios operativos y de regulación al nuevo organismo en torno a actividades de seguridad pública. Si bien el documento en su Artículo 4 menciona que será un organismo de carácter civil, en la realidad se planteó un modelo de tránsito de cinco años bajo control y administración militar.

Actual subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, México.

Concurso público para adquirir bienes, arrendar o contratar servicios, en el cual se lleva a cabo una convocatoria pública, junta de aclaraciones, presentación de proposiciones económicas y técnicas, así como la emisión del fallo a la persona física o moral que presente una propuesta solvente.

Entiéndase por recursos, no solamente los económicos, sino aquellos factores que son indispensables en todo trámite administrativo, como el adecuado desempeño del tiempo y la claridad en los procesos, que en cuestiones prácticas, permita el correcto cumplimiento del objetivo planteado, en el menor tiempo, sin complejidad en las normas que los regulan y evidenciando un ahorro pecuniario.

Porcentaje obtenido con base en la operación aritmética denominada como “regla de tres”: 324 es a 100% y 129 corresponde a 39.81%.

era el praenomen, Cornelio el nomen, Scipión, el cognomen y el Africano, el agnomen; mención honorífica que recordaba las victorias de este general romano en Africa. Pero estos nombres graves y pomposos estaban reservados para los varones romanos. Las mujeres se designaban solo por el nomen en femenino (Tulia, Julia, Cornelia). Las mujeres casadas, como consecuencia de la in manum conventium agregaban el nombre de su marido en genitivo (por ejemplo, Tulia Metelli)”.

Sentencia del 19 de octubre de 2016, primera sala, amparo en revisión, expediente 208/2016, ponente ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En este trabajo no se abordará la formación de nombres y la paridad de género en la cultura de los grupos indígenas de la entidad.

Sentencia de 19 de octubre de 2016, primera sala, amparo en revisión, expediente 208/2016, ponente ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Cabe destacar que en Italia y en Argentina el derecho a la identidad no tiene rango de derecho humano, tampoco la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra expresamente el derecho humano a la identidad.

Pliner Adolfo, p. 28. El Edicto Amboise, expedido por Enrique II de Francia en el año

de 1555. Alarmado el monarca por la frecuencia con que sus súbditos, al amparo de

una libertad no limitada por norma positiva alguna, cambiaban sus nombre o apelli

dos, abandonando los de sus familias o tomando otros nuevos conforme a sus gustos

o intereses, se propuso refrenar esos abusos y prohibió toda modificación de nombre o armas salvo permiso real. Sin duda que la preocupación del legislador apunta solamente a los sujetos de la clase nobiliaria (...)

Constitución Política del Estado de Chihuahua, artículo 4, cuarto párrafo. Toda persona tiene derecho a la identidad. El Estado garantizará que el registro sea universal, oportuno y gratuito de acuerdo con lo establecido en la ley.

Código Civil del Estado, artículo 60. El nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos. Para la asignación del nombre propio, se observará lo siguiente: I. No podrá integrarse por más de dos sustantivos; II. No se constituirá con palabras denigrantes de la personalidad; III. No se emplearán apodos; y IV. No podrá constituirse con números. Los apellidos corresponderán por su orden, el primero del padre y al primero de la madre.

La trascendencia del nombre se refiere a un derecho familiar y colectivo, cuya titularidad comienza cuando muere o desaparece la persona que usa el nombre. En este sentido el autor argentino, en la obra derecho al seudónimo, pp. 29 y 30, señala: El ordenamiento de la vida humana exige, como requisito imprescindible, la identificación, segura y permanente, de los componentes de cada colectividad. Y el individuo mismo no es nada en una comunidad, si no se le da el derecho de distinguirse y diferenciarse de los demás. Todo el pasado, toda la vida presente de un pueblo está en los nombres de los que, de generación en generación, contribuyen con su vida propia e individual a la existencia colectiva.

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no contempla el nombre como un derecho humano o un derecho fundamental, esto no quiere decir que el derecho subjetivo al nombre no esté debidamente protegido, por el contrario, los países europeos, principalmente Alemania y Suiza están a la vanguardia en la protección y uso adecuado del nombre.

Los sistemas que replican el sistema onomástico francés como Estados Unidos, Alemania, Argentina y otros, regulan el cambio de apellido de la mujer casada, generando serios problemas de seguridad jurídica y violaciones a la identidad de la mujer; un caso muy conocido es el de la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, cuyo apellido es el del primer marido con quien estuvo casada cinco años (1977 a 1982); sin embargo, una vez divorciada, no pudo cambiarlo por el propio “Kasner” o por el de su marido “Sauer”, pues, ella ya tenía una carrera política consolidada y era reconocida en Alemania y en el mundo como Angela Merkel.

Los pueblos escandinavos tenían una extensión limitada del linaje, de padre a hijo o hija, el cual se perdía entre abuelos y nietos, así se formaron los apellidos con el nombre del padre agregando los sufijos son o dóttir, por ejemplo: Leíf Erikson (hijo de Erik), Freydís Eiríksdóttir (hija de Erik).

El Código Civil del Estado no regula la maternidad subrogada, solamente se prevé el hecho de que es madre la que pare.

19 Tesis la. CCIX/2017 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo

Se agradece de manera especial la colaboración del doctor Alfredo Limas Hernández y al prestador de servicio social Pedro Noé Gutiérrez Tena por sus aportaciones y revisiones en la integración de este documento.

Sin embargo, se considera muy necesario cuestionarnos más sobre las fotografías que vemos y no solo aceptarlas por “bonitas”, ya que tal vez en una foto que nos rehusamos a observar por considerarla fea, vulgar, prosaica, o de mal gusto por tocar temas que no son gratos para algunos, en realidad podría darnos información nueva, útil en algún tema de interés, pero ello dependerá de nuestra capacidad para decodificarla; es decir, poder leer la imagen y descifrar lo que hay dentro: “para extraer el contenido de una imagen, no basta con observarla con pasión. Se debe proceder sociológicamente construyendo un proyecto, acudiendo para ello a la teoría, al método y buscando dilucidar un problema empírico concreto. A este proceso de creación de conocimiento a partir de una foto es que llamamos sociología visual” (Suárez: 10).

Aunque el significado de una fotografía también depende de la lectura y comprensión por parte del receptor de la imagen, es decir, quien la ve, quien la consume; aquí intervienen varios factores como "... los sociológicos o los símbolos convencionales o accidentales, de tal forma que el lector necesita algunas herramientas culturales y conceptuales que le ayuden en la decodificación del texto fotográfico” (Gómez citado por Ir ala, 2011).

Imagen negativa: Atributo desacreditador (Goffman, 2006). Todos aquellos atributos desacreditadores que los anglos y el español han elaborado sobre el mexicano se ven dentro del “marihuano”.

Imaginario social: Conjunto de las representaciones que un grupo social o un individuo construyen sobre el mundo. Son representaciones que estos tienen del mundo y de sus valores (Goffman, 2006).

Um panana on situación do callo, adióte a la hemim. Un kntesma de- la camodad quo pace* sin nimba k ud» y quo onocarionec te- Doga a refugiar on ectas tapias, las •malee o o mp arte- en ocosionec conió/enec que ¿sitan ec te ligxr pnxa pinter graifií. tomar corvee a y echare* unas toquec.

La hipótesis qie ec defendida ol fruViwr de- be 'no lugnrec' ec qie la aibxe* mador*

nidad ec preduetma do no lugamc, ec decir, do ecpaoioc quo no tan on ti ligrrec antropológicos y qie, oontrañamonto ala n/Umí^^ no integranlos

higrrec antigiat: ectat, aatnbgndoe. alasüoadat y promaddat ala oategxnia do Tu-garec do momnrin¹, o cupón allí un lugar atemnompte y eepeciico. Agxeguemoe qie evidentemente-un no ligar oliste-igual qie unlugnr no oiisto mmoa tejo um frrmn puco; aH be higxree eoreoompanon las relaciones eo recomtitiyen; las ‘astucias mi-LMumas* de la invernó ón de lo cotidiano y do las artee dd hacer¹ dolos qie Michel do Corteen In propiecto "tpHnr. tan euíilec, pnodon aborto olí un o "ffím y decplegnr tus ectategios. £1 lugu: y el no higxr ton mis bion pnlaridadec fabos: el primom no quoda nunca completamente barrado y el segundo no so cumple zuma tetalmozzto: son pahmpsectos dondo eo retmorQ» sin oeezrr el juego intrincado do h idonídad y do k relación¹ (Auge, 2U00: .

12 El toma: joven qie comeco durante la inveeógación Eapero. graft, tero, reMdo. irr^/#rATTtAHn^1n Su podre fie arree tado on Z c tado t Unido a ¿tuación qie

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